El viernes 12 por la tarde, en la carretera que va de Cuautla a la ex Hacienda El Hospital, a la altura del crucero de Puxtla, un vehículo color Blanco marca Polo, fue atacado a balazos al estilo del crimen organizado. Dos sujetos en motocicleta apoyados por un segundo auto compacto le quitaron la vida a la conductora y única ocupante.

En un municipio como Cuautla eso ocurre todos los días y prácticamente “ya no es noticia”, ni siquiera por el hecho de que la víctima fuera mujer. Los feminicidios se han normalizado, por desgracia.

Tuvieron que pasar varias horas para que se supiera que —al parecer— ese asesinato tiene tintes políticos.

Y es que la víctima fue identificada como Carolina Plascencia Carvajal, presidenta interina de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (Asurco) y candidata a la presidencia propietaria en la próxima elección.

Carolina había asumido la presidencia suplente de Asurco luego de que Antonio Domínguez Aragón —exalcalde de Ayala y presidente propietario— dejara el cargo de manera inesperada tras sufrir un ataque armado en su domicilio en 2024.

La elección para la renovación del comité de Asurco está programada para el 28 de septiembre. Carolina, de profesión ingeniera, se registró como candidata a presidenta propietaria para liderar la agrupación por los próximos tres años.

Este crimen se suma al ocurrido en febrero de 2022, cuando Francisco Vázquez, integrante del Consejo de Vigilancia de Asurco y miembro del ejido Abelardo Rodríguez, también fue asesinado. Vázquez se había sumado a la lucha legal y social contra el Proyecto Integral Morelos (PIM), que incluye un gasoducto que cruza Tlaxcala y Puebla hasta conectarse con una termoeléctrica y un acueducto en la zona oriente de Morelos.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala, a través de un comunicado señaló que, desde la llegada del Proyecto Integral Morelos, “el crimen organizado fue avanzando a la par en las zonas de conflicto y oposición al PIM en Ayala, Huexca y Amilcingo, consolidándose en la zona un narcoestado que, en los hechos, ha servido como instrumento del terror que permite la imposición de la termoeléctrica, el gasoducto y el acueducto”.

La disputa en la región oriente de Morelos alrededor de la instalación y operación de la termoeléctrica de Huexca forma parte de un conflicto más amplio conocido como el Proyecto Integral Morelos (PIM), que desde su diseño ha incluido una planta termoeléctrica en Huexca, un gasoducto de largo recorrido y un acueducto para el transporte de agua.

El proyecto, impulsado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y con gestiones que se remontan a la década de 2000, se planteó como una solución para dotar de energía a la región y aumentar la capacidad eléctrica de la red, pero desde el inicio generó resistencias por su impacto territorial y ambiental.

Las tensiones escalaron de manera visible en 2019, cuando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador convocó una consulta local sobre la entrada en operación de la planta; el resultado oficial favoreció el “sí” con alrededor del 59.5% de los votos, pero la votación tuvo baja participación en relación con la población afectada y su legitimidad fue cuestionada por organizaciones y comunidades que aseguraron que los más directamente afectados no fueron debidamente consultados. Esa fractura sobre la validez de la consulta se convirtió en un eje central del conflicto: el gobierno la presentó como aval ciudadano, mientras que los opositores la denunciaron como insuficiente y parcial.

Las objeciones de los pueblos y colectivos que han protagonizado la resistencia se concentran en tres reclamos principales: el posible impacto sobre el acceso y la calidad del agua (el acueducto y las obras relacionadas), riesgos ambientales y sanitarios derivados de la operación de la planta y del gasoducto, y la vulnerabilidad de la infraestructura en una zona con actividad sísmica.

En el plano jurídico y administrativo, el conflicto ha sumado amparos, demandas y disputas entre autoridades federales y tribunales locales. A pesar de las resoluciones pendientes y de los recursos legales promovidos por opositores, la CFE y dependencias del gobierno afirmaron en distintos momentos que no existían impedimentos para reanudar trabajos y poner en operación la planta; tras fases de prueba la central comenzó a generar energía (informes públicos registran su puesta en marcha en 2021) y, según comunicados y notas locales posteriores, la operación comercial se consolidó, aunque con presencia continua de litigios y protestas en los alrededores.

En años recientes los reportes periodísticos y de organizaciones documentaron tanto el funcionamiento de la planta como la vigencia de al menos varias decenas de recursos legales y movilizaciones ciudadanas.

En resumen, el conflicto de Huexca combina disputas técnicas, legales, ambientales y políticas: se trata de un megaproyecto energético promovido por el Estado que obtuvo un respaldo formal en una consulta de 2019 pero que nunca logró la aceptación plena de las comunidades más afectadas; desde entonces las movilizaciones, los amparos y las controversias sobre agua, riesgo sísmico y procedimientos de consulta han marcado la relación entre el proyecto y la población local, mientras la planta entró en operación con la réplica persistente de grupos opositores que exigen mayor transparencia, mitigación de impactos y justicia ambiental.

En febrero de 2019, apenas días después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara la consulta sobre la entrada en operación de la planta, el líder de los opositores, Samir Flores, fue asesinado a tiros afuera de su domicilio. Su muerte conmocionó al movimiento opositor y generó una fuerte crítica nacional e internacional, pues se interpretó como un ataque directo contra la resistencia al proyecto y contra los defensores de derechos humanos y del medio ambiente.

Ahora, el asesinato de Carolina Plascencia Carvajal se suma al de Samir Flores, en la lista de homicidios ligados a ese proyecto que extrañamente fue avalado por el presidente López Obrador, a pesar de que había prometido dar prioridad a la conservación de los recursos naturales.

Y también pasa a formar parte de la lista de crímenes sin esclarecer que tiene el nuevo fiscal Edgar Maldonado Ceballos.

HASTA EL MIÉRCOLES.