Jesús Castillo

Jesús Castillo

Jesús Castillo García. Periodista con 30 años de trayectoria; Premio Estatal de periodismo 2010 y 2012. Premio Nacional de Periodismo 2013.
Miércoles, 12 Febrero 2020 05:24

Relatos espeluznantes

La fotografía del cadáver de Ingrid Escamilla, tirada en el piso boca arriba, sin órganos y desollado todo su cuerpo, provocó la indignación no solamente del sector femenino, sino de la sociedad en general. La divulgación de las fotografías será motivo de un análisis a mayor profundidad en este espacio en días próximos.

Hoy queremos referirnos a un caso también espeluznante, pero que ocurrió en la ciudad de Cuernavaca, específicamente en la Unidad Habitacional Teopanzolco, entre los años 2006 y 2008. Un joven mató a su madre, la destazó y la puso en una olla para tamales con suficiente cal para que se fuera deshaciendo poco a poco.

Un correo electrónico anónimo recibido el 3 de noviembre del 2008 alertó a la Policía de lo que había pasado en el departamento 402 del edificio 12 de la Unidad Teopanzolco, dos años antes, pero una juez negó la orden de cateo que le había solicitado el Ministerio Público.

La negativa de la juez para conceder la orden de cateo tenía a los investigadores de mal humor, pero no se dieron por vencidos. En los siguientes días montaron una guardia cerca del edificio donde –según un correo electrónico- estaba el cuerpo destazado de una mujer.

De pronto, algo llamó la atención de los agentes ministeriales: un hombre estaba tocando en la puerta del departamento 402 que vigilaban. Fueron tras el sujeto que ya emprendía la retirada y lo cuestionaron sobre su presencia en ese lugar.

El hombre dijo ser cobrador de una empresa de libros y que estaba ahí buscando a Luis Alberto N. ¿Pero el dueño de este departamento se llama Joel? Cuestionaron los agentes. “Pues yo no sé, éste es el nombre y la dirección que me dieron para venir a cobrarle, pero de todos modos ni está, ya van varias veces que vengo y no lo encuentro”, dijo el abonero.

El entrevistado explicó que la empresa para la que trabaja hace promociones en diversas instituciones públicas y privadas para vender sus productos. “¿Y en donde trabajaba este joven cuando compró sus libros?”, cuestionó uno de los policías.

“Déjeme ver…. Ah si… en Mega Comercial Mexicana de la Selva”.

Ya con el nombre y apellido de quien compartió por varios meses el departamento con el supuesto homicida, los agentes investigadores acudieron al súper mercado Mega La Selva. Ahí supieron que, efectivamente, hasta junio de este año Luis Alberto N había laborado en el departamento de Farmacia. Incluso, les comentaron que también durante un mes estuvo trabajando un joven de nombre Joel Arturo.

Los directivos de este centro de trabajo proporcionaron los datos de Luis Alberto, quien fue localizado unos días después.

El joven de 20 años presentó su declaración ante el Ministerio Público el 21 de noviembre del 2008. Ahí, dijo que es homosexual, y que conoció a Joel Arturo desde hace cinco años a través “del Chat”.

Explicó que casi de inmediato inició una relación sentimental con Joel Arturo, y que incluso estuvieron viviendo juntos durante algunos meses, pero después comenzaron a tener problemas porque, según el declarante, Joel era muy infiel. Eso ocasionaba constantes discusiones, rompimientos y reconciliaciones.

Según Luis Alberto, la madre de Joel estaba de acuerdo en su relación, por lo que nunca tuvieron problemas en ese aspecto, e incluso él estuvo viviendo en ese departamento de Teopanzolco después de que ella se fue a Estados Unidos, hace aproximadamente dos años.

Sin embargo, desde hacía meses que sólo se comunicaba con Joel por teléfono y por correo electrónico, siendo 25 días antes la última vez que habló con él, pero ya cambió de número.

La entrevista con este joven no aportó mucho en la búsqueda de la mujer supuestamente desaparecida, pero sí permitió saber algunos detalles de la vida de Joel y su madre.

Supieron que ella estuvo casada con el señor Joel durante diez años, pero después se divorciaron. Él se fue a vivir a Civac, y ella se quedó en el departamento de ambos con su hijo Joel, hasta que “se fue a Miami”.

Padre e hijo mantenían comunicación en forma regular, así que la investigación se enfocó a localizar a cualquiera de los dos, pues ambos tenían llaves del departamento donde –según la denuncia anónima- estaba el cadáver de la mujer ”en una olla de tamales”. 

La localización del propietario del departamento no fue nada fácil. Los agentes policiacos tuvieron que ir hasta el poblado de Coahuixtla, municipio de Amacuzac, de donde son originarios Joel y Gumercinda.

Ahí les confirmaron que ambos salieron del pueblo después de contraer nupcias, que tuvieron un hijo pero que se divorciaron tras diez años de matrimonio, quedando el menor bajo la custodia de la madre en un departamento de la Unidad Habitacional Teopanzolco, propiedad de don Joel.

Sin embargo, hacía dos años que no sabían de la señora Gumercinda, pero su hijo Joel aseguraba que estaba en Miami, Estados Unidos. El esposo iba periódicamente a visitar a sus familiares a Coahuixtla.

El 23 de noviembre del 2008 el hombre fue a Coahuixtla y se enteró de que habían ido a buscarlo agentes de la Policía Ministerial que investigaban el paradero de su ex esposa. “Mejor preséntate en la Procuraduría, no te vayan a involucrar en un delito”, le sugirió su madre.

Y así lo hizo, el lunes 24 se apersonó en la Fiscalía Especial de Homicidios contra Mujeres. Ahí le informaron que estaban investigando la desaparición de Gumercinda. Él les comentó que tenía muchos años de no verla, pero que esto era normal porque habían roto cualquier vínculo entre ellos.

Tras su declaración, la agente del Ministerio Público le preguntó: “¿Estaría usted dispuesto a abrirnos su departamento para hacer una inspección?”, y el hombre contestó afirmativamente.

Agentes del Ministerio Público y policías, así como personal de servicios periciales, se trasladaron hasta el departamento marcado con el número 402 del edificio 12 en la Unidad Habitacional Teopanzolco. Ahí encontraron, en el patio de servicio, una enorme olla metálica de las que se usan para coser tamales, y en su interior,  abundante carne en estado de descomposición. Sin embargo, pudieron notar que el proceso de putrefacción y el mal olor habían sido aminorados por la presencia de cal en grandes cantidades.

Don Joel buscó a su hijo y lo convenció de que se entregara a las autoridades. Ya en la Procuraduría, el muchacho narró que  “unos días antes del día de muertos” del 2006, él tuvo una discusión muy fuerte con su madre, a tal grado que ella lo corrió del departamento. Él le pidió tiempo para buscar a dónde irse, pero al otro día su madre llegó con su novio Salvador y, según su dicho, ambos lo reprendieron.

Fue por ello que, una mañana, él ya no aguantó más y tomó un cuchillo con la intención de cortarse las venas para suicidarse, encerrándose en su cuarto. Ella se dio cuenta y estuvo golpeando la puerta hasta que él abrió. En cuanto quitó la cerradura, ella se abalanzó sobre él a golpes e insultos.

