Jesús Castillo

Jesús Castillo

Jesús Castillo García. Periodista con 30 años de trayectoria; Premio Estatal de periodismo 2010 y 2012. Premio Nacional de Periodismo 2013.
Martes, 07 Julio 2020 06:03

Adriana Pineda: “todo el poder”

Ayer comentábamos en este mismo espacio de cómo la actual titular de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS), Adriana Pineda Fernández, ha sabido utilizar muy bien sus conocimientos aprendidos en el tenebroso Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) para mantenerse en la dependencia a la que entró hace 20 años como auxiliar de Ministerio Público, y convertirse en una funcionaria “imprescindible” para los últimos gobiernos estatales.

Pues bien, hoy les presentamos la institución que le mandó hacer expresamente para ella el actual fiscal Uriel Carmona Gándara, misma que tiene su origen en el “Acuerdo 08/2020 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del reglamento de la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, para su armonización normativa y crear la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI)”, publicado el pasado miércoles en el periódico oficial Tierra y Libertad.

En ese documento se afirma que la FIDAI es la unidad administrativa “de investigación élite” dependiente del Fiscal General, de superior jerarquía a las Fiscalías Regionales y Especializadas con excepción de la Fiscalía Anticorrupción; “competente en todo el estado” de Morelos y a cargo de la investigación de las conductas delictivas que, por su trascendencia, relevancia, complejidad o mayor impacto social, requieren para su atención y combate, un estudio, investigación y seguimiento de índole especial, sin perjuicio de la competencia de las citadas Fiscalías Especializadas y Regionales.

Para que se entienda: le están dando todo el poder a Adriana Pineda Fernández. Sobre ella sólo estará el propio Uriel Carmona, pero conociendo a ambos, es evidente que será ella la que lleve las riendas de la dependencia.

Es por eso que, cuando supimos que desde ahora ya se está manejando su nombre como titular de la nueva dependencia, tuiteamos: “Si la Fiscalía Anticorrupción la maneja Juan Salazar Núñez, y ahora Adriana Pineda Fernández tendrá a su cargo la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto, ¿entonces qué va a ser Uriel Carmona?”.

Juzgue usted:

La persona titular de la FIDAI podrá atraer la investigación de los siguientes delitos: Homicidio; Robo de vehículos; Asociación delictuosa; Delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo; Operaciones con recursos de procedencia ilícita, y demás delitos que determine, previo acuerdo con el Fiscal General. ¡O sea todos!

Es un secreto a voces que en la práctica es Adriana Pineda quien se encarga de cualquier investigación que sea importante para el fiscal.

¿Recuerda usted que la semana pasada hubo cuatro homicidios más en el interior del Penal de Atlacholoaya? ¿Quién cree que se está encargando de las investigaciones? Pues la UECS. Y eso lo supimos por quejas de los familiares que fueron a reclamar los cadáveres a Semefo y resulta que ahí no estaban, y los mandaron a las instalaciones de la Unidad Antisecuestros que está junto a Plaza Jacarandas.

Resulta interesante leer el acuerdo emitido por el titular de la FGE para la creación de esta “superfiscalía”, en el que queda de manifiesto que la señora podrá “hacer y deshacer” en la institución, pues desde ahora le están dando facultades para solicitar por oficio a la Fiscalía correspondiente, remita todas las actuaciones realizadas para continuar con la investigación de los hechos delictivos a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto. “En dicho oficio hará constar las razones en las que funda su facultad dada la trascendencia, relevancia, complejidad o impacto social de los hechos. La Fiscalía de que se trate, deberá remitir a la brevedad lo solicitado”, dice el acuerdo, donde no se establece ninguna posibilidad de que alguien pueda recurrir tal determinación.

Otra de las novedades es que tendremos nuestra propia unidad de inteligencia financiera al estilo de Santiago Nieto. Aquí se llamará “Unidad de Análisis Financiero” y tendrá como objetivo el manejo de la información financiera y contable relacionada con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita competencia de la Fiscalía General conforme al Código Penal para el Estado de Morelos; y, en su caso, de la persecución de ese delito; asimismo es el vínculo con las autoridades federales para coadyuvar con los asuntos competencia de estas últimas, de conformidad con la normativa aplicable.

También, en razón de la creación de la FIDAI y sus unidades de investigación se destaca que por virtud de este Acuerdo, se suprime la actual Dirección de Cooperación Internacional, Extinción de Dominio y Técnicas de Investigación hasta ahora adscrita a la Secretaría Ejecutiva, efectuando la armonización correspondiente en el resto del cuerpo normativo.

Y otra cosa muy interesante:

“se determina la abrogación del Acuerdo 6/15 del Fiscal General del Estado de Morelos, por el que se delega en los Titulares de las Fiscalías Regionales y Especializada, la facultad para realizar requerimientos a los Concesionarios de Telecomunicaciones, en su caso, los Autorizados y Proveedores de Servicios de Aplicaciones y Contenidos la Localización Geográfica en Tiempo Real de los Equipos de Comunicación Móvil, asociados a una línea que se encuentren relacionados con los hechos motivo de una investigación, así como para requerir la información inmediata de datos contenidos en redes, sistemas o equipos de informática‖, publicado en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, número 5278, el 08 de abril de 2015, una vez que inicie operación la FIDAI”.

Y como si no fuera suficiente este poder, se establece que la persona titular de la FIDAI (o sea, Adriana Pineda Fernández) deberá proponer al Fiscal General a los Agentes del Ministerio Público que estarán a cargo de las Unidades Especializadas en investigación de delitos de Alto Impacto, Tortura y Trata de Personas, así como de las Unidades de Análisis Financiero, Extinción de Dominio, de Cooperación Internacional y de Técnicas de Investigación. Por eso está tan solicitada la funcionaria.

¿Cuánto ganará? Eso no lo menciona el acuerdo, pero se advierte que tendrá oficinas nuevas y los vehículos y escoltas que quiera.

Sin duda que Adriana Pineda será la mujer más influyente en esta entidad. De hecho, actualmente ya tiene ese poder “de facto”, sobre todo después de que el marino que estaba como director de la Policía de Investigación Criminal, Francisco de la Paz Molina Villalobos, fue despedido el pasado 5 de junio y en su lugar fue designado Héctor René Barreto Orihuela, hechura de la polémica funcionaria.

HASTA MAÑANA.

 

Lunes, 06 Julio 2020 13:08

“El Perro” de la UECS

“Jefa, quiero que escuche esto que captamos. Creo que van a matar a un ex alcalde”, le dijo en voz baja el operador del aparato interceptor de llamadas a la entonces fiscal antisecuestros, Adriana Pineda Fernández.

Viernes, 03 Julio 2020 05:30

El río Cuautla

Lo vimos en Plaza Cuernavaca, luego en el Club de Golf de Tepoztlán y ahora el río Cuautla. La historia se repite: unos quieren desarrollo y otros se empeñan en conservar los recursos naturales tal como están por cuestiones históricas o de cualquier índole.

La lucha del pueblo tepozteco para impedir que el Grupo KS (Kladt Sobrino) estableciera un campo de Golf es un referente a nivel mundial, y a la fecha continúa el pleito jurídico por esas 280 hectáreas de tierra ubicadas en un lugar privilegiado.

