Jesús Castillo

Jesús Castillo

Jesús Castillo García. Periodista con 30 años de trayectoria; Premio Estatal de periodismo 2010 y 2012. Premio Nacional de Periodismo 2013.
Miércoles, 13 Noviembre 2019 05:09

¿Autogobiernos o liderazgos?

“Siempre que tengas encerrados a más de cinco personas desconocidas entre ellas forzosamente tendrá que surgir un líder, que puede resultar bueno, regular o muy malo para los demás”, me dijo una vez un director del Penal de Atlacomulco para explicarme cómo funciona el llamado “autogobierno”.

Lo anterior, en el entendido de que nunca será suficiente el personal de custodia de una cárcel para controlar a cientos o miles de personas privadas de su libertad. Por eso es que tienen que organizarse “entre ellos”.

Otro experto en sistemas penitenciarios me dijo que un reclusorio es como una sociedad en chiquito, donde hay gente buena y gente mala, personas con dinero y otras sin dinero pero que pueden ofrecer servicios. Hay drogadictos que si no reciben su dosis diaria se volverían locos.

Otro más me explicaba cómo funciona el “Motel” Atlacholoaya: “De un lado tienes hombres con dinero pero sin mujeres que los visiten; y del otro lado tienes mujeres que necesitan dinero sin importar qué tengan qué hacer. Sólo tienes que juntarlos”.

Antes de que los internos del Penal de Atlacomulco fueran reubicados a Atlacholoaya, un jefe del autogobierno me invitó a dar un recorrido. Su apellido era Bautista, purgaba una condena por haber asaltado el Banco del Atlántico en pleno centro de Cuernavaca.

Obviamente no se llamaba “autogobierno”, sino comisión de disciplina. El líder del penal de Atlacomulco quería mostrar que bajo su liderazgo todo era tranquilidad y trabajo en aquel penal con más de mil presos donde convivían libremente procesados con sentenciados, peligrosos y no peligrosos.

Se suponía que con la inauguración del moderno Centro Estatal de Readaptación Social (Cereso) de Atlacholoaya, con capacidad para dos mil internos debidamente divididos en grados de peligrosidad, se acabaría el autogobierno.

Pero no fue así. Tengo entendido que en lugar de haber un líder general, hubo líderes por área. Así, había un jefe de ingresos, uno de sentenciados, otro del área de alta peligrosidad, pero en ocasiones alguno se convertía en líder máximo de todo el penal.

Uno de ellos fue Dagoberto Torres Palma, detenido en septiembre de 1995 como responsable del secuestro y asesinato de Miguel Angel Ocampo Cristino, por lo que fue sentenciado a 32 años de prisión pero obtuvo una sentencia absolutoria de un Tribunal de Circuito en 2008, es decir, estuvo 13 años encerrado “injustamente”.

Ex agente de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS), Dagoberto Torres Palma fue señalado como “madrina” de un grupo de policías judiciales destacamentados en Cuautla, mismos que fueron acusados de participar en los secuestros de Gerardo Resendiz y Miguel Angel Ocampo, en la época en que Morelos fue escenario de una ola de secuestros que trascendió a nivel internacional.

Aunque fue involucrado en varios secuestros, a Dagoberto Torres le imputaron los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, homicidio y asociación delictuosa sólo en agravio de Ocampo Cristino, por lo que fue sentenciado a 32 años de prisión.

Cuando asumió el cargo de subsecretario de Readaptación Social, Antonio Aragón Zamora, ordenó su reubicación a la cárcel de Jonacatepec, al detectar que tenía una concesión otorgada por su antecesor, Antonio Tallabs Ortega, para operar una panadería en el interior de la cárcel. 

Mario Alberto Chávez Traconi ocupó el lugar de Dagoberto, pero mantenía el liderazgo en ese centro penitenciario a base de amenazas a los funcionarios indicando que si no cumplen con sus peticiones “les arma un escándalo” con la Comisión de Derechos Humanos y con la prensa.

“El Rey del Fraude”, como ha sido calificado, comenzó su carrera delictiva a los 15 años de edad, por lo que en varias ocasiones ingresó al Titular de Menores. A los 18 años ingresó al Reclusorio Norte de la ciudad de México, pero salió casi de inmediato, aunque cuando tenía 21 años fue arrestado nuevamente por fraude y falsificación de documentos, pero salió en 1995.

En 1997 ingresó al antiguo Cereso de Cuernavaca, pero al ser transferido a la Cárcel Distrital de Jonacatepec, Jesús Javier Rodríguez Robles, ex director de la penitenciaría lo ayudó a organizar dos eventos fantasma para defraudar varias empresas publicitarias.

En 1998 Rodríguez Robles ayudó a Chávez Traconi a escapar de la cárcel, ya que le recibió una resolución apócrifa en la que se señalaba que él no era responsable de los delitos de los que se le culpaban.

Sin embargo, el juez cuarto penal del primer distrito judicial de Morelos, giró una orden de reaprehensión por robo calificado y fraude, en agravio de René Sánchez Vázquez. Dicha orden está relacionada con el expediente penal 64 y 67/97-1.

Chávez Traconi fue detenido en el Distrito Federal por otro fraude y en octubre del 2004 fue sacado de la penitenciaria de Santa Martha Acatitla en el Distrito Federal, para trasladarlo a Morelos, e inexplicablemente fue remitido a la cárcel de Jojutla, no obstante su peligrosidad y el antecedente de que ya se fugó en una ocasión.

En 2009 reapareció como “vocero” del movimiento de internos de la cárcel de Jojutla, encabezando las “negociaciones” con la subsecretaria de Readaptación Social, Sara Olivia Parra Téllez, quien prácticamente le concedió todo lo que pidió y hasta cesó a la entonces directora que ordenó un operativo nocturno al interior del centro de reclusión.

El 10 de agosto de 2010 Chávez Traconi fue subido a una camioneta cerrada para llevarlo a “una diligencia a los Juzgados de Distrito”. En lugar de tomar la autopista, el vehículo oficial cortó camino por Zacatepec y Tlaltizapán. Al llegar a Santa Rosa 30 ya lo esperaban varias camionetas que le cerraron el paso. Más de 200 casquillos contabilizaron los peritos en el lugar de la emboscada, en el que “el rey del fraude” fue acribillado junto con los custodios que lo transportaban.

Nunca se supo quién lo mandó matar. Los matones a sueldo fueron identificados como gente de Edgar Valdez “La Barbie”, y la leyenda urbana que se cuenta entre los viejos internos de la cárcel de Jojutla es que le hicieron un favor a “La Barbie” y éste ofreció pagar con dinero, pero la entonces directora dijo que se daría por bien pagada si le quitaban de encima a ese revoltoso.

HASTA MAÑANA.

 

 

 

Martes, 12 Noviembre 2019 05:12

La congruencia de Blúmenkron

Apenas el pasado 9 de agosto decíamos en esta misma columna que no entendíamos el por qué Fernando Blúmenkron Escobar, después de haber estado en “las grandes ligas” de la administración pública, había aceptado el cargo de director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca.

