Ayer comentamos la mayoría de las ponencias presentadas en la audiencia pública de la “Comisión Presidencial para la Reforma Electoral”, realizada en el Centro Cultural Teopanzolco (CCT) de Cuernavaca el pasado viernes con la presencia de la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy, y la anfitrionía de la gobernadora Margarita González Saravia.
Hoy culminamos con un resumen de las participaciones, algunas realmente novedosas, otras sólo para cumplir, y una en la que más que propuesta fue un grito desesperado: ¡No desaparezcan los órganos públicos locales electorales (OPLE) como el Impepac!
En lo que podríamos considerar una ponencia que sí incluyó propuesta y de vanguardia, fue la que leyó el abogado Gibran Haro Álvarez, quien puso sobre la mesa la posibilidad de que se integre en un solo instrumento que nos permita identificarnos, cumplir con nuestras obligaciones fiscales y ejercer nuestro derecho al voto de manera digital y segura, lo que se denominaría Credencial Ciudadana Integral.
“Por ello, se propone incorporar el uso de Blockchain como columna vertebral de la credencial ciudadana. ¿Qué significa esto? Que cada transacción, ya sea el pago de impuestos, la validación de identidad o la emisión de un voto digital, quede registrada en bloques inalterables y transparentes. Un sistema distribuido que no depende de un solo servidor, sino de miles de nodos que verifican la autenticidad de cada acción, blindando el proceso contra fraudes, manipulaciones o hackeos. La cadena de bloques ofrece lo que la democracia más necesita hoy: seguridad, transparencia y confianza ciudadana”, apuntó Gibrán Haro.
Por su parte, el fiscal de delitos electorales de la Fiscalía General del Estado, Víctor Rogel Gabriel, planteó que cualquier reforma electoral debe contemplar la actualización de la ley general en materia de delitos electorales, pues existen nuevas prácticas delictivas no previstas en la legislación actual. Propuso ampliar el catálogo penal para incluir delitos cometidos en entornos digitales y fortalecer la protección contra la violencia política hacia las mujeres. Señaló que las fiscalías no logran formular imputaciones por omisiones legales, lo que genera impunidad, y llamó a tipificar nuevas conductas como la manipulación del voto, el uso de programas sociales con fines electorales y la usurpación de candidaturas de grupos vulnerables.
“En este contexto, la ley general en materia de delitos electorales regula las conductas que afectan la equidad y legalidad en el proceso electoral. Sin embargo, en procesos recientes se han evidenciado nuevas prácticas delictivas que no se encuentran previstas, de ahí que es necesario actualizar el catálogo penal para responder a los retos digitales, tecnológicos y sociales actuales, pero en particular debemos responder a la protección penal contra la violencia política contra las mujeres en razón de género. A pesar de los avances alcanzados en la reforma de paridad y la tipificación del delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, persisten vacíos legales y deficiencias en la protección penal efectiva”, agregó.
Isabel León Trueba, expresidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, centró su exposición en los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas. Explicó que, pese a los avances jurídicos, la representación indígena sigue sin cumplirse plenamente, y las acciones afirmativas han sido usurpadas por personas no indígenas con el consentimiento de las autoridades. Propuso que las candidaturas indígenas se asignen con base en el porcentaje real de población indígena de cada entidad y que los distritos indígenas se definan considerando la composición cultural y comunitaria, más allá de los criterios técnicos del instituto electoral. Defendió que estos distritos respeten los sistemas normativos propios y garanticen la participación equitativa tanto de población indígena como no indígena.
Mireya Gally Jorda, actual presidenta del Impepac, destacó el papel de los organismos públicos locales electorales como pilares del federalismo electoral y de la confianza ciudadana.
“Hablar de los OPLEs es hablar de confianza ciudadana, de legitimidad política y de la fortaleza institucional que sostiene la gobernabilidad democrática en cada entidad federativa. Los OPLEs representan la concreción del federalismo electoral en México, aunque el Instituto Nacional Electoral establece los lineamientos generales, los OPLEs aseguran que cada estado conserve autonomía para organizar sus procesos electorales locales: gobernador, diputados locales y Ayuntamientos.
“En suma, los OPLEs equilibran la relación entre la unidad del sistema electoral y la autonomía de los estados, evitando tanto el centralismo como la fragmentación. En términos presupuestarios, los OPLEs representan un costo muy bajo en comparación con el beneficio que generan. Por ejemplo, en Morelos para 2025 el presupuesto estatal supera los 38 mil millones de pesos, mientras que el Impepac solicitó alrededor de 247 millones, que incluyen las prerrogativas de los partidos políticos, y esto equivale a menos del .7 por ciento del gasto total del estado”.
Y finalmente pronunció una frase que sonó a amenaza:
“Los OPLEs no sólo organizan elecciones, construyen gobernabilidad, pues cuando los procesos electorales son justos, los resultados se aceptan y la sociedad mantiene la paz pública”. Si lo interpretamos “a contrario sensu”, está diciendo que sin el Impepac podría haber disturbios.
Mayté Casalez Campos (también integrante del Impepac) abordó la coexistencia de los sistemas de partidos políticos y los sistemas normativos internos de los pueblos originarios. Señaló que los organismos electorales locales desempeñan un papel fundamental al garantizar que los procesos de elección por usos y costumbres se desarrollen con legalidad, inclusión y respeto a los derechos colectivos. Describió el acompañamiento técnico y logístico que brindan a los municipios indígenas, como materiales en lengua originaria, capacitación y asesoría electoral. Subrayó que los organismos locales no duplican funciones con el instituto nacional, sino que actúan de manera complementaria y cercana a las comunidades, promoviendo gobernabilidad, paz y respeto a la diversidad.
Finalmente, la feminista Ixkandeox Martínez Mendoza presentó una propuesta con enfoque de género orientada a impedir que agresores ocupen cargos públicos. Reconoció los avances en la participación política de las mujeres, pero señaló que persisten violencias estructurales que las limitan. Propuso reformar la constitución para suspender los derechos políticos de quienes cometan cualquier forma de violencia de género, y modificar la ley electoral para ampliar la inelegibilidad a todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres. Defendió que estas reformas son éticas y civilizatorias, pues una democracia no puede sostenerse mientras la violencia siga siendo el costo de participar en la vida política.
HASTA MAÑANA.
