El primero en hablar es el jojutlense Juan Ángel Flores Bustamante: “Hoy las y los diputados morelenses aprobamos la ley general para combatir la extorsión”, dice al iniciar el video ampliamente difundido en redes sociales.

“Hoy estamos dándole un golpe duro a todas esas personas que han venido lastimando a la sociedad en el delito de extorsión”, secunda la empresaria gastronómica Sandra Anaya, visiblemente emocionada. 

La siguiente en hablar es la jiutepequense Ariadna Barrera, quien resalta que uno de los puntos más importantes que tiene es que será de manera oficiosa y también tendrá un tipo anónimo para garantizar la tranquilidad de aquellos que quieran denunciar estos delitos y que se sancionará con penas muy, muy elevadas y que ya no estarán haciendo este daño a las familias. 

“Porque no es justo que en Morelos los empresarios, los comerciantes y las familias vivamos con miedo, vivamos amedrentados solo por subir una cortina o por dedicarnos a un negocio lícito. No es justo que vivamos con miedo”, exclama la diputada federal menos conocida de todas: Cindy Winkler.

El último en tomar el micrófono es el ex alcalde de Yautepec, Agustín Alonso Gutiérrez: “Amigos, este tema a mí en particular me emociona, me tranquiliza, porque es algo —repito— que lastima mucho a la sociedad morelense. Vamos a seguir trabajando en beneficio de todos ustedes”.

Enseguida, todos sonrientes y teniendo como escenario la Cámara de Diputados donde se escuchan todavía las voces de oradores, los legisladores y las legisladoras de Morelos, como si fueran los mosqueteros de Dartagnan, unen sus manos y gritan al unísono: “Por Morelos, todos para uno y uno para todos”

La ‎Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión es una iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados del México que tiene por objetivo dotar al Estado de un marco jurídico nacional, homogéneo y coordinado para tipificar, perseguir y sancionar el delito de extorsión, así como para proteger a las víctimas y atender sus derechos.

La ley, que se plantea como reglamentaria del artículo 73 fracción XXI inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el delito de extorsión será perseguido de oficio por las autoridades, es decir, basta el conocimiento del hecho para que inicie la acción penal, y será considerado un agravio también al Estado.

Se prevé que las entidades federativas y los municipios coordinen con la federación para la prevención, investigación, persecución y sanción del delito de extorsión, bajo un programa nacional y un fondo de atención a víctimas en cada entidad.

En cuanto a la sanción, la iniciativa contempla penas que van de seis a quince años de prisión y una multa de 100 a 500 veces la Unidad de Medida y Actualización para quien obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o causando un perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico. Se incluyen agravantes cuando la extorsión se dirige a menores de edad, migrantes, funcionarios públicos, cuando se emplea violencia física o el método del “cobro de piso”.

Además, la ley pone a la víctima en el centro del sistema. Establece medidas de protección, asistencia y atención integral para víctimas, testigos y ofendidos, así como estándares de respeto a su dignidad y no-revictimización. También obliga a las autoridades de investigación a no archivar temporalmente las carpetas por extorsión mientras no se ejerza acción penal.

El planteamiento contempla la actualización de diversos cuerpos normativos: el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para incorporar los nuevos tipos penales, agravantes y mecanismos de coordinación.

Según la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario de Morena, el objetivo declarado de la ley es reducir la incidencia delictiva de la extorsión, recuperar la confianza ciudadana hacia las instituciones de seguridad y justicia, y garantizar que las víctimas tengan acceso efectivo a la reparación integral del daño.

Todo muy bonito. Lástima que sólo sea una expectativa. La realidad es que los delincuentes no leen periódicos ni páginas de internet en las que informan de las penalidades para los diferentes delitos.

Paradójicamente, el mismo día que se dio por aprobada la ley en el Congreso de la Unión, una víctima más de extorsión era asesinada. Leopoldo 'N', alias 'El Trozo' o 'Macho Machín', un conocido tatuador del centro de Cuernavaca, fue baleado cuando se dirigía a su casa en la colonia Lázaro Cárdenas.

La mañana del martes, mientras circulaba en su camioneta por la calle Janitzio, en la colonia Lázaro Cárdenas al sur de la capital, el hombre fue ejecutado por motociclistas que se le emparejaron; uno de ellos le disparó al menos tres veces.

El momento del ataque quedó registrado por una cámara de vigilancia de la zona, que muestra a los agresores disparando contra la víctima para después emprender la huida.

Cabe recordar que en mayo de 2024, hombres armados atacaron el negocio de tatuajes de la víctima en la calle Ignacio López Rayón, en el Centro Histórico de Cuernavaca, según reportes de medios locales y redes sociales.

Las autoridades confirmaron que la víctima había denunciado en varias ocasiones haber recibido amenazas de muerte si no entregaba una cuota mensual, pero nunca quiso pactar con los delincuentes.

HASTA EL LUNES.