No es el Ejecutivo, tampoco el legislativo ni el judicial, aunque está conformado por funcionarios de los tres poderes del Estado. Se llama Órgano de Administración Judicial y está compuesto por cinco servidores públicos, dos de los cuales fueron nombrados por el Congreso Local; dos por el Tribunal Superior de Justicia y un quinto que fue designado por la gobernadora Margarita González Saravia.
Este nuevo órgano colegiado sustituye a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, que a su vez vino a asumir las funciones de aquel Consejo de la Judicatura de 1995. La diferencia estriba en que el presidente del Tribunal Superior de Justicia ya no presidirá el nuevo órgano, como sí ocurría con las dos figuras antes mencionadas. En realidad, el presidente en turno no tenía mayor oposición y hacía lo que quería, mientras tuviera “bien atendidos” a los consejeros.
De acuerdo al decreto publicado el 19 de mayo del 2025 en el periódico oficial “Tierra y Libertad”, el Órgano de Administración Judicial, “contará con independencia técnica y de gestión, y será responsable de la administración y carrera judicial del Poder Judicial, así mismo tendrá a su cargo la determinación del número, división en distritos, competencia territorial y especialización por materias de los juzgados de dicho Poder Judicial; el ingreso, permanencia y separación del personal de carrera judicial y administrativo, así como su formación, promoción y evaluación de desempeño; la inspección del cumplimiento de las normas de funcionamiento administrativo del Poder Judicial; y las demás que establezca la normativa aplicable”.
Por eso decimos que es otro Poder.
En ese decreto se mencionaba que para el funcionamiento del Pleno del Órgano de Administración Judicial se prevé que se integre por cinco personas, las cuales durarán en su encargo seis años improrrogables, y serán designadas por el Poder Ejecutivo, por conducto de la Persona Titular de la Gubernatura; uno por el Congreso del Estado mediante votación de las dos terceras partes de sus integrantes presentes; y tres por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, con mayoría de seis votos.
Sin embargo, inexplicablemente al final la repartición de cargos quedó así: dos para el Legislativo, dos para el Judicial y uno para el Ejecutivo, aunque en la práctica —dicen— que el Poder Judicial “regaló” sus dos posiciones al Legislativo.
La iniciativa en comento también menciona que para ser integrante del Pleno del Órgano de Administración Judicial, se requiere ser mexicano por nacimiento, preferentemente morelense, en pleno ejercicio de sus derechos civiles, contar con título de licenciatura en derecho, economía, actuaría, administración, contabilidad o cualquier título profesional relacionado con las actividades del Órgano de Administración Judicial, con antigüedad mínima de cinco años y no estar inhabilitados para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad.
Y si establece los mismos requisitos que para ser magistrado, lo lógico es que también ganen como magistrados. Es decir, que en términos numéricos tendremos 27 magistrados en lugar de 22.
¿Quiénes son las personas que conformarán este nuevo “poder”?
El Poder Legislativo fue el primero en elegir a sus representantes: el pasado 25 de septiembre (por la noche), con 18 votos a favor y una abstención, fue aprobada por el pleno legislativo la designación del Dr. Miguel Enrique Lucia Espejo y del Mtro. Humberto Paladino Valdovinos como nuevos integrantes del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial estatal.
“El cargo que asumirán está contemplado dentro del órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con responsabilidades que incluyen supervisar los recursos humanos, financieros y logísticos, así como velar por la adecuada observancia de principios como la ética, la honradez, eficiencia y responsabilidad institucional”, indicó el Congreso del Estado a través de un comunicado.
Es del dominio público que Lucia Espejo es cercano al exsenador Rabindranath Salazar (fue su suplente algunos meses) y que hasta antes de la designación era asesor del diputado Rafael Reyes; lo mismo que el parentesco de Humberto Paladino con el diputado panista Daniel Martínez Terrazas. Diría Juan Gabriel: “Lo que se ve no se juzga”.
Luego, en una sesión nocturna —para no variar— y con la asistencia de 19 magistradas y magistrados, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia aprobó por unanimidad la designación de Yadira Crystal Casarreal Olmedo y Catalina Pimentel Mejía como integrantes del Órgano de Administración Judicial.
A diferencia del Congreso, el Tribunal sí incluyó en su comunicado una semblanza de las nuevas servidoras públicas:
Catalina Pimentel Mejía.- Licenciada en Derecho por la Universidad Privada del Estado de Morelos, incorporada a la UAEM. Cuenta con una Maestría en Derecho Procesal Penal por el Centro de Estudios de Posgrado en Cuernavaca, así como un Máster Interdisciplinar en el Estudio y Prevención de la Violencia de Género por la Universidad de Salamanca, España.
En el ámbito profesional, ha desempeñado diversos cargos en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, entre ellos secretaria de Acuerdos en la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, así como en juzgados de control y ejecución de sanciones. Actualmente se desempeña como directora de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial del Morelos.
Yadira Crystal Casarreal Olmedo.- Licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de Cuernavaca, con especialización en Derecho Oral Familiar por la Universidad de Ciencias Jurídicas del Estado de Morelos. Ha cursado estudios de posgrado en Derecho Familiar y actualmente es maestrante en Educación por Competencias en la Universidad del Valle de Morelos.
El hecho de que la primera sea hermana del actual presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Isaac Pimentel Mejía, y que la segunda haya laborado en la administración de Rafael Reyes, es mera coincidencia.
“Prejuzgar no sería lo correcto”, dijo el magistrado presidente, Juan Emilio Elizalde Figueroa, cuando le preguntaron sobre el riesgo de que los nuevos funcionarios actúen bajo consignas políticas.
Finalmente, Margarita González Saravia optó por depositar toda su confianza en un joven abogado que la ha acompañado en sus últimos cargos públicos y que encabezó la defensa del voto en las pasadas elecciones: Javier García Tinoco, de quien hablaremos en la próxima entrega.
HASTA MAÑANA.
