En los próximos días, el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA) dejará de ser un órgano autónomo y pasará a depender (administrativamente) del cada vez más empoderado Órgano de Administración Judicial que encabeza Javier García Tinoco, con lo que Adriana Pineda Fernández no podrá contratar ni a su chofer.

Lo anterior, de acuerdo con la circular OAJ/JGT/C/10-26, fechado el 10 de febrero de 2026, en la que se establece que partir de la entrada en vigor del Decreto Mil Ciento Cuatro, el Órgano de Administración Judicial asume el control de los recursos humanos, materiales, financieros y administrativos del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes. Para ello, se fija un proceso de transición que incluye la entrega-recepción de información, bienes, personal, sistemas, contratos y asuntos en trámite, con el fin de garantizar continuidad operativa, transparencia y rendición de cuentas.

Para llegar hasta aquí tuvo que haber una resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos en el expediente TEEM/JDC/56/2025-1 y acumulados, confirmada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante la cual se declaró la omisión legislativa del Congreso morelense respecto de la elección de las personas integrantes del TUJA.

Con esta reforma aprobada en noviembre del año pasado, las magistraturas, juzgados y personas integrantes del TUJA, serán electas por voto ciudadano libre, secreto, en concordancia con la reciente Reforma constitucional federal en materia judicial, publicada el 15 de septiembre de 2024, que mandata la elección popular de las personas juzgadoras.

En febrero pasado, el Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado de Morelos, emitió la circular mediante la cual se informa la aprobación del Acuerdo General AG/01/2026-SO, cuyo objetivo principal es establecer las medidas necesarias para implementar la reforma constitucional relacionada con el Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes.

En el texto se explica que, tras las reformas publicadas en 2025 y 2026, se creó el Órgano de Administración Judicial como instancia encargada de la administración, control interno y gestión del Poder Judicial en el estado. Este órgano asumió formalmente sus funciones en octubre de 2025 y tiene facultades amplias, como la administración de recursos, la carrera judicial, la supervisión administrativa y la organización territorial de los órganos jurisdiccionales.

El acuerdo detalla que durante este proceso deben integrarse informes financieros, inventarios, estructuras organizacionales, tabuladores salariales, contratos, sistemas operativos y documentación jurídica. Asimismo, se ordena homologar procesos administrativos y condiciones laborales con el resto del Poder Judicial, respetando los derechos del personal.

También se establece un calendario específico para la transición por áreas, así como la obligación de rendir informes periódicos mientras se formaliza la entrega. El control de cuentas bancarias será asumido por el órgano administrativo una vez concluido el proceso, aunque se reconocen como válidas las operaciones realizadas durante el periodo de transición.

Finalmente, el acuerdo dispone la disolución de comisiones administrativas previas, la obligación de entregar informes y recursos por parte de los servidores públicos, y la responsabilidad del Órgano de Administración Judicial de dar seguimiento a las acciones en curso. Se aclara que la entrega-recepción no exime de responsabilidades administrativas y se instruye la publicación del acuerdo en medios oficiales para su cumplimiento.

Todo lo anterior tiene muy nerviosos a los empleados del Tribunal de Justicia para Adolescentes pues temen salir perjudicados. Lo que más les inquieta es el párrafo donde dice que “Las prestaciones y salarios que actualmente gozan las personas trabajadoras del Tribunal, deberán homologarse con los del resto del Poder Judicial que administra el Órgano de Administración Judicial, por lo que deberán generarse las acciones legales y administrativas que resulten necesarias para lograr establecer dicha homologación”.

Sin embargo, para que una homologación sea legal y no vulnere derechos adquiridos o principios constitucionales, debe cumplir con lo siguiente:

• Principio de Irretroactividad y No Disminución: La Constitución Mexicana (Art. 123 y 14) y la Ley Federal del Trabajo prohíben la reducción del salario de un trabajador de manera unilateral. Si la "homologación" implica que un trabajador pase a ganar menos de lo que percibía antes por las mismas funciones, se estaría violentando el principio de progresividad y sus derechos laborales.
• Derechos Adquiridos: Si el personal del TUJPA gozaba de prestaciones superiores por contrato o ley previa, la nueva administración judicial debe respetarlas o compensarlas, de lo contrario, el trabajador podría promoverse mediante un juicio de amparo o ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

Por otro lado, hay incertidumbre del personal por cuanto a sus derechos adquiridos. Es decir, si ahora su patrón será el OAJ, ¿será una sustitución patronal o una nueva contratación? Y si es lo segundo, ¿será conforme a las nuevas disposiciones de la Ley del Servicio Civil? ¿Qué pasará con los vales de despensa que están recibiendo actualmente?

Se hace necesario que los integrantes del Órgano de Administración Judicial realicen una visita a las instalaciones del TUJA y platiquen con el personal para disipar estas y otras dudas, antes de que se comiencen a alebrestar como ocurrió con el personal jubilado del Tribunal Superior de Justicia.

Por otro lado, sería lamentable que, en aras de una austeridad republicana, desaparecieran áreas tan importantes del TUJA como es la escuela judicial que encabeza el magistrado en retiro Carlos Iván Arenas Ángeles o el departamento de Prevención del Delito que se encarga de impartir pláticas a centros escolares de todo el estado, una actividad que debería realizar el Sistema Integral de Protección a los Niños y Adolescentes (SIPINNA) que depende de la Secretaría de Gobierno.

Ahora bien, ¿qué pasará con la actual magistrada presidenta Adriana Pineda Fernández? Creemos que fácilmente ella puede ganar las votaciones del 2027 (siempre y cuando no haya acordeones), y en caso contrario, puede optar por el haber de retiro como magistrada, o bien la jubilación por los años que trabajó en la Fiscalía del Estado.

Sin embargo, consideramos que una salida anticipada de Adriana Pineda sería muy perjudicial para la institución encargada de juzgar a los adolescentes en conflicto con la ley y prevenir que los menores de edad caigan en las garras de la delincuencia.

HASTA EL LUNES.