“Se puso como loca. Decía que si ella me había dado la vida sólo ella tenía derecho a quitármela. Entonces tomó el cuchillo que yo había llevado al cuarto y me quería cortar, yo sólo me cubría con las manos. Luego sujeté el cuchillo y traté de quitárselo, forcejeamos un rato, ella jalando hacia su lado y yo hacia el mío, hasta que ya no tuve fuerzas y lo solté. Entonces ella con la fuerza que lo jaló se lo encajó en el estómago. Me dijo gritando: “ya ves lo que hiciste”, y me siguió golpeando hasta que fue perdiendo fuerza y cayó al piso. Yo le saqué el cuchillo de la panza pero le salió más sangre. Yo no quería hacerlo. Fue un accidente”, declaró ante el Ministerio Público el joven que hasta hoy purga una condena en el Penal de Atlacholoaya.

 

Martes, 11 Febrero 2020 05:47

El implacable juez Leovigildo Martínez

El Juez Séptimo de Distrito con sede en Cuernavaca, José Leovigildo Martínez Hidalgo, es uno de los más respetados jueces federales en el estado de Morelos, no sólo por ser egresado de la máxima casa de estudios de Morelos (generación 1987-1993), sino porque ha pasado prácticamente toda su vida en el Poder Judicial Federal, iniciándose desde el nivel más bajo, que es el de oficial judicial, hasta llegar a ser titular de un Juzgado, sin perder nunca su sencillez y trato amable.

Toda esa experiencia le ha servido para que cada una de sus sentencias sean unos verdaderos “tratados de derecho constitucional” por la pulcritud con que son redactadas y la contundencia de sus afirmaciones, a prueba de cualquier recurso de revisión.

Recientemente llegó a nuestras manos un expediente de amparo en el que por la simple redacción advertimos que el autor no podía ser otro que el implacable Juez Leovigildo Martínez. Se trata del amparo 837/2019 contra actos de la presidenta del TSJ al nombrar a la magistrada Elda Flores León para integrar la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, acto que fue reclamado por el magistrado Juan Emilio Elizalde Figueroa.

En su sentencia, el juez federal consideró que dicha sesión donde se llevó a cabo el nombramiento no reunió los requisitos que para su integración y poder de decisión establecen los numerales 86, 93 de la Constitución Política del Estado de Morelos, 27 párrafo segundo, 28 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos y 17 de su Reglamento.

En su argumento, el juez federal sostiene que "el Pleno del tribunal es la máxima autoridad del Poder Judicial del Estado" el cual "se constituye por su presidente y 18 magistrados" y que las sesiones y deliberaciones que se efectúen "serán tomadas por mayoría de votos y tendrán validez con la asistencia de por lo menos las dos terceras partes de los magistrados", es decir 12 magistrados.

Precisó que de acuerdo con la Ley Orgánica invocada,  los integrantes de la Junta de Administración y Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial serán designados por el Pleno del Tribunal y que de ser el caso, prevé un mínimo de integrantes para poder dotar de validez a las sesiones y deliberaciones que efectúa dicho órgano colegiado.

“En efecto, tales disposiciones legales establecen que el Pleno del Tribunal es la máxima autoridad del Poder Judicial del Estado, se constituye por su Presidente y Magistrados (dieciocho Magistrados), que las sesiones y deliberaciones que se efectúen serán tomadas por mayoría de votos y tendrán validez con la asistencia de por lo menos las dos terceras partes de los Magistrados, (doce magistrados) empero, ello, implica no solo que al inicio de la sesión se haya declarado el quórum sino también que al momento de la votación del acuerdo exista cuando menos las dos terceras partes de los magistrados emitiendo su voto ya sea a favor, en contra o absteniéndose, lo que no se puede comprender de otra forma, ya que aceptar la forma de como la Magistrada Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, aprobó el acuerdo de designación de un Magistrado y un Juez de Primera Instancia para integrar la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, con tan solo nueve magistrados, pretendiendo que la decisión la tomó el Pleno del Tribunal, caería en el extremo, de que las decisiones del Pleno del Tribunal, a decisión unilateral de su presidente, incluso se puedan tomar con un quórum no establecido por la ley”, advierte el juez federal.

En el considerando séptimo, el juez expresamente resuelve la concesión del amparo por haber quedado demostrado que el acto reclamado es violatorio de los derechos humanos. Cabe mencionar que es el cuarto amparo de la justicia federal que confirma la ilegalidad en la que fueron designados los hoy integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial.

El juez fue tan analítico que al principio de la sentencia establece que por lo que respecta al acto reclamado a la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII en relación con los diversos 1, fracción I, 5, fracción II y 108, fracción III, a contrario sensu; todos de la Ley de Amparo, en virtud de que dicha secretaria únicamente funge como fedataria de las actuaciones que realiza el Pleno del citado Tribunal, mas no como autoridad que por su sola actuación se le pueda reclamar algún acto de molestia.

Luego, rebatió el argumento de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos,  quien al rendir su informe justificado, adujo que el presente juicio deviene improcedente, al sostener que las autoridades señaladas como responsables, no tienen ese carácter para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo.

“No le asiste la razón a la responsable en mención, al aducir que la resolución mediante la cual, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, lleva a cabo el nombramiento del Magistrado y Juez integrantes de la Junta de Administración y Vigilancia del Poder Judicial, constituye un procedimiento interno que deriva de las características de autogobierno, autonomía e independencia de la que gozan todos los órganos estatales”.

“Es decir, tal determinación por el interés público que reviste, a fin de que dicha designación recaiga en personas honorables, capaces y eficientes, por ello, el promovente, al haber acreditado ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia y por ende, con derecho a integrar el Pleno para efectos de la designación de los integrantes de la aludida Junta, o incluso contender para su designación, es que cuenta con interés para acudir al juicio de amparo, y en su caso, reclamar que el procedimiento de designación no se llevó de acuerdo a la normatividad aplicable.

“Esto es, la determinación emitida en la sesión reclamada, sí está creando una situación jurídica que vulnera los derechos fundamentales del quejoso, quien puede involucrarse en las decisiones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia de la Entidad, pues de lo contrario, no existiría medio de defensa que permitiera combatir las determinaciones ahí tomadas”, agrega.

Y remata:

“En esta tesitura, al quedar demostrado que el acto reclamado es violatorio de los derechos humanos que invoca la parte quejosa, procede concederle el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable Presidente e integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dejen insubsistente el acta de sesión ordinara de Pleno celebrada el tres de junio de dos mil diecinueve, únicamente en la parte que determinó la votación para designar a los integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial y en su lugar emita otra en la cual deberá observar lo establecido en el artículo 92-A de la Constitución Política del Estado de Morelos, en el entendido que deberá no sólo requerir a la totalidad de los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal a efecto de declarar la existencia de quórum legal, sino también para llevar a cabo dicha votación”.

Más claro, ni el agua.

HASTA MAÑANA.

Lunes, 10 Febrero 2020 05:20

La ineficacia de los juicios políticos

Morelos es el más vivo ejemplo de que los juicios políticos sirven para todo, menos para sancionar a los responsables de acciones u omisiones en perjuicio de la ciudadanía. Fuimos testigos de los procedimientos en contra de Jorge Carrillo Olea y Sergio Estrada Cajigal Ramírez y podemos asegurar que, al final, los argumentos en su contra se diluyeron, lo mismo que pasará con el pretendido juicio político que le incoarán a Graco Ramírez.

Y es que debemos entender que este instrumento más que jurídico es político, es decir, no importa tanto los argumentos objetivos, sino la carga política-partidista en contra de determinado funcionario.

Por eso el jurista Elizur Arteaga lo considera un procedimiento de excepción, porque se sigue a funcionarios que están al margen del sistema ordinario de persecución y castigo de ilícitos y porque el Congreso sólo en forma aislada y ocasional abandona sus funciones naturales de legislar, vigilar y ratificar y se aboca a la tarea de juzgar. Es un juicio entre pares; la misma clase de gobernantes juzga a uno de sus miembros.