“Por más que Fernando Blumenkron sea un excelente jurista, y con una fama de intachable, no se entiende por qué ponerlo en una posición tan desprestigiada y hasta peligrosa”, escribimos textualmente.

Con el título “Los tres jóvenes abogados”, hacíamos una remembranza de que cuando llegó como procurador de Justicia en el gobierno de Jorge Carrillo Olea, el polémico Carlos Peredo Merlo decidió confiar en tres jóvenes abogados: Rafael Borrego Díaz, José Luis Urióstegui Salgado y Fernando Blúmenkron Escobar.

El tercer joven abogado, Fernando Blumenkron Escobar, ha tenido una trayectoria ascendente: se quedó como encargado de despacho de la Procuraduría de Justicia tras la detención de Carlos Peredo Merlo; luego fue nombrado como director del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo y después como secretario técnico del gabinete.

Fue secretario de Seguridad Pública a nivel estatal y después emigró a la ciudad de México donde ingresó a la Procuraduría General de la República a nivel central, primero en la Oficialía Mayor, después en la Subsecretaría de Derechos Humanos y finalmente como director general de Atención a Víctimas del Delito.

Regresó a Morelos para ser designado magistrado del Tribunal Estatal Electoral del 2008 al 2014. De ahí ha desempeñado algunas “chambitas” en el programa Prospera y últimamente en el Instituto de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

“No sabemos exactamente por qué, pero después de andar en “las grandes ligas”, de tener una magistratura y de tener las características necesarias para hacerse cargo de cualquiera de las secretarías del Gobierno estatal,  el (ya no tan) joven abogado viene a hacerse cargo de una dependencia que podría ser su tumba políticamente hablando”, nos atrevimos a vaticinar.

Y es que todo mundo sabe que el SAPAC ha venido sufriendo durante los últimos 20 años un saqueo descarado no sólo en lo que se refiere a ingresos económicos, sino también en agua que no se cobra, bombas que no se cambian, aviadores, etcétera.

Para empezar, el día que tomó protesta como director, recibió un sistema con 12 pozos sin energía eléctrica por falta de pago, y 26 colonias con graves problemas de desabasto. Ya el presidente municipal, Antonio Villalobos Adán, declaró que “la deuda del SAPAC con la CFE es impagable”.

Y cuando decimos que ocupar ese cargo es hasta peligroso, es porque no hay que olvidar que la penúltima directora, Isabel Sotelo, fue asesinada apenas unas semanas después de que dejó el cargo, lo mismo que un trabajador del área de control vehicular.

No en balde esa dependencia parece más bien un cuartel de la Policía, rodeada de guaruras que causan temor a las personas que acuden a pagar sus recibos, lo mismo que las camionetas al parecer blindadas, en las que se desplazan los altos funcionarios del Sistema de Agua Potable.

“En esa posición se requiere a un administrador (que tenga habilidades de mago) o bien un ingeniero hidráulico, y ni Blumenkron, ni su director operativo Alfredo Socorro, tienen esa profesión”, apuntamos.

Pues bien, como ya es del dominio público, ayer a las 11 de la mañana el director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), Fernando Blumenkron Escobar, anunció su renuncia al cargo junto con varios de sus directores.

Los funcionarios municipales, en rueda de prensa, confiaron que con su salida el alcalde apoye económicamente este organismo; de lo contrario advirtieron que están en riesgo de no pagarse las siguientes quincenas y aguinaldos a los 691 trabajadores de este organismo público descentralizado.

Este organismo arrastra deudas de más de 500 millones de pesos que pueden llevarlo en cualquier momento al colapso financiero, aseguró Blumenkron, pero “la gota que derramó el vaso”, según sus declaraciones, fue que la tesorería del ayuntamiento no le entregó los recursos económicos correspondientes al fondo cuatro para el SAPAC.

Por lo que decidió renunciar para que el presidente nombre a quién quiera y quién sí apoye económicamente y a quien sí se le entreguen los apoyos de fondos federales para que este organismo no colapse; porque dijo que actualmente no tienen recursos parar pagar las siguientes quincenas y el aguinaldo para cerrar este año (2019).

“En las demás deudas o pasivos del Sapac que tiene con otras instituciones, bajo fuertes discusiones, expusimos a la tesorería municipal las muchas necesidades del Sapac, y en base a eso exigimos las participaciones federales que por derecho nos corresponden a través del fondo cuatro, esto para poder sanear gradualmente todas las deudas y gastos extraordinarios, y también para eficientar el suministro del vital líquido a todos los usuarios, ya que es nuestra obligación hacerlo”, declaró a los medios de comunicación.

Coincidentemente, Fernando Blúmenkron declaró que sí tuvo apoyo del alcalde Antonio Villalobos, “pero no al cien por ciento” en tanto que el edil afirmó que el director de SAPAC cumplió “pero hacía falta mucho más”.

HASTA MAÑANA.

Lunes, 11 Noviembre 2019 05:09

De pensiones y abogados

Si una institución pública pierde un juicio de cualquier índole, difícilmente se le podrá imputar responsabilidad al consejero jurídico o titular del área legal, pero si ese funcionario pierde todos los juicios, entonces habría que avizorar la posibilidad de que fue una mala elección de quien o quienes lo contrataron.

Ya en una ocasión intentaron fincarle responsabilidad a un consejero jurídico por un juicio que el gobierno como institución no pudo ganar. En el año 2001, la entonces contralora Emma Margarita Alemán le inició procedimiento administrativo al que fuera consejero jurídico del gobierno de Jorge Morales Barud, el abogado José Luis Urióstegui Salgado, y pretendía que éste pagara los dos millones de pesos que perdió la administración por no haber obligado a una empresa a colocar unas cocinas en el recién construido Penal de Atlacholoaya.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo resolvió en esa ocasión que era inaplicable el criterio de la Contraloría, pues si se ponía en práctica no habría quién quisiera hacerse cargo del área jurídica de una institución si al final tendría que pagar de su bolsillo los juicios que se perdieran.

El ejemplo anterior viene a colación porque la semana pasada trascendió que, de las más de 60 pensiones que la anterior legislatura aprobó, y que la actual cámara de diputados abrogó por considerar que eran legalmente improcedentes, tendrán que ser pagadas porque los beneficiarios obtuvieron la protección de la justicia federal.

Esto solamente tiene dos interpretaciones: que no hubo la defensa legal adecuada, o que el acto de dejar sin efectos las pensiones por parte de la actual legislatura sólo tuvo como propósito atraer los reflectores, o bien, una venganza política.

O un poquito de cada cosa.