El clímax de la inconformidad se produjo el domingo 3 de septiembre de 1995, cuando la comunidad tepozteca frustró la asamblea donde funcionarios del gobierno estatal pretendían legalizar el proyecto con apoyo de comuneros traídos de otros poblados. En la acción tuvo lugar un enfrentamiento con granaderos del gobierno local, al término del cual los habitantes retuvieron a cinco funcionarios y lograron repeler a las fuerzas públicas.

De inmediato se instalaron retenes de seguridad para evitar el paso de los grupos policíacos que en el acto rodearon las tres entradas de la cabecera municipal. En asamblea pública los habitantes condicionaron la libertad de los retenidos, principalmente, con la destitución del presidente municipal, Alejandro Morales Barragán, lo que lograron en menos de 24 horas; y con la suspensión de los trabajos de construcción, mismos que se habían iniciado ilegalmente.

De haberse concretado el proyecto, hoy sería el principal destino finsemanero de los millonarios que viven en la capital del país y que practican ese carísimo deporte. Y los tepoztecos se ocuparían de mantener limpios y bien podados los jardines de lo que alguna vez fue su tierra. 

Un movimiento similar se está dando en Cuautla, donde un grupo de ejidatarios se oponen a que el agua del río sea utilizada en otra cosa que no sea el riego agrícola. Y es que el río Cuautla abarca tierras de Ocuituco, Yecapixtla, Cuautla, Ayala, Tlaltizapán y Tlaquiltenango, y que ha alojado poblaciones muy importantes como Olintepec, según describe la arqueóloga Giselle Canto.

Tuvo dos periodos de gran auge, el primero entre el 500 y 150 a.C. y el segundo en el Posclásico Tardío: 1350-1521 d.C. Este sitio participa en lo que se conoce como estilo cerámico Río Cuautla. Se puede deducir que mientras Olintepec ya era una población importante, hacia el año 1350 se da la huida de los tlacochcalcas hacia Culhuacán a donde llegan refundando la ciudad con otro nombre: Yacapitztlán, en honor a su jefe tribal Yacapitzáoac. Surge así la actual Yecapixtla.

Hoy, como la mayoría de los ríos, el de Cuautla es usado como canal de desagüe industrial y doméstico.  Ha habido muchas promesas de que van a rescatarlo, pero siempre quieren sacar provecho de ello. La última vez fue cuando Graco Ramírez incluyó en un paquete de 150 millones de pesos el Parque Ecológico del Río Cuautla pero a la postre, los recursos anunciados para la obra fueron disminuyendo de 34 a 15 y ocho millones de pesos hasta que finalmente nadie quiso tocar más el tema.

Es del dominio público que hay una termoeléctrica de capital español que trajeron Graco Ramírez y Enrique Peña Nieto, pero que extrañamente contó con la simpatía del nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador. El argumento de AMLO tiene lógica: “ya se gastó mucho dinero en ese proyecto y no lo podemos desperdiciar”, pero ese criterio no ha sido aplicado en otros casos donde había más dinero y tiempo invertido, como el Aeropuerto de la Ciudad de México, por citar un ejemplo.

El caso es que AMLO quiere que la termoeléctrica se eche a andar y hasta se hizo una “consulta ciudadana” que obviamente resultó favorable. Luego el asunto se enrareció con el asesinato de Samir Flores, uno de los líderes opositores, el cual sigue impune.

El tema se había dejado de tocar hasta hace unos días, cuando trascendió que el gobierno federal propuso el revestimiento y entubamiento de aproximadamente 30 km de canales de riego de ASURCO con inversión de hasta 102 millones de pesos; la tecnificación de riego de 300 hectáreas por goteo o microaspersión en el área de circunscripción de ASURCO (Asociación de Usuarios del Río Cuautla)  con una inversión de hasta 16 millones 500 mil pesos, y la construcción de una presa de almacenamiento en la barranca de Ahuehueyo.

El monto total comprometido en las obras referidas en la cláusula segunda será hasta por 118 millones 500 mil pesos, sujeto a la disponibilidad presupuestal, desglosados por dependencia; 94 millones por la CFE, ocho millones de pesos por Conagua aportados mediante el Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola ejercicio 2020, subprograma de rehabilitación, tecnificación y equipamiento de distritos de riego, componente rehabilitación y tecnificación de distritos de riego y 16 millones 500 mil pesos por SADER. Todo ello a cambio de que los ejidatarios permitan que la termoeléctrica reciba agua del río Cuautla.

El pasado miércoles, ejidatarios de 40 núcleos ejidales de cinco municipios que se benefician del agua del río Cuautla se manifestaron en las instalaciones de ASURCO para exigir a las autoridades de dicho organismo que se desistan de realizar la firma de un convenio con las diferentes dependencias del gobierno federal.

Asimismo, los ejidatarios manifestantes señalaron que actualmente se tienen varios amparos ganados contra la obra del acueducto y la puesta en marcha de la termoeléctrica de Huexca, según la nota de Guadalupe Álvarez, corresponsal de La Unión en la zona oriente.

Además, agregaron que la concesión del vital líquido del río Cuautla determina su uso exclusivo para cuestiones agrícolas y se encuentra vigente hasta el año 2035 por parte de la Comisión Nacional del Agua, por lo que añadieron que en este sentido, no son los campesinos quienes pretenden quebrantar la ley, sino los propios gobiernos.

Así habló un campesino:

“Sigue siendo vergonzoso que aún con las conclusiones de estudios científicos que señalan que no es un proyecto viable y económicamente tampoco, aún así nos prestamos a ello. Hay otros aspectos de carácter histórico, es vergonzoso que en la tierra de Zapata se quieran llevar el agua. No nos oponemos al crecimiento y desarrollo, pero tiene que ir parejo para todos, desde el más humilde hasta el que tiene 20 hectáreas”.

Desarrollo industrial o preservación de los recursos naturales, ese es el eterno dilema en el que casi siempre terminan ganando los primeros.

HASTA EL LUNES.

 

Jueves, 02 Julio 2020 05:46

Un país polarizado

En un día como hoy pero de hace dos años, el Instituto Nacional Electoral (INE) confirmaba lo que se había venido diciendo desde el domingo uno de julio por la tarde: en su tercer intento, Andrés Manuel López Obrador ganaba la presidencia de México.  A dos años de distancia, el país está dividido en dos extremos, los que ven a un México “cayéndose a pedazos”, y los que ven a una nación que inicia un sexenio con cambios trascendentales.

“Montado en una ola de descontento colectivo por la corrupción y la violencia desenfrenadas, Andrés Manuel López Obrador fue elegido presidente de México este domingo 1 de julio con una victoria aplastante, que da un vuelco al sistema político dominante del país y le otorga un amplio mandato para reformar al país”, anunciaba la portada del influyente periódico The New York Times.

“La victoria de López Obrador lleva a un líder de izquierda al mando de la segunda economía más grande de América Latina por primera vez en décadas, una posibilidad que ha embargado de esperanza a millones de mexicanos (y a las élites del país, de temor)”, agregaba.