“Dada su naturaleza política en su sustanciación y sanción no se cuenta con la certeza que brindan los tipos penales. La sanción de ciertas conductas depende de los criterios imperantes entre los miembros de las Cámaras respectivas; a diferencia de la precisión y objetividad de los tipos que imperan en materia penal”, señala.

Más claro: no importa que el acusado sea un delincuente o el peor de los servidores públicos; si tiene a los diputados de su lado (como en su momento los tuvo Graco Ramírez) el juicio político le hará “lo que el viento a Juárez”. En el otro extremo (como ocurrió con Carrillo Olea y Sergio Estrada) si existe línea para perjudicarlos, el procedimiento seguirá aunque al final termine con sanciones de risa.

Mucha gente se quedó con la idea de que a Jorge Carrillo Olea le incoaron juicio político por haber permitido los secuestros en Morelos, pero en el expediente no hay tal. Una de las causales era haber designado a Fernando Blumenkron como encargado de despacho de la Procuraduría de Justicia sin haber cumplido la edad requerida.

Hace unos días reproducimos la crónica de aquella sesión del Tribunal Superior de Justicia  cuando los magistrados exoneraron a Sergio Estrada Cajigal, y no porque los miembros del Poder Judicial hayan sido comprados por el entonces gobernador, sino que jurídicamente no existían los elementos para sancionarlo.

Ese juicio político debió haber sido detenido desde el Congreso, pero como había línea para perjudicarlo los diputados votaron a favor de que se iniciara el procedimiento.

Esto viene a colación porque los diputados del Congreso de Morelos anunciaron el lunes pasado el inicio del proceso de juicio político en contra del exgobernador Graco Ramírez y dos de sus exsecretarios de Hacienda, Jorge Michel Luna y Adriana Flores Garza.

Quizás los lectores piensen que Graco será juzgado por todos los millones que se robó, pero ¿Qué creen? Lo único que le están imputando es no haber entregado (en los plazos en que lo tenía que hacer)  los recursos a la Fiscalía General del estado, al Tribunal Electoral y al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC).

Y como decíamos al principio, un juicio político sirve para todo menos para sancionar a los servidores públicos. Por ejemplo, servirá para que aparezcan mucho en medios de comunicación algunos diputados como Pepe Casas o Alejandra Flores Espinoza.

Esta última, se aventó el siguiente discurso:

“Para el grupo parlamentario de Morena resulta de primordial interés cumplir con uno de los principales compromisos que hicimos con la ciudadanía, de no dar tregua en el combate a la corrupción ni a la impunidad. Por eso en esta legislatura daremos especial seguimiento en la solicitud de juicio político en contra de exfuncionarios de la anterior administración estatal, y que están relacionados al posible desvío de recursos”.

En realidad, la denuncia que presentó la consejería jurídica del Gobierno del Estado, a cargo de Samuel Sotelo Salgado, el 27 de septiembre pasado, es porque se retuvieron (nunca dice que se lo hayan robado) alrededor de 200 millones de pesos correspondientes al ejercicio presupuestal 2018 a la FGE y, los cuales, obtuvo supuestamente de la desaparición de dos fideicomisos, como el de Turismo (FITUR) y el Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp).

Durante la rueda de prensa que brindaron 13 legisladores morelenses, se expuso que estas acciones del gobierno de Graco Ramírez pudieron derivar en consecuencias graves para la población del estado y “tuvo una clara intención de causar crisis para la democracia al debilitar, en pleno año electoral, al Impepac quien vigilaría las elecciones”.

¿Declararán procedente este juicio político? Lo más seguro es que sí, pues al parecer fue parte de las negociaciones con el Poder Ejecutivo para la repartición del presupuesto, y a los diputados no les cuesta nada levantar la mano para que el procedimiento siga su cauce legal. Si al llegar al Tribunal Superior de Justicia (Jurado de Sentencia) se desvanecen los argumentos jurídicos ya no será culpa de ellos.

Y seguramente algunos mal pensados dirán que por eso Graco les regaló a los magistrados 20 años de permanencia en el cargo. Lo dudamos mucho. Si los magistrados se la perdonan a Graco no será por ese regalo sino por las inconsistencias en la demanda.

De todos modos, a estas alturas una inhabilitación por 10 años para ocupar cargos públicos le causará a Graco sólo una estridente carcajada, pues de todas las transas que hizo (y que supuestamente están contenidas en 60 denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción), jurídicamente sólo le podrán cuadrar el haber sacado una camioneta con dinero del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado sin tener los requisitos legales para hacerlo.

Así las cosas, preparémonos para el show mediático que se avecina con “el juicio político a Graco”, para que los periodistas tengamos de qué escribir y los ciudadanos de Morelos tengan de qué hablar en las cafeterías, cuando hay temas mucho más importantes y sobre todo, preocupantes, como es el asesinato sistemático de empresarios y comerciantes por no pagar el “derecho de piso”.

HASTA MAÑANA.

 

 

Viernes, 07 Febrero 2020 05:26

La caja de la discordia

A finales de los noventas un grupo de profesores lograron cristalizar una idea que habían venido maquinando desde tiempo atrás: contar con una caja que les permitiera ir haciendo un ahorro y de ahí mismo financiarse préstamos con intereses muy bajos. Así nació la “Cooperativa de Ahorro y Préstamo del Magisterio de la Sección 19 del SNTE”, protocolizada ante notario público el 3 de septiembre de 1997.

Durante los primeros años todo fue “miel sobre hojuelas”, pues al ser reconocida por la parte patronal, es decir, el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos ((IEBEM) la dependencia se encargaba de hacer los descuentos a los trabajadores y pagarle a la cooperativa.

Parte de ese éxito se debía al liderazgo de uno de los fundadores, el profesor Pedro Pino Flores, quien hizo tan buena administración que los profesores nunca permitieron que dejara la presidencia del Consejo de Administración.

Pero como nada es eterno, el profesor Pino Flores dejó de existir en octubre del 2018, y ahí comenzaron los problemas. Nos referimos a los problemas políticos, porque los conflictos legales habían comenzado desde antes, cuando el IEBEM ya no quiso hacer los descuentos a los trabajadores.

Contra esa negativa, la cooperativa interpuso una demanda exigiendo el cumplimiento de un convenio firmado por el IEBEM el 14 de junio de 2013, misma que quedó radicada en el Juzgado Octavo del Primer Distrito Judicial.

Este procedimiento actualmente se encuentra con sentencia definitiva de segunda instancia, conducto por la que condena nuevamente al IEBEM al cumplimiento del convenio celebrado con la cooperativa, sentencia que fue recurrida por el IEBEM mediante juicio de amparo, toda vez que lo condena al pago de los daños y perjuicios ocasionados por la no aplicación de los descuentos a la nómina de sus trabajadores, sentencia que se encuentra pendiente por resolver por parte del Tribunal Colegiado.

Pero también se inició otra demanda en el Juzgado Cuarto Civil, exigiendo medidas precautorias contra el incumplimiento del mismo convenio, y aquí se logró que el juez ordenara al IEBEM recibir los movimientos por parte de la cooperativa respecto a sus trabajadores, socios de dicha cooperativa, y que aplique a la nómina de los mismos los conceptos “CH” y “CA”, y que una vez hecho lo anterior se proceda a depositar en la cuenta de la cooperativa las cantidades retenidas o descontadas.

Sin embargo no se ha logrado ejecutar la misma a pesar de las múltiples ocasiones en que la autoridad ha requerido al Instituto su cumplimiento, con diversos apercibimientos entre las que se encuentra el proceder con la ejecución forzosa en contra del director general de dicho Instituto, apercibimiento que incluye una multa de 700 veces la unidad de medida y actualización, así como dos órdenes de arrestos, decretadas en contra del director del IEBEM, ordenes que se encuentran impugnadas mediante sendos amparos.