Sobre el asunto jurídico, recordemos que el 4 de julio pasado en esta misma columna hicimos notar que el Juez Primero de Distrito del Décimo Octavo Circuito, Benito Eliseo García Zamudio, al resolver el juicio de amparo 534/2019 que interpuso  Elaine Rodríguez Aranda, fue contundente en su sentencia:

“Los artículos 14, segundo párrafo, y 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen diversos principios, entre ellos, el de la legalidad, conforme al cual, la actuación de las autoridades debe efectuarse dentro del marco de sus facultades legales, y el de seguridad jurídica, que se constituye como una prerrogativa para los gobernados de conocer, dentro del texto de la ley, cuáles son los elementos con que cuenta para hacer valer sus derechos frente a la autoridad. Ambos presuponen el principio de interdicción de la arbitrariedad en favor del gobernado, a partir del cual, todo acto de autoridad es susceptible de someterse al marco de respeto al derecho de las personas, pues el ejercicio de la discrecionalidad sólo estará justificado si ésta es legítima, y no cuando se manifiesta como una simple expresión de la voluntad”.

El juzgador hizo un estudio de constitucionalidad del acto reclamado, en el que considera que es fundado uno de los conceptos de violación formulados por la quejosa. Entre los argumentos que la quejosa expone en su primer motivo de disenso, aduce que el Congreso del Estado de Morelos canceló su decreto de concesión de pensión por viudez sin que la ley aplicable contemple procedimiento para ello, ni autoridad competente, además de que no medió garantía de audiencia.

“Y tiene razón pues, en primer lugar, los fundamentos legales en que se apoya la autoridad responsable para emitir el decreto reclamado no lo faculta para revocar motu proprio –por sí y ante sí- la pensión que ya se encuentra asignada a favor de un asegurado y, en segundo lugar, no existe ordenamiento legal que permita al Congreso del Estado de Morelos (LIV Legislatura) emitir acuerdos parlamentarios con los que se pueda ampliar la competencia de los órganos de gobierno para revisar y revocar las pensiones asignadas por una anterior legislatura”, agrega el juez.

A pesar de ello, los diputados de la actual legislatura continuaron “combatiendo las pensiones doradas autorizadas por sus antecesores”, quizás porque es la única noticia que le garantiza espacios gratis en los medios de comunicación al Poder Legislativo.

Ahora que se comienzan a echar abajo, verán que ninguna de las fracciones en que está dividido el Congreso querrá asumir su responsabilidad y le echarán la culpa al director del departamento jurídico, (un señor de nombre Gerardo Florentino Galindo Durán) o a quien lo puso en el cargo.

El cargo de director jurídico del Congreso local es de vital importancia pues viene siendo “el cerebro jurídico” de los diputados. Por ahí han pasado el doblemente doctor, Bernardo Sierra Becerra; la maestra en derecho y hoy magistrada Martha Elena Mejía y últimamente el también doctor Humberto Serrano Guevara.

¿Quién es el licenciado Gerardo Florentino Galindo Durán? Para nosotros es un desconocido, lo cual no significa que tenga que ser desconocido para el resto de la población, máxime cuando no es oriundo de la capital sino más bien su “zona de influencia” es la región oriente.

En busca de referencias recurrimos a “San Google” y lo único que nos arrojó es un documento en PDF que resultó ser el acta de Cabildo número 12 de la administración municipal de Jesús González Otero en el que se discutieron diversas solicitudes de pensión.

Ahí, en la página 19, aparece que el señor Florentino Galindo pidió que le concedieran la pensión por cesantía en avanzada edad en virtud de que fue director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del 2001 al 2003, es decir, hace más de 12 años.

La petición no solamente refleja una ignorancia de las leyes, sino una mala fe del promovente al pretender obtener una “pensión dorada” que no es procedente, tal y como lo determinó el Cabildo de Cuautla en esa sesión del cinco de agosto del 2015.

En ese mismo documento el señor acredita haber sido agente del Ministerio Público, defensor de oficio y subdirector de un penal, además de director municipal de Seguridad Pública, lo cual es digno de reconocerse, pero no suficiente para ocupar el más alto cargo jurídico dentro de uno de los tres poderes del estado.

Con esos antecedentes, y con los resultados arriba mencionados, cabe hacerse la pregunta sobre quién es el responsable de este fracaso legal, si el licenciado Florentino, o los diputados que asignaron los cargos por repartición de cuotas o por parentesco.

Se dice, sin que nos conste, que el licenciado Florentino Galindo es primo del diputado José Luis Galindo Cortés.

Y así como éste, hay varios ejemplos más de funcionarios que llegaron al Congreso no por su capacidad profesional, sino por ser parientes de diputados.

HASTA MAÑANA.

 

 

 

 

Viernes, 08 Noviembre 2019 05:03

El complot para matar a “El Ray”

“Estaban en el foro platicando como si fueran amigos. De pronto El Chicles se lleva la mano a la bolsa y saca su celular (lo que era completamente normal), contesta una llamada y cuelga casi inmediatamente. Es cuando comienza a acicatar al Ray con la ayuda de El Pitus, y el Chisto. Ahí empezó todo el desmadre”.

Es el testimonio de un interno del Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de Atlacholoaya que asegura que la orden de matar al Ray vino de afuera y fue contundente. Esa mañana del 30 de octubre fracasaron las negociaciones para que “Los Rojos” y el Cartel Jalisco Nueva Generación pudieran compartir el penal.

Los líderes del reclusorio siempre andan armados con “puntas” que hacen de varillas o fierros viejos. A el Ray lo picaron hasta que ya estaba muerto y entonces le prendieron fuego.

Luego fueron por quienes consideraban que podrían significar un peligro: Néstor, José Manuel, Roberto, Lorenzo y Vicente, que estaban en el área de máxima seguridad que se ubica al fondo de la nave penitenciaria.

Ya para ese momento habían conseguido un machete y se les había unido más internos. Como si fuera un grupo de la muerte, una decena de hombres vestidos de amarillo (algunos cubriéndose el rostro) recorrían las diferentes áreas del penal en busca de líderes que se pudieran oponer al nuevo “reinado”.  A uno de ellos le cortaron la cabeza con el machete.

Raymundo Isidro Castro Salgado era considerado muy peligroso pues ya había estado en un reclusorio federal en Matamoros, Tamaulipas y dominaba toda la zona oriente de la entidad. Hasta antes de ser detenido en Puebla, vivía como cualquier vecino y su única diversión era el futbol, por lo que contrataba ex jugadores profesionales para reforzar su equipo.

También, había trabado amistad con la directora de reclusorios, Miriam Mireles Toledo, “quien le llevaba personalmente su comida hasta donde lo tenían resguardado”. Estaba tomando fuerza y en cualquier momento intentaría apoderarse del penal, para lo cual tendría que asesinar a Alexis Oswaldo, el hijo de El Carrete, quien permanece resguardado en un área especial a la entrada del penal.

Le dicen el Dormitorio 13 y se encuentra en el segundo piso del área de ingresos. Ahí habilitaron un área “VIP” para quienes pueden pagar comodidades y protección.

Desde ese lugar salieron las llamadas solicitando auxilio y los videos donde se observan las hordas de reos vestidos de amarillo y color beige que corrían de un lado para otro mientras los custodios se agrupaban y se rendían, pues ni armas tienen.