Y es que, después de los dos primeros intentos en los que espantó al electorado por su amenaza de mandar “al diablo las instituciones”, en esta ocasión fue cuidadoso de no pelearse con nadie, ni siquiera con el presidente en funciones, Enrique Peña Nieto.

Resistió todas las provocaciones que le hacían sus adversarios políticos y los conductores de televisión y radio (que veían en López Obrador un serio peligro para sus convenios publicitarios) y no dijo ninguna palabra ni frase que la oposición pudiera utilizar en su contra. Así logro ganarse a “los indecisos”, quienes además estaban decepcionados del cambio prometido por los dos gobiernos panistas y que nunca llegó.

En el 2012 los electores le habían dado una oportunidad al PRI que aseguraba haber aprendido la lección, pero que a lo largo de los últimos seis años había caído en escándalos como “la casa blanca” y la empresa OHL.

El reconocido sociólogo Roger Bartra dijo que el presidente electo "dio un viraje a la derecha tan grande que se acercó al viejo Partido Revolucionario Institucional (PRI)".

"Este acercamiento al antiguo PRI le ayudó a captar simpatías de priístas descontentos con el giro tecnocrático del PRI actual", opina. Dice que AMLO es una "nueva encarnación de la tradición latinoamericana del populismo", según publicó la BBC de Londres.

¿Recuerdan el cierre de campaña de AMLO en el estadio Azteca?  Una foto tomada desde abajo del templete donde el candidato alza la mano en señal de victoria mientras miles de papelitos de colores caen al suelo y al fondo se observan las gradas llenas de gente.

“El día que hagan una película de la vida de Andrés Manuel López Obrador, que termine con ésta imagen”, sugerimos en un tuit.  Y es que, desde nuestro punto de vista, hasta ese momento todo le había salido bien al oriundo de Macuspana, y el final de la película (si se le quería ayudar para que quedara como un héroe) tendría que ser en ese momento, cuando el pueblo entero se le entrega.

Y eso lo decíamos porque era evidente que la situación no sería nada fácil. El país no cambiaría como por obra de magia a partir de que AMLO asumiera el poder, mucho menos cesaría la violencia que azota al país desde hace varias décadas.

“Me van a odiar, pero le estoy encontrando similitudes a AMLO con Graco Ramírez”, publiqué en mi cuenta de Twitter. Y es que recordarán ustedes que Graco prometió “terminar” (ni siquiera reducir, sino eliminar por completo) con la delincuencia en Morelos; luego comenzó a dar largas y terminó por decir que se había equivocado, y que eso lo había dicho “en la euforia de las campañas electorales”.

Fue él también quien dijo que “una cosa es lo que se dice en campaña y otra la que se hace como gobernante”.  Entonces quedaba claro que todo lo que dijo AMLO en su campaña era solamente para obtener el voto.

El más claro ejemplo fue en el tema de la militarización de la Policía. Durante todas sus campañas insistió en que el Ejército debía volver a sus cuarteles, y ya como presidente lo primero que hizo fue crear la Guardia Nacional, integrada por soldados y marinos.

A dos años de distancia pareciera que hay dos Méxicos. Uno el de los “fifís” que protestan desde la comodidad de sus camionetas y que dicen que a México se lo está llevando la fregada, y otro el de los “chairos” que se regodean cada vez que detienen a un ex funcionario y no parece importarles mucho las estadísticas económicas.  Ya hasta están pensando en desaparecer el PIB como mecanismo para medir la economía.

Los periodistas que veíamos en los horarios estelares de los noticiarios de televisión, hoy están “autoexiliados” y desde su lugar de residencia hacen investigaciones periodísticas como las que hacía Carmen Aristegui, quien hoy guarda silencio.  Los medios públicos, que tradicionalmente han sido utilizados para difundir las notas positivas del gobierno, hoy no le piden nada a los medios de comunicación de Cuba y Venezuela que más que informar, adoctrinan.

Para regocijo de los opositores, la pandemia del coronavirus se vino a dar al principio del sexenio, generando una crisis económica y un índice de desempleo sin precedentes, pero que es una situación atípica. Insisten en que se debe cambiar la estrategia de seguridad, pero no dicen cómo, pues saben que a ellos tampoco les funcionó la suya cuando gobernaban.

El sexenio apenas inicia y es poco tiempo para calificar al gobierno cuantitativamente, máxime cuando se tiene una pandemia que ocurre cada 100 años a nivel mundial; pero lo que nadie puede negar es que sí tenemos una forma diferente de gobernar el país.

Y cada vez estamos más seguros de que cuando termine el sexenio de AMLO seguirá polarizado el país, por un lado los que ven políticamente una génesis y por el otro los que ven el apocalipsis.

HASTA MAÑANA.

 

Miércoles, 01 Julio 2020 05:17

El homicidio del Juez Villafuerte

Recientemente recordamos en este espacio el homicidio de la juez Reyna Ocampo Rojas al cumplirse 30 años de los fatídicos hechos, el pasado 17 de junio. Hoy relatamos otro hecho que ocurrió en Morelos y en el que la víctima también fue un juzgador, pero del fuero federal, igual que Uriel Villegas, quien recientemente fue asesinado junto a su esposa.

Ocurrió el 20 de septiembre de 1987, entre las 22:00 y 23:30 horas, cuando fue privado de la vida el licenciado Pedro Villafuerte Gallegos, quien entonces se desempeñaba como Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, perpetrándose el delito frente a su domicilio, ubicado en la calle de Tepozteco número 104, colonia Reforma, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.

El licenciado Villafuerte fue victimado, al parecer, por dos personas que le dispararon con armas calibre 380, provocándole 14 impactos. Para esclarecer este homicidio, la Procuraduría General de la República asignó un grupo de agentes judiciales a fin de que se abocaran a las investigaciones, quedando al mando el Primer Comandante Florentino Ventura, grupo que investigó en los Estados de Morelos, Oaxaca y Guerrero.

Producto de tales indagaciones, se consideró que en el homicidio del licenciado Pedro Villafuerte Gallegos estaban involucrados Felipe Cuenca Maldonado, Reinel Cuenca Merino y Marcial García Maldonado, a quienes previamente se les había instruido el proceso número 15/86, en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, a cargo del propio juez Villafuerte, por su participación en la comisión de delitos contra la salud, en materia de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

El día 29 de enero de 1987 fueron sentenciados a compurgar penas de 11 años de prisión, el primero, y 7 años de prisión los dos últimos, y no estando conformes con las condenas que les fueron impuestas, amenazaron de muerte al Juez de Distrito de la causa, licenciado Pedro Villafuerte Gallegos.

El 26 de junio de 1987, los mencionados Felipe Cuenca Maldonado, Reinel Cuenca Merino y Marcial García Maldonado, se fugaron del Centro de Readaptación Social del Estado de Morelos, ayudados por los custodios Saúl Gerardo García, José Abdón Arteaga Ocampo y el excustodio Laureano Fuentes Vargas, quienes fueron contratados por los señores Roberto Guzmán Urióstegui "El Macheteado" y Héctor Rodríguez Tapia "La Sábana".

