No sólo es por el escándalo dado a conocer ayer por el periódico Reforma, ni tampoco por las protestas en contra de la titular del Juzgado Octavo de Distrito por parte de su personal, lo cierto es que cada vez es menos probable la realización de las elecciones para designar juzgadores en junio del próximo año, pues ya no quieren provocar más caos en el Poder Judicial Federal.

Según el periódico Reforma, el licenciado en Derecho, Erick García Gómez acusó en FGR a colaboradores del exprocurador, Jesús Murillo Karam, por contrataciones indebidas por 786 mdp; ahora, como “juez del bienestar”, presidirá el caso, pues el Tribunal Federal de Apelaciones consideró que no hay razones para que se excuse de conocer el asunto que llevó siendo director de asuntos internos.

En el otro caso, trabajadores de diferentes niveles del Juzgado Federal número ocho con sede en Cuernavaca, realizaron una protesta en contra de la titular, Beatriz Maldonado, quien llegó al cargo apenas en septiembre pasado al haber obtenido el mayor número de votos en las urnas.

Pero lo más importante es el fondo del asunto. En una investigación realizada por los juristas Guadalupe Salmorán Villar, Javier Martín Reyes y María Marván Laborde, titulada “Estudio introductorio: una radiografía crítica de la elección judicial y sus efectos”, llegan a la conclusión de que México ensayó un experimento que ninguna democracia constitucional se había atrevido a intentar y los resultados más inmediatos confirman lo que muchas voces advirtieron desde el inicio: abrir la justicia a una lógica electoral no sólo era una mala idea, sino un camino seguro hacia la incompetencia, la captura política y la erosión de la confianza pública.

“El experimento fue fallido. Ahí están sus efectos más visibles: candidaturas sin perfil verificado, tribunales vulnerables, reglas improvisadas, contiendas desiguales y una estructura judicial menos profesional e independiente. Lo más preocupante es que el daño no será efímero. Sus consecuencias se proyectarán durante años sobre la impartición de justicia y sobre la calidad democrática del país. Este libro documenta algunos de esos primeros impactos. Los que vienen —si no se corrige el rumbo—pueden ser aún más profundos”, concluye.

Los autores sostienen que México convirtió a sus poderes judiciales en laboratorios políticos de alto riesgo.  Bajo la bandera de “democratizar la justicia”, el gobierno impulsó una reforma constitucional que desmontó de raíz el modelo de designación basado en profesionalización y mérito, y lo sustituyó por un esquema de legitimación electoral.

El discurso de la “democratización judicial” funcionó como retórica legitimadora de un proyecto de control político sobre la judicatura. Se invocó al “pueblo” como fuente directa de legitimidad para quienes imparten justicia, pero se desatendió la función técnica, imparcial y contramayoritaria que corresponde al Poder Judicial en un Estado constitucional.

Para decirlo pronto, se confundió elección con democracia y popularidad con legitimidad jurídica. Este libro explora los riesgos de politización de la justicia, la erosión de contrapesos y el impacto que esta transformación tiene sobre la calidad democrática del régimen político mexicano.

“La elección judicial de 2025 fue, en consecuencia, el proceso electoral más complejo, opaco y desigual de la historia democrática mexicana. También registró uno de los niveles más bajos de participación y más votos nulos en el México contemporáneo. Por si fuera poco, la ciudadanía debió votar entre miles de candidaturas para cargos jurídicamente especializados, sin contar con información suficiente ni verificable sobre los perfiles en contienda”, dice el libro.

El diseño complejo de las boletas y la ausencia de mecanismos tradicionales de escrutinio —como actas de casilla o conteos rápidos— generaron confusión y desconfianza, lo que impidió un voto plenamente informado y auténtico.

La restricción absoluta del financiamiento público y privado para las campañas, junto con la eliminación, en los hechos, del derecho a acceder a los tiempos de radio y televisión, impidió que las candidaturas pudieran visibilizar sus perfiles y comunicar sus propuestas. Ello creó incentivos para la elusión de las reglas y el surgimiento de mecanismos informales de movilización y propaganda, entre ellos los llamados acordeones, esto es, las listas de votación preelaboradas que circularon ampliamente y orientaron el voto ciudadano. Las candidaturas ganadoras dependieron de la movilización partidista y del respaldo de las élites políticas, lo que compromete su independencia futura.

Tales prácticas, toleradas por las propias autoridades electorales, se convirtieron en el dispositivo más eficaz de inducción del voto. Los resultados finales —al menos para los principales cargos judiciales— mostraron una correspondencia casi perfecta entre los nombres contenidos en los acordeones y las candidaturas triunfadoras en las altas cortes, lo que sugiere una eficiente coordinación estructurada desde el poder político.

Uno de los aspectos más innovadores —y más problemáticos— del proceso fue la creación de una nueva geografía electoral judicial. El INE diseñó distritos y circunscripciones ad hoc, sin un fundamento constitucional ni legal claro, y con criterios por demás cuestionables.

Este rediseño improvisado generó profundas asimetrías en la representación del voto, superposición de fronteras y concentración territorial de cargos. La disparidad en la población incluida entre un distrito judicial y otro llegó a multiplicarse hasta diez veces.

En algunos casos, en una sola entidad federativa se concentró hasta cinco veces más posiciones judiciales que otras, violando el principio de igualdad del sufragio. Estas distorsiones estructurales no fueron meros errores técnicos: reflejan una intervención política en la arquitectura del voto judicial que debilitó la legitimidad democrática del proceso.

Por todo lo anterior, es muy probable que las elecciones de jueces se pospongan o incluso se suspendan indefinidamente. Al fin y al cabo ya tienen bajo su control lo que querían: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sin el menor recato se definen como morenistas al servicio del Poder Ejecutivo.

Además, ya no está en la presidencia de la República la persona que montó en cólera al ver que la presidenta de la SCJN no se dignó a levantarse ante su presencia y ordenó que se hiciera la reforma antes de que él dejara el cargo para vengarse de los ministros que no le obedecieron.

HASTA MAÑANA.