“Hay una riña porque el director trajo a los chilangos con los que se hizo el motín de ayer, los trajo a ingreso, y aquí en ingreso en la noche le quitaron las llaves a un comandante del área y querían pegarle a unos compañeros. En la mañana le dijimos al director que lo único que queríamos era que nos regresara a nuestros compañeros, pero como le pagan 30 mil pesos a la semana los chilangos les está ayudando a ellos”, dice un audio en poder de este columnista.

Esos internos (que representaban otro grupo liderado por “El Rayan”) fueron los que tuvieron que ser sacados en un camión y trasladados a diversos centros penitenciarios en la entidad.

Y aunque el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, aseguró que solamente fueron cuatro horas las que se perdió el control del penal de Atlacholoaya, la verdad es que hasta este momento los internos están atrincherados y los custodios en la entrada. “Andan como en su casa por todas las áreas”, comenta la familiar de una persona privada de su libertad (PPL).

Fue hasta el lunes 4 de noviembre cuando se realizó un cónclave “en el dormitorio 10 del área de sentenciados” para crear la “Comisión” de internos e imponer el autogobierno en Atlacholoaya.

Según la versión obtenida al interior del penal, se trata de diez personas privadas de la libertad que son identificadas con los nombres y sobrenombres de: Gabriel B. P., alias “El Chicles”; Miguel Ángel B. R., alias “El Chisto”; Agustín M. C., alias “Pitus”; Marco Gerardo N., alias “La Kika” y José Luis G. N., “El Cabra”. 

De acuerdo con la información recabada, Miguel Ángel B. R. ingresó al penal el 3 de marzo de 2013 por el delito de homicidio calificado. Tras ser sometido a un juicio, el 8 de enero de 2014, fue sentenciado a 53 años y tres meses de prisión.

Gabriel B. P ingresó el 12 de julio de 2016 por el delito de extorsión agravada. El 28 de septiembre de 2016 fue condenado a 15 años de prisión. Agustín M. C. fue llevado a juicio por secuestro, el 5 de octubre de 2016, y sentenciado a 50 años de prisión, el 6 de noviembre de 2016.

Marco Gerardo “N” fue detenido el 1 de agosto de 2019 e imputado por el delito de feminicidio, en un hecho ocurrido el 11 de mayo de 2017. El miércoles 7 de agosto del presente fue vinculado a proceso penal y el juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación. Era el lugarteniente de El Carrete y actualmente encargado de la seguridad de su hijo Alexis.

“Parece que ya todo está volviendo a la normalidad. Ya la nueva comisión pasó a repartir la droga y a los teléfonos celulares les rayaron los lentes de las cámaras para que no puedan tomar video de lo que ocurra a partir de hoy”, comentó el familiar de un interno para quien el uso de las drogas y los teléfonos celulares es de lo más normal en ese centro penitenciario.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha investigado detalles como el hecho de que el motín ocurrió en los días en que el coordinador de Reinserción Social, Israel Ponce de León Bórquez, estaba fuera del país “tomando un curso sobre seguridad”, y que el director del penal, con clave “Puma” no permitió la entrada de la Guardia Nacional cuando estaba la reyerta.

Tampoco se ha investigado cómo consiguieron los machetes y el material inflamable con el que le prendieron fuego a “El Ray”.

Al interior del penal de Atlacholoaya y en los demás centros penitenciarios a donde fueron reubicados los internos están convencidos de que hubo un “complot” para acabar con la vida de Raymundo Isidro Castro Salgado, antes de que se convirtiera en un dolor de cabeza para todos.

HASTA EL LUNES.

 

Miércoles, 06 Noviembre 2019 05:11

Jaime Álvarez y sus 8 domicilios

El ex diputado y patriarca moral del Partido Movimiento Ciudadano en Morelos, Jaime Álvarez Cisneros sí está denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción pero no hay (por ahora) orden de aprehensión en su contra. No lo han podido emplazar para que responda por el delito de ejercicio ilícito que pretende imputarle la institución que encabeza Juan Salazar Nuñez, pues al también abogado le han encontrado ocho domicilios pero en ninguno está.

En una maniobra poco utilizada, el fiscal anticorrupción Rodolfo Nuñez Urquiza se aventó la puntada de solicitar a un juez, que le concediera una orden de aprehensión en contra de Jaime Álvarez Cisneros para poder notificarle que hay una acusación en su contra interpuesta por el gobierno del estado a través de la consejería jurídica.

La solicitud recayó en la juez Nancy Aguilar Tovar, quien negó rotundamente la petición que a simple vista se nota que es absurda. Eso ocurrió el 20 de septiembre pasado, por lo que la Fiscalía Anticorrupción interpuso el recurso de apelación, mismo que fue desahogado en audiencia de fecha 29 de octubre del 2019 en la Sala dos de juicios orales del Tribunal Superior de Justicia.

En dicha audiencia, los magistrados que integran la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia, Rubén Jasso Díaz, María del Carmen Aquino Celis y Rubén Jasso Díaz, resolvieron por unanimidad ratificar la decisión de la Jueza, negando la orden de aprehensión en contra del ex secretario de Turismo.

Por si las dudas, Jaime Álvarez tramitó un amparo ante la Justicia Federal, mismo que fue negado simplemente porque ninguna autoridad admitió haber librado orden en su contra.

El documento mediante el cual se admite el recurso de apelación y se fija la fecha para el desarrollo de la audiencia fue filtrado para efectos mediáticos. De lo que se trata es de “quemar” al ex diputado, pero jurídicamente dudamos mucho que le puedan encontrar algo.

El único pecado de Jaime fue su servilismo con el entonces gobernador Graco Ramírez, a quien le sirvió primero como jefe de la oficina de la Gubernatura y después como secretario de Turismo.

Jaime (su nombre le quedó ad hoc) fue el funcionario más cercano a Graco, y fue quien tuvo que aguantar sus regaños cuando las cosas no le salían bien. Después lo mandó a la secretaría de Turismo donde tuvo que seguir cumpliendo los caprichos de “la familia real”.

Y uno de esos caprichos –recordemos- fue traer al tenor español Plácido Domingo a la Arena Teques.

En una supervisión que realizó la primera dama del estado cuando apenas se estaba acondicionando la “Arena Teques”, hizo notar que hacía falta unas palmeras. El entonces secretario de Turismo se ofreció a conseguirlas, y para ello pidió el apoyo del empresario Roberto Abe Almada, quien amablemente donó unas palmeras exóticas que tenía en su balneario, con la condición de que el gobierno se encargara de su traslado a Tequesquitengo.

La Secretaría de Turismo se encargó de arrancar las palmeras, subirlas a unos trailers y trasplantarlas en Tequesquitengo. Lo que no sabían es que para hacer ese tipo de maniobras requerían un permiso especial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, dependencia que encabezaba en ese momento Francisco Moreno Merino.

La Profepa, con el apoyo de la Policía Federal, detuvo los camiones con las palmeras exóticas, y estuvo a punto de poner a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) a los camiones con su carga y sus choferes.

Pero los deseos de la primera dama no podían quedar sin ser cumplidos, así que una llamada del gobernador Graco Ramírez Garrido a Francisco Moreno Merino, y al entonces delegado de la PGR, Marcelino Vázquez Huitrón, hizo posible que –violando toda normatividad en materia ambiental- las palmeras pudieran llegar a su destino.

