Si a la tala de cientos de árboles en un bosque recibe el calificativo de “ecocidio”, cómo podríamos calificar el hecho de que —de un plumazo—, casi cinco mil recursos pendientes de resolver en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), sean sobreseídos. Es decir, que los peticionarios deberán empezar de cero ante la desaparición del órgano garante y el nacimiento de la “Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno”, dependiente del Poder Ejecutivo.
Mañosamente, varios ayuntamientos a los que se les había solicitado contratos de arrendamiento y servicios recurrieron a la argucia legal de solicitar una prórroga, y cuando se llegó el plazo establecido por la ley, simplemente no entregaron nada, a sabiendas de que una vez desaparecido el IMIPE, no hay quien resuelva el recurso de queja.
El órgano ciudadano denominado “Morelos Rinde Cuentas”, denunció que el Instituto de Transparencia de Morelos dejará 4,599 recursos de queja de ciudadanos, tramitados por la falta de entrega o entrega incompleta de información de los años 2023 a 2025.
Los principales sujetos obligados que seguramente hoy estarán festejando, son el propio Congreso, la Secretaría de Sustentabilidad y Servicios de Salud del Estado, dependencias que todo el tiempo se resistieron a entregar la información solicitada y recurrieron a todo tipo de “marrullerías” para mantenerse en la opacidad.
“Apoyados en un decreto que aún no se publicaba, el Instituto de Transparencia IMIPE decide poner fin (sobreseer) a recursos de queja (por incumplir en la entrega de información) SIN que se garantice el derecho de acceso a información. Sin un argumento legal válido y apoyado en opiniones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no aplican, señala que los ciudadanos vuelvan a hacer sus solicitudes de información”, publicó ayer en sus redes sociales Roberto Salinas, representante de Morelos Rinde Cuentas.
Se refiere a un acuerdo publicado por el IMIPE con fecha 22 de enero del 2026, en el que resuelven que “visto el estado procesal que guardan los autos de los recursos de revisión sustanciados en la Coordinación Jurídica”, y considerando que se reformaron diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos en materia de transparencia, rendición de cuentas, obligaciones de transparencia derecho de acceso a la información y protección de datos personales, lo que desemboca en modificaciones sustantivas a los derechos en cita.
“Si bien resulta de explorado derecho que los asuntos tramitados bajo una determinada normatividad, deben substanciarse y resolverse conforme a ese mismo orden jurídico, lo cierto es que en particular, al continuar con la citada tradición jurídica, la expectativa de derecho sería a todas luces de menor categoría, tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo que aquella que la persona recurrente podría alcanzar de continuar el ejercicio de sus derechos bajo las reformas progresistas planteadas en las multicitadas reformas”.
Enseguida, el IMIPE recurre a una serie de criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta arribar a la conclusión de que lo mejor es —si se tuviera que decir coloquialmente— aplicar un “borrón y cuenta nueva”.
“No pasa inadvertido que las reformas progresistas de carácter constitucional a nivel estatal se enmarcan en el contexto de las reformas nacionales, particularmente al artículo 6to. de la Constitución General, por lo que la decisión no sólo resulta propia sino congruente, en la medida en la que se hace necesario la razonabilidad del principio de inmediatez, privilegiando el acceso efectivo a la información, la utilidad pragmática de los recursos de revisión, y la máxima publicidad así como el carácter especializado y sub-especializado en el carácter administrativo de cada categoría de sujetos obligados de las nuevas autoridades garantes, en aras de beneficiar en mayor medida los derechos humanos de las personas recurrentes, quienes teniendo a salvo sus derechos sólo tienen que ejercerlo de nueva cuenta”.
Después de todos esos argumentos, el Pleno del IMIPE que originalmente estaba conformado por cinco comisionados pero que en su etapa de languidez sólo quedan dos (a uno lo asesinaron); emite el siguiente acuerdo:
“PRIMERO: Atendiendo a la situación extraordinaria derivada de un caso de fuerza mayor, originada por una actualización normativa que incide directamente en la situación jurídica del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, así como en los asuntos desahogados, se advierten una serie de impedimentos jurídicos y materiales que impiden la continuación y desarrollo de la secuela procesal que aquí ocupa.
“SEGUNDO. Atento al Punto de Acuerdo Primero, se determina el SOBRESEIMIENTO de los recursos de revisión ante esta instancia sin que exista un pronunciamiento sobre el fondo de dichos asuntos; en virtud de lo anterior, se dejan a salvo los derechos de las personas recurrentes para que los hagan valer en la vía, forma y ante la autoridad legalmente competente”.
Como quien dice: ahí se ven, yo ya me voy.
Ahora bien, desaparecido el IMIPE y sobreseídos los casi 5 mil recursos de revisión que estaban pendientes, ¿qué sigue en materia de transparencia?
El decreto publicado este 27 de enero en el periódico oficial “Tierra y Libertad” no aporta mucha información al respecto.
Sólo dice que la presente reforma contempla atribuir a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal, la coordinación para la atención y seguimiento de las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación, atendiendo a las atribuciones fundamentales que tiene encomendada la vigente Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal, contenidas en la presente Ley Orgánica, al estar dedicada a garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la legalidad en la administración pública. “Es, por lo tanto, la Secretaría de despacho idónea para dicha función”, dice el texto.
Y después de tener una legislación de vanguardia a nivel nacional, le quitan al nuevo órgano la facultad de vigilar el cumplimiento de la ley de transparencia al Congreso, a los tribunales, a los sindicatos y a los partidos políticos.
“Por lo que se prevé la reforma correspondiente en la presente iniciativa para que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal ejerza las atribuciones que le correspondan en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables”.
Y por si las moscas, deja asentado que “las atribuciones, facultades, competencias y funciones conferidas a la Secretaría que se crea mediante el presente Decreto no serán aplicables al Poder Legislativo del Estado de Morelos, ni a los órganos que lo integran, hasta en tanto el Congreso del Estado realice las reformas de armonización correspondientes a la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y demás disposiciones internas, en ejercicio de su autonomía constitucional”, para lo cual no se establece ningún plazo.
Pero dice Morena que todos estos cambios son “para beneficio del pueblo”.
HASTA MAÑANA.
