“La histórica de las colectivas en Morelos. Una primavera llena de mareas”, es el nombre del libro patrocinado por la Secretaría de las Mujeres, que reúne la información sobre los grupos feministas que han marcado un trabajo importante en el estado para fortalecer el feminismo. Fue presentado ayer en el auditorio del Museo Regional de los Pueblos de Morelos, antes Museo Cuauhnáhuac.

Originalmente se había contemplado la presencia de la gobernadora Margarita González Saravia, pero de último momento se anunció que en su representación estaría la secretaria de las Mujeres, Clarisa Gómez Manrique.

Durante la actividad expusieron sus experiencias y aportaciones: Susana Díaz, del Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa”; Patricia Bedolla, de la Academia Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos A.C.; Fabiola Meléndez, de Afrolab; Larissa Escobedo, del colectivo Las Ruecas; así como Rocío Suárez. La moderación estuvo a cargo de Denisse Castañeda, como parte del equipo que hizo posible la compilación del libro.

Las participantes compartieron reflexiones sobre las distintas dimensiones del feminismo en Morelos, reconocieron la diversidad de experiencias, territorios y agendas que lo conforman, así como los retos actuales en la defensa de derechos y la construcción de una vida libre de violencias.

De igual forma, se destacó el valor de la genealogía que integra la obra, la cual documenta procesos de organización, resistencia y articulación colectiva desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, lo que permite comprender que los avances presentes son resultado de luchas históricas impulsadas por generaciones de mujeres.

El libro, editado por la Secretaría de las Mujeres, reúne las voces de 25 colectivas que comparten sus trayectorias, agendas y motivos para habitar el feminismo, consolidándose como una herramienta de memoria, formación y reconocimiento para las nuevas generaciones.

Pero lo más interesante vino en la fase de preguntas y respuestas. Cuando la moderadora preguntó qué falta por hacer en materia de protección a las mujeres, la abogada Susana Díaz puso “el dedo en la llaga”, y se notó la incomodidad de las organizadoras.

Básicamente, la representante del Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa”, dijo que actualmente la Secretaría de la Mujer está trabajando sin un sustento jurídico.

El principal problema surge porque la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Morelos no ha sido actualizada y sigue reconociendo al Instituto como organismo garante. Esta desarmonización normativa provoca inseguridad jurídica, ya que la ley señala a una institución que ya no existe, mientras que la autoridad que actualmente ejerce esas funciones no está formalmente reconocida en ese marco legal. Esto puede generar confusión entre autoridades, operadores jurídicos y víctimas sobre quién es responsable de implementar y coordinar las acciones de protección.

Además, esta inconsistencia puede abrir la puerta a cuestionamientos legales sobre la validez de actos o políticas públicas, al no provenir de la autoridad expresamente contemplada en la ley. En la práctica, esto debilita la operatividad del sistema de atención a la violencia de género, ya que afecta la claridad en la toma de decisiones, la coordinación interinstitucional y la ejecución de medidas de protección.

El problema también evidencia una omisión legislativa, ya que el Congreso local no armonizó las leyes secundarias tras modificar la estructura administrativa. Esto deja un marco jurídico incompleto que depende de interpretaciones para poder funcionar, lo que reduce su eficacia y genera riesgos en la aplicación de los derechos de las mujeres.

En este espacio, hemos sostenido que la desaparición del Instituto de la Mujer del Estado de Morelos en 2025 y su sustitución por la Secretaría de las Mujeres generó un cambio importante en la estructura institucional encargada de atender la política de género. Mientras el Instituto operaba como un organismo con cierta autonomía técnica, la nueva Secretaría forma parte del Poder Ejecutivo, lo que implica una mayor subordinación política y una posible reducción en su capacidad de actuar como contrapeso o instancia crítica frente al propio gobierno.

Ya no entramos al análisis jurídico de la progresividad de los derechos humanos que establecen las convenciones internacionales, mismas que fueron combatidas con un sólo argumento (igual que con la desaparición del IMIPE): “así viene la política federal”.

El otro tema “escabroso” fue el de la legalización de la interrupción del embarazo. Coincidieron las feministas que el Congreso del Estado de Morelos ha sido omiso en cumplir con la sentencia de la justicia federal de legislar respecto a ese tema.

Nueve estados de la República Mexicana han despenalizado el aborto por mandatos judiciales: Coahuila y Chihuahua, por sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Jalisco, San Luis Potosí, Zacatecas, Chiapas, Nayarit y Tabasco, cuyos Congresos acataron lo ordenado por tribunales colegiados de circuito y, en el caso de Yucatán, por la Corte.

El 29 de octubre de 2024, el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos resolvió el Amparo Indirecto 1638/2023 y declaró inconstitucionales los artículos que prohíben de forma absoluta el aborto voluntario en el Código Penal de Morelos.

Sin embargo, la actual legislatura se ha negado a abordar el tema aunque también ha rechazado que se esté “bateando” y —según el presidente de la Mesa Directiva, Isaac Pimentel— se está cumpliendo con los informes justificados ante la justicia federal.

Pero “en corto”, las diputadas y los diputados han llegado a la conclusión de que no quieren externar su punto de vista sobre el aborto (obviamente en contra) por cuestiones personales, familiares, e incluso electorales. Es decir, su religión no se lo permite, su familia se los criticaría, o temen perder votos en futuras elecciones.

Conclusión: Morelos no está preparado aún para la despenalización total del aborto.

HASTA MAÑANA.