Por enésima ocasión lanzamos la pregunta al aire: ¿Quién es la persona idónea para desempeñar el cargo de Fiscal General del Estado? La hemos hecho cada vez que queda vacante el cargo y siempre recibimos una larga lista de propuestas, de los que están mejor preparados, de los que tienen mayor experiencia en la materia, pero desde hace décadas los gobernantes en turno (y después los diputados en turno) han puesto a la persona que más les conviene.
Por eso ahora hicimos el mismo ejercicio de sondear entre los abogados a quién preferirían como responsable de la persecución del delito en Morelos. Antes lo hacíamos en forma personal, hoy aprovechamos las ventajas de la tecnología, específicamente a través de Facebook. Obviamente que los litigantes pusieron el nombre de sus amigos, de sus compadres, de sus socios de despacho o de los más populares, o incluso varios de ellos se postularon a sí mismos.
Debemos confesar que nunca le hemos atinado. Y no porque seamos “ave de mal agüero”, sino porque casi nunca llega el mejor calificado, sino quien tiene la confianza del gobernante en turno.
Andamos en estos menesteres desde 1994, cuando el gobernador designaba directamente al procurador de Justicia, y recordamos perfectamente cuando el gremio de abogados “puso el grito en el cielo” cuando el entonces gobernador Jorge Carrillo Olea nombró como titular de la PGJEM al que era su abogado de cabecera, Carlos Peredo Merlo, con nulo arraigo en la entidad.
Tras su caída por permitir que el cadáver de un detenido fuera tirado en despoblado, Peredo Merlo fue sustituido por el abogado civilista Arturo Estrada Carrillo, que jamás había tenido un cargo en la administración pública. Enloqueció de poder en los pocos meses que estuvo en la dependencia, antes de que modificaran la ley y ahora fuera el Poder Legislativo el que eligiera al procurador.
El primer procurador designado por el Congreso fue José Castillo Pombo, un político que desconocía totalmente el derecho penal, y que llegó al cargo por una negociación entre partidos. Le tocaba al PRI, fue la justificación.
Con la llegada de Sergio Estrada Cajigal la cosa estuvo peor, pues puso —con la ayuda de los legisladores de su partido— a su compañero de banca de la Secundaria Uno, el abogado cobrador de bancos, Guillermo Tenorio. Antes (por negociaciones partidistas, hay que decirlo), estuvo José Luis Urióstegui, quien puso tierra de por medio cuando se dio cuenta que los panistas le habían impuesto al jefe de la Policía Judicial, Agustín Montiel, para obstaculizarlo.
Quizás el único procurador que era penalista fue Rogelio Sánchez Gatica, pero duró muy poco. De ahí siguió Hugo Manuel Bello Ocampo (que después se lanzó como precandidato a la Gubernatura por el PRD), el ex ombudsman Francisco Coronato Rodríguez; Pedro Luis Benítez Vélez (premiado por Marco Adame por resolver el Caso Tamoanchán).
Se nos andaba pasando la primera mujer procuradora, Claudia Aponte Maysse, quien tuvo un desempeño regular, sin llegar a la excelencia.
Así llegamos al sexenio de Graco Ramírez, quien prácticamente le prometió la Procuraduría a Adela Manzanarez para jalar los votos de la Barra de Abogados, pero ya llegando a la Gubernatura salió con la “batea de babas” de poner al hijo del diputado Ricardo Dorantes, Rodrigo, al que casi matan policías preventivos y terminó renunciando tras pelearse con el comisionado de Seguridad Pública, Alberto Capella, quien tenía toda la confianza de Graco y le pasaba “moche” de todo lo que compraba.
Luego vino el “fiscal sobrino”, Javier Pérez Durón, pariente de su primera esposa de Graco, doña Olga Durón. En la recta final de su sexenio, tomó una de las decisiones más inexplicables: nombrar al notario público Uriel Carmona Gándara como titular de la nueva Fiscalía General del Estado (con la ayuda de los diputados, obvio). Jamás entendimos cuál fue la conexión entre el tabasqueño y la familia Carmona Sánchez.
El resto de la historia ya la conocemos. Cuauhtémoc Blanco y su equipo intentó infructuosamente deshacerse del fiscal graquista, sin lograrlo, pero también Uriel hizo todo lo posible por meterlo a la cárcel, lo que no ocurrió porque lo designaron diputado federal plurinominal. Todavía antes de ser destituido le dejó un “dardo envenenado” al futbolista, en la petición de desafuero por un intento de violación, pero las mujeres morenistas lo protegieron.
Ya sin Uriel Carmona, el gremio de abogados comenzó a proponer a sus “gallos”. Surgieron nombres como el de Fernando Blumenkron, César Ricardo García Bravo, Adriana Pineda Fernández, y varios expertos en Derecho Penal. Para nuestra sorpresa, el elegido fue un experto, pero en derecho electoral.
La repentina muerte del secretario de Gobierno hizo que Edgar Maldonado Ceballos saliera de la Fiscalía General, por lo que nuevamente el puesto está vacante. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos. El pasado lunes la reportera Verónica Bacaz le preguntó a la gobernadora en su conferencia de prensa semanal cuándo sería enviada la terna al Congreso para la designación del nuevo titular de la FGE. “Estamos revisando diferentes trayectorias y valores personales. No se trata solo de conocimiento jurídico, sino de sensibilidad, ética y voluntad de servir al pueblo de Morelos. Queremos una fiscalía cercana a la gente y alineada con la visión de justicia que impulsa este gobierno”, contestó la mandataria.
También dejó abierta la posibilidad de que sea mujer y no hombre la persona elegida, y recalcó que “serán los diputados quienes la elijan”.
Eso significa que no necesariamente será el o la profesionista con mejor preparación quien llegue al cargo. Parece que más bien va a ser un “cuatroteísta” de hueso colorado. En los últimos días se han barajado los nombres de mucha gente: que si el alcalde José Luis Urióstegui, que si el fiscal federal Ulises Lara, que si el actual encargado de despacho, Fernando Blumenkron, o incluso el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Gamboa Olea. Cualquiera puede ser.
Sólo para que no quede en el aire, les diremos que en la encuesta de ayer en nuestro muro de Facebook, el que tuvo más menciones fue Fernando Blumenkron Escobar, Adriana Pineda Fernández, María Elena Medina, César Ricardo García Bravo, Javier Mújica Díaz y Gibrán Haro.
Pero de ahí a que la gobernadora y los diputados quieran ponerlos, hay mucha distancia.
HASTA MAÑANA.