Estas personas les dieron a los custodios la cantidad de treinta millones de viejos pesos y un vehículo terrestre (sic) para realizar la fuga. Por comparación entre retratos hablados y fotografías, se identificó a Reinel Cuenca Merino y Marcial García Maldonado que, días antes al 20 de septiembre, rondaban las inmediaciones del domicilio del juez, ubicado en la calle Tepozteco de la colonia Reforma.

Un dato que hasta ayer desconocíamos, es que en el transcurso de las investigaciones para esclarecer el homicidio del juez Pedro Villafuerte Gallegos, Florentino Ventura y Mario Daniel Montiel Ortiz, interrogaron a los reclusos Fidel García Mata y Juan Velázquez Cruz. Nunca se supo de qué hablaron, pero estas personas fueron asesinadas en el interior del penal el mismo día que tuvieron la mencionada reunión. La versión oficial del entonces director de la Penitenciaría de Atlacomulco, Enrique Corona Morales, es que Juan Velázquez Cruz y Fidel García Mata, atacaron la guardia del penal, privando de la vida a uno de los custodios ya que uno de ellos y otros internos estaban armados. Al contestar los custodios la agresión, mueren los citados reclusos.

En agosto de 1990 vinieron a Morelos visitadores de la CNDH en busca del expediente que se inició a partir del levantamiento del cadáver del juez Villafuerte, pero lo que se encontraron los dejó estupefactos.

“Preguntamos insistentemente sobre el expediente que contiene la Averiguación Previa 30/I/II/6639/987, relativa al homicidio del Juez Pedro Villafuerte Gallegos, en los distintos juzgados penales de la ciudad de Cuernavaca, recibiendo como respuesta que en ninguno de ellos se había consignado tal expediente. Ante tales respuestas se indagó sobre dicho expediente en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, en donde se afirmó que no se conocía el Agente del Ministerio Público a cargo de tal averiguación. Por ello, se recurrió al archivo de la mencionada Procuraduría, encontrando que el expediente había sido turnado a la reserva”, dice el informe de la CNDH.

Sólo a partir de las investigaciones realizadas por personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con fecha 14 de agosto de 1990 el Agente de Ministerio Público adscrito a la 7º mesa, Lic. José Manuel González Velázquez (¿les suena conocido?), giró orden de investigación judicial al Jefe de la Policía Judicial del Estado.

Pedro Villafuerte Gallegos recibió 14 impactos de bala que le provocaron la muerte. El parte médico reporta que la causa de la muerte fue un choque hipovolémico por hemorragia interna y externa, consecutiva a las heridas por proyectil de arma de fuego que, en base a su número, se clasificaron de mortales. Por lo anterior, los licenciados Wilfrido Castañón León, José Alejandro Luna Ramos y el magistrado Amado Yáñez, solicitaron la dispensa de la necropsia.

La versión más consistente fue que el juez Villafuerte Gallegos recibió amenazas de muerte por parte de los narcotraficantes Pedro Díaz Parada, Felipe Cuenca Maldonado, Reinel Cuenca Merino y Marcial García Maldonado, a quienes él mismo procesó por delitos contra la salud.

Al inicio de las investigaciones de la CNDH no se encontró relación entre el primero de los mencionados y los otros tres pero los visitadores descubrieron que todos pertenecían a una banda de traficantes de drogas y armas que operaba en los estados de Oaxaca, Puebla, Morelos y Guerrero, teniendo como centros de operaciones los municipios de Teloloapan y Tlapa, Guerrero.

“Los hechos parecen vincularse también con el caso de la detención de un avión norteamericano, marca Beecherar-B80, matrícula N-254-K, que forzadamente aterrizó en los alrededores de Tequesquitengo, Morelos. Al parecer, la carga del avión era contrabando de armas que serían entregadas en un rancho de Teloloapan.

“El piloto de la aeronave, Robert Nelson Read, fue procesado por el Juez Villafuerte y el 16 de septiembre de 1987 fue asesinado de 15 puñaladas en el Reclusorio de Morelos, cuando por información de compañeros de presidio estaba teniendo comunicaciones, a través de terceros, con el Juez Villafuerte Gallegos. De todos estos hechos se deriva la presunción de la participación de una o varias autoridades en la protección de estas actividades ilícitas, lo cual nunca ha sido investigado con el cuidado que requiere el caso, por parte de la Procuraduría General de Justicia del estado de Morelos”, decía el informe de la CNDH que concluyó con la recomendación 015/1990 que le enviaron al gobierno de esta entidad, encabezado por el abogado Antonio Riva Palacio López.

Pero ya desde entonces las recomendaciones de Derechos Humanos eran como “llamadas a misa” para los gobiernos estatales.

HASTA MAÑANA. 

 

 

Martes, 30 Junio 2020 06:05

Otra vez el NGS

Ayer, después de varios meses sin actividad, algunos negocios del centro histórico se atrevieron a subir sus cortinas en acatamiento a las indicaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, y con la esperanza de obtener algunos ingresos que les permita seguir subsistiendo durante la contingencia sanitaria, pero inmediatamente tuvieron que bajarlas ante lo que parecía ser un enfrentamiento entre comerciantes y policías.

Las imágenes de policías con escudos y toletes resguardando el centro histórico no abona para nada a una ciudad que lo que requiere es reactivarse económicamente, y ahora al miedo al contagio se suma el miedo a recibir alguna “pedrada perdida” o un aventón por el zafarrancho.  Así se veía ayer el centro de Cuernavaca.

Luego, el video del colega José Luis Rojas, que fue uno de los primeros en difundirse en las redes sociales, hacía parecer que una patrulla había atropellado a una indefensa mujer. “Si está lesionada pues siéntese señora”, le dijo el avezado reportero de Zona Centro. 

La mujer no tenía las huellas típicas de un atropellamiento, y los videos que aparecieron después demostraban claramente que la señora junto con otros comerciantes cayó al suelo al intentar detener a una de las camionetas de Protección Civil con la intención de linchar a sus ocupantes.

En una reacción natural de supervivencia, se observa cómo el conductor de la camioneta maniobra para quitarse de enfrente a hombres y mujeres que le estaban cerrando el paso mientras otros se subían a la batea.  Afortunadamente para ellos lograron escapar de la turba, y si algún abuso cometieron minutos antes, con el susto ya están a mano.

Afortunadamente el hecho no pasó a mayores, pero no debe perderse de vista quién está atrás de todo esto. Se trata del Nuevo Grupo Sindical  (NGS) del que ya nos hemos referido  en muchas ocasiones en este espacio, y no quitaremos el dedo del renglón: están creando un monstruo que al rato nadie va a poder controlar.

Y es que el Nuevo Grupo Gansteril (porque lo Sindical se refiere a trabajadores y estos manejan comerciantes, prostitutas, indigentes y todo lo que se deje), trató de sacar provecho de la contingencia provocada por la epidemia del coronavirus, y al principio aceptó quitar los puestos que ya tenían, pero ahora que regresaron pretendían instalar todavía más. No tienen llenadera pues.

Ayer mismo, el Secretario del Ayuntamiento de Cuernavaca, Erick Santiago Romero Benítez, explicó que todo derivó de que se iba a dar cumplimiento al acuerdo de Cabildo, aprobado por unanimidad, en el sentido de no permitir el regreso a las calles del comercio ambulante (conocido como “tolerados”) mismos que carecen de permisos o licencias de funcionamiento para ocupar la vía pública.

