La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó diversas irregularidades en el manejo de más de 2 mil 900 millones de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Morelos durante 2024 para ser ejercidos en materia de salud. En su auditoría número 1284, correspondiente a la Cuenta Pública 2024, el órgano fiscalizador federal emitió observaciones y promovió sanciones administrativas contra servidores públicos estatales por transferencias extemporáneas, registros contables inconsistentes y la falta de aplicación total de los recursos federales destinados a la atención médica.
El informe señala que, aunque los Servicios de Salud de Morelos obtuvieron una calificación alta (81.2 de 100) en control interno, la ASF detectó incumplimientos en la ministración y destino de los fondos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral (U013) y del Programa de Atención a la Salud de Personas sin Seguridad Social (E001).
Entre las principales observaciones se encuentra la transferencia tardía de rendimientos financieros y recursos a las cuentas operativas de los Servicios de Salud, lo que motivó la promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias ante el órgano interno de control estatal. Asimismo, se identificaron diferencias entre los saldos bancarios y los registros contables del FASSA, y la ASF determinó que el gobierno estatal no acreditó la transferencia de recursos al Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI), incumpliendo convenios con el IMSS-Bienestar y la Secretaría de Salud federal.
El organismo fiscalizador también observó que el Ejecutivo estatal no aplicó la totalidad de los fondos ni de los rendimientos financieros generados, pues reintegró a la Tesorería de la Federación (Tesofe) recursos que debieron destinarse a los fines del fondo, en violación de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Esto derivó en un probable daño a la Hacienda Pública Federal por más de 1.3 millones de pesos.
Además, los Servicios de Salud incumplieron con el porcentaje mínimo de inversión del 20 por ciento en acciones de promoción y prevención de enfermedades, destinando solo el 17.1 por ciento, lo que también dio lugar a una nueva promoción de responsabilidad administrativa.
La ASF recomienda al Gobierno de Morelos implementar mecanismos que garanticen la correcta aplicación, registro y destino de los recursos federales en materia de salud, y realizar las transferencias al FONSABI conforme lo establecen los convenios de coordinación con la federación.
Por otra parte, ayer se publicó en La Unión de Morelos un edicto dirigido a la Constructora Salvador Alvarado Sociedad Anónima de Capital Variable, en cumplimiento al proveído del dos de octubre de este año, en los autos del expediente administrativo ER 1221/2024 de la Dirección General de Responsabilidades “derivado de que no obstante las acciones de búsqueda y localización que se han desplegado, no ha sido posible localizarla, ni se ha obtenido domicilios registrados, por lo que al ignorar donde se encuentra usted o dónde pueda ser encontrada (…) se le notifica que en los autos del expediente de presunta responsabilidad administrativa incoado ante esta Dirección General de Responsabilidades”.
De acuerdo con ese documento, la empresa antes mencionada, representada por el arquitecto César Eleodoro Sánchez Lugo, presentó un documento alterado para estar en posibilidades de participar en el procedimiento de contratación por medio de adjudicación directa número MOR-CEAGUA-01-2021 relativo al servicio denominado “Gestión, operación y mantenimiento de pozos, faros de abastecimiento y red de distribución que tiene a su cargo el Sistema de Agua Potable de Tequesquitengo de la localidad del mismo nombre, municipio de Jojutla, Morelos.
Dicho servicio fue facturado en la cantidad de un millón 215 mil pesos por la empresa que presentó una Opinión de Cumplimiento de Sentido Positivo, cuando en ese momento el Sistema de Administración Tributaria había emitido una opinión en sentido opuesto, es decir, negativo.
“Por lo que deberá comparecer personalmente a la celebración de la audiencia a que se refieren los artículos 200 y 208, fracción II, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ante esta titularidad de la Dirección General de Responsabilidades en su calidad de autoridad substanciadora, diligencia que tendrá verificativo a las 10 horas del día 11 de diciembre de 2025”.
Cabe mencionar que esta Constructora originaria de Sinaloa aparece en la Lista de “Contribuyentes suspendidos por Autoridad en el Padrón de Importadores, Padrón de Importadores de Sectores Específicos y/o Padrón de Exportadores Sectorial desde el ejercicio fiscal 2021” en la página del SAT.
Quizás a eso se deba que el extitular de la Comisión Estatal del Agua (Ceagua) durante la administración de Cuauhtémoc Blanco, Jaime Juárez López, solicitó y obtuvo una suspensión provisional para evitar ser detenido. El recurso quedó asentado en la lista de acuerdos del Poder Judicial de la Federación.
De acuerdo con dicho listado, el recurso judicial se registró bajo el expediente 1542/2025, interpuesto contra actos de un juez de control del sistema procesal penal acusatorio, con sede en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec.
El recurso ampara al exfuncionario hasta que un tribunal federal resuelva de manera definitiva su situación legal.
“…se concede la suspensión provisional del acto reclamado, para el efecto de que Jaime Juárez López quede a disposición de este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, en cuanto a su libertad personal se refiere y no sea restringida con motivo del acto reclamado, pero a disposición de la autoridad competente para la continuación del procedimiento penal; lo anterior, hasta que las autoridades responsables reciban notificación sobre la suspensión definitiva”, señala parte de la resolución.
Conclusión: la justicia tarda, pero llega.
HASTA MAÑANA.
