Aunque esa palabra no existe en la Real Academia de la Lengua en los últimos años ha sido utilizada para describir la ingrata etapa en que un personaje lo tiene todo y de pronto —por circunstancias ajenas a él— lo tiene que dejar para quedarse prácticamente sin nada. Es un duro golpe para quienes se embelesan con el poder y llegan a creer que el mundo no gira sin ellos.
El más claro ejemplo del despoder es lo que ocurrió con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Gamboa Olea, quien hizo todo lo posible por conservar el poder (nada más faltó que se atrincherara en el Salón de Plenos con un fusil en la mano) y cuando ya se sentía perdido, optó por hacer una desesperada propuesta de negociación.
Según les confió Juan Emilio Elizalde a integrantes de la Barra de Abogados con quienes desayunó el primer sábado de octubre en Los Alcatraces, “mi antecesor” —dijo— pidió como condición para no seguir oponiéndose al cambio de presidente, que se le nombrara representante del Tribunal Superior de Justicia ante la Mesa de Coordinación para la Paz y Seguridad, órgano colegiado que reúne a la gobernadora y a las principales corporaciones policiacas y castrenses.
Con eso Gamboa Olea no solamente pretendía conservar las dos camionetas blindadas y la docena de escoltas que traía, sino mantenerse en una posición privilegiada, pues él sería el intermediario entre los jueces penales y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República, con lo que prácticamente se convertiría en una competencia para el presidente del TSJ.
¿A quién iba querer entrevistar la prensa en cada evento público que hubiera? ¿Al titular del Poder Judicial o a quien tiene “el pulso” de lo que ocurre en el estado en materia de seguridad pública? Obviamente que Gamboa Olea “daría más nota” para los medios de comunicación.
“Le contesté (no dijo si a la gobernadora o a alguno de sus representantes) que eso era intransitable, que prefería renunciar al cargo antes de permitirlo”, recordó Elizalde Figueroa ante los abogados barristas.
La propia gobernadora Margarita González Saravia se lo confió a este columnista: “Jorge quería seguir asistiendo a las mesas de seguridad, pero yo le dije: No Jorge, tú ya no eres el presidente”. De nada sirvió que tratara de envolverlos con sus teorías de Criminología que aprendió en el INACIPE —donde estudió la Maestría en Política Criminal— y que le pasara a Miguel Ángel Urrutia uno que otro tip de delincuentes que estaban a punto de abandonar la cárcel y que podían ser reaprehendidos.
Tampoco la campaña mediática que orquestó para poner de moda las palabras “puerta giratoria”, que es cuando los policías detienen malhechores pero inmediatamente salen con la ayuda de jueces.
Finalmente, los tres poderes del estado tuvieron que reconocer que —haya sido como haya sido— el presidente del Tribunal Superior de Justicia es Juan Emilio Elizalde Figueroa, y que estará en el cargo hasta que lleguen los magistrados electos por el voto popular en las urnas.
A regañadientes, Jorge Gamboa Olea tuvo que aceptar que la SSPC le quitara su equipo de seguridad, pero no entregó la camioneta blindada.
El 9 de septiembre pasado, el director de la Contraloría Interna de la Junta de Administración, Felipe Balcazar Carmona, acudió a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos, para interponer una denuncia por “distracción y uso indebido de bienes propiedad del Poder Judicial”.
En dicha denuncia, le comunican al Ministerio Público del Fuero Común, que con motivo de la reforma judicial, el día 19 de mayo de 2019, concluyó Jorge Gamboa Olea su encargo como presidente de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, por lo que debió haber entregado los vehículos asignados para el desempeño del mismo.
“Es el caso que el funcionario extitular de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, ha omitido entregar dos vehículos oficiales propiedad del Poder Judicial, no obstante diversos requerimientos de la directora de Control Patrimonial y Vehicular”, dice la denuncia que obra en la FECC.
Se trata de una Camioneta Tahoe marca Chevrolet año 2020 con placas NYT6678 y una camioneta Frontier marca Nissan año 2023 placas NZ8697A, ésta última que estaba bajo resguardo de quien fuera su secretaria particular, Maricarmen Ledesma Ugalde.
Fuentes del nuevo órgano de administración judicial confiaron a quien esto escribe que hasta ayer no había sido devuelto el vehículo que usa el hoy magistrado Jorge Gamboa Olea para trasladarse todos los días a la ciudad de Cuautla, pero que el acusado no ha recibido ningún citatorio para comparecer ante la Fiscalía Anticorrupción para responder por ésta y otras denuncias que se están acumulando por irregularidades detectadas durante los tres años que estuvo como presidente.
Y es que hay otra denuncia según la cual el Poder Judicial celebró contrato con las personas morales denominadas Servicios Especializados de Seguridad Privada e Investigación Privada Hydra S.A. de C.V. y Grupo Tecno-real S.A. de C.V., pero el número de elementos es mucho menor al que se estipuló en el contrato.
“En el caso de la empresa de limpieza resulta que inclusive existen independientemente del sobreprecio, falta de atención de número de personas asignadas por la empresa a la prestación del servicio de limpieza, así como en la cantidad de material de limpieza que debe suministrar”.
Asimismo, se celebró un contrato de arrendamiento con la persona física de nombre Kenia Granados Espinoza ¡por un periodo de 10 años! Respecto de un inmueble ubicado en la calle Tlahuinetlin esquina con Avenida Centenario sin número colonia Tejalpa, Jiutepec.
Finalmente, también se detectó un convenio por un millón y medio de pesos anuales con una universidad particular para el pago de maestrías para jueces y magistrados del TSJ, pero al hacer el comparativo de las listas de asistencia resultó que había por lo menos una decena de “alumnos fantasmas”.
Sin embargo, tal parece que la Fiscalía Anticorrupción colocó estas denuncias después de las mil 500 que tiene rezagadas de la administración anterior, así que cuando les toque darles trámite ya no estarán en funciones ninguno de los magistrados y habrá triunfado la impunidad.
HASTA EL LUNES.