Sin embargo, integrantes del Nuevo Grupo Sindical (NGS) salieron a las calles y agredieron a personal de la Subsecretaría de Protección Civil y de Gobernación Municipal, que sólo realizaban su trabajo.  Estas personas agredieron físicamente a los inspectores municipales y provocaron daños a una unidad vehicular (en el parabrisas, torreta y espejos laterales) y todavía se hicieron los agredidos.

“Ante el ataque, se procedió a replegar a nuestro personal y abandonar el lugar para evitar consecuencias mayores, ante el incremento de la violencia por parte de los mencionados afiliados al NGS”, informó Romero Benítez. Como consecuencia de lo antes narrado, se retuvo mercancía (cubre bocas, lentes y caretas) que pretendían vender sin permiso, misma que se puso a disposición del juez calificador.

El funcionario aprovechó la conferencia de prensa para recordar que previamente se han tenido varias reuniones garantizando el derecho de audiencia de todos estos grupos, a los que se les dio a conocer que derivado de la primera etapa de reapertura que inició el 21 de junio, el presidente municipal Antonio Villalobos emitió un mensaje para la apertura gradual del comercio, por lo que el diálogo se ha privilegiado y se garantiza el pleno respeto a los derechos humanos y en esta ocasión no fue la excepción.

“La semana pasada se tuvieron sendas reuniones informativas y de concientización con estos grupos y por nuestra parte, el titular de Seguridad Pública y de las Subsecretarias de Gestión Política y de Protección Civil, donde les expusimos los alcances del acuerdo de Cabildo, todos los líderes se comprometieron a respetarlos, lo que no ha sido así. Y el único grupo que salió de manera violenta y por la fuerza (a) instalarse en la vía pública es el Nuevo Grupo Sindical (NGS): la Consejería Jurídica estará presentando las denuncias correspondientes por lesiones y por daño en los bienes propiedad del municipio para que la Fiscalía General del Estado realice las investigaciones que correspondan”, apuntó.

Pero independientemente de ello no hay que olvidar quién es Ben Hur Hernández Bringas. Es el líder del NGS, organización que todo el sexenio pasado estuvo ligado al gobierno de Graco Ramírez. Ellos ya tenían “concesionado” el primer cuadro de la ciudad cada 15 de septiembre y 16 de septiembre para vender artículos de las fiestas patrias, además de los lugares que ya tienen en forma permanente en las plazas del centro.  Y de las concesiones de taxis y de los contratos para el acarreo de materiales de construcción ya ni hablamos.

El NGS le apostó todo al PRD y al PSD de los hermanos Yañez. Tan es así que la esposa de Ben Hur iba en la fórmula para la presidencia municipal de esos partidos. ¿Se imaginan si hubieran ganado las elecciones? Ahorita la ciudad sería suya.

Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de organizaciones “sindicales”, pues la historia ha demostrado que cuando la autoridad no le pone freno a sus ansias de poder, pueden llegar a confabularse con grupos de la delincuencia organizada y convertirse en criminales para quitar a quienes les estorban.

Luego no digan que no se los advertimos.

HASTA MAÑANA.

 

Lunes, 29 Junio 2020 05:32

Atentado: todos sabían

El atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el morelense de nacimiento Omar García Harfuch, dejó al descubierto una terrible realidad que durante muchos años se pretendió ocultar: la existencia de cárteles de la droga en la capital del país. Pero también –como seguramente trascenderá en los próximos días a medida que avancen las investigaciones- evidencia la infiltración que tiene el crimen organizado en prácticamente todas las corporaciones policiacas.

Como ya es del dominio público, los hechos ocurrieron alrededor de las 06:38 horas de este viernes entre la avenida Paseo de la Reforma y Sierra Madre, con saldo de tres muertos (dos escoltas y una mujer totalmente ajena al hecho) y siete heridos.

Antes que ninguna autoridad lo hiciera oficial, fue el propio agredido el que culpó del ataque al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a través de su cuenta de Twitter. “Esta mañana fuimos cobardemente atacados por el CJNG, compañeros y amigos míos perdieron la vida, tengo tres impactos de bala y varias esquirlas”, dice su mensaje, sin que se sepa a ciencia cierta si él lo escribió personalmente o le pidió a alguien más que lo hiciera, ya que él resultó herido de un brazo.

Como ya se ha publicado en todos los medios de comunicación, para el atentado en contra de Omar García Harfuch, los sicarios contratados por José Armando “N”, alias “El Vaca”, utilizaron un arsenal consistente en 5 rifles Barret .50, 1 lanzagranadas, 7 granadas, 35 armas largas, 8 pistolas, 39 chalecos, 51 bombas molotov, 96 cargadores, 2 mil 800 cartuchos, 1 inhibidor de señales, para lo cual requirieron un camión de 3.5 toneladas a la que le pintaron las siglas de Grupo Carso, así como dos suburban y varios vehículos compactos.

¿Cómo pudieron mover todo este arsenal, vehículos y hombres para perpetrar el ataque contra el jefe de la Policía de la Ciudad de México? No lo podrían haber hecho sin la colaboración de gente de la SSC pagada por el CJNG (asumiendo como cierta la aseveración de García Harfuch).

¿Cómo supieron el trayecto diario del jefe policiaco? ¿Cómo supieron la hora en que saldría ese día? Obvio que requirieron de varios espías disfrazados de ciudadanos comunes, pero también forzosamente tuvieron que contar con el apoyo de policías.

Tras este lamentable hecho es imposible no compararlo con el asesinato del entonces subprocurador de Delincuencia Organizada de la Procuraduría de Justicia de Morelos, Andrés Dimitriadis Juárez, quien no contó con la misma suerte que García Harfuch y murió junto con sus dos escoltas el 23 de octubre del 2008.

Una investigación periodística (que nos hizo acreedores al Premio Estatal de Periodismo 2010) sacó a relucir que esa noche prácticamente todas las corporaciones policiacas sabían que iba a ser asesinado el servidor público porque así lo había ordenado el jefe de plaza de la organización de los Beltrán Leyva, apodado “El Borrado”.

Un policía ministerial avisó cuando el vehículo oficial (un auto compacto cualquiera) del subprocurador salió de las instalaciones de la PGJE en la avenida Emiliano Zapata. De inmediato “se le pegó” una camioneta Ecosport color rojo que estaba esperando en la calle Tabachin, frente al edificio de la dependencia y los siguió por Colegio Militar hasta tomar la autopista.

Dos vehículos más se incorporaron a la persecución kilómetros adelante, de tal manera que cuando llegó al entronque con la avenida Diana ya eran tres los que lo perseguían, de tal manera que no hubo forma de escapar. Los alcanzaron unos 200 metros adelante y los masacraron. Se encontraron más de 200 casquillos de AR-15 y “cuernos de chivo”.

Las declaraciones ministeriales de algunos policías municipales que fueron detenidos años después, dejaron en claro que prácticamente todas las corporaciones policiacas, el Ejército y la Policía Federal, estaban en una “narconómina” que pagaba mensualmente Arturo Beltrán Leyva, quien vivía en Morelos hasta diciembre del 2009 en que fue acribillado por los marinos en las Torres Altitude.

