Una red de corrupción se ha tejido en la División de Distribución Valle de México Sur de la Comisión Federal de Electricidad, específicamente en el área de asuntos jurídicos. Todos conocemos la complicada situación que atraviesa la CFE por las constantes fallas y las grandes pérdidas de energía eléctrica. La Empresa Productiva del Estado merece una limpia desde los más bajos extractos, si es que la directora general Emilia Calleja quiere sacarla a flote antes de que se hunda más.

La solución está a la vista:

Supervisiones adecuadas y con un enfoque de limpieza objetivo que ponga al frente a personal de todas las áreas especializado, con trayectoria y experiencia, pero sobre todo con honestidad, que haga frente junto con su Sindicato a las exigencias de los usuarios y del país entero.

Aprovechar la coyuntura de la reforma a la Ley de la CFE para regular sus procesos y castigar cualquier acto de corrupción debiera ser el objetivo en este momento, ya que la corrupción, es un cáncer que consume a la CFE y no es la excepción en la División de División de Distribución Valle de México Sur, cuyo departamento Jurídico ha incurrido en afectación patrimonial y pérdidas millonarias para la Empresa Productiva del Estado, abogados con despachos jurídicos que aprovechan su conocimiento de usuarios, servicios y ajustes a la facturación para obtener un beneficio, que autorizan recálculos sin sustento, que dejan de atender los intereses de la Comisión Federal de Electricidad.

Solo por mencionar unos ejemplos se encuentra, el Conflicto Individual De Seguridad Social: 579/2023-III del Séptimo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales con sede en la Ciudad de México, donde se visualiza la falta de atención al Juicio, donde lamentablemente no se defendieron los intereses de la CFE por su área jurídica a cargo de Gerardo García García.

“El 17 de enero del presente año se emplazó a la Comisión Federal de Electricidad, empresa que no dio contestación a la demanda, por lo que, mediante proveído de 12 de febrero de 2024 se hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos, teniéndole por admitidas las peticiones de la actora”, se puede leer en el expediente mencionado.

Otro caso más es el del Juicio Ordinario Civil 18/2021 del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, donde además de la condena a la Empresa Productiva del Estado de más de 25 millones de pesos, debido a la incompetencia de su Departamento Jurídico; se usaron como “chivos expiatorios” para tratar de encubrir responsabilidades a dos trabajadores que no pertenecen al área jurídica a quienes lamentable e injustamente rescindieron, trabajadores con más de 15 años de antigüedad y otro a casi nada de jubilarse, con experiencia valiosa, cuyo incumplimiento fue hacer su trabajo y desconocer cómo debían asesorarse para confrontar a un Departamento Jurídico corrupto y coludido con una Subgerencia de Trabajo, ambos en la División Valle de México Sur.

Suponemos que el director jurídico de CFE el licenciado José Manuel Calva Merino, no está al tanto de este asunto, porque es muy clara la responsabilidad del área jurídica, quien, a través de Víctor Hugo Pérez Ávila, Noe Cisneros Balam y Gerardo García García encubrieron las responsabilidades laborales, administrativas y hasta penales de los responsables.

Si no es así, ¿como se explica la rescisión de dos trabajadores ajenos a la atención del Juicio Ordinario Civil 18/2021?

“QUINTO.- Se condena a la demandada al pago de las rentas generadas del mes de abril de 2020 y hasta en tanto desocupe el inmueble en los términos establecidos, a razón de una renta mensual de $246,400.00 (doscientos cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional) mensuales, más el impuesto al valor agregado.

SEXTO.- Se absuelve a la demandada de la prestación VIII consistente en el pago de las diferencias de las rentas pactadas, acorde a lo precisado en el quinto considerando.

SÉPTIMO.- Se condena a la Comisión Federal de Electricidad, respecto a la prestación IV, consistente en pago de los daños causados en el inmueble por la cantidad de 1,123,626.05 (un millón ciento veintitrés mil seiscientos veintiséis pesos 05/100 M.N.) que incluye el impuesto al valor agregado, de acuerdo al sexto considerando de la presente sentencia”.

Del material que nos hicieron llegar a esta redacción se visualiza la falta de talento del área jurídica de la División de Distribución Valle de México Sur de la Comisión Federal de Electricidad, incluso para la promoción de un amparo, quien no cumplió con requisitos básicos que señala la Ley, como es el interés jurídico, lo que ocasionó que en la resolución del supuesto amparo promovido para defender los intereses de la Empresa Productiva del Estado, la Autoridad Judicial determinara sobreseer el Amparo Directo:

“PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***** contra el acto del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito, consistente en la sentencia definitiva de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, firmada el seis de noviembre siguiente, dictada en el toca ***/2023 y su acumulado ***/2023”.

No es el único caso que queda sin atención o impune por la incompetencia del área jurídica en la División de Distribución Valle de México Sur, pues es bien conocido el desfalco que ejecutó Carlos Alberto Espinosa Morales por más de 20 millones de pesos y de los cuales el área jurídica no recuperó ni un solo peso.

Es el departamento jurídico de la CFE donde se pueden realizar muchos negocios “dejándose ganar” en juicios millonarios. Eso ha sido toda la vida, y cuando no aceptan prestarse a tales cochupos o existe el riesgo de que los delaten, les ocurre lo que a la entonces directora del departamento jurídico de la CFE Región Centro Sur, cuyo nombre nos reservaremos por respeto a su persona, pero que ocurrió el 12 de octubre del 2009.

Ese día, la jefa del Departamento Jurídico de la CFE Región Centro Sur con sede en Cuernavaca viajaba a bordo de su vehículo Nissan tipo Tsuru color blanco, placas PWX-727 con logotipos de la paraestatal.

Para salir cada mañana del fraccionamiento Los Cedros —al norte de Cuernavaca—, donde habitaba, debía pasar un arco de piedra que identifica la entrada principal de la unidad habitacional.

Supuestamente el agresor, descrito por los testigos como un hombre alto, vestido con ropa deportiva y cubierto del rostro con una máscara de una calavera, se ocultó en una de las columnas del arco en espera de su víctima.

Según los testigos, la mujer salía del fraccionamiento cuando el sujeto la amagó con una pistola y le ordenó que ocupara el asiento del copiloto; su hija de siete años iba en la parte posterior del auto.

El homicida supuestamente le ordenó: "Recórrase que me voy a llevar su auto", pero la mujer se resistió y entonces el hombre le disparó en la cabeza a una distancia de aproximadamente 20 centímetros.

El homicidio fue presenciado por la menor de siete años de edad y el auto quedó estacionado en una curva sobre la calle Limón, frente al Fraccionamiento Cedros de la colonia Lomas de Tzompantle.

La Procuraduría de Justicia del Estado inició la averiguación previa AHMDS/34/2009, misma que fue remitida a la delegación Morelos de la entonces Procuraduría General de la República al existir indicios de que el hecho estaba relacionado con su trabajo en una dependencia federal, pero ese homicidio, pasó a engrosar la lista de crímenes impunes en este país.

HASTA EL PRÓXIMO AÑO.