La “familia real” estuvo muy contenta con la organización del magno concierto, por lo que Jaime Álvarez fue ampliamente felicitado por doña Elena y sus hijos. Sólo Jaime supo cuántos servicios se quedaron a deber porque los 13 millones de pesos que se obtuvieron por la venta de boletos no alcanzó para mucho. 

Tan sólo por la contratación del tenor español el Gobierno de Morelos pagó poco más de 10 millones de pesos a una empresa de espectáculos, un millón y medio más por una “Cena VIP”,  y cerca de dos millones por diferentes gastos. La cifra oficial de ingresos por boletaje fue de 13 millones 541 mil 500 pesos y cuatro millones por derechos de patrocinio.

En el contrato firmado por el gobierno estatal y la empresa “Eventos Artísticos y Culturales de México S.A. de C.V.”, se establece en la décima segunda cláusula que “El Poder Ejecutivo puede promover este concierto en el sentido de que las ganancias serán para la construcción del Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Morelos”, pero se menciona más como una estrategia para vender boletos, que como un propósito en firme.

En el documento, obtenido a través de una solicitud de información pública, la Secretaría de Turismo declara que con fecha  17 de abril de 2013, “el gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu le otorga la encomienda del asunto relacionado con la presentación en vivo del artista Plácido Domingo”, en tanto que la Secretaría de Hacienda “declara tener suficiencia presupuestal para apoyar en la presentación del artista”.

Ambas dependencias asumen el compromiso de “aportar la cantidad de 10,029,745.50”; y aunque en otra cláusula se menciona que “los recursos a erogar derivados de los compromisos asumidos únicamente por la Secretaría de Turismo, provendrán de los ingresos generados por la venta de boletos y patrocinios del evento”, en ninguna parte se menciona el mecanismo para ser reintegrados al erario.

Difícilmente le comprobarán a Jaime Álvarez su participación en los demás eventos artísticos en el que triangularon las operaciones con una empresa de la Ciudad de México, de tal manera que los costos fueron duplicados o hasta triplicados.

Pero, como ya lo hemos mencionado muchas veces, el gobierno de Graco era de corruptos, pero no de tontos, y tuvieron la precaución de poner a la secretaria de Hacienda, Adriana Flores Garza, como secretaria de la Contraloría para que ella misma arreglara lo que estaba mal hecho.

HASTA MAÑANA.

 

Martes, 05 Noviembre 2019 05:39

¿Dónde anda Graco y familia?

¿Dónde andará Graco Ramírez y su familia después de saquear Morelos? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Lo que nos queda claro es que no se andan escondiendo y tampoco tienen problemas económicos, pues durante los últimos seis años supieron hacer las cosas para que no quedaran huellas del saqueo y guardaron lo suficiente para no bajar su estilo de vida.

Lunes, 04 Noviembre 2019 05:00

La “camarilla” del Ejército

A raíz de la polémica que se ha generado con una supuesta inconformidad al interior del Ejército mexicano, lo que el presidente de la República ha considerado que se trata de un ardid generado por una “camarilla” de generales del Ejército que han impuesto a los titulares de la Sedena desde hace décadas, recordé el episodio del general Tomás Ángeles Dauahare, vecino de Chamilpa, a quien ese grupo de “vacas sagradas” de la milicia envió al mismísimo Penal de Almoloya porque la inteligencia militar detectó que sería el siguiente secretario de la Defensa.

He aquí lo publicado en octubre de 2013:

Cuando vi la transmisión televisiva en vivo desde el Penal de Almoloya, justo en el momento que el general divisionario Tomás Ángeles Dauahare abandonaba la cárcel tras un proceso de casi un año por supuesta protección al narcotráfico, no imaginé que seis meses después estaría frente a él para preguntarle prácticamente de todo lo que quisiera.

Pero sí. Quien fuera el número dos en la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y actual asesor del general Salvador Cienfuegos, llegó puntual a la cita vestido con un impecable traje gris que contrastaba mucho con aquel pants que llevaba cuando abandonó el penal de alta seguridad el 17 de abril pasado.

A su lado, la incansable mujer a la que le debe en mucho su libertad, su esposa Leticia. Como testigos, el abogado Gerardo Arrieta, los hermanos Martha y Salvador Díaz de la Vega. También la señora Ofelia Salinas, esposa de Salvador, que fue quien vivió más de cerca el viacrucis de esta familia avecindada en Cuernavaca.

Fue ella quien recuerda como si hubiese sido ayer, aquel 15 de mayo del 2012, cuando estando en casa de la familia Ángeles Dauahare escuchó el grito desgarrador de doña Leticia, lo que inicialmente la hizo pensar que el general había tenido un accidente. Pero no, le acababan de comunicar vía telefónica que su esposo estaba siendo conducido a las instalaciones de la SIEDO, donde quedaría arraigado.

De ahí en adelante, el tema de “los narcogenerales” sería abordado hasta el cansancio por los noticiarios nacionales e internacionales. Un testigo protegido, “Jennifer”, aseguraba que Arturo Beltrán Leyva pagaba grandes cantidades de dinero a varios miembros del Ejército, pero el de mayor rango era el entonces subsecretario Tomás Ángeles Dauahare.

Pero las pruebas se fueron desvaneciendo. El testigo se contradijo, otros supuestos acusadores confesaron haber sido presionados para imputarle cargos al general, hasta que el 17 de abril un magistrado de Circuito ordenó su libertad absoluta. La PGR, ya sin Marisela Morales al frente, no presentó conclusiones acusatorias.

¿Por qué tanta saña contra usted general? ¿A quién le estorbaba? Le pregunto al apacible militar que contesta siempre pausado, con una tranquilidad que contagia.

“Supieron que tenía contacto telefónico con Enrique Peña Nieto y en su paranoia estas personas pensaron que yo podía ser el nuevo secretario de la Defensa y de Seguridad Pública Federal”, dice.

-           ¿Y los testigos que deponían en su contra de dónde los sacaron?

-           A uno lo obligaron a firmar una declaración mostrándole un video de su esposa. A otro, un general del Ejército, le dijeron cuando acudió a declarar a la SIEDO: “¿Allá afuera están tus hijos verdad? ¿Qué te parecería si los involucramos también?”.  Fue una cobardía, una vileza lo que hicieron.

El general gritó su inocencia desde el principio. Estando ya arraigado, convenció al encargado del centro de arraigos para que le permitiera hacer una llamada al programa del periodista Carlos Marín donde lo estaban acusando de “haber fomentado el narcomenudeo en el Colegio Militar” durante el tiempo que fungió como director. “¿Entonces el gobierno está aceptando que en el Heroico Colegio Militar estamos preparando un ejército de viciosos?”, increpó en aquella ocasión desde su cautiverio.

