El nuevo fiscal anticorrupción, Leonel Díaz Rogel, no solamente tiene que judicializar cientos de denuncias por delitos que realmente ocurrieron, sino también darles una salida legal a algunas carpetas de investigación que Juan Salazar Núñez y su vicefiscal Edgar Núñez Urquiza, iniciaron “de oficio” sólo para darle un uso político u obtener ingresos monetarios.
Uno de esos expedientes es el que se originó aquel 7 de junio de 2022, cuando desafortunadamente ocurrió un accidente en el puente colgante del recién inaugurado Paseo Ribereño, que afectó al propio presidente municipal, José Luis Urióstegui Salgado, a su esposa, y a una veintena de personas, en su mayoría servidores públicos del Ayuntamiento capitalino.
Y es que, tras lo sucedido, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de Morelos informó mediante un comunicado de prensa que “con el propósito de esclarecer los lamentables sucesos en los que se vieron afectadas varias personas, la Fiscalía Anticorrupción abrió la carpeta de investigación FECC/255/2022, con fundamento en el artículo 21 constitucional”.
Desde ese día, (y habiendo tantos delitos que realmente lo ameritan) llegó Núñez Urquiza acompañado de sus elementos policiacos con armas largas para poner sellos de clausura en el Parque “Porfirio Díaz”, dando entrevistas y declarando que “estamos haciendo toda la investigación completa, de manera concreta puede verse la condición de varios delitos en virtud de la mala construcción posiblemente de dicho puente, en virtud de la mala recepción o la recepción inadecuada de dicha obra y sobre todo pues las cuestiones de estructura y las funciones de los servidores públicos”.
Tres años y medio después, la Fiscalía Anticorrupción no ha podido contestar a la pregunta ¿quién fue el culpable de que el puente se cayera y qué delito se configura?
En este tiempo, la institución persecutora del delito ha hecho cosas tan extrañas como cambiar al alcalde José Luis Urióstegui, de víctima a imputado, y todo parece indicar que ahora lo regresará a su condición original, pues resultaría absurdo que el presidente municipal resultara culpable de un hecho que dejó a su esposa con secuelas permanentes.
Y es que desde el principio el funcionario municipal tuvo muy claro qué fue lo que sucedió, y así lo expresó en las entrevistas que concedió semanas después: que la caída del puente se debió a la “imprudencia” de quienes brincaban sobre él.
“Fueron muchas personas que estaban brincando (y) el número de personas que estábamos sobre puente éramos más de las que deberíamos estar ahí”.
Ergo, no tenía por qué haberse iniciado una carpeta de investigación por parte de la FECC, ni tampoco clausurar el parque.
A tres años de distancia, y ya judicializada la carpeta, muchos de los protagonistas ya no están en el Ayuntamiento y es prácticamente imposible notificar a todos, lo que ha tenido como consecuencia que infinidad de veces se haya tenido que diferir la audiencia inicial.
La última vez fue el pasado 21 de noviembre, cuando la Jueza Especializada de Control Adriana Correa declaró sin materia la audiencia de formulación de imputación del caso JC/374/2023, derivado de la carpeta FECC/255/2022-06, al confirmarse que la Fiscalía aún no había podido localizar a los presuntos responsables, incluidos varios exservidores públicos municipales.
En el proceso judicial aparecen como víctimas Ximena Gisela Román Peralta, Luz Valeria Díaz Beltrán, María Wendy Salinas Ruíz, José Luis Urióstegui Salgado, Josué Olivares Lagunas, Luz María Zagal Guzmán y Patricia Lucía Torres Salgado (ésta última quien quedó discapacitada en forma permanente).
Entre las nueve personas que aparecen como presuntas responsables están Francisco Antonio Villalobos Adán, exalcalde de Cuernavaca, Gilberto Arce Basave, Efraín Esaú Mondragón Corrales, Miguel Gutiérrez Machuca, Luis Noé Bretón Pérez, Raymundo Nova Castro, Gerardo Abarca Peña, Daniel Blanco Escudero, además de quienes resulten responsables.
Pese a la gravedad del caso y al tiempo transcurrido, la titular de la carpeta, una tal licenciada Lariza, informó que ninguno de los investigados ha sido notificado, por lo que se ordenó una nueva verificación de domicilios, paso indispensable para avanzar hacia la imputación formal.
Tras constatar la imposibilidad de seguir, y después de 25 minutos de iniciada la audiencia, la jueza reprogramó la misma para el 13 de febrero de 2026 a las 09:00 horas, con la expectativa de que la Fiscalía cumpla con las notificaciones pendientes.
Pero no es el único caso en que a Juan Salazar “se le hizo bolas el engrudo”. También están las carpetas que se iniciaron cuando “había dos Fiscalías Anticorrupción”, una encabezada por Edgar Núñez Urquiza y otra por un tal Isaías Rodríguez, quien estuvo una semana ocupando las instalaciones de Lomas de la Selva. Incluso, el director de administración, Homero Fuentes, estuvo preso durante algunos meses por haberse negado a pagar los salarios de los trabajadores de la FECC.
Obviamente, Leonel Díaz Rogel, tendrá que buscarle una salida jurídica a aquella denuncia de hechos iniciada por el polémico vicefiscal Edgar Núñez Urquiza, cuando llegó corriendo a tratar de impedir que un grupo de magistrados destituyera a Jorge Gamboa Olea de su cargo de presidente, acusándolos del delito de “Coalición de Servidores Públicos”.
Y también, algunas denuncias que en su momento inició Jorge Gamboa contra el grupo de “magistrados disidentes”, como aquella que interpuso en contra de tres magistrados que mandaron tapar una cámara de videovigilancia que el entonces presidente mandó instalar exactamente frente a la puerta de la oficina del magistrado Manuel Díaz Carvajal, en la Sala Regional de Cuautla.
Eso, solamente de lo que tenemos conocimiento por haber sido, en su momento, del dominio público.
HASTA MAÑANA.
