A Rodrigo Gayosso Cepeda, candidato del PRD al gobierno de Morelos en el 2018 por gracia y obra de su padrastro Graco Ramírez Garrido, lo persiguen “fantasmas del más allá” por errores cometidos hace casi 15 años, cuando se desempeñó como secretario del Ayuntamiento de Cuernavaca en el trienio de Manuel Martínez Garrigós.

Según una nota de quien fuera directora de Notimex, Sanjuana Martínez, el tercer tribunal colegiado en materia penal de la Ciudad de México decidió reactivar una orden de “arresto” (debería decir aprehensión) contra Manuel Rodrigo Gayosso Cepeda, por fraude genérico de más de 8 millones 700 mil pesos.

La información dada a conocer por La Jornada, señala que en sesión pública del expediente de revisión 136/2025, el magistrado presidente Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz y los togados Ricardo Ojeda Bohórquez y Lorena Oliva Becerra, decidieron reactivar la búsqueda y captura del hijastro del exgobernador Graco Ramírez, por “realizar actos de disposición sobre bienes judicialmente asegurados y secuestrados”.

Conocemos perfectamente la historia.

El 25 de enero del 2007 el Ayuntamiento de Cuernavaca encabezado por Jesús Giles Sánchez emitió la convocatoria para la licitación del servicio de recolección de basura, previa autorización del Congreso Local, a fin de dar solución a una crisis sanitaria que se agudizó a finales de la administración de Adrián Rivera.

Luego de analizar las propuestas, el Ayuntamiento de Cuernavaca emitió resolución definitiva en la que señaló como titular de la concesión a la persona moral denominada Promotora Ambiental de La Laguna, Sociedad Anónima de Capital Variable (PASA), habiéndose suscrito el Título de Concesión respectivo a favor de la empresa adjudicada con fecha 4 de abril del 2007.

De esta manera, el servicio de recolección de basura en Cuernavaca dio un giro de 180 grados. Los vetustos camiones recolectores con trabajadores que pedían propina y pasaban una vez por semana, fueron sustituidos por vehículos nuevos, con personal uniformado y con la consigna de “no propina, no pepena”. Además, terminó el peregrinar de los camiones en los diversos tiraderos en los estados vecinos pues PASA instaló un relleno sanitario en el paraje denominado “Loma de Mejía” con la más avanzada tecnología y con el aval de expertos en la materia.

Pero el asunto se tornó político. En el 2009 las elecciones municipales fueron ganadas por el candidato del PRI, Manuel Martínez Garrigós, quien desde su campaña advirtió que cerraría el relleno sanitario Loma de Mejía.

Ya como alcalde, inicio una campaña mediática en contra de PASA y utilizó el aparato oficial para buscar pretextos que condujeran al verdadero propósito: impedir que Promotora Ambiental continuara dando el servicio.

Así, la Dirección de Protección Civil clausuró el relleno sanitario Loma de Mejía luego de dos sospechosos incendios.

En sus discursos, el entonces presidente municipal no cesaba de atacar a PASA, diciendo que el cierre del tiradero era un compromiso adquirido con la sociedad durante su campaña, y hacía comparaciones de lo que cobraba la empresa en otras ciudades sin mencionar que en el caso de Morelos, la inversión fue mayor porque se instaló un relleno sanitario.

Fue a principios de agosto del 2010 cuando se dio el rompimiento total entre el Ayuntamiento de Cuernavaca y la empresa PASA. Y es que Manuel Martínez Garrigós encontró la fórmula para que la compañía incurriera en la cláusula del contrato que establece la rescisión del contrato cuando durante tres días no se realice la recolección de la basura: no pagarle a PASA.

Así, el Ayuntamiento capitalino simplemente suspendió el pago a la empresa sin ninguna explicación durante los meses de mayo, junio y julio. A falta de pago, PASA suspendió parcialmente sus labores y Manuel Martínez anunció la tan buscada rescisión del contrato.