Por eso es que ninguna corporación detectó las tres camionetas con sicarios armados que estaban “campaneando” al subprocurador de Delincuencia Organizada desde días antes, y todavía se tardaron varios minutos en llegar al lugar de la balacera.

Sólo unos despistados motociclistas de la Policía de Tránsito de Cuernavaca llegaron cuando las armas de los sicarios estaban todavía humeantes. Vieron impávidos cómo abordaban sus vehículos y se alejaban tranquilamente. Entre los sicarios iban policías municipales en activo, lo que quizás fue el motivo por el que no los mataron también a ellos.

Es por todo lo anterior que llegamos a la conclusión de que el pasado viernes, policías, comandantes y hasta directivos de la SSC-CDMX sabían que esa mañana iban a matar a su jefe, lo que irá saliendo a la luz en la medida en que los sicarios detenidos (19 hasta hoy) decidan soltar la lengua. 

Y ojalá que conforme avancen las investigaciones podamos encontrar respuesta a diversas interrogantes que se ciernen sobre este hecho.

¿Por qué querían matar a Omar García Harfuch? Si ya habían logrado que se detuviera la camioneta blindada, y los escoltas estaban muertos ¿por qué no lo remataron? De ahí se desprende la interrogante de si realmente querían terminar con su vida o sólo enviarle un mensaje.

¿Por qué Omar García Harfuch se apresuró a culpar al CJNG del atentado en su contra? ¿Hubo una advertencia antes? ¿Qué pedían a cambio de no atentar con su vida?

Actualmente en los medios de comunicación y las redes sociales hay todo un debate sobre este joven policía que dice haber nacido en Cuernavaca pero que no existe registro de ello. Ya están mencionando aspectos como que su abuelo fue jefe militar durante la represión del 68, que su padre encabezó la desprestigiada Dirección Federal de Seguridad (DFS), y que un medio hermano al que mataron estaba ligado al narco en Guadalajara. Lo peor: que fue subordinado del hoy enemigo número uno de México, Genaro García Luna.

Desde nuestro punto de vista Omar García Harfuch no debe ser enjuiciado mediática ni políticamente por lo que hicieron sus familiares, y tampoco creo que alguien deba quedar estigmatizado por haber trabajado con alguien.

Lo que sí se debe investigar es por qué lo quisieron matar. No olvidemos que antes de aceptar ser el titular de la Seguridad Pública de la capital, recibió una oferta del gobierno de Jalisco (que encabeza el tenebroso Enrique Alfaro) para hacerse cargo de la Policía de esa entidad, cuna del cartel que encabeza Nemesio Oseguera alias “El Mencho”, ofrecimiento que rechazó.

Pero una investigación no puede ser objetiva si ya el jefe del ejecutivo federal, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, dieron por hecho que García Harfuch es “el héroe” de esta historia, que está más interesante que una de las narcoseries de Epigmenio Ibarra.

HASTA MAÑANA.

 

 

 

Viernes, 26 Junio 2020 03:45

“Justicia Digital”

Es cuestión de horas para que el Poder Judicial de la Federación emita el acuerdo mediante el cual se amplía el plazo de inactividad con motivo de la contingencia causada por la epidemia del coronavirus, y a partir de ello harán lo propio los tribunales de todo el país, incluyendo el de Morelos. Es decir, que los abogados deberán seguir esperando para reiniciar sus litigios y, por lo tanto, continuarán sin ingresos monetarios.

Los litigantes no están exentos de la crisis económica generada por el Covid-19, y así lo han manifestado diversas organizaciones que están proponiendo que el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General del Estado pongan en marcha una serie de mecanismos cibernéticos que les permita hacer su trabajo.

El problema es que, por ahora, la autoridad judicial local está impedida para participar en innovaciones no contempladas en sus legislaciones, por más voluntad política que haya.

Así lo explica el abogado morelense Omar Mondragón López, (con quien tuve el gusto de compartir el aula en la UAEM y que posteriormente estudió una Maestría en la prestigiada Universidad de Harvard) en un artículo publicado recientemente en la revista Nexos.

“El problema durante la pandemia no ha sido la falta de interés para innovar; más bien, se trata de la ausencia de facultades para hacerlo. Por ello, es a partir del enfoque de facultades en que debemos concentrar el debate sobre la justicia electrónica local”, advierte.

Explica que la pandemia logró en unas semanas lo que cientos de publicaciones y decenas de congresos académicos no lograron durante los últimos veinte años: el salto de un tema académico, a uno de interés general.

Y es que, la inclusión digital es un derecho humano reconocido a nivel internacional desde 2012 y recogido en la Constitución en 2013, cuando dice en su artículo sexto que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación.

“Aquí vale la pena descartar el debate desinformado que contamina la discusión del tema: no se trata de abandonar los actos y formalidades pensados para dar certeza y seguridad jurídica a las partes en un proceso, esto es, la justicia electrónica no es y nunca ha sido —al menos en México— una batalla contra el principio de legalidad. La adopción de la justicia electrónica en nuestro país no ha pasado por el desplazamiento sino por su redefinición. Dicho de otra manera, la implantación exitosa de la justicia electrónica en México no ha requerido restar valor a las formalidades del procedimiento, sino que sólo ha demandado replantearlas en el contexto de la obligación constitucional de integrar las tecnologías de información y comunicación al trabajo de los tribunales”, afirma.

El 8 de junio de 2020, cuando el Consejo de la Judicatura Federal anunció la tramitación en línea de todos los asuntos presentados en sus órganos jurisdiccionales, independientemente de su instancia y materia, varios poderes judiciales de los estados lo imitaron.

La mayoría, no obstante, desperdició el periodo de cuatro años que medió entre el nacimiento de la obligación constitucional en junio de 2013 y el retiro de la potestad legislativa en las materias civil y familiar en septiembre de 2017. “Hoy la posibilidad de innovación está cerrada para esas dos materias”, sentenció el jurista.

En su opinión, México transita entre dos extremos: por un lado, el México desarrollado de la justicia federal y la justicia local de algunos estados diligentes como Coahuila y Nuevo León y; por el otro, “el México retrasado de todos los poderes judiciales locales impedidos para ofrecer servicios remotos, como Morelos y Chiapas”.

Sin que parezca una defensa para el Poder Judicial de Morelos, el actual presidente tomó el cargo el 18 de mayo pasado en medio de la pandemia, de ahí que no se le pueda achacar responsabilidad alguna, máxime que apenas unas semanas después de recibir la presidencia, remitió al Congreso Local una propuesta de reformas que permita reactivar algunas de las funciones de los tribunales.

Recientemente el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rubén Jasso Díaz, presentó ante la Quincuagésima Cuarta Legislatura dos propuestas de reforma a diversos artículos del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos y al Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos.

Respecto al Código Procesal Familiar se solicitan reformas a diversos artículos los cuales tienen como finalidad primordial incluir las notificaciones electrónicas y poder desarrollar las convivencias entre padres e hijos de manera electrónica.