Pero nada evitó que le dictaran un auto de formal prisión y lo mandaran al Penal de Alta Seguridad del Altiplano, en Almoloya estado de México, donde fue recluido en una celda sin ninguna ventana que le permitiera saber si era de día o de noche. Días después fue reubicado a otra celda donde ya compartía el espacio con otros dos presos.

“Mi compañero de celda era el general Roberto Dawe, acusado de lo mismo que yo. El otro era un campesino de Temixco que no sabía leer ni escribir. Lo detuvieron porque cuidaba un terreno donde tuvieron secuestrada a una persona. Supongo que sigue preso porque no tenía forma de conseguir un abogado. También conviví con un señor de Luvianos, estado de México; a él lo encarcelaron porque acompañó a su yerno al pueblo a vender maíz y comprar algo de carne, y en la camioneta encontraron armas. Este señor tampoco sabía leer, venía de un pueblo muy pobre. Con decirle que no sabía cómo se usaba una regadera para bañarse”, rememora el general.

Y luego apunta:

“Me di cuenta de cuanta injusticia existe en las cárceles. Cada persona tiene un testimonio de cómo les fabrican delitos y hay un profundo rencor contra esas policías. ¿Readaptación Social?, no, eso no existe para nada en las penitenciarías.

-           ¿Cuál era “la especialidad de la casa” en el comedor de la cárcel? ¿Qué comía usted?

-           Mucho pan. Te dan pan en la mañana y en la noche. Te dan arroz –bueno por cierto-, carne, pollo. Es buena comida pero no le ponen sal ni picante.

-           Pasó usted un cumpleaños en la cárcel ¿cómo lo pasó?

-           Bien. El cocinero me mandó un pan de dulce extra… y me cantaron las mañanitas.

-           ¿Y en navidad?, ¿qué cenó?-.

-           Comimos pavo, pero no a la media noche. Cenamos como a las 8:30 y a dormir, como cualquier otro día.

-           ¿Cómo fue el día que obtuvo su libertad?

-           Desde el mediodía me avisó mi abogado que era posible que ese día llegara la orden de libertad que venía desde un tribunal de Guanajuato pero yo no le creí. No me ilusioné. Fue hasta que me avisaron los custodios que me preparara porque ya me iba que lo tomé en serio. Comencé todo el papeleo como a las siete de la noche y fue hasta cerca de las 11 que el jefe de seguridad me condujo hasta una puerta muy grande y me dijo: “Yo hasta aquí lo puedo acompañar. Entonces comencé a caminar, completamente solo y casi en la oscuridad. Atrás se veía la cárcel con sus enormes reflectores, pero hacia adelante no se veía ninguna construcción. Así caminé hasta que a lo lejos vi unas luces. Eran las lámparas de las cámaras de televisión. Mi abogado acudió a mi encuentro y ya avanzamos hacia donde estaba me esperaban los medios de comunicación para entrevistarme.

-           ¿Qué sigue ahora general?

-           Mire usted, me han sugerido que me convierta yo en un activista, que haga lo mismo que Javier Sicilia, que me dedique a denunciar las injusticias como las que yo viví, pero ¿sabe qué?, tengo ataduras que me impiden actuar como yo quisiera, y es mi convicción militar. Ciertamente esto que yo considero una venganza política me generó mucho coraje, me afectó mental y físicamente –bajé 15 kilos y me dio hipoglucemia-. También estoy consciente de que estoy faltando a un deber ciudadano al no denunciar las arbitrariedades de las que fui víctima, pero mi condición de militar me impide actuar contra todas esas personas que se confabularon para mantenerme en la cárcel casi un año.

HASTA MAÑANA.

Viernes, 01 Noviembre 2019 05:26

La transparencia del fracaso

León Krauze, hijo de Enrique Krauze, definió como “la transparencia del fracaso” a la conferencia de prensa que ofreció el gabinete de Seguridad y el presidente López Obrador para explicar, casi minuto a minuto y con lujo de detalle, lo que ocurrió aquel inolvidable 18 de octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa.

Según el periodista mencionado, en aras de demostrar que no se oculta nada y que no existe contubernio entre la actual administración y la delincuencia organizada, el gobierno federal desnudó sus carencias e incapacidades y mostró crudamente a sus cuerpos de seguridad a merced de los civiles armados.

Salvo los  “adoradores” del Mesías, mucha gente considera que el objetivo de justificar la liberación de Ovidio Guzmán no se cumplió con esa conferencia de prensa; por el contrario, terminó de exhibir los errores de la Secretaría de Seguridad, la Marina y la Sedena.

Algo así ocurrió con la conferencia de prensa que ofrecieron funcionarios del gobierno de Morelos la tarde del miércoles en las instalaciones de la zona militar por órdenes del mandatario estatal.

Ahí, el secretario de Gobierno y el fiscal general de justicia hicieron el ridículo por una sencilla razón: los que les preguntaban tenían mayor información que todos ellos. Desde muy temprano, los periodistas comenzamos a recibir fotos, videos y audios provenientes del Centro Estatal de Readaptación Social (Cereso) de Atlacholoaya.

Y si al momento de la conferencia de prensa los colegas les preguntaban a los funcionarios si había un “descabezado” (lo cual fue negado rotundamente), era porque ya nos habían llegado versiones en ese sentido que más tarde se confirmarían con fotografías donde aparece una cabeza separada de su cuerpo.

De igual manera, el ejercicio de transparencia sirvió para confirmar que cuando el coordinador de Reinserción Social, Israel Ponce de León, contestó con un “MENTIRA” (así con mayúsculas) al mensaje de un comunicador vía Whatsapp que lo cuestionaba sobre un motín en el Penal de Atlacholoaya, lo hizo desde un lugar muy lejano a donde estaban ocurriendo los hechos.

Su ausencia es consuetudinaria. Como es veracruzano y toda su familia está allá, es común que el coordinador se vaya desde el viernes y regrese a mitad de la semana sólo para firmar documentos y recibir novedades de Miriam Mireles Toledo, “Antrax” y “Puma”.

Fueron estos tres personajes los que engañaron a sus superiores al reportar que el primer intento de motín fue por “un robo de zapatos” en el área de COC.

Y fueron ellos los principales responsables de que el asunto no quedara en un muerto y dos heridos (lo que ni siquiera trascendió en medios nacionales) sino que se generalizó y terminó con un escándalo que ocupó la primera plana en el periódico Reforma y espacios en todos los noticieros.

Desde ayer trascendió la remoción de los tres funcionarios antes mencionados, pero nada se habló de la salida de Ponce de León. Dicen que hay un pacto. El pacto de Veracruz le llaman.

En esta columna hemos escrito por lo menos en cuatro ocasiones sobre el sistema penitenciario de Morelos. Con testimonios de internos, trabajadores administrativos y de seguridad y custodia, hemos dado una radiografía de lo que allá ocurre.

“Ponce de León Bórquez tuvo en 2016 el mismo cargo que hoy ostenta, pero en la Administración del ex priista Javier Duarte de Ochoa en Veracruz. Asimismo, el hoy funcionario morelense fue en 2014 el director de Tránsito estatal en Veracruz.

