Interesante y enriquecedora resultó la audiencia pública de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, realizada en el Centro Cultural Teopanzolco (CCT) de Cuernavaca el pasado viernes con la presencia de la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy, y la anfitrionía de la gobernadora Margarita González Saravia.

Cabe mencionar que la inauguración del evento fue transmitida a través de la radio y televisión pública y las redes sociales de la gobernadora, pero lo extraordinario fue que la transmisión continuó por más de dos horas después de que la mandataria se retiró.

Hubo de todo en la más de 15 participaciones de cinco minutos cada una de mujeres y hombres que, en lo general, están de acuerdo en que se requieren cambios en la normatividad electoral, aunque no faltó quien consideró que todo esto es una simulación para cumplir con la etapa de la socialización, aunque ya todo está decidido, como ocurrió con la reforma judicial y está sucediendo con la nueva ley de amparo.

La primera en participar fue la abogada electoral, Dafne Jiménez Montiel, quien dijo que es importante reconocer que hay una molestia generalizada por los recursos que los partidos políticos reciben.

“Si el fin de los partidos es promover la participación ciudadana, sería congruente que la fórmula tomara en consideración el número de personas que hayan asistido a votar efectivamente en las elecciones y no que tomara como base el padrón electoral”, acotó.

La segunda participante fue Isabel Guadarrama Bustamante, a quien recordamos como consejera del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac). Ella también propuso la reducción del financiamiento público federal que se otorga a los partidos políticos nacionales, que en el 2024 fue del orden de los 10 mil 444 millones de pesos.

“La propuesta consiste en derogar la fórmula de financiamiento público vigente para los partidos políticos nacionales y sustituirla por otra que sea un múltiplo de una proporción del 50% de la unidad de medida y actualización y el número de personas que integran el padrón electoral. Actualmente la proporción de la UMA es del 65% es decir como ejemplo en un cálculo rápido utilizando las cifras a las que he hecho referencia se tendría un ahorro solo por año ordinario de mil 525 millones 335 mil 514 pesos y si el cálculo se hace incluyendo el financiamiento para campañas políticas habría un ahorro de 2 mil 586 3 mil 272 pesos”, puntualizó.

El primer varón en hacer uso de la palabra fue David Sánchez Apresa, quien de plano fue “a pedir chamba” pues al concluir su participación terminó con un “yo represento a la barra latinoamericana de abogados y le digo abiertamente, si usted o la Comisión necesitan un becario, un chalán con perfil jurídico o con doctorado en ciencias políticas, estamos a las órdenes y le podemos ayudar”.

Siguió el excandidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Antonio Sorela Castillo, quien saludó en español y en dialecto náhuatl, pues se autoadscribe como indígena. Inició diciendo que hemos avanzado mucho por bastantes años para tratar de erradicar a los “usurpadores” de las candidaturas de los grupos históricamente discriminados, especialmente las comunidades indígenas y afrodescendientes. “Usurpadores que están todavía en diferentes cargos, municipios, regidurías, diputaciones y senadurías. El INE emite lineamientos y la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación en el 2023 modifica algunas cuestiones y otras las ratifica. Sin embargo, hoy en el 2025 estamos viendo legisladores que usurpan y tenemos que hacer un cambio. Me he permitido hacer una propuesta para tipificar el delito de usurpadores de estas candidaturas, no sólo de indígenas, sino también de afrodescendientes”, dijo el también presidente del Grupo de los Cien.

Dagoberto Santos Trigo, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Morelos, pasó al frente a proponer la no concurrencia en la elección ordinaria de 2027 con la del Poder Judicial por considerar que es algo muy complejo, según se pudo advertir en las elecciones de junio pasado en Veracruz y Coahuila.

La directora general de Atención a Migrantes, Verónica Giles Chávez, insistió en la representación de los mexicanos que viven en otros países en los poderes legislativos tanto federal como en los estados de la República, lo que se conoce como “la curul migrante”; en tanto que Oscar Alejandro Ocampo Argueta, director de la institución denominada “Docente de Morelos”,  sentenció que la mejor reforma no será la que garantice victorias aplastantes para un partido sino la que garantice que gane quien gane, la democracia seguirá fortaleciéndose; “será aquella que haga que un ciudadano de una pequeña comunidad rural y un habitante de una metrópoli sientan por igual que su voz cuenta”, apuntó.

Enseguida la consejera jurídica federal anunció la participación de un personaje que en Morelos conocemos muy bien (secretario de Gobierno con Graco Ramírez), pero que Ernestina Godoy no conocía pues incluso lo presentó como “Jorge Messeller Guillén, integrante del grupo político Somos México”.

El ex diputado local y candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca, comenzó quejándose de que “no estábamos incluidos en la lista, por alguna razón nos habían rasurado”.

Advirtió que acudió a este foro sabiendo de antemano y sin ingenuidad, que puede ser una estrategia del partido en el poder para legitimar su permanencia en el poder. Recordó que la izquierda mexicana (entre ellos el PRD), fueron determinantes para llegar al escenario democrático que hoy sostiene este país. “Es una paradoja, que esos mismos que fueron los beneficiados con la apertura democrática, sean precisamente ahora los verdugos de la misma. Qué lamentable y qué patético”.

Messeguer Guillén habló de la elección de ministros y magistrados mediante el método del “acordeón”; propuso impedir a toda costa que el crimen organizado, o que el dinero del huachicol fiscal, proveniente de cualquier actividad ilícita llegue a las campañas, so pena de perder el registro. “Me parece que en estos momentos muy pocos partidos sobrevivirían a esto”, comentó, mientras algunas personas del público comenzaban a reclamar que ya se había agotado su tiempo.

El doctor en Derecho, (único experto en materia electoral de todos los que participaron), Elías Barud, propuso que gobernadores, legisladores federales y estatales, así como alcaldes, tengan la obligatoriedad de acreditar el Bachillerato como grado máximo de estudios.

También participaron Juan Carlos Camacho Domínguez, Laura del Rayo, Gibran Haro Álvarez, Karla Verónica Palomarez Verazaluce, Mireya Gally Jordá, Manuel Alejando Robles Gómez, Gabriel Enrique Pérez López, Víctor Rogel Gabriel, Ana Isabel León Trueba, José Manuel Meneses Ramírez, Mayté Cazalez Campos e Ixkandeox Martínez Mendoza, cuyas ponencias analizaremos mañana.

HASTA MAÑANA.