En torno al Código Procesal Civil la finalidad es concretar reformas a varios artículos que permitan la implementación de igual forma, de las notificaciones electrónicas, así como sus variables y excepciones. 

Refirió que si bien existe la reforma al Artículo 73 Fracción XXX y la acción de inconstitucionalidad 144/2017 la cual fue en tiempos de “normalidad” se consideran que por la cuestión de la pandemia del virus covid-19 no se ajusta a la realidad que se vive actualmente y se tienen que buscar controles para acceder a los órganos  jurisdiccionales, como estas propuestas ante el Congreso del Estado.

Vale la pena mencionar que, con anterioridad (específicamente el 22 de abril pasado) el maestro Omar Mondragón López interpuso un recurso de amparo para obligar al Congreso de la Unión a realizar las modificaciones a las que se refiere el decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Cotidiana (Solución de Fondo del Conflicto y Competencia Legislativa sobre Procedimientos Civiles y Familiares) publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2017.

“Como en toda acción contenciosa, es imposible conocer su resultado con antelación, pero no hace falta tener certeza de que un juez de distrito compartirá nuestros argumentos. Con suficientes ciudadanos que compartan la voluntad de reclamar, exigir, de demandar la inclusión digital en la impartición de justicia local, el poder legislativo federal escuchará y no cometerá el error de posponer más la implementación de la justicia electrónica local. No es momento de pedir, menos aún de esperar, es momento de demandar”, concluye su artículo Omar Mondragón.

Ahora el balón está en la cancha del Poder Legislativo. Esperemos que así como interrumpieron su cuarentena y/o sus vacaciones para tratar de reformar la Constitución para aumentar el número de diputados, los integrantes de la actual legislatura trabajen hasta la madrugada para modificar las leyes que sean necesarias a fin de que el estado garantice el derecho a la justicia, y de paso los abogados litigantes puedan tener trabajo para llevar el diario sustento a sus casas.

HASTA MAÑANA.

 

 

Jueves, 25 Junio 2020 05:35

Los enmascarados

A partir del surgimiento de las redes sociales, pero específicamente en la comunidad de Twitter (con 340 millones de usuarios) han surgido una serie de entes cibernéticos antes desconocidos para la mayoría de nosotros. “Trolls”, “Bots”, “spammers” y toda una granja de personajes que a los políticos de la vieja guardia pareciera tener sin cuidado, pero que los estudiosos del marketing político consideran como determinante para las próximas elecciones.

La fortaleza de esta red social es su capacidad de difundir una información en tiempo real. En cuestión de minutos una información, foto o video puede estar en el teléfono celular de millones de personas, convirtiéndose en un “trending topic” (tendencia).

Como mecanismo de publicidad es útil, pero como mecanismo de dispersión de información negativa es letal. Es decir, si un candidato desea difundir sus actividades necesitará que algunos tuiteros con un buen número de seguidores repliquen sus mensajes. Pero si por el contrario hay un acontecimiento que no desea que se haga público, eso mismo hará que la foto o el video en cuestión se reproduzca como un virus, de ahí que se llame “viralizar” a la acción de reproducir masivamente una información. 

El presidente de la República está preocupado porque diariamente es objeto de “hashtags” (etiquetas) en Twitter que atacan sus acciones de gobierno, y la única salida que han encontrado sus colaboradores de justificarlo es que sus detractores utilizan robots cibernéticos denominados “bots”.

Ayer, Andrés Manuel López Obrador invitó de manera pública, al director de la red social Twitter, a participar en su conferencia de prensa matutina, a fin de que explique el uso de robots para incidir en los temas que se vuelven tendencia.

“Que nos diga qué pueden hacer para controlar lo de los robots y las noticias falsas, una invitación amable, respetuosa. O sea, ¿cuáles son las limitaciones? O ¿por qué no pueden dejar de permitir que haya este mecanismo de robots para degradar la vida pública, para insultar, para faltarle al respeto a las personas?”, cuestionó el mandatario.

Los reclamos del mandatario a la red social Twitter llevan varios meses porque no puede entender cómo es que millones de personas se ponen de acuerdo para escribir sobre un mismo tema. Pero eso sí, asegura que los que hablan bien de él son personas de carne y hueso.

Se ha comprobado que ambos bandos utilizan “bots”, que son cuentas falsas cuya única función es replicar un mensaje y aparentar que un usuario tiene muchos followers o bien, provocar que un “hashtag” se convierta en “trending topic”.

No confundir con los llamados “trolls” o “troles” que son cuentas con datos falsos que se dedican a insultar a los usuarios cuando lo publicado no les conviene.

Y aquí viene una subdivisión que no está bien definida, y que son aquellas cuentas “enmascaradas” que de manera anónima permanecen en la comunidad tuitera, pero que su función no se limita al insulto o la descalificación, sino que aportan información realmente valiosa, con el único inconveniente de que el autor no tiene nombre, ni apellido, y mucho menos rostro.

A nivel nacional el caso más ilustrativo es el personaje llamado “Tumbaburros”, con más de 300 mil seguidores, y cuyo mérito es tener información de primerísima mano. Según el gobierno de AMLO, atrás de este personaje está el hijo del expresidente Felipe Calderón.

En Morelos, podríamos afirmar que el precursor de este tipo de herramientas cibernéticas fue el tristemente célebre Gustavo Martínez González, asesor del entonces gobernador Graco Ramírez. El psicólogo de profesión al principio adoptó un papel de “escudero” del mandatario estatal, rebatiendo con argumentos a todo aquel usuario de Twitter (y también en Facebook) que se atreviera a escribir algo que él considerara sin fundamentos.

Los primeros debates fueron interesantes, pero cada vez se fueron haciendo más ríspidos hasta llegar al insulto. Poseedor de un acervo lingüístico muy amplio, Gustavo Martínez insultaba al contrincante de tal forma que éste se tardaba varios minutos en descifrarlo. 

Aunque se defendía diciendo que lo hacía desde su cuenta personal y no en representación del gobierno en el que trabajaba, Graco Ramírez terminó por pedirle que ya no lo hiciera. A partir de entonces, el funcionario público abrió varias cuentas con otros nombres, desde donde siguió rebatiendo a los entonces enemigos del sistema.

Aunque ya mencionamos que no es lo mismo Troll que Bot, en la práctica se confundieron los términos y entonces se acuñó el mote de “gracobots” para referirse a todos los personajes que desde una cuenta anónima defendían al gobernador y atacaban a sus detractores.

Muy pronto esa costumbre se generalizó y entonces nacieron los “Verabots”, personajes que durante el conflicto del entonces rector Alejandro Vera con el gobierno estatal, se encargaban de atacar al jefe del Ejecutivo, obviamente con cargo al erario universitario.

Con la llegada del proceso electoral del 2018 el mundo del Twitter en Morelos se convirtió en un desastre, por decir lo menos. A través de cuentas anónimas, los candidatos de todos los partidos se echaron y recibieron estiércol, haciendo uso de un artefacto cibernético también de reciente creación: el meme.

Así, entre broma y broma, haciendo gala de creatividad pero también de malicia, transcurrió el proceso electoral con los resultados ya conocidos.