“El designar a personas no morelenses en funciones de seguridad pública y reinserción social tiene sus pros y contras. La ventaja es que llegan sin compromisos con los internos y el personal de Seguridad y Custodia, donde radica todo el problema de la corrupción.

“Pero esa también es una desventaja, pues al no tener arraigo suelen incurrir en mayores abusos y deshonestidades, a sabiendas de que terminando el cargo se van a regresar a sus lugares de origen”, escribimos el 20 de marzo pasado.

Y el 8 de octubre del 2019:

 “O ya se acabaron el presupuesto o nunca lo hubo”, comenta un trabajador que ha sobrevivido a las diferentes transformaciones del sistema carcelario, desde que dependía de la Secretaría de Gobierno hasta ahora que depende de la Comisión Estatal de Seguridad Pública.

“Lo cierto es que el sistema penitenciario es el “patito feo” de la CES, y es donde hay mayor inconformidad laboral”, asentamos en aquella ocasión.

Todo eso se lo dijeron ayer al vicealmirante Antonio Ortíz Guarneros, titular de la CES, cuando acudió a dialogar con los custodios  que no querían entrar a su turno de trabajo porque no deseaban salir en fotografías igual que sus compañeros del turno anterior: sometidos por los internos que todavía se dieron el lujo de mandar fotografías por whatsapp.

La realidad es que el Cereso Morelos está igual que Culiacán: los que mandan son los delincuentes.

Y de la misma manera que ha quedado comprobado que el intento de detención de Ovidio Guzmán fue un gravísimo error, también en Atlacholoaya ha quedado al descubierto que el gobierno se equivocó al subestimar una “riña por un par de zapatos” cuando en realidad se trataba del inicio de la disputa del control de la cárcel entre los rojos y el cartel Jalisco Nueva Generación.

En ambos casos debe haber renuncias, pero no aplicando la máxima de que “el hilo se rompe por lo más delgado”. Al contrario, debe haber sanciones ejemplares para que no vuelvan a ocurrir hechos lamentables como éstos, porque si revisamos la historia, ni en los peores gobiernos se habían registrados siete homicidios juntos en un penal.

HASTA MAÑANA.

 

Jueves, 31 Octubre 2019 05:24

El caso Aldo Bazán

Las redes sociales son el peor lugar para dirimir una situación de posible acoso sexual entre una alumna y un maestro, pues se presta al linchamiento “a priori” sin respetar su derecho a la presunción de inocencia y el derecho de réplica, vigente desde hace algunos años.

En este espacio trataremos de ser lo más imparciales posibles, y anticipando desde ahora que el mismo está a disposición de las partes en conflicto para hacer valer la Ley de Réplica en sus términos legales.

Comenzamos por el principio:

El pasado 23 de octubre comenzó a circular en Facebook un video con cierto grado de edición (mostrando lo más relevante en letras grandes que aparecen y se desvanecen, resaltando las ideas principales con diferentes tamaños y en rojo, etc.) en el que aparece una mujer que se identifica como Daniela Olivares Valderrama y que dice, en lo sustancial, lo siguiente:

“Desde mi ingreso a la Maestría, el profesor Aldo Bazán se dedicó a mandarme mensajes inapropiados, a los que por supuesto no accedí. A partir de ese momento el doctor Aldo Bazán se dedicó a desestimar mi trabajo, se dedicó a hacerme sentir que como estudiante yo no valía nada, me discriminó por mi discapacidad auditiva; se dedicó a hacerme bullying por las redes en conjunto con otros doctores del mismo secto” (sic).

Luego de lo anterior, solicita al rector de la UAEM, Gustavo Urquiza, la destitución inmediata del Dr. Aldo Bazan Ramírez.

Con ese video se inició una campaña en redes sociales en contra del catedrático universitario, y ya sabemos que “las redes te hacen o te deshacen”, así que a estas alturas ya es viral y en algunos casos los calificativos han sido realmente demoledores.

El doctor Aldo Bazán pidió entonces a los medios que le diéramos la oportunidad de defenderse. A través de un comunicado, el catedrático se queja de la campaña cibernética que le ha provocado actos de acoso, denostación y criminalización contra su persona y su familia.

“Rechazo tajantemente las acusaciones de las que he sido objeto en redes sociales, y manifiesto mi disposición de comparecer ante las autoridades universitarias y jurisdiccionales competentes, para responder a tales infundios. De igual manera, manifiesto que mi familia y yo, hemos recibido amenazas anónimas sobre video montajes, chantajes y otras acciones para amedrentarme y causarme daño.

“Debo comenzar diciendo que he sido una persona que apoya el empoderamiento y el alza de voz de las mujeres, en mi entorno familiar he educado con valores y respeto para defender el bienestar de las personas y que en ningún momento se deben callar aspectos de desigualdad y violencia. Con este mismo ideal, he sido partícipe de la formación académica de cientos de estudiantes, como mexicano, y en el país de mi origen. Si bien, estamos en un contexto social en donde todos debemos de mejorar y colaborar para sanar las grietas que la violencia ha generado, también es necesario realizar las acciones pertinentes para que la situación se atienda bajo los mecanismos de justicia y no mediante un linchamiento en redes sociales”, afirma en un documento enviado a la opinión pública.

Y enseguida da su versión sobre los hechos:

“La maestra Laura Daniela Olivares Valderrama, trabajó su tesis de maestría bajo mi dirección desde agosto de 2014 hasta febrero de 2016, periodo en el que además de dirigir su tesis que mereció la calificación aprobatoria en todos los comités tutorales, también obtuvo calificaciones aprobatorias en dos seminarios que impartí en la Maestría, periodo en los cuales, nunca existió queja alguna de su parte, por acoso, maltrato o discriminación. Por lo que es falso la aseveración de que, al no acceder a mis supuestos mensajes, yo desestimé su trabajo o su capacidad. Es preciso aclarar que la asignación y/o cambio de director o directora de tesis al estudiantado de maestría, no es impuesto por algún organismo o la comisión académica, y radica más bien, en el común acuerdo de trabajo colaborativo y coincidencia de temas e intereses académicos entre tutor y estudiante”.

Bazán Ramírez hace notar que no existen acusaciones formales en su contra ni ha sido notificado de manera oficial por ninguna autoridad universitaria.

“Es importante esclarecer que por cuanto a las acusaciones de índole académico, constan las evidencias académicas y administrativas con su respectiva respuesta y resoluciones, por Comité tutorales, Comisiones Académicas, Consejo Interno de Posgrado; Consejo Técnico, Procuraduría de los Derechos Académicos, Dirección de Estudios de Posgrado, y toda instancia competente en el ámbito académico y jurídico al interior de la Máxima casa de estudios”, agrega.

“Me da tristeza que por intereses mezquinos me lastimen y también a mis seres queridos, así como amistades y colegas que me conocen y se han solidarizado conmigo, al igual que mis estudiantes y ex estudiantes, quienes pueden dar fe de mi honorabilidad”, dice para concluir.

Tan grave resultaría que se comprobara que hubo hostigamiento o discriminación, como que se afectara una carrera profesional y el nombre de una persona con acusaciones falsas.