Por si fuera poco, la autorización solicitada por la cooperativa ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le fue negada y actualmente se encuentra pendiente de resolver, ya que existe una impugnación ante la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regularización, en la Ciudad de México.

Ante el fallecimiento del presidente del Consejo de Administración, profesor Pedro Pino Flores, en octubre del 2018, la cooperativa se vio en la necesidad de elegir a un nuevo presidente, pero aquí vino la escisión al interior de la misma.

Por un lado, el Consejo de Administración elige a la maestra María Nieves Maldonado Rendón mediante un proceso apegado a los estatutos que rigen a la cooperativa. Cuando se hace del conocimiento a los profesores Pedro Herrera Trinidad y Mercedes Ortega Ruiz que el procedimiento se llevaría a cabo en los términos que marca la Ley General de Sociedades Cooperativas, es entonces que en conjunto con un grupo de profesores construyeron de manera ilegal una asamblea supuestamente de delegados socios, plagada de irregularidades.

El consejo de administración presidido por la maestra Maldonado Rendón toma la decisión de entablar un Juicio de Nulidad ante la autoridad competente, por el cual  la autoridad en base a las irregularidades que presenta el documento que se generó de la asamblea lo declare nulo, un procedimiento que actualmente se encuentra en su curso legal.

También, en el juicio que se menciona se ha otorgado a favor de la cooperativa y en contra del señor Pedro Herrera Trinidad la admisión de una medida precautoria por la cual se ordena que se abstenga de ostentarse como presidente del consejo de administración.

Sin embargo, Pedro Herrera Trinidad, haciendo mal uso del documento antes mencionado, se presentó ante la Sala Especializada en donde se analiza la autorización de esta cooperativa para continuar realizando actividades de ahorro y préstamo y pretendió sorprender a la autoridad intentando desistirse del procedimiento. Sin embargo, la autoridad no lo permitió y tomó la decisión de pedir informes a la autoridad que hoy conoce de la nulidad de la asamblea donde supuestamente fue electo, informe que se encuentra en curso.

El pasado sábado, un grupo de personas encabezadas por el profesor Pedro Herrera Trinidad irrumpieron en las instalaciones de la cooperativa ubicadas en la calle Leyva del Centro de Cuernavaca y tomaron por la fuerza la sala de espera, donde están pernoctando desde entonces. El Consejo de Administración que encabeza la profesora María Nieves mantiene el control del resto de las instalaciones.

Ayer se dio una inusual conferencia de prensa: primero Pedro Herrera acusó a la maestra Nieves de estar usurpando la presidencia y de hacer mal uso de los recursos financieros y se dijo hostigado por la policía municipal y ministerial, además de amenazado.

En la planta alta, Nieves Maldonado Rendón ofreció su propia conferencia de prensa, donde dijo que el profesor Pedro Herrera Trinidad ostento por 22 años el cargo de consejero de la Cooperativa, y se vio beneficiado por la misma, y es hasta ahora que ya no está el profesor Pino Flores para defenderse, cuando asegura que hay corrupción.

Recalcó que Pedro Herrera no ha podido conseguir la presidencia de la cooperativa por la vía jurídica, y es por eso que recurre a métodos violentos, como la toma de las instalaciones, pero que no van a caer en provocaciones y esperan muy pronto normalizar sus actividades al público.

HASTA EL LUNES.

 

Jueves, 06 Febrero 2020 05:31

Hace exactamente 14 años

La secretaria de Acuerdos Melva Ocampo dijo las esperadas palabras “se absuelve al ciudadano Sergio Estrada Cajigal Ramírez”. Era el fin de una exoneración anunciadísima. Los magistrados se retiraron apresuradamente aprovechando que los reporteros se arremolinaban en torno a Luis Edgardo Gómez Pineda, quien ya había recibido el primero de muchos abrazos, y ese fue de Javier López. 

El reportero del Regional y la compañera Tlaulli Preciado avizoramos al fondo del recinto al presidente Ricardo Rosas Pérez, quien contenía el impulso de salir huyendo consiente de que sería alcanzado por la turba.

“El Pleno del Tribunal Superior de Justicia aprobó por unanimidad el proyecto de sentencia de la Comisión Instructora del Juicio Político”, nos contestó.

-¿Esto que significa? - cuestionamos.

-Que el Tribunal Superior de Justicia absuelve al gobernador del estado de los cargos imputados por el Congreso Local- repuso.

- ¿Por qué?- fue la otra pregunta inmediata.

- Porque hubo deficiencias en el planteamiento original, porque las pruebas que se aportaron fueron insuficientes y porque no se adecuaron los hechos a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos- respondió.

No había más qué decir ni qué preguntar. Luis Edgardo Gómez Pineda salía sonriente, acompañado de un grupo de jóvenes, todos impecablemente vestidos como buenos abogados. No lo subieron en hombros porque no habría cabido en el elevador, pero la euforia era incontenible.

Los diputados de oposición ya se habían ido rumiando sus inconformidades, los abogados escucharon el veredicto desde la entrada del salón de plenos y fueron los primeros en salir del recinto. Eran las siete y media de la noche.

Todo había comenzado a las 11 de la mañana en punto de ese miércoles 29 de marzo de 2006, cuando los 13 magistrados numerarios y tres supernumerarios se instalaron en sus asientos y se dispusieron a escuchar la lectura de unas mil fojas que conforman tan sólo la sentencia.

El recinto casi se llenó con abogados, diputados, algunos reporteros nacionales y todos los del estado. Muchos tripies fueron instalados a los lados y micrófonos colgados en las bocinas.

Y Melva Ocampo comenzó a leer. Pasó una hora y seguía leyendo, pasaron tres y seguía dando lectura al expediente. Los asistentes salieron a estirar las piernas con la esperanza de que al volver el asunto estuviera terminando, pero no fue así. Eran las cuatro de la tarde y seguía leyendo, pero el contenido de su lectura ya había provocado reacciones.

“¡No puede ser! ¡Montiel era un santo! ¡Hay que hacerle un monumento!”, decía Carlos de la Rosa Segura. “Están suplantando a la defensa de Montiel”, decía otro abogado.

“Pinches magistrados, lo que hacen por conseguir su perpetuidad”, se escuchaba afuera.

Melva (a quien ya consideran firme candidata a magistrada por su estoicismo al leer durante seis horas seguidas) terminó la lectura y el magistrado presidente dio la palabra a los diputados. Guillermo López Ruvalcaba y Cecilio Xoxocotla improvisaron sendas piezas de oratoria en las que hablaron de la fabricación de delincuentes por parte de Montiel (haciendo mención que apenas un día antes uno de sus escoltas –Freyre- fue consignado por secuestro,  y la omisión del gobernador). Ellos sabían que sus discursos no serían tomados en cuenta porque la etapa de pruebas había concluido, pero no quisieron irse sin pedir a los magistrados que antes de emitir su veredicto pensaran en sus hijos y sus nietos.

Luis Edgardo Gómez Pineda dio lectura a un discurso que traía previamente preparado. Habló de la inocencia de su jefe y los intereses políticos que movieron a los promoventes del juicio. La procuradora Claudia Aponte habló pero no dijo nada, sólo fue a lucir su traje sastre.

Después vino el desalojo. Respetuosamente, personal del Tribunal pidió a los presentes abandonar el recinto. Los reporteros de televisión aprovecharon para hacer sus entrevistas afuera, pero un empleado amenazó: “vengan por sus tripies o se los tendremos que sacar nosotros”.

