Seguramente el lector ya se dio cuenta que, de un tiempo para acá, han comenzado a clausurar esas enormes tiendas de productos chinos que de pronto surgieron “como hongos” inundando nuestro país con todo tipo de objetos a precios muy por abajo del mercado. Esto no solamente ocurre en nuestro estado, sino a nivel nacional.
Los motivos combinan causas económicas (competencia desleal, evasión de aranceles), regulatorias (protección civil, falta de permisos), de propiedad intelectual (piratería) y de seguridad (riesgos estructurales e incluso denunciadas condiciones laborales). Ese mismo cóctel explica por qué gobiernos locales y federales han dirigido acciones concretas en distintos puntos de México, y por qué en ciudades como Puebla y Cuernavaca se ven ya numerosos locales con sellos de clausura.
En los últimos años la llegada masiva de bienes baratos fabricados en China —potenciada por plataformas y logística transfronteriza— ha reconfigurado el comercio minorista global. Consumidores han encontrado ofertas muy competitivas; comerciantes locales, especialmente pequeños comercios, han denunciado pérdida de ventas y competencia desleal.
Al mismo tiempo, varios países han empezado a responder con impuestos, aranceles, controles aduaneros y campañas regulatorias para proteger industrias locales y controlar el contrabando. Medios internacionales y analistas destacan que el “glut” de productos baratos está llegando a Latinoamérica y presionando a las cadenas de valor locales.
Las causas principales detrás de los cierres de estos almacenes son las siguientes:
- Evasión de impuestos y aranceles. Mercancía que entra por canales informales o se declara incorrectamente que reduce costos y desplaza a comercios formales. Gobiernos responden con decomisos y clausuras.
- Piratería y violaciones a la propiedad intelectual. Venta de productos falsificados o réplicas de marcas registradas. Esto motiva operativos de fiscalía y aseguramiento de locales.
- Incumplimiento de normativas locales (uso de suelo, permisos, protección civil). Muchos locales no acreditan licencia, ni medidas básicas de seguridad, por lo que reciben sellos de clausura administrativos.
- Explotación laboral o condiciones irregulares. En algunos reportes se ha señalado explotación o irregularidades administrativas que atraen inspecciones. (Mencionado por autoridades locales y cámaras empresariales).
- Política pública de contención. Medidas fiscales (por ejemplo, cambios en la tributación del comercio electrónico transfronterizo) y campañas de “limpieza” contra comercios informales.
En México las acciones han sido variadas y crecientes desde 2024: desde operativos estatales que clausuran locales por contrabando y uso de suelo hasta incursiones federales por presunta piratería. El gobierno y autoridades fiscales han señalado que no se trata de «atacar» a un país, sino de combatir ilegalidades que dañan a productores y recaudación. En Sonora, por ejemplo, hubo cierres por contrabando en diciembre de 2024; en 2025 se intensificaron decomisos y operativos en distintos estados. También ha habido propuestas y medidas para gravar con aranceles o impuestos ciertos envíos desde Asia.
A finales de septiembre de 2025 se registraron cateos y aseguramientos en dos tiendas de Cuautla por presunta venta de mercancía pirata y, en Cuernavaca y Cuautla, operativos federales concluyeron con la clausura de al menos seis establecimientos en fechas cercanas. Las autoridades federales (FGR) participaron en algunos operativos por delitos relacionados con la propiedad intelectual.
El Consejo Coordinador Empresarial de Morelos y comerciantes locales han solicitado continuidad en la fiscalización para “restablecer competencia leal”, mientras que consumidores y dueños de los locales clausurados han denunciado pérdidas económicas y piden procedimientos claros.
Algunos titulares y vídeos en redes hablan de un “cierre masivo” o “fin de las bodegas chinas”. Sin embargo, el fenómeno es complejo: por un lado, regulaciones y operativos sí están provocando cierres puntuales y remociones de locales que operan con irregularidades; por otro, la demanda de bienes baratos persiste y la venta se redistribuye (venta en línea, microimportadores, mercados informales). Por tanto, no es tanto que desaparezcan todos estos comercios, sino que cambia su forma de operar y que las autoridades intentan que lo hagan dentro del marco legal.
Los cierres y sellos de clausura que hoy se ven en Puebla y Morelos parecen ser parte de una reacción local y nacional ante una combinación de factores: mercancía extranjera muy barata (en muchos casos con irregularidades en su entrada al país), fallas en permisos y protección civil, y un esfuerzo por parte de autoridades para proteger la recaudación, la propiedad intelectual y la seguridad pública. A la vez, forman parte de una tendencia regional: Latinoamérica enfrenta una “avalancha” de productos importados desde China que obliga a repensar reglas de juego entre consumidores, comerciantes y autoridades.
Sin embargo, también resulta sospechoso que los operativos en los grandes almacenes de productos chinos en la Ciudad de México, inició poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresara su inconformidad por las facilidades que México le está dando a las importaciones del país asiático.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho hasta el cansancio que no aceptará intromisiones de Estados Unidos, pero bien que ha comenzado a hacer lo que le pide el país vecino, tanto en materia de seguridad como en política comercial. De pronto se incrementaron los operativos de decomiso de Fentanilo, cuando el sexenio anterior el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguraba que en México no había laboratorios para elaborar esa sustancia.
Algunos analistas suponen que los operativos en contra de las “tiendas chinas” es porque le están haciendo competencia desleal a las cadenas norteamericanas (y también a algunas mexicanas), y eso no le gusta nada al presidente Trump.
HASTA EL LUNES.
