Con la ausencia de la gobernadora Margarita González Saravia y con una escasa presencia de grupos sociales, el pasado martes se llevó a cabo en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca el cuarto informe de actividades de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, a cargo de Penélope Picazo Hernández, quien ya prepara el salto a otra institución, pues su encargo termina el 28 de octubre del 2026.
Picazo Hernández es un claro ejemplo de perseverancia y superación personal: de ser coordinadora de eventos en el Congreso Local, pasó a ser integrante de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, consejera del Sistema Anticorrupción, y ahora titular de la institución creada en el Gobierno de Graco Ramírez Garrido, siempre de la mano de su pareja, el político priísta Víctor Hugo Manzo Godínez.
El secreto de Penélope es tener siempre listos sus documentos para postularse a cuanto cargo convoca el Congreso Local: lo mismo magistraturas que espacios en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), representaciones ciudadanas y de defensa de las víctimas. Su última aspiración fue la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos, que se quedó en manos de su contrincante Nadxieelii Carranco.
Así ha logrado cargos efímeros como la primera Comisión de Víctimas, aquella creada por Graco Ramírez que estaba conformada por cinco integrantes, y que fue desaparecida porque su esposa Elena Cepeda consideró que no hacían nada más que gastarse el dinero del erario, por lo que sólo pudo cobrar poco más de un año, y se regresó a “la banca”.
Luego logró incrustarse otros dos años como presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, aunque su productividad fue escasa. Finalmente, el 28 de octubre del 2021, ya con Cuauhtémoc Blanco como gobernador, fue designada por el Congreso Local (con votación casi unánime) como titular de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas, por un periodo de cinco años.
Durante los primeros meses se la pasó dando declaraciones en contra de su antecesora, Nadxieelii Carranco Lechuga, pero las imputaciones de corrupción no pasaron de ahí. Si es que hubo denuncias, deben estar en el cajón del fiscal Leonel Rogel, donde también están llegando las que colectivos de víctimas han metido en contra de ella.
Sin embargo, nada de eso podía opacar su ceremonia del informe realizado en el viejo palacio municipal, hoy convertido en museo, con la presencia del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Juan Emilio Elizalde Figueroa; el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado y el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado.
Elegantemente vestida como es su costumbre, Penélope Picazo indicó que desde que tomó posesión del cargo tiene un compromiso indeclinable con las víctimas, por lo que en estos cuatro años la premisa fue impulsar un proyecto institucional.
“La lucha por la verdad, la justicia y la reparación no se detiene aquí. Juntos, sociedad y gobierno, de la mano de ustedes, las víctimas, seguiremos empujando las puertas de la justicia. La cicatriz quedará, pero de ella nacerá la memoria digna y la promesa de que, en Morelos, nunca más la impunidad y el olvido serán la respuesta”, concluyó la titular de la CEARV.
Pero además del discurso no hubo “datos duros” que hablen de mejoras en la atención a las víctimas. Lo único fue el cambio de domicilio, dejando la vieja casa de la avenida Galeana para mudarse a una residencia en la colonia Palmira, más al gusto de la titular.
Prevalecen los rumores de que los abogados de la CEARV “piden moche” para agilizar el ingreso al Registro Estatal de Víctimas, lo que les significa un apoyo económico para medicinas y transporte. El número de casos de víctimas que han logrado que el estado asuma la responsabilidad de la reparación del daño, es todavía ínfima en comparación con lo que se gasta en la manutención de la CEARV y su plantilla laboral.
Durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, se aprobaron 210 Medidas de Ayuda y Asistencia que beneficiarán directamente a 579 personas en situación de víctima, quienes enfrentan las consecuencias de delitos como el feminicidio, homicidio y otros actos de violencia.
Las medidas comprenden apoyos en áreas fundamentales como pago de gastos médicos, alimentación, alojamiento, transporte de emergencia, gastos funerarios, educación y acompañamiento en búsqueda de personas, contribuyendo a restituir derechos vulnerados y mejorar las condiciones de vida de las víctimas.
Según la información difundida por la CEARV, “se aprobaron Reparaciones Integrales, como parte del proceso de justicia y reparación, dirigidas a quienes han sufrido delitos graves y requieren mecanismos de compensación que les permitan iniciar un proceso de reconstrucción tanto en lo personal como en lo familiar”, sin mencionar el número exacto de casos.
El principal problema que enfrenta la Comisión tiene que ver con las sentencias de los jueces.
Son los jueces los que tienen que establecer en sus sentencias el pago de la reparación del daño en contra del victimario, pero hasta antes de la promulgación de la Ley de Víctimas los jueces no acostumbraban a señalar el monto en sus sentencias, y actualmente son pocos los que lo están haciendo y algunos incluso omiten reconocer como víctima a menores de 18 años, y esto dificulta el proceso de reparación del daño ante la Comisión.
Y es que, en teoría, todas las personas que en alguna ocasión llegamos a ser víctimas de un delito, tenemos derecho a una indemnización. Si esa disposición se cumpliera al pie de la letra, no habría presupuesto que alcance.
HASTA MAÑANA.