Como los camarógrafos estaban tomando entrevistas no le hicieron caso, y los empleados cumplieron la amenaza. “Es que los magistrados creen que puede haber grabadoras escondidas en los tripies”, confió uno de los elementos de seguridad.

Y de ahí vino la espera. Los minutos pasaban y la puerta del Salón de Plenos seguía cerrada. Los reporteros ocupaban escaleras y escritorios secretariales para descansar.

“Ya vienen los bocadillos”, anunció el diligente secretario particular del presidente. Minutos después llegó Herminio (el chofer del presidente) con un bonche de refrescos. Ya cuando la impaciencia apremiaba aparecieron empleados con charolas de bocadillos que supuestamente eran para la prensa, pero abogados y empleados de la Consejería dieron cuenta de los canapés con singular rapidez.

El ex consejero jurídico (y aspirante a notario, dicen), se enfrascaba en una discusión con el abogado Juan Juárez Rivas. “Les agradezco que hayan hecho esto, porque no saben cómo me sirvió como experiencia”, decía Luis Edgardo.

Y así dieron las siete y media de la noche. La puerta se abrió y la turba entró al salón de plenos, y la secretaria de acuerdos comenzó a leer el veredicto sin dar tiempo a instalar tripies.

Después de la lectura de la sentencia absolutoria abandonamos todos el recinto. Quien esto escribe buscó a un magistrado que nos dijera qué había pasado durante esas tres horas que permanecieron a puerta cerrada.

“No se fue igual la sentencia, le hicimos cambios. Varios compañeros coincidimos en que el proyecto estaba muy cargado a favor de Montiel, al grado de que, en caso de que se aprobara como estaba, la sentencia podría ser utilizada por la defensa de Montiel en su proceso penal”.

Entonces supimos que en ese lapso habían cambiado parte del proyecto, básicamente donde los magistrados de la Comisión Instructora desglosaban las pruebas en contra de Montiel y echaban abajo una a una, además de destacar los motivos por los que fue designado jefe de la Policía Ministerial.

-Se extralimitaron en su defensa a Montiel- cuestionamos.

- Sí, se extralimitaron- contestó el funcionario que pidió el anonimato.

Camino al periódico reflexionábamos sobre todo lo que gastó el gobierno del estado, tanto el gobernador como el Congreso y también el Poder Judicial, en llevar a cabo un juicio político que al final no llevó a nadie a ninguna parte, y que el que salió perdiendo fue todo el estado de Morelos.

HASTA MAÑANA.

Miércoles, 05 Febrero 2020 05:27

“Lo toma o lo deja”

“Lo toma o lo deja”, fue la frase que escuchó Amalia Hernández, en voz del doctor Lozano, cuando en 2013 le dijeron que aquel cadáver era el de su sobrino Oliver, y al parecer fue la misma frase que recientemente escucharon los familiares del joven Jonathan por parte de los servidores públicos de la misma Fiscalía, la Regional Oriente, cuando les mostraron un cuerpo que se parecía a su familiar.

En el primer caso los familiares de Oliver no se lo quisieron llevar y exigieron una prueba de ADN; en el segundo caso, ocurrido apenas el pasado 14 de enero, los parientes decidieron recogerlo para darle cristiana sepultura, sin saber que en realidad ese cadáver no era el de Jonathan, quien había desaparecido días antes.

La familia de Jonathan actuó como la mayoría de las que sufren la pérdida de un ser querido: no quieren saber cómo murió, sólo quieren enterrarlo y pedir por su eterno descanso. “Por lo menos ya sé a dónde venir a rezarle”, suelen decir.

Oliver fue la excepción a la regla. Su madre y su tía no repararon en el tiempo y dinero necesarios para tener la seguridad de que ese cuerpo era de Oliver.

“Me pusieron mil peros. Primero me dijeron que no había de dónde obtener el ADN, y yo les dije que había visto un documental en el que sacaban el ADN de un hueso; entonces me dijeron que no había reactivos, que no había genetista, y así sucesivamente”, recordaba Amalia Hernández en breve plática con este columnista.

Ellas tuvieron que hacer los oficios de colaboración necesarios y correr con los gastos que fueron surgiendo, hasta que se logró identificar plenamente que los restos eran de Oliver.

Pero la Fiscal de la Región Oriente, Liliana Guevara Monroy, les pidió dejar un tiempo más el cadáver para realizar nuevas pruebas científicas “porque ya tenemos identificados a los responsables y tenemos que evitar que salgan libres, una vez que sean detenidos”, argumentó.

La familia decidió colaborar con la autoridad ministerial para que el crimen de Oliver no quedara impune, por eso accedieron a dejar un tiempo más el cuerpo de Oliver en la cámara frigorífica del Semefo de Cuautla.

“Posteriormente, la carpeta se la llevan a Cuernavaca, la tenía el licenciado Rodrigo Dorantes en ese entonces el fiscal, se la turnan a la licenciada Adriana Pineda junto con el licenciado Christian Vizuet. Dos o tres veces por semana yo iba a que se me diera información sobre las investigaciones que se iban realizando, a su vez yo preguntaba que pasaba con (el cadáver de) mi hijo Oliver, a lo que ellos siempre me contestaban que estaba aquí en el Semefo de Cuautla”, narró en aquel entonces la madre del occiso.

Pero en diciembre de 2014, un familiar acude al anfiteatro a cumplir una tarea como estudiante de Derecho y se entera fortuitamente que el cadáver de Oliver ya no está.

Más tarde le confirmarían que todo ese tiempo la estuvieron engañando, pues el cadáver de su hijo fue inhumado, junto con decenas de desconocidos, desde el 28 de marzo del 2014.

A partir de ese momento, la indignación de una madre y el deseo de darle cristiana sepultura a su hijo se convertirían en el motor de un incansable peregrinar con un desenlace que ningún servidor público pudo siquiera imaginar.

Y es que, después de obtener los restos de Oliver, las dos mujeres siguieron luchando para que se les diera una sepultura digna a los otros cadáveres con los que estuvo en la fosa irregular.

Así fue como se dio el escándalo de las fosas de Tetelcingo, un acontecimiento que llegó no sólo a medios nacionales, sino internacionales.

Tenemos bien presente cuando en transmisión en vivo desde Paris, Francia, donde acababan de ocurrir atentados terroristas, el famosísimo conductor Jorge Ramos presentó la información de esta manera:

“En los actos terroristas de los últimos días aquí en Francia murieron alrededor de 120 personas, pero en sólo una fosa clandestina en México se encontraron más de 150 cadáveres”.

Y a partir de antier el estado de Morelos volvió a ser noticia y otra vez por las deficiencias en el trato a los cadáveres en el Servicio Médico Forense.

La versión oficial de la Fiscalía General fue que la noche del 14 de enero, elementos del Servicio Médico Forense realizaron el levantamiento del cuerpo sin vida de un hombre en calidad de desconocido, localizado en la Calle No Reelección de la Colonia Centro del Municipio de Yautepec.

“De acuerdo al resultado de la necropsia de ley, se establece la causa de la muerte por infarto agudo al miocardio, no obstante lo anterior y ante la falta de familiares o conocidos que pudieran localizarse, los restos mortales fueron depositados para su resguardo en las instalaciones del Servicio Médico Forense para su preservación, en tanto se realizaba la identificación y se localizaban familiares”, dijo la dependencia a través de un boletín.

Fue en las primeras horas del 16 de enero, que se presentaron ante la Fiscalía Regional Oriente, dos hombres quienes dijeron ser el hermano y el medio hermano del occiso y que acudían ante la autoridad para reconocer y reclamar el cuerpo, que a su dicho, correspondía a su familiar.

