Si bien es cierto que el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) nunca fue un baluarte de la transparencia en nuestra entidad, y que durante mucho tiempo sirvió como agencia de colocaciones de partidos políticos, su desaparición no deja de ser un duro golpe al Derecho a Saber y un retroceso en la vida democrática del país.
Como es del dominio público, el pasado viernes la LVI Legislatura aprobó con 14 votos a favor y cuatro en contra, el dictamen inherente a la iniciativa emanada del Poder Ejecutivo, que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como de la Ley Orgánica de la Administración Pública en la entidad para crear la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, misma que “absorberá” las funciones del IMIPE.
Será cuestión de días para que las reformas a la Constitución local sean remitidas a los ayuntamientos en los términos del artículo 147 del mismo ordenamiento, y una vez aprobada por las dos terceras partes de los mismos, se realizará la declaratoria de validez correspondiente y se remitirá a la persona titular del Poder Ejecutivo estatal para su publicación en el periódico oficial “Tierra y Libertad”.
La desaparición del órgano garante de la transparencia en Morelos para trasladar sus funciones a una secretaría del Poder Ejecutivo no responde a criterios técnicos y estadísticas comprobadas, sino a una lógica política de concentración del poder, primero a nivel federal con la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información, y ahora en la entidad morelense “para armonizarla con la legislación federal”.
Y no se trata de hacerle al pitoniso ni nada parecido, pues las estadísticas lo demuestran: el 99 por ciento de las solicitudes de información pública que llegan ante la Secretaría de “Transparencia para el Pueblo” son declaradas improcedentes y el gobierno está clasificando la información sensible por cinco y hasta 10 años. ¿Qué más pruebas necesitan de que así va a ocurrir en Morelos?
Como bien lo dijo el diputado Daniel Martínez Terrazas, la desaparición del IMIPE para trasladar sus facultades a una secretaría creada desde el Poder Ejecutivo “no es una decisión técnica, es una decisión política que vulnera el andamiaje constitucional de transparencia, debilita la rendición de cuentas y abre la puerta a prácticas que nuestra sociedad ha combatido durante décadas”.
Colocar la transparencia bajo el control directo del Ejecutivo significa, en los hechos, permitir que el gobierno se supervise a sí mismo. Significa que quien administra los recursos públicos, celebra contratos y toma decisiones de impacto social, sea también quien determine qué información se entrega, cuál se clasifica y cuál se oculta. Eso no es eficiencia administrativa; es una peligrosa concentración de poder que debilita la rendición de cuentas y erosiona el Estado de Derecho.
Quienes hemos hecho uso de las herramientas legales para obtener información de interés público, tuvimos que pasar por infinidad de obstáculos que nos pusieron los llamados sujetos obligados, pero finalmente lo logramos y en nuestros respectivos medios están como pruebas los reportajes con documentos obtenidos mediante solicitudes de información, que develaron innumerables hechos de corrupción.
Pero el gobierno, en lugar de buscar mecanismos que permitan que esos descubrimientos de corrupción sean retomados por las instancias correspondientes para deslindar responsabilidades y castigar a los culpables, prefieren mejor desaparecer los órganos garantes.
No coincidimos con el discurso del diputado Rafael Reyes Reyes, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, quien se limitó a decir que “la transparencia llegó para quedarse, la rendición de cuentas debe ser menester de todos los que manejan información y también los que manejan recursos públicos. Vamos a seguir construyendo un proyecto que nos permita decirle a la sociedad que esto no se trata de bajarnos y de retroceder sobre el tema de la transparencia y rendición de cuentas, sino de hacerlas obligatorias hoy y siempre".
Tampoco con la posición de Movimiento Ciudadano que, en voz de su diputada, Luz Dary Quevedo Maldonado, respaldó la homologación constitucional por mandato federal, pero advirtió que esto no implica un respaldo político o ideológico pues el compromiso de los diputados es vigilar que la nueva Secretaría Anticorrupción actúe con imparcialidad y respeto al derecho a saber.
La diputada Jazmín Solano López celebró la creación de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, que sustituye al IMIPE y concentra funciones clave de vigilancia, control y protección de datos. Destacó que este organismo especializado “permitirá simplificar procesos, garantizar el derecho ciudadano a la información y mejorar la claridad en la rendición de cuentas dentro de la administración pública”. Estaremos atentos para comprobarlo.
Y qué decir de Nueva Alianza, cuyo presidente estuvo dos días antes en el Auditorio Teopanzolco para recibir —y presumir— el reconocimiento que le otorgó el IMIPE, y el viernes pasado ese partido le pagó con un voto a favor de su desaparición.
Por lo menos la dirigente de Morena, Mirsa Berenice Maldonado, no aplaudió cuando el presidente del Instituto, Hertino Avilés Albavera, les dejó un epitafio en la ceremonia del Centro Cultural Teopanzolco: “La transparencia ahuyenta el autoritarismo. La oscuridad y el secretismo son sinónimos de gobiernos dictatoriales (…) el sistema político que busca eliminar la participación ciudadana o que busca hablar de lo electoral sólo bajo procesos mecanizados, en el fondo busca sólo la concentración del poder y a partir de esa concentración el ejercicio permanente del mismo”.
Coincidimos plenamente con lo dicho por el hijo del gran jurista Hertino Avilés Arenas, por eso, hoy podemos afirmar que el periodismo de investigación está de luto, y seguramente los gobiernos municipales, estatales y federales, están de fiesta.
HASTA MAÑANA.