Recordamos el caso que dividió hace años a la Facultad de Derecho, el de Rodolfo García Aragón (que en paz descanse), expulsado por hacer insinuaciones a una alumna.

Tuvimos acceso a la grabación que esa jovencita presentó como prueba ante el Consejo Universitario, y se advierte claramente cómo la alumna direcciona la conversación en busca de una frase comprometedora, alentada por un grupo de maestros políticamente antagónico al de Rodolfo.

Y por cuanto a las redes sociales, siempre lo hemos sostenido: quien guste de participar en los linchamientos cibernéticos debe estar consciente que un día el lapidado puede ser él, sin importar si las acusaciones son verdaderas.

HASTA MAÑANA.

Miércoles, 30 Octubre 2019 05:18

Signos de descomposición

Como si no fueran suficientes los destrozos que dejó la lluvia de la noche para deprimir a cualquiera, durante la mañana de ayer se registraron varios acontecimientos que deberían preocupar a las autoridades de ésta entidad, sobre todo los que se refieren a un enfrentamiento entre internos del Centro Estatal de Reinserción Social de Atlacholoaya.

Quienes debemos recorrer parte de la ciudad capital y la zona conurbada para llegar a nuestros centros de trabajo, fuimos testigos de un espectáculo parecido al que deja un huracán o una tormenta tropical, con árboles caídos, calles destruida y, en algunos lugares, viviendas destruidas.

Apenas se va uno reponiendo de la impresión cuando llegan las fotos vía Whatsapp mostrando los dos cuerpos masculinos, totalmente desnudos, brillantes por la pertinaz lluvia, pero sin cabeza, a la orilla de la carretera que sirve de retorno en la autopista del Sol, a la altura de Xochitepec.

Una cartulina verde con letras negras en la que se da a conocer los nombres de los que siguen en esa fatal lista que han ido cumpliendo al pie de la letra sin que nadie haga nada, cubre uno de los cadáveres mientras que otra con características similares cubre el otro.

Todavía no se repone uno de la impresión de esas fotos cuando llega la información acerca de que un grupo de trabajadores de la empresa Uber Eats están protestando en el zócalo de Cuernavaca. Denuncian que el pasado lunes un compañero suyo fue asaltado y asesinado en la colonia Teopanzolco, la empresa no quiere asumir su responsabilidad y la aseguradora tampoco. Estaban pidiendo ayuda para reunir el dinero necesario y sepultar a su compañero.

Los que trabajan en todas esas empresas que se manejan a través de una aplicación en un teléfono celular no lo hacen por gusto, sino porque no hay otra opción. Ante la falta de mejores oportunidades de trabajo, nuestros jóvenes están recurriendo a estos empleos a pesar de que no tienen ninguna garantía de las que establece la Ley Federal del Trabajo. No hay una persona física que sea el patrón, tampoco un domicilio, y el contrato que firman es totalmente leonino, con todas las ventajas para estas empresas transnacionales.

Luego, el código rojo en el Penal de Atlacholoaya. Los empleados del Tribunal Superior de Justicia y de otras dependencias fueron obligados a desalojar las instalaciones del Centro Estatal de Reinserción Social por cuestiones de seguridad.

Eso solamente ocurre cuando se da un motín, pero el coordinador de Reinserción Social, Jorge Israel Ponce de León lo negó cuando fue consultado por los compañeros reporteros. “Todo bajo control”, contestó el funcionario.

Lo que no dijo es que no se encontraba en esos momentos en el Penal, pues su personal dice que nunca está, sino que trabaja vía teléfono celular.

Y lo más irónico: comenzaron a llegar fotos y videos del interior del penal tomados y enviados a través de teléfonos celulares, aparatos que se supone no pueden tener en su poder los internos.

Ya por la tarde llegó un comunicado de la Comisión Estatal de Seguridad Pública en el que se explica que no hubo motín, sino una riña que se suscitó al interior del dormitorio número cuatro, por lo que de manera inmediata se activaron los protocolos de actuación para atender la emergencia.

“Elementos del Mando Coordinado Policía Morelos, Guardia Nacional y agentes federales atendieron dicho acontecimiento, en el que resultaron lesionados tres internos que de inmediato fueron trasladados a un hospital para brindarles atención médica. Sobre lo sucedido, se informa que alrededor de las 11:46 horas personal de Seguridad Penitenciaria atendió una riña originada por el supuesto robo de unos zapatos, misma que fue controlada y los involucrados fueron dispersados”.

“Cerca de las 13:37 horas, algunos internos del dormitorio nueve ingresaron al dormitorio cuatro agrediendo y lesionado a un grupo de reclusos, por lo que las autoridades penitenciarias intervinieron una vez, activando el protocolo de actuación”, agrega el documento.

Con respecto al informe médico, Servicios de Salud de Morelos (SSM) indicó que al Hospital General de Cuernavaca “Dr. José G. Parres” arribaron dos masculinos, uno de 37 años de edad heridas de arma blanca, quien al momento de arribar al nosocomio ya no presentó signos vitales; el segundo, de 30 años es atendido por lesiones de arma blanca en tórax y pierna.

En el Hospital General de Temixco se atendió a un tercero de 24 años de edad, quien se reporta estable con múltiples lesiones superficiales en cráneo y en ligamentos de la mano, ya fue dado de alta.

No hay autogobierno y todo está bajo control, pero varios internos se lesionaron con armas blancas y el altercado fue grabado con teléfonos celulares. Vaya control.

Finalmente, un documento enviado por tres consejeros de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos da cuenta del divisionismo que existe (también) en el Consejo Consultivo de esa institución que está a punto de estrenar sede por enésima ocasión.

“Los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos para el estado de Morelos, hemos visto recientemente en notas de los medios de comunicación que el Presidente del organismo anuncia que pedirá directamente al Congreso un presupuesto de 50 millones de pesos, en contraste a los casi 16 millones con que cuenta actualmente.

“Sin embargo lo que no ha dicho el titular del organismo y que es menester que la sociedad también sepa, es que el Consejo Consultivo no aprobó dicha propuesta presupuestal derivado de que desde la instauración de dicho órgano colegiado se le ha solicitado desde la primer sesión, la siguiente información:

“Actas de entrega-recepción; lista de todo el personal adscrito, así como su curriculum y resultados; comprobantes de gastos presupuestal; programa de trabajo, entre otros”. Obviamente, el “godinez” que ocupa la presidencia de la CDH-Mor no se ha dignado a contestarles.

Contrario a todas y todos los que han ocupado el puesto de ombudsman, el actual ni siquiera saluda a sus empleados cuando llega, ya de atender a la prensa ni hablamos. 

Para finalizar, y luego de ver un video que está circulando en redes sociales, donde se observa claramente cómo la diputada Tania Valentina se acerca a la zona de público del Congreso Local, y a una señal suya los pobladores de Hueyapan se ponen como locos y comienzan a comportarse como orangutanes, uno se pregunta:

¿Qué no hay noticias positivas en este estado?

HASTA MAÑANA.

 

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