“Ambas personas ingresaron al anfiteatro en donde reconocieron sin temor de equivocarse el cuerpo como el de su hermano, por lo anterior, aproximadamente a las 03:00 horas declararon ante el Ministerio Público el reconocimiento que realizaron, afirmando en todo momento que se trataba de su familiar”, agrega el boletín, echándole toda la culpa a los familiares.

Y recalca: 

“Es importante señalar, que las condiciones del cuerpo permitían realizar la identificación plena del mismo y que fueron dos familiares directos quienes realizaron el procedimiento y presentaron la documentación del finado, formalizando con ello la solicitud para poder disponer de manera libre de los restos mortales, toda vez que las causas de la muerte fueron del orden natural”.

Familiares de Jonathan refieren (sin que nos conste) que el personal del Semefo hizo caso omiso a sus comentarios acerca de determinadas características que su pariente tenía y éste cuerpo no las presentaba.

Cuerpos que están identificados y son inhumados como desconocidos, cadáveres que son entregados equivocadamente; y muchos más que permanecen sin ser reclamados. A eso nos ha orillado el incremento alarmante de personas fallecidas en los últimos años. Todos los días hay cinco o seis ejecutados, muchos de los cuales no son reclamados por familiares por temor a sufrir represalias o porque provienen de otras entidades.

Es entendible que no se dé abasto la Fiscalía para darle trámite a tantos cadáveres, y que la disposición final de éstos se esté convirtiendo en un verdadero problema sanitario.

Se requiere, por principio de cuentas, crear un Instituto de Ciencias Forenses como el que existe en Jalisco, con recursos financieros suficientes para crear la infraestructura necesaria y contratar los profesionistas que se requieran para dar respuesta a la creciente demanda de personas muertas en hechos violentos.

Pero mientras ello sucede, el fiscal general Uriel Carmona tiene que leerles la cartilla a sus subordinados para que no se vuelva a repetir este tipo de errores que hacen quedar mal a todo el gobierno de Morelos.

HASTA MAÑANA.

 

Martes, 04 Febrero 2020 05:36

“Sacaron el cobre”

Como si no fuera suficiente el conflicto al interior del Poder Judicial y al interior del Poder Legislativo, ahora los diputados de la LIV Legislatura se están enfrascando en un pleito contra la mayoría de los presidentes municipales, con acusaciones mutuas de corrupción y amenazas de hacer auditorías. En este pleito nadie sale limpio y el único que pierde es el pueblo.

Recapitulemos:

El lunes 27 de enero el Congreso local, con 43 días de retraso, aprobó el paquete económico para el gobierno del estado correspondiente al ejercicio fiscal 2020, por un monto total de 26 mil 801 millón de pesos. Con 20 votos a favor, los diputados aprobaron el presupuesto de egresos, la ley de ingresos y la miscelánea fiscal del gobierno estatal.

La diputada Rosalina Mazari Espín, presidenta de la Comisión de Hacienda, destacó la reasignación de un monto mayor a los 500 millones de pesos de la propuesta del presupuesto de egresos que presentó el Poder Ejecutivo para priorizar en rubros como salud, educación, campo, seguridad y apoyo a municipios.

Mazari Espín señaló un aumento de 10 millones para el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense (HNAM), que para este año contará con una partida de 240 millones 102 mil pesos.

Asimismo, se etiquetó un monto similar de 10 millones de pesos para el "Programa de Sustitución Renal Crónica por Insuficiencia Renal Terminal", que en total recibirá una partida de 35 millones 440 mil pesos; en tanto, para el "Programa de Atención al Dengue, Zika y Chikungunya" se destinaron 15 millones de pesos.

Atrás quedaron los dimes y diretes entre los diputados y diputadas, y de estos contra los funcionarios del Poder Ejecutivo. Como por arte de magia, los 20 legisladores dieron su aprobación.

Sin embargo, parece que algunos no quedaron tan conformes, pero decidieron no exhibirse como detractores del gobierno estatal, sino exclusivamente contra el que firma los cheques, es decir, Alejandro Villarreal Gasca. Primero, Marco Zapotitla quiso “amarrar navajas” diciendo que el comisionado de Seguridad Pública, Antonio Ortíz Guarneros, había acusado al secretario de Hacienda de no pagar el servicio de telefonía con el que funcionan las cámaras de videovigilancia.

José Casas González fue más allá, y le inició una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción por haberle otorgado cuatro millones de pesos de más a la Entidad Superior de Fiscalización y Auditoría, lo que según Pepe sería “un moche disfrazado”.

“Sin cuidado me tienen esas declaraciones... ellos sí saben de moches", le contestó Villarreal con una sonrisa que denota que algo sabe de los diputados pero no lo quiere decir. Por lo menos no en estos momentos.

Así las cosas, pareciera que salvo esos detalles, el legislativo quedó conforme con las negociaciones con el Ejecutivo, no así con los 36 municipios de la entidad.

“Se dice”, y solamente es un rumor, que en otros tiempos y en otros estados los diputados piden dinero en efectivo o plazas para su gente a los presidentes municipales a cambio de aprobarles sus presupuestos.

Nos consta que diputados de otras legislaturas han pedido plazas para sus allegados a cambio de ratificar magistraturas o aprobar presupuestos de Tribunales (el caso del abogado Abraham Romo es el más claro ejemplo).

En esta ocasión algo pasó y los alcaldes no se acercaron a ofrecer nada a los diputados, o a los legisladores que se atrevieron a pedir algo los alcaldes “los mandaron por un tubo”. El hecho es que no aprobaron su presupuesto para el 2020.

La justificación de los diputados es que los Ayuntamientos pretendían crear nuevos impuestos, lo que fue rechazado inmediatamente por los ediles quienes amenazaron con hacer movilizaciones y “paralizar el estado” (aunque después lo hayan negado y echado la culpa a los medios de comunicación, como siempre).

Ante ello, aquel diminuto hombre oriundo de la comunidad indígena de Tetelcingo, que a veces tenía que pedir prestado, hoy convertido en el mismo diminuto hombre pero con una cadena de oro bastante gruesa, reloj carísimo, lentes de oro, zapatos finos y que se traslada en una camioneta Tahoe, hizo la siguiente declaración:

“…porque el poder se ejerce, tendremos que llegar a la revisión minuciosa y pormenorizada de cómo están ejerciendo los recursos públicos los ayuntamientos de este estado, porque llama la atención ese silencio cómplice, porque no hay una sola solicitud de auditoría especial a ninguna administración anterior. Se duelen, se quejan de que no hubo recursos o de que los ayuntamientos salientes los dejaron con laudos y con varios adeudos pero casualmente no hay un solo presidente que nos haya solicitado practicarle una auditoría a la administración saliente (…) y a través del chantaje, la amenaza, la extorsión, la presión, no se va a obtener nada”.

Luego, en su discurso en la ceremonia oficial del inicio del periodo ordinario de sesiones, reiteró: “porque es tiempo de que sean las autoridades las que se ajusten el cinturón y no las familias morelenses”.

No tardó mucho tiempo para que el alcalde Agustín Alonso, en redes sociales, le contestara:

“Este diputado chismoso, altanero, simulador, hipócrita y de doble discurso nos cuesta más de 35 millones al año o sea 105 millones en 3 años. Casi lo que cuestan 9 municipios de los más pequeños en Morelos. Me gustaría que aceptaras diputado Zapotitla a debatir y veamos qué aprobaste del presupuesto y sin que te temblara la mano, sin pensar en el pueblo. Tengo todo los datos reales de tus votos en sentido afirmativo, conceptos que dan pena y te contradicen a tu discurso”. 

