La tarde del 23 de marzo de 2023, al término del Cabildo, la regidora indígena Elpidia Torres Ramírez entró apresurada a la sala de juntas de la presidencia municipal de Tlalnepantla, para entregar al alcalde Ángel Rubio un justificante médico y la receta que explicaba la causa de su inasistencia a la sesión de ese día.

El edil, alto, moreno y robusto, tomó los documentos y, tras leerlos, soltó una carcajada.  Enseguida, hizo un comentario relacionando un tema de salud de la regidora con su sexualidad.

Como si hubiera contado un chiste, la risa burlona fue secundada por los regidores Óscar Ramírez Primo y Armando Lascano Granda, así como algunos de sus colaboradores que aún estaban presentes.

“En ese momento sentí una mezcla de sentimientos: pena, coraje e impotencia; sentí un dolor en el estómago y antes de que las lágrimas se me salieran me salí apresuradamente”, contaría después Elpidia Torres.

Lo que le pasó a Elpidia se considera violencia política de género, pues de acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia una de las conductas de cómo puede expresarse es “realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos”.

Elpidia no es la única regidora indígena que ha sido objeto de este tipo de violencia. A Rafaela Maldonado Morales la gente del entonces presidente municipal de Tlaltizapán (hoy diputado por ese Distrito) Alfredo Domínguez Mandujano, la orilló a inscribirse en la planilla y luego tuvo que trabajar en las escaleras del ayuntamiento. Mientras que, a Xóchitl Tepoztlán Palacios, regidora indígena del ayuntamiento de Cuautla, el Partido Morelos Progresa le pidió dinero antes de que asumiera el cargo.

La diferencia está en que la regidora de Tlalnepantla sí buscó asesoría jurídica y promovió un Procedimiento Especial Sancionador ante el Tribunal Estatal Electoral, mismo que quedó radicado con el número TEEM/PES/09/2023-3, y el pasado 19 de febrero este órgano colegiado resolvió:

“Se declara como existente la infracción denunciada, dentro del presente Procedimiento Especial Sancionador atribuida a Ángel Estrada Rubio, por llevar a cabo actos que constituyeron Violencia Política por Razón de Género en contra de la denunciante Elpidia Torres Ramírez. Derivado de lo anterior, se impone una multa al ciudadano Ángel Estrada Rubio por la cantidad de $96,220.00”.

Además de la multa, se ordenó su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Instituto Nacional Electoral, así como en el del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

También se dictaron medidas de reparación consistentes en publicar en un periódico de mayor circulación un extracto de la resolución, ofrecer una disculpa pública, realizar un curso en materia de violencia política contra las mujeres y recomendarles libros sobre lenguaje incluyente, apercibiéndolo que de no cumplir con lo ordenado se le impondrán las medidas de apremio que marca el Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Morelos.

Este es un claro ejemplo de que cuando se tiene la razón y se sabe presentar el procedimiento jurídico adecuado, la justicia llega, aunque se tarde mucho.

Ahora, sólo hay que esperar a que se cumplan los puntos resolutivos de la sentencia. En conferencia de prensa el pasado miércoles, la exregidora dijo que teme por su seguridad y la de su familia. “Si algo me sucede, responsabilizo directamente a Ángel Estrada Rubio”, advirtió Elpidia.

Por otra parte, no hay que olvidar que el ex alcalde de Tlalnepantla está bajo proceso en un Juzgado Penal por el delito de extorsión agravada.

Según la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción, tras resultar electo en junio de 2021, Ángel Estrada convocó a varias reuniones con trabajadores y colaboradores de campaña.

En una de ellas, realizada el 5 de noviembre de 2021, en la calle Brasil número 3 del Barrio de San Felipe, solicitó a policías municipales el pago de 3 mil pesos para mantener su puesto, instruyendo que el dinero fuera entregado a Arlette Aguilar Ávila, entonces coordinadora contable del Ayuntamiento.

Al día siguiente, en otro encuentro con unas 40 personas, el exedil solicitó 5 mil pesos por cabeza a cambio de integrarlos a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. También en esa ocasión pidió que los pagos fueran canalizados a su contadora.

Durante la audiencia de vinculación celebrada el 19 de mayo de 2025 en la Ciudad Judicial de Cuautla, la Fiscalía presentó pruebas documentales y testimoniales de regidores y víctimas, lo que permitió acreditar la probable comisión de actos de extorsión sistemática.

Además de la vinculación a proceso, la jueza impuso a Ángel Estrada y Arlette Aguilar medidas cautelares: firma mensual, prohibición de acercarse a testigos, restricción para salir del país y prohibición de ingresar al Ayuntamiento y a instalaciones de Seguridad Pública.

El caso de Ángel Estrada Rubio debe ser un acicate para todos esos alcaldes machistas que se creen dueños de los Cabildos y que creen que pueden tratar a las mujeres como tratan a las de su casa.

Y también es un llamado a esas mujeres, no solamente las que son indígenas, para que sepan que no tienen que aguantar humillaciones, y que hay instancias gubernamentales que las pueden apoyar.

Finalmente, un reconocimiento a la abogada Perla Pedroza, quien se ha destacado por su trabajo en favor de las mujeres, principalmente por las indígenas.

HASTA EL LUNES.