La llegada de una camioneta de la Agencia de Investigación Criminal a la calle Nicolás Bravo de la colonia Alta Vista provocó expectación entre los vecinos. De la unidad oficial descendió una mujer policía que preguntó a los muchachos que platicaban sentados en la banqueta: “¿Saben si aquí vive la familia de Roy José Martín?”

Uno de los jóvenes señaló con su dedo índice hacia una casa de dos pisos y la oficial caminó hacia el inmueble para tocar la puerta en varias ocasiones. “Buscamos a la familia del señor Roy José Martín”, dijo al hombre que abrió la puerta.

—Sí, yo soy su tío— contestó quien se identificó como Víctor Guillén.

—Necesitamos que vayan a las instalaciones de Semefo a reconocer el cadáver de Roy José Martín, quien desafortunadamente perdió la vida— agregó la agente con mucha seriedad, sin dar mayores detalles.

En la familia Guillén recibieron la noticia con extrañeza ese 18 de octubre de 2025. Hacía más de un año que no sabían de Roy, pero asumían que se encontraba bien de salud, quizás recuperándose de su adicción a las drogas.

Con cierta resignación, Víctor y su hermana acudieron a la Fiscalía del Estado a reconocer el cadáver de su familiar, pero la información que recibieron los dejó estupefactos:

—¿Qué día falleció mi hijo licenciado? — preguntó la señora.

—Aquí dice que el 30 de octubre señora— contestó el empleado de la Fiscalía que los atendió de mala gana.

—Debe haber un error. Hoy estamos a 19 de octubre— dijo extrañada la madre del occiso.

“30 de octubre del año pasado”, espetó el hombre y se retiró rápidamente.

El saber que su hijo llevaba casi un año en esa bolsa negra metido en un frigorífico le dolió más que el haberse enterado de su fallecimiento.

A los empleados de la Fiscalía no pareció importarles el estado de ánimo de la familia del muerto, lo que más les interesaba era que ya se llevaran el cadáver, por lo que les recomendaron contactar a una funeraria.

Pero para ese momento eran muchas las dudas que asaltaban a los familiares de Roy. ¿Por qué se tardaron un año para avisarles que había fallecido? ¿En qué circunstancias perdió la vida? ¿Por qué tanta urgencia en que se llevaran el cuerpo?

Les dijeron que la carpeta de investigación que se inició con motivo de su muerte se encontraba en la Unidad Operativa de Xochitepec de la Fiscalía Regional Metropolitana bajo el número SC01/10664/2024, a donde se dirigieron la madre y el tío de Roy en busca de información sobre la forma como perdió la vida.

Sin embargo, antes de conseguirla se enfrentaron a la prepotencia y despotismo de la titular de la Agencia del Ministerio Público, de nombre Faviola Vázquez Valdín, quien textualmente les dijo: “No los quiero ver aquí, a partir de ahora sólo hablaré con su abogado”.

Y sí, a regañadientes le entregó al abogado José Luis Toledo copia de la carpeta que inició la fiscal Griselda Sánchez Franco, en la que se asienta que el 29 de octubre del 2024, siendo aproximadamente las 22:31 horas, se recibió reporte por parte de la radioperadora de la Agencia de Investigación Criminal que en el interior del Centro Penitenciario de Cerezo (sic) Morelos de Atlacholoaya, se encontraba una persona del sexo masculino sin signos de vida.

En el Informe Policial Homologado, los agentes de la AIC explican que al arribar al área de Aduana del Penal de Atlacholoaya, el custodio de guardia, Gerardo González Carmona, les refiere que el occiso se encontraba en el área de Enfermería del Cereso.

En ese IPH se lee claramente que “el hoy occiso respondía al nombre de Roy José Martín León Guillén, de 32 años”. En el “certificado de libertad por defunción”, firmado por el médico Jorge Ocampo Salgado, se menciona que “el día de hoy a las 20:05 horas es ingresado a hospital Cereso de Atlacholoaya por presentar pérdida del estado de conciencia, sin respuesta alguna a estímulos verbales y dolorosos, se inició el procedimiento de reanimación cardiopulmonar sin obtener respuesta favorable, se intentó tomar signos pero no se detectan, por lo que se dictamina como hora de fallecimiento las 20:10 horas”.

Así, se asienta como causa de muerte “falla orgánica múltiple por infarto fulminante”.

Sin embargo, en todas las actuaciones siguientes, el Ministerio Público anota la palabra “Homicidio”, y emite una orden de investigación al comandante de la Policía adscrito al Grupo de Xochitepec, para que recabe toda la información “de los testigos de identidad cadavérica respecto de una persona sin vida del sexo masculino quien se encuentra en calidad de DESCONOCIDO, relacionado con el levantamiento realizado en Avenida Alta Tensión S/N poblado de Atlacholoaya en Xochitepec, Morelos, como referencia al interior del CERESO Morelos el día 30 de octubre del 2024 a las 01:05 horas”.

En el expediente hay un acuerdo de fecha 2 de noviembre de 2024 mediante el cual la agente del MP del tercer turno de la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado de Morelos, Griselda Sánchez Franco, “deja a disposición un cadáver del sexo masculino en calidad de desconocido y remite el expediente a la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas”.

Igualmente, un “acuerdo de radicación” de fecha 8 de noviembre de 2024, en la que se menciona que “se da inicio la carpeta que se cita al rubro por el delito de homicidio, cometido en agravio de Desconocido, por lo que se decreta reanudar la presente investigación y se deberá realizar las diligencias pertinentes y útiles al esclarecimiento y averiguación del hecho”. Firma la agente del MP titular de la Unidad Operativa de Xochitepec, Luz Adela Adame Villalobos.

Finalmente, con fecha 29 de octubre del 2025, hay una “tarjeta informativa” firmada por Faviola Vázquez Valdín, en la que cambia el número de carpeta de investigación por el SC01/10664/2025 y ya no se refiere al occiso como desconocido, sino por su nombre real.

En ese documento, deja asentado que en la carpeta obra el informe policial homologado y el certificado de libertad por defunción, pero faltan por practicar las periciales de necropsia, mecánica de lesiones, química forense, Lofoscopía, Criminalística de Campo y Fotografía. O sea, todo.

“Estado procesal: falta recabar las periciales y que se integre la carpeta. Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar”.

Todo parece indicar que, por negligencia o incapacidad, a las diferentes áreas de la Fiscalía General del Estado, “se les olvidó” un cadáver que estaba plenamente identificado, y lo que tenían que haber hecho en la primera semana después del levantamiento, lo hicieron hasta un año después.

HASTA MAÑANA.