La decisión de la gobernadora de prescindir de los servicios de Mirna Zavala y fusionar las Secretarías de Hacienda y Administración en una sola dependencia, tuvo como principal objetivo disminuir los gastos de operación y evitar la corrupción, para lo cual puso a un hombre de todas sus confianzas: Jorge Salazar Acosta.
Sin embargo —como suele ocurrir en todos los niveles de gobierno—, siempre hay uno o dos personajes de pésimos antecedentes que logran enquistarse en las instituciones y sorprender a los titulares y sobre todo a la gobernadora.
Seguramente Margarita González Saravia no sabe quién es Octavio Rosales Gutiérrez, ni tendría por qué saberlo. Este contador público ocupa un cargo de primer nivel en la nueva institución creada para encargarse de los recursos financieros del Poder Ejecutivo.
Lo que la gobernadora no sabe, y quizás ni el propio Salazar Acosta, es que Octavio Rosales Gutiérrez fue el director general de Administración del Tribunal Superior de Justicia (TSJ, durante el mandato del magistrado Jorge Gamboa Olea, y que por lo tanto fue el “cerebro” financiero para todo lo que se hizo o se dejó de hacer durante ese periodo, y que por lo tanto tiene responsabilidad administrativa y hasta penal.
Fuentes dignas de crédito de la Fiscalía Anticorrupción nos han confirmado que el número de denuncias presentadas por la actual administración del TSJ casi llega a diez, y en todas Octavio Rosales aparece como el autor material de los hechos que probablemente sean constitutivos de delitos como el peculado, administración fraudulenta, uso de documento falso y abuso de confianza.
En honor a la verdad consideramos injusto que él tenga que cargar con toda la responsabilidad siendo que “sólo obedeció órdenes”, pero una máxima de la administración pública es que “el hilo se rompe por lo más delgado” y en este caso quien firmó la mayoría de los documentos fue el director de Administración así que, ni cómo ayudarlo.
Por ejemplo, los pagos indebidos a servidores públicos dados de baja a quienes se les continuó depositando su salario o prestaciones. El director general de Administración de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, omitió informar que el Poder Judicial de Morelos tiene pendientes de solventar observaciones ante la Auditoría Superior de la Federación por casi mil casos de pagos que no se tenían que haber hecho, que sumados superan los 27 millones de pesos.
Octavio Rosales es señalado por la Auditoría Superior de la Federación por haber realizado pagos a trabajadores dados de baja y a otros que tenían licencia sin goce de sueldo y aun así les pagaron en cheque o mediante transferencia, además de contratos que no cuentan con documentación comprobatoria del gasto.
También está el caso de los 60 millones de pesos que fueron transferidos del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia a la cuenta corriente del TSJ para usarlos en el pago de la nómina, lo que significa una irregularidad (aunque todos los presidentes y presidentas del TSJ lo hayan hecho) que puede desembocar en responsabilidad penal.
Pero lo más grave, y que involucra directamente al ex director de Administración del TSJ y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, es que al hacer la entrega-recepción con motivo del cambio de administración, los nuevos funcionarios encontraron las computadoras “limpias”, es decir, sin “asientos contables”, como si fueran nuevas.
No dudamos que esto último haya sido ordenado por el que fuera su jefe, Jorge Gamboa Olea, para borrar indicios de muchos negocios que hicieron juntos. Recordemos que Gamboa Olea fue destituido por un grupo de magistrados y que la presidencia del TSJ en el edificio de Leyva quedó asegurada por la Fiscalía Anticorrupción.
Ante esas circunstancias, el derrocado presidente se refugió en el edificio del extinto Consejo de la Judicatura, en la avenida Álvaro Obregón, donde tuvo bastante tiempo para borrar todo vestigio de los malos manejos.
Hoy sólo quedan documentos que comprueban algunas nimiedades como la contratación de los servicios de seguridad privada y de limpieza que fueron contratados con sobreprecio, además de un inmueble rentado ¡por diez años!
El caso de la adjudicación indebida de la instalación de paneles solares en la ciudad judicial de Atlacholoaya ya ha sido ampliamente difundido por el colega Carlos Quintero en su portal El Guardián MX, sólo agregaremos que el monto de la licitación fue por una cantidad de dos millones 969 mil 285 pesos, y terminaron erogándose tres millones 264 mil 219, en donde se indica una aportación del fondo auxiliar de casi 300 mil pesos, cantidad adicional que no fue presupuestada.
Cabe recordar que la empresa favorecida fue Ksavers S.A.P.I. de C.V., a pesar de que no cumplía con los requisitos de la convocatoria y por tanto debió haberse declarada desierta.
Lo anterior es solamente una “probadita” de los antecedentes que dejó Octavio Rosales en el Poder Judicial, aunque —insistimos— él solamente obedecía órdenes, y se nota que se hizo experto en borrar indicios. Si lo que quiere Jorge Salazar Acosta es alguien con experiencia en transas, entonces Octavio es el indicado, pero si lo que se busca es transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos, debe ser despedido.
Siempre que estamos frente a personajes con dudosa reputación que logran incrustarse en administraciones estatales o municipales, recordamos el caso del que fuera tesorero del Ayuntamiento de Cuautla:
“El presidente municipal de Cuautla, Jesús Corona Damián, debe ir buscando un nuevo tesorero, pues todo indica que el que protestó en el cargo el pasado dos de enero, Dionicio Álvarez Anonales, será el primero en ser imputado por Ejercicio Abusivo de Funciones por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), por la venta irregular de predios, durante el tiempo que fungió como director del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo”, publicamos en este mismo espacio el 24 de enero.
No hizo caso el alcalde Corona Damián, y tres meses después tuvo que soportar la pena de que su subordinado apareciera “boletinado” por la Fiscalía Anticorrupción, y no le quedó otra que emitir un comunicado en el que afirma que “el H. Ayuntamiento se deslinda completamente de su actuar, pues cada quien debe asumir las consecuencias de sus acciones”.
HASTA MAÑANA.
