El diputado Luis Eduardo Pedrero González, presidente de la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Congreso del Estado de Morelos, puso “el dedo en la llaga” o “alborotó el avispero” como se dice coloquialmente, al proponer que el Código Familiar del Estado Morelos contemple la figura de la “maternidad y gestación subrogada”.

Detalló que su propuesta busca colocar a Morelos a la vanguardia nacional en derechos humanos y reproductivos y establecer reglas claras que formalicen los acuerdos incluso ante notario público; proteger la dignidad, salud y autonomía de la mujer gestante así como reconocer de manera inmediata la filiación de los padres o madres solicitantes.

 “Legislar en esta materia es hacer política de verdad, es hacer justicia social, es crear leyes con base en las necesidades sociales reales. Es reconocer que el Estado de Morelos, no puede abandonar a quienes han puesto su esperanza en la medicina y en la ley para formar una familia”, afirmó durante su participación en un Foro sobre Maternidad y Gestación Subrogada, organizado por el propio Poder Legislativo.

Durante la presentación de su iniciativa que adiciona al citado ordenamiento un Capítulo V al Libro IV del Título Primero, denominado "De la reproducción asistida, de la maternidad y gestación subrogada", el diputado declaró que hay muchas mujeres y hombres que no pueden tener hijos, y que “de aprobarse la maternidad subrogada en el estado de Morelos, será un derecho que tendrán todas las personas, incluidas las del mismo sexo”.

Sin embargo, algunas mujeres no solamente no están de acuerdo con esa propuesta, sino que incluso la consideran un delito de lesa humanidad al pretender “legalizar la explotación reproductiva sexual de las mujeres”.

Una de las más férreas opositoras en Morelos a este proyecto, es la abogada Perla Pedroza, quien tajantemente afirma: “Esto no es un asunto menor, ni una simple reforma al Código Familiar, mucho menos un inocente contrato, ¡No!, estamos ante la perversidad y permisividad de que las mujeres sean tratadas como granjas de sangre, úteros y producción de humanos sin identidad, ni raíces, ni amor y mucho menos dignidad”.

Explica que se pretende romantizar con el eufemismo de “maternidad subrogada”, cuando esta práctica no es otra cosa que la compraventa de seres humanos a través de la explotación de las mujeres bajo el disfraz de modernidad y de supuesta libertad de elección, pero en realidad es legalizar la trata de las mujeres pobres: es ponerla en un mercado global que convierte su capacidad reproductiva en mercancía y que enriquecerá a clínicas e intermediarios.

Aunque en el lenguaje médico y jurídico se habla de gestación subrogada, en la realidad mexicana el término más extendido —y más crudo— es “renta de úteros”. Una práctica que mezcla esperanza, desigualdad y vacío legal, y que ha convertido a México, desde hace dos décadas, en uno de los principales destinos del llamado turismo reproductivo.

En México no existe una ley federal que regule de manera uniforme la gestación subrogada. Cada estado legisla como quiere o simplemente guarda silencio.

Esa omisión ha provocado un mosaico normativo: mientras Tabasco y Sinaloa fueron pioneros en permitirla con ciertos límites, entidades como Querétaro o Nuevo León la prohíben abiertamente. En otros estados, como Ciudad de México, el tema se encuentra en una zona gris.

El resultado es una especie de “federalismo reproductivo” donde el destino de un niño puede depender del código civil que lo vio nacer. En 2016, el Congreso de Tabasco restringió la práctica solo a nacionales y a casos altruistas, luego de que decenas de mujeres locales fueran contratadas por parejas extranjeras. Pero los contratos siguieron ocurriendo —ahora disfrazados de acuerdos de confidencialidad o bajo el manto de clínicas privadas—.

“Estamos ante un vacío legal que fomenta la trata con fines reproductivos”, advierte María del Carmen Platas, abogada especialista en bioética. “La falta de regulación real genera abusos tanto hacia las mujeres gestantes como hacia los menores”.

Ante la ausencia de leyes claras, los tribunales han tenido que llenar los huecos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha abordado diversos casos sobre subrogación, subrayando la necesidad de una legislación que proteja simultáneamente tres derechos: el de las personas o parejas que buscan ser padres; el de las mujeres gestantes a decidir sobre su cuerpo; y el más importante: el del menor nacido mediante este método.

En 2021, la Corte resolvió un amparo proveniente de Tabasco en el que se determinó que negar el registro civil a un niño nacido por subrogación violaba su derecho a la identidad. Sin embargo, el tribunal también advirtió los riesgos de explotación en los contratos comerciales, sobre todo cuando la gestante pertenece a sectores en pobreza extrema.

“La Corte está caminando sobre una cuerda floja entre autonomía y protección”, explica Claudia de Anda, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. “Si se prohíbe completamente, se empuja el mercado hacia la clandestinidad; si se permite sin controles, se abre la puerta a la explotación”.

A partir de 2010, México se convirtió en un imán para parejas extranjeras —principalmente de Estados Unidos, Canadá, España e Italia— que buscaban precios más bajos y leyes más laxas que en sus países.

Clínicas privadas en Villahermosa, Guadalajara y Ciudad de México ofrecían “paquetes integrales” que incluían fertilización in vitro, selección de gestantes, parto hospitalario y asesoría legal.

En los catálogos, las mujeres eran descritas como “sanas, jóvenes y con historial reproductivo comprobado”. Un contrato podía costar entre 35 mil y 80 mil dólares, de los cuales la gestante recibía apenas una fracción. El resto se repartía entre médicos, abogados y agencias intermediarias.

El debate sobre la subrogación divide a juristas, médicos y feministas, pero en general a toda la ciudadanía.

Un sector defiende la práctica como una manifestación legítima de los derechos reproductivos, argumentando que prohibirla sería negar la autonomía de las mujeres y criminalizar acuerdos entre adultos responsables.

Otro sector, sin embargo, sostiene que ningún contrato puede legitimar la venta del cuerpo. Que la gestación subrogada comercial es, en el fondo, una forma de explotación reproductiva disfrazada de libertad contractual.

HASTA MAÑANA.