El actual gobierno de Margarita González Saravia ha puesto en marcha un programa de reingeniería administrativa que ha incluido la desaparición de instituciones que —según sus asesores— resultaban poco productivas y muy onerosas. Por eso ya no existe el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) ni el Instituto de la Mujer, además de la fusión de las Secretarías de Administración y Finanzas.
Siguiendo esa línea de austeridad y manejo responsable de las finanzas, lo más lógico es que a futuro se elimine a más “elefantes blancos”.
En este sentido, en Morelos existe un organismo que, en el papel, suena imprescindible: el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (IDEFOMM). Según su propia presentación oficial, es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio cuya misión es “fortalecer la calidad de la Administración Pública Municipal mediante capacitación, formación profesional, asesoría técnica y jurídica, investigación y difusión” para apoyar a los 36 ayuntamientos del estado.
En teoría, un instituto así debe servir para corregir problemas crónicos que enfrentan los gobiernos municipales: deficiencias administrativas, falta de capacitación técnica, y fallas en la administración del gasto y los ingresos públicos. Su visión oficial es convertirse en “el órgano descentralizado mejor administrado, con personal altamente capacitado” y en “aliado técnico” de los municipios para mejorar bienes y servicios.
Sin embargo, la brecha entre la retórica institucional y los resultados tangibles es preocupante, y vale la pena preguntarse si este instituto, con los recursos que consume del presupuesto estatal, realmente aporta el valor prometido o si más bien se ha convertido en un gasto que se normaliza sin producir beneficios claros para la ciudadanía.
Pese a años de existencia, los problemas estructurales de los municipios de Morelos persisten, como niveles generalizados de falta de transparencia, incumplimiento de obligaciones de rendición de cuentas y una administración financiera deficiente. Un indicador elocuente: según el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), solo seis de los 36 municipios cumplían al 100 % con las normas de transparencia, y el IDEFOMM se limitó a promover capacitaciones como respuesta principal.
Este rezago plantea una pregunta incómoda: si se supone que el instituto debe fortalecer capacidades administrativas y de transparencia, ¿cómo es posible que, después de años de operación, la mayoría de los ayuntamientos sigan incumpliendo obligaciones básicas de acceso a la información pública?
Por otro lado, pese a que el IDEFOMM aparece como una instancia destinada a la mejora institucional, entre sus críticas está justamente la opacidad en el uso de sus propios recursos y la difícil localización de información clara y accesible sobre su presupuesto y resultados. En los portales oficiales se publican cuentas públicas trimestrales, pero no siempre se hace fácil para la ciudadanía o medios conocer en detalle cuánto se gasta, en qué rubros específicos, ni qué impacto real generan sus acciones.
Esto contrasta con la misión formal de brindar asesoría y capacitar a los municipios en transparencia y administración financiera. ¿Cómo formar mejores prácticas si la propia institución que debería liderar ese cambio tiene prácticas de comunicación y rendición de cuentas que pueden calificarse de poco claras?
Acceder a cifras presupuestales precisas sobre el IDEFOMM no es sencillo. En los paquetes de gasto estatal el instituto aparece como una partida autónoma con asignaciones específicas cada año, pero la falta de un resumen claro en medios públicos obliga a rastrear documentos dispersos y poco accesibles para conocer cuánto exactamente consume de recursos públicos.
Lo que sí es evidente —por documentos de presupuestos estatales más amplios— es que el IDEFOMM se encuentra junto a otras dependencias con asignaciones anuales propias dentro del gasto operativo del estado. Por ejemplo, en un anexo de presupuesto previo se mostraba que la partida del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal representaba una asignación específica dentro de un capítulo general del gasto estatal (junto a fondos municipales y otros organismos).
Si esos recursos se destinan principalmente a capacitación, asesorías y eventos —actividades que podrían racionalizarse o integrarse en secretarías existentes— se debe cuestionar si la existencia de una estructura autónoma con altos costos administrativos está justificada. Más aún cuando muchos municipios siguen con problemas financieros serios, como la obligación de destinar grandes porcentajes de su presupuesto a laudos laborales o herencias de deuda, con poca intervención efectiva del IDEFOMM.
Si usted, estimado lector, se mete a la página de internet del IDEFOMM, encontrará en el apartado de Transparencia, que el último informe financiero es del primer trimestre del 2021 y sólo da cifras generales. ¿En qué se gastó el presupuesto de esa fecha a la actualidad? Nadie lo sabe.
Más allá de las declaraciones oficiales sobre capacitación en control financiero u otros temas, la realidad es que las capacidades básicas que deberían fortalecer siguen siendo débiles en muchos municipios. Enfrentamos así una institución que se normaliza como un gasto más, con estructura burocrática propia y con directivos que emiten declaraciones oficiales, pero con pocas evidencias públicas de transformación real en la administración municipal.
En conclusión, el IDEFOMM nació como una buena intención institucional: capacitar y fortalecer capacidades municipales para elevar la calidad del servicio público en Morelos. Pero esa intención se ha quedado corta frente a la realidad, marcada por bajos niveles de transparencia real, problemas financieros municipales persistentes, y un costo presupuestal que difícilmente se justifica con resultados tangibles.
La ciudadanía y los legisladores deberían exigir no solo informes de actividades, sino resultados medibles, comparables y verificables. Si el instituto no puede demostrar que su existencia impulsa un cambio sustancial en la gestión de los municipios de Morelos, entonces conviene discutir si es más una carga administrativa que una solución efectiva para los retos municipales que enfrenta el estado.
Por simple lógica: si desaparecieron al IMIPE y al INMUJER, también deben prescindir del IDEFOMM.
HASTA EL LUNES.