En el 2011, la persona moral denominada PASA CUERNAVACA S.A. DE C.V. por conducto de su apoderado legal Raúl Molina Tolentino, inicia la demanda que quedó radicada en el Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial con sede en la capital morelense con el numeral 164/2011-1. Con fecha 13 de octubre del 2014, el Juez Tercero de lo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, dictó sentencia en el expediente 164/2011-1 condenando al Ayuntamiento al pago de 8 millones por incumplimiento de contrato, cantidad que subió hasta 40 millones y que fueron pagados al inicio de la administración de José Luis Urióstegui Salgado.

Pero antes tuvo que haber una gran cantidad de expedientes tanto locales como federales. El recurso de apelación que recayó en la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos a cargo de los magistrados María del Carmen Verónica Cuevas López, Rocío Bahena Ortíz y Rubén Jasso Díaz, quedando la primera como ponente en el Toca Civil 1271/2014-1.

El 12 de mayo del 2010 la empresa PASA CUERNAVACA promovió amparo (primero en el estado de Nuevo León, donde lo radicaron con el número 261/2010 y luego declinaron competencia, recayendo finalmente en el Juzgado Primero de Distrito con el numeral 326/2011-MG) y obtuvo una suspensión definitiva para que “no se suspenda el servicio público concesionado a la empresa quejosa (…) así como para que no se contrate el servicio con tercero alguno, ni sean las propias autoridades responsables quienes directamente lo presten”.

En virtud de que el Ayuntamiento de Cuernavaca no obedeció al Juez de Distrito, la empresa promovió un incidente de violación a la suspensión definitiva en agosto del 2010.

En un primer momento el Juez Federal se negó a librar las órdenes de aprehensión solicitadas en contra del entonces presidente municipal, Manuel Martínez Garrigós, el secretario del Ayuntamiento, Rodrigo Gayosso Cepeda y la tesorera, Araceli Alejandra González Verazaluce, así como del regidor Gustavo Petriccioli Morales (según la Causa Penal 81/2012).

El abogado de PASA, Guillermo Pasquel, interpuso recurso de queja y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito ordenó la reposición del procedimiento dentro del incidente de violación a la suspensión , a fin de que el juez de Distrito abriera una etapa probatoria para determinar si efectivamente la quejosa siguió el procedimiento para obtener el cobro de las facturas de los meses de mayo, junio y julio, y también para conocer si las responsables se encontraban jurídica o materialmente imposibilitadas para realizar el pago.

La resolución fue apelada y el seis de febrero del 2013 el magistrado del Tribunal Unitario del décimo octavo circuito, José Francisco Nieto González, revocó esa resolución y libró orden de aprehensión en contra de los tres primeros mencionados.

En sus considerandos, el magistrado afirmó que aquellos estaban obligados en su calidad de titulares de las autoridades responsables, en el incidente de suspensión, a continuar cubriendo los pagos a la quejosa PASA CUERNAVACA S.A. de C.V. y sin embargo se abstuvieron de realizar los pagos correspondientes a los meses de mayo y junio del 2010.

En segundo lugar, también incurrieron en violación a la suspensión porque, en contra de lo que se ordenaba en la suspensión de los actos reclamados, el Ayuntamiento contrató con diversa empresa los servicios para efectos que de que desarrollaran las labores que venía desempeñando la parte quejosa.

Ahí es donde surge lo que se denomina “actos de disposición sobre bienes judicialmente asegurados” que le imputaron al entonces alcalde y el entonces secretario del Ayuntamiento y la tesorera. De profesión abogado, Manuel Martínez Garrigós se defendió en los tribunales y quedó exonerado, pero Rodrigo Gayosso, confiado en el manto protector de su padrastro, desatendió el asunto que hoy es noticia a nivel nacional.

Sin embargo, con lo que obtuvo Gayosso Cepeda en los seis años de gobierno de Graco, (cuando se encargó de recolectar “el moche” entre las empresas favorecidas por el tabasqueño), le alcanza para pagar los 8 mdp que le reclama PASA —hoy representada por el Corporativo Jurídico Lafontaine— y todavía le queda un buen botín.

HASTA MAÑANA.