Hoy, para quien quiera adentrarse en ese mundo alterno llamado Twitter, le advertimos que se encontrará con personajes como “Teresa de la Merced”, “Tadeo de la Madrid”, “El Chinelo Morelense”, “Pedro Navajas”, “Changoleonmor”, “Memelítica” “Princexitaffi”, “Luis Mora” y muchos otros que por el tipo de información que manejan suponemos que son políticos o periodistas reconocidos, pero que por alguna razón prefieren subir al ring “enmascarados”.

Y seguramente serán ellos los que en unos meses más estarán lanzando al mundo cibernético la información más escandalosa y comprometedora de los ciudadanos que busquen un escaño en el Congreso Federal o local, así como en los 36 ayuntamientos de la entidad.

Es la nueva modalidad de hacer política. Y usted ¿ya tiene su cuenta de Twitter?

HASTA MAÑANA.

Miércoles, 24 Junio 2020 03:14

Covid 19: entrampados

La epidemia ocasionada por el virus SARS COV 2 tiene a nuestro país entrampado en un escenario en el que ya nadie sabe qué estrategia aplicar, además de que todo lo que se haga o se deje de hacer tendrá implicaciones políticas con miras a las elecciones intermedias del próximo año. El coronavirus vino a romper todos los escenarios que se tenían previstos y obligó a los gobiernos de los tres niveles a reorientar sus acciones sin tener la seguridad de que al final tendrán un resultado favorable.

Por ejemplo, los alcaldes que ya tenían planeado reelegirse o bien buscar un escaño en la siguiente legislatura ya tenían todo bien planeado: comenzar a mediados de año con la entrega de despensas y con obras de relumbrón, bailes, funciones de lucha libre, jaripeos y todos esos eventos masivos para lucirse y ganar adeptos.

Lo mismo los diputados y las diputadas que soñaban con buscar una alcaldía, o bien la reelección como legisladores: eventos masivos para repartir artículos con su nombre para que no se les olvidara a los posibles votantes.

Pero la epidemia les cambió todo. El poco dinero que había se tuvo que utilizar en la compra de material de protección sanitaria, y el colmo: las despensas se tuvieron que entregar con el rostro cubierto. ¿Así cómo va a saber la gente que el favor se lo debe al diputado fulano?

Una de las diputadas, Tania Valentina para ser exactos, se le ocurrió la idea de acompañar a un grupo de comerciantes que exigían la reapertura de negocios en una marcha hacia el palacio municipal. Fue una osadía de la diputada, seguramente por recomendación de su flamante asesor, Javier López. Dirían los jóvenes: “Se la rifó”.

No sabemos si alguna de las 200 personas aproximadamente que participaban en la manifestación se integrará a las filas del Partido del Trabajo o votará por Tania Valentina en las próximas elecciones, pero lo que sí logró fue que surgiera el rumor de que a partir de esa movilización el alcalde aceptó reabrir los establecimientos comerciales no sólo para los manifestantes, sino para todo el comercio en general.

El presidente municipal Antonio Villalobos Adán, anunció a través de un video difundido en redes sociales, el reinicio de las actividades comerciales en Cuernavaca a partir del lunes 22 de junio. Señaló que así lo han solicitado, urgido y demandado los sectores de nuestra sociedad, ante la desesperación por la pérdida de su poder adquisitivo, la afectación de su economía familiar o de sus fuentes de sustento.

Villalobos Adán cerró su mensaje subrayando: “que quede claro: no somos un gobierno impositivo. Hemos sido un gobierno propositivo. Y por ello apelo a su voluntad porque no restringimos ninguna actividad comercial; proponemos regular la movilidad individual y colectiva”, recalcó.

No obstante, las críticas no se hicieron esperar, a pesar de que “El Lobito” sigue los mismos criterios que el presidente de la República, quien desde hace una semana dijo que ya debemos ir saliendo, “poco a poco y tomando las medidas sanitarias dictadas por la Secretaría de Salud”.

Fue necesario que diera una conferencia de prensa el mismo lunes al mediodía para disipar algunas dudas. Aclaro que no se ha convocado a la población a salir ni a relajar los protocolos sanitarios, sino a implementarlos responsablemente ante la Nueva Normalidad, pues es necesario un nuevo orden ante la pandemia y sus efectos.

Y dio a conocer algo que no había mencionado antes: se trata de un periodo de prueba durante 21 días, tiempo en el cual se evaluará si la corresponsabilidad social permite pasar al siguiente nivel de operaciones comerciales, o se regresa a un esquema más riguroso de restricciones.

“El Ayuntamiento permite la reapertura gradual, segura y responsable, pero, atención: cada quien debe aplicar protocolos específicos para cada rubro, giro y actividad profesional. La comuna asesora y marca políticas basadas en lo que recomienda el sector salud, pero cada uno debe procurarse información, manuales, o tutoriales en lo individual, familiar y colectivo para no bajar la guardia en la prevención y protección de nuestra salud”, advirtió.

A pesar de lo anterior, no faltó quien dijera que el alcalde de Cuernavaca sería el responsable de los fallecimientos que haya a partir del lunes pasado. O sea, como dicen las feministas, no entienden que no entienden.

Por la tarde, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, leyó un comunicado en el que advirtió que al día de hoy, Morelos está en un grado de alerta máxima; es decir, la salud y la vida de las y los morelenses se encuentran en el máximo nivel de riesgo por el virus SARS-CoV-2.

“En este escenario, todas las autoridades del Estado tenemos la obligación legal, ética y social de continuar con la suspensión de actividades no esenciales, para salvaguardar la salud de la población”, apuntó.

Recordó que los acuerdos emitidos por los gobiernos federal y estatal son de observancia obligatoria tanto para los integrantes del Sistema Estatal de Salud, como para las autoridades civiles y los particulares, así como las secretarías, dependencias y entidades estatales y municipales en Morelos, quienes estarán obligadas a la instrumentación de las medidas preventivas contra la pandemia.

“El incumplimiento de dicha obligación en el orden municipal implicará la responsabilidad directa de los presidentes municipales sobre las consecuencias que el desacato pudiera generar”, advirtió, en obvia referencia a los alcaldes de Cuautla y Cuernavaca (ambos de Morena).

Dijo Ojeda Cárdenas que la propuesta para reiniciar actividades económicas no esenciales debe ser “cauta, responsable y gradual” tal como lo ha establecido el gobierno federal. Aquí cabría preguntarle, cuando habla del gobierno federal si se refiere a Hugo López Gatell o al presidente López Obrador.

Ambos funcionarios tienen razón. El gobierno del estado de Morelos reconoce que existen exigencias de reapertura, motivadas principalmente, por los efectos económicos de la pandemia, a los que es sensible. Sin embargo, reiniciar actividades no esenciales en este momento, implicaría un costo altísimo en términos de salud, como por ejemplo, la posible saturación hospitalaria, y una prolongación aún mayor de los efectos económicos adversos.

Pero el alcalde de Cuernavaca también tiene razón cuando dice que la economía de Cuernavaca está quebrada y ya no aguanta más. 

De todos modos, tanto Villalobos como Ojeda quedarán “como el cohetero”, y cualquiera que sea el desenlace recibirán críticas por lo que hicieron o dejaron de hacer.

HASTA MAÑANA.

 

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