Morelos, Puebla y Guerrero, son tres estados que comparten no solamente una región geográfica del país, sino problemáticas en común, e incluso circunstancias políticas. De un tiempo para acá, estas entidades son gobernadas por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y se ha dado un fenómeno que debería preocupar a los abogados y justiciables.

En un reportaje titulado “Prevalece la sumisión de sus poderes judiciales a gobernantes morenistas”, el reportero Roberto Manzo Fernández, de la revista especializada Cauce Legal, explica que, a partir de 2018, con el ascenso de gobiernos estatales emanados de Morena, la relación entre los poderes Ejecutivos y los poderes judiciales locales en Morelos, Puebla y Guerrero muestra un patrón de verticalidad política donde el diseño institucional —sobre todo los mecanismos de nombramiento, la agenda legislativa y la administración presupuestal— ha facilitado distintos grados de captura o, cuando menos, de alineamiento del órgano jurisdiccional frente al gobernante en turno.

“El rasgo común es la erosión de contrapesos mediante reformas aceleradas, nombramientos con evidente impronta política y una retórica de “democratización” de la justicia que, en los hechos, traslada al Ejecutivo y a sus mayorías legislativas la llave de la puerta de los tribunales”, dice el reportaje.

El caso de Puebla evidencia una forma distinta de sumisión: la “normalización” de nombramientos de magistraturas con perfiles política y administrativamente cercanos al gobernador en turno y al gobernador entrante, todo por la vía del Congreso.

Recuerda que Héctor Sánchez fue prácticamente obligado a renunciar como magistrado y presidente en octubre del 2022. Esto cuando trastocó los intereses del entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta.

El 1 de septiembre del 2023, ya con Sergio Salomón Céspedes como gobernador electo, rodaron las cabezas de Carlos Palafox y Margarita Gayosso. Ambos provocaron una trifulca interna por los sueldos en el Poder Judicial.

Hoy al frente se encuentra María Belinda Aguilar Díaz como presidenta del TSJ y José Hernández Sánchez como titular del Consejo de la Judicatura. No obstante, fuentes del armentismo señalan que habrá un cambio en la presidencia.

En diciembre de 2024, a días del cambio de gobierno, el Legislativo local procesó propuestas enviadas por el Ejecutivo que incluyeron al entonces secretario de Seguridad Pública de Sergio Salomón, Daniel Iván Cruz Luna, y a dos perfiles identificados con el gobernador electo Alejandro Armenta (Fredy Erazo y Adrián Rodríguez Perdomo).

Ello consolidó un TSJ con sillas clave ocupadas por cuadros del propio gabinete saliente y del grupo político entrante, reduciendo la distancia institucional que la ley orgánica proclama entre justicia y política.

A esta lógica de alineamiento se agregó el respaldo público del Ejecutivo poblano a la reforma judicial federal —la elección popular de cargos judiciales— en 2024 y 2025, una agenda promovida por Morena que, bajo el discurso de “democratizar la justicia”, en los hechos habilita a las mayorías gobernantes a moldear el ecosistema judicial, sobre todo en estados donde el oficialismo controla el Congreso y la maquinaria territorial.

En Guerrero las cosas van en ese mismo sentido. En mayo de 2025 se aprobó una reforma local que difirió hasta 2027 la elección de cargos judiciales locales, decisión que, de acuerdo con investigaciones periodísticas, benefició al recién nombrado presidente del Tribunal Superior, Ricardo Salinas Sandoval, cercano a la gobernadora Evelyn Salgado.

Esta postergación se implementó mientras el oficialismo impulsaba a nivel federal la elección popular de jueces, ministros y magistrados, generando un doble estándar: se publicita la “democratización” del poder judicial, pero se administran los plazos locales para preservar equilibrios favorables al bloque gobernante.

El discurso público de la gobernadora insistió en que la “transformación” judicial no implicaba ruptura con el Poder Judicial, sino una “evolución responsable”, una narrativa que coexiste con hechos concretos de control político de los tiempos institucionales.

En agosto de 2025, la comunicación oficial del estado volvió a subrayar la “relación institucional sólida” con jueces y magistrados, un lenguaje típico cuando la autonomía formal encubre una dependencia política sustantiva.

Si se mira el cuadro nacional que condiciona estos casos, la reforma judicial federal aprobada en 2024 —promovida por el bloque oficialista— reconfiguró los incentivos en los estados gobernados por Morena: al trasladar al voto popular los nombramientos de más de mil seiscientos cargos judiciales y reducir el número de ministras y ministros, se abrió una ventana de politización electoral de la judicatura. Los estados con gobernadores y congresos afines emplearon esa agenda como coartada discursiva para intervenir más en sus judicaturas, ya fuera mediante nombramientos exprés, reformas orgánicas o el simple aplazamiento de elecciones locales que protegen a sus aliados.

Incluso antes de que los cambios centrales surtieran efecto, la sola expectativa de “elección judicial” sirvió para alinear a actores locales con el Ejecutivo, como lo reflejan posicionamientos oficiales y coberturas periodísticas que advierten sobre riesgos a la independencia judicial. En este entorno, las promesas de “autonomía” y “respeto” desde los Ejecutivos estatales funcionan como marketing político más que como límites reales a la intervención.

Desde antes del máximo encargo en el Poder Judicial local, algunos de familiares directos del presidente del TSJ formaban parte del gobierno estatal de Salgado Pineda con cargos destacados, los cuales mantienen. Su hijo Ricardo Salinas Méndez es Oficial Mayor de la Secretaría de Finanzas y Administración, y su hermano Arturo Salinas Sandoval es el director de la Comisión Técnica de Transporte de la Administración de Guerrero.

En resumen, y según este reportaje publicado en la edición impresa de Cauce Legal, la autonomía de los poderes judiciales de Morelos, Puebla y Guerrero, no se las están arrebatando, sino que ellos mismos la están entregando. Si el Barón de Montesquieu viviera, se volvería a morir de vergüenza.

Y eso que todavía no se daban a conocer los nombramientos de los miembros del órgano de administración judicial del TSJ-Morelos.

HASTA MAÑANA.