La manifestación de alcaldes se hizo, llevando a sus empleados como acarreados con recursos del erario, pero sin afectar a la población.

Del otro lado, los diputados siguen “montados en su macho”, sin ceder a las pretensiones de los alcaldes y amenazando con hacerles auditorías.

Algo se saben entre ellos, y seguramente se arreglarán tarde o temprano pero “en lo oscurito”, sin que los morelenses que votamos por ellos (aunque varios llegaron sin el voto de nadie) nos enteremos de los términos específicos en que resolverán sus diferencias.

HASTA MAÑANA.

Viernes, 31 Enero 2020 05:43

Libertad de Expresión

Durante muchos años a los periodistas nos mantuvieron “a raya” con denuncias ante la Procuraduría por difamación y calumnias, hasta que quitaron ese delito del Código Penal, pero conservaron la posibilidad de la demanda civil por daño moral, en la que los servidores públicos que se sientan agraviados por una publicación pueden exigir el pago de una indemnización.

Tal es el caso –a nivel nacional- de Humberto Padgett y Sergio Aguayo, éste último ampliamente difundido en los medios después de que la polémica Denisse Dresser fue a “La Mañanera” a pedir la intercesión del presidente de la República a favor del periodista, y de paso aprovechó para exigirle al mandatario que no permita el regreso de los tipos penales conocidos como difamación y calumnia.

En ambos casos los comunicadores fueron objeto de millonarias demandas tras publicar críticas a gente muy poderosa como Eruviel Ávila y Humberto Moreira, pero afortunadamente no han logrado consumar su venganza.

En octubre de 2018, el juez tercero de lo civil de primera instancia de Ecatepec, José Epitacio García, encontró culpables a Padgett y a una de sus fuentes informativas, pero sin precisar la cantidad económica a pagar, aunque el exmandatario solicitaba 10 millones de pesos como reparación.

Posteriormente en enero de 2019, la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, con sede en Ecatepec, ratificó la sentencia condenatoria.

La demanda derivó de la publicación que Padgett hizo en el libro “Los Suspirantes 2018”, editado en 2017 y donde escribió el capítulo denominado “Eruviel Ávila Villegas, Río de Luz”. Ahí refiere supuestos actos de pederastia en los cuales habrían estado involucrados el exgobernador y Onésimo Cepeda, exobispo de Ecatepec.

Fue mediante una demanda de amparo directo que recayó en el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito de lo Civil en el Segundo Circuito, donde se declaró infundada la sentencia.

Por otra parte, el 20 de enero de 2016 se publicó en el diario Reforma el texto en el que Aguayo denunciaba la pasividad de las autoridades mexicanas ante el combate a la impunidad y la corrupción en el caso del exgobernador de Coahuila. Tres días antes, Moreira había sido detenido en Madrid por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y cohecho —un mes después, fue puesto en libertad—.

En junio de 2016, Moreira demandó al académico, argumentando que había dañado su honor, por lo que desde entonces le exigía el pago de 10 millones de pesos para restañar sus “sentimientos, afectos, creencias, decoro y reputación”.

En marzo del año pasado un juez falló a favor de Aguayo y concluyó que el profesor Moreira “no acreditó su acción” del presunto daño moral, ante lo cual Moreira presentó un recurso de apelación, que resolvió a su favor la sexta sala civil.

Tras el pronunciamiento de Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que no se va a criminalizar a periodistas por ejercer su libertad de expresión, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció que atraerá el amparo promovido por Aguayo.

“El ministro Gutiérrez Ortiz Mena, asumió la atracción del amparo directo 906/2019, promovido por Sergio Aguayo, contra la sentencia de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, al considerar que la sentencia que lo condena a la reparación de daño moral al exgobernador Humberto Moreira es violatoria de la libertad de expresión”, publicó la SCJN en su cuenta de Twitter.

Pero en Morelos también hay casos similares.

A finales de junio del año antepasado, fui notificado de que hay una demanda en mi contra por daño moral interpuesta por un ex policía del Mando Único, quien exige el pago de tres millones de pesos por concepto de reparación del daño moral y psicológico que dice haberle causado una nota que escribí y que se publicó en la página de internet del periódico El Financiero el 28 de abril del 2016.

La nota refiere que “elementos de la Unidad Especializada contra el Secuestro (UECS) detuvieron a dos miembros en activo de la Policía del Mando Único por su presunta relación con el crimen organizado, y que habrían confesado su participación en el homicidio de la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota Ocampo”.

Quizás algunos compañeros recuerden que esa noticia fue publicada por todos los medios de comunicación, ya que fue dada a conocer por el entonces secretario de gobierno, Matíaz Quiroz Medina, e incluso hubo una conferencia de prensa que dieron el entonces comisionado de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra y la titular de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS) Adriana Pineda Fernández.

Por razones que desconocemos, la Fiscalía General de Justicia retiró los cargos a uno de los policías, por lo que obtuvo su libertad semanas después de su detención.

Con esa resolución, el elemento policiaco presentó la demanda en mi contra, no así en contra del periódico que la publicó.

El 4 de julio del 2018 presenté mi contestación de demanda dentro del expediente 221/2018 que quedó radicado en el Juzgado Décimo Civil de Cuernavaca, incluso solicité que se citara como testigos a reporteros que también manejaron esa información.

Hubo necesidad de gastar en abogados y peritajes psicológicos para demostrar que, si bien la nota en mención le afectó en su ámbito laboral, nunca hubo dolo por parte del reportero, quien sólo cumplía con su trabajo.

Quizás la culpa no sea del ex elemento policiaco, sino de su abogado, un ex policía judicial que incluso estuvo detenido como sospechoso de haber matado a su pareja, y que lo ilusionó  con la idea de obtener tres millones de pesos, como si los reporteros tuviéramos sueldos que nos permitan reunir esa cantidad.

Legalmente la Juez debió haber declarado improcedente la demanda, pero “se sacó de la manga” una resolución absurda en la que ordena la reposición del procedimiento, y que además de quien escribió la nota, también se llame a juicio al medio de comunicación que lo publicó.

Pero hasta ahora el abogado no ha podido emplazar al periódico El Financiero para empezar todo de nuevo.

HASTA EL LUNES.

Jueves, 30 Enero 2020 05:38

Capella vs. Dorantes

Nunca hubo buena relación entre el entonces fiscal general Rodrigo Dorantes Salgado y el comisionado de Seguridad Pública Jesús Alberto Capella Ibarra, pero el asunto se convirtió en conflicto a partir del 25 de marzo del 2015, cuando escoltas del hoy titular de la SSP en Quintana Roo golpearon y robaron a un grupo de jóvenes que salían de una fiesta celebrada en una casa aledaña a la residencia del funcionario.

Cuando Capella quiso resolver el asunto “en corto”, ya los nombres de los policías agresores y detalles de los hechos estaban en manos de la prensa. Capella responsabilizó de ello a Rodrigo, ya que los únicos que sabían de la denuncia eran los agentes del MP que la iniciaron y los policías ministeriales que realizaron la investigación. “Esto no se va a quedar así”, le advirtió el tijuanense al fiscal general.

“Disminuye en Morelos la incidencia delictiva”, tituló la Secretaría de Información y Comunicación Social del Gobierno estatal un boletín enviado a los medios el 2 de junio de ese año, derivado de una reunión en la oficina del secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, a la que asistieron el fiscal Rodrigo Dorantes y el comisionado Alberto Capella, cada uno acompañado por la persona responsable del manejo de estadísticas en su respectiva dependencia. También estuvo presente el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Rafael Gómez Olivares, quien manejaba una especie de “Cisen en chiquito”.

Pero el boletín y las fotografías que se difundieron de la “amigable reunión” estaban muy lejos de reflejar lo que realmente sucedió. Testigos del encuentro lo definen como “un agarrón” entre las dos instituciones en el que sus respectivos titulares salieron visiblemente molestos.

La causa del altercado fue que Alberto Capella no aceptaba las cifras que la Fiscalía General estaba presentando como incidencia delictiva, pues estas diferían notablemente de las que ellos tenían, por lo que exigía que se tomaran como oficiales las suyas y no las de la Fiscalía.

“Pues estas son las cifras reales que surgen de las carpetas de investigación iniciadas en las agencias del Ministerio Público”, sostuvo la responsable de la Dirección de Información Criminógena.

El tijuanense montó en cólera. “Quién se cree que es usted para poner en riesgo toda una estrategia de seguridad”, le espetó a la servidora pública.

“Esos son los datos reales y no los vamos a cambiar”, intervino Rodrigo Dorantes.

Pero el pleito Dorantes-Capella ya se había iniciado y no cabían los dos en el gabinete.  “La gota que derramó el vaso” fue el caso de un elemento de la Policía del Mando Único detenido por agentes de tránsito acusado de participar en el asalto a una casa de la colonia Gualupita de Cuernavaca.

Esa noche, 25 de julio del 2015, sujetos armados entraron a una casa donde se desarrollaba una fiesta y asaltaron a los invitados, y luego escaparon a bordo de un Chevy blanco. Las víctimas pidieron ayuda a la Policía y unos agentes de tránsito encontraron un vehículo con esas características, en el que viajaban dos hombres, uno de ellos armado.

Muy pronto, la versión de que policías del Mando Único habían participado en el asalto a una fiesta corría “como reguero de pólvora” ante la satisfacción del fiscal Rodrigo Dorantes. Pero resultó que las víctimas no reconocieron a los detenidos y ante la falta de elementos la juez oral tuvo que dejarlos en libertad el 28 de julio.

Al otro día Rodrigo Dorantes presentó su renuncia, no sin antes entregar al Congreso local y al gobernador un oficio en el que denunciaba que temía por su vida, y señalaba como responsables de lo que pudiera pasarle al comisionado Capella y a su ex subordinada, Adriana Pineda.

En cuanto se conoció de la renuncia de Rodrigo Dorantes, la Policía del Mando Único prácticamente tomó por asalto las instalaciones de la FGJE de la avenida Emiliano Zapata.

Como de película, elementos de la Policía Preventiva Estatal (Mando Único), arribaron al edificio principal de la Fiscalía General del Estado. Al frente iba el todavía director de la Policía Acreditable de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, Miguel Ángel Marín, quien asumió “de facto”, la coordinación de la Policía de Investigación Criminal.

Los preventivos estatales se hicieron cargo de las entradas y salidas del inmueble, anotando la hora en que entraban los servidores públicos y la hora en que se retiraban. Había micrófonos y cámaras de video por todos lados.

Para los policías ministeriales era peor. Los preventivos les exigían portar todo el tiempo su gafete de identificación, y les revisaban las armas y los vehículos, iniciándoles procedimientos administrativos a los que se oponían. Los “ajustes de cuentas” estaban a la orden del día.

Como encargado de la oficina del fiscal quedó Javier Pérez Durón, un agente del Ministerio Público que “subió como la espuma” en el directorio de la Fiscalía después de que Graco Ramírez asumió el cargo de gobernador. Y es que –él nunca lo negó- es sobrino de Olga Durón, primera esposa del entonces mandatario estatal.

Pero la que llevaba realmente los asuntos importantes era Adriana Pineda Fernández. Y para no fallarle, Graco Ramírez envió al Congreso Local una terna integrada por su sobrino Pérez Durón, Adriana Pineda y Norma Toledo, ésta última también funcionaria de la Fiscalía. Y los diputados se decidieron por el sobrino del gobernador.

No se sabe si esa fue la condición para dejarlo en el cargo o Pérez Durón se sometió de mutuo propio, el hecho es que la Fiscalía pasó a ser –en los hechos- una oficina que dependía de la Comisión Estatal de Seguridad Pública.

El colmo fue que hasta la oficina de prensa de la Fiscalía estaba subordinada a su similar de la CES: Un boletín emitido el sábado 29 de agosto de 2015,  refería que “la Comisión Estatal de Seguridad Pública en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, informan que la mañana de este sábado se encontraron los cuerpos sin vida de dos hombres en el municipio de Puente de Ixtla”.

Agregaba que a las 10:00 horas se recibió el reporte al número de emergencias 066 que en la calle Luis G. Urbina, casi esquina con calle Sor Juana Inés de la Cruz, de la Colonia Jardines de la Herradura, municipio de Puente de Ixtla, se encontraban dos hombres sin vida.

Derivado de lo anterior, “elementos del Mando Único y de la Policía de Investigación Criminal acudieron al lugar” (siempre juntos) donde encontraron a los masculinos fallecidos por disparos de arma de fuego. 

Y para finalizar, el boletín oficial advertía que ambas corporaciones “realizaron el levantamiento de cadáver”, y que “la Fiscalía General de Justicia en coordinación con la Comisión Estatal de Seguridad Pública realizarán las investigaciones correspondientes para la identificación de estas personas y para la detención del o los presuntos responsables de la comisión de este delito”.

De ese tamaño era el poder que le dio Graco Ramírez a Jesús Alberto Capella.

HASTA MAÑANA.

 

 

Miércoles, 29 Enero 2020 05:29

Atlacholoaya: diagnóstico demoledor

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos presentó ayer el Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria (DESP), que es el instrumento de evaluación anual que permite conocer la situación y las condiciones que imperan dentro de los centros de reclusión en el Estado. En cualquier otro gobierno, bastaría con este documento para correr a todos los funcionarios que tienen que ver con el tema de la reinserción social.

Si bien es cierto que la calificación obtenida por los centros de reclusión en general van de regular a deficiente, el diagnóstico sobre el Centro Estatal de Reinserción Social (CERESO) de Atlacholoaya es simplemente demoledor, no sólo por la calificación a todas luces reprobatoria de 4.87, sino porque el gobierno está en manos de los grupos de poder al interior del penal y no de las autoridades.

No se requiere ser un experto en sistemas penitenciarios para saber que el Penal está fuera de control, basta con observar el número de cadáveres regados en el piso, quemados, sin cabeza, a raíz de los hechos ocurridos en noviembre del año pasado.

También, el hecho de que en redes sociales proliferen fotos y videos donde las personas privadas de su libertad (PPL) hasta mandan saludos a sus familiares y amigos, demuestra que diariamente entran teléfonos celulares de todos los tamaños y marcas a través del personal de custodia, que ve en esa actividad ilícita la forma de completar sus ingresos.

Según se dijo ayer, dicho diagnostico tiene como principal objetivo hacer del conocimiento de la población y la autoridad competente en la materia la situación puntual del Sistema Penitenciario y de los Centros de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes, “a efecto de que sea un instrumento efectivo que contribuya a la construcción de políticas públicas tendientes a garantizar el respeto de los derechos humanos de quienes se encuentran privados de su libertad”.

El DESP se desarrolla bajo las bases y la metodología establecida en la Guía Nacional de Supervisión Penitenciaria (GNSP), instrumento creado por la CNDH en coordinación con la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, de la cual forma parte la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, lo anterior, ante la conveniencia de contar con una metodología uniforme para realizar las evaluaciones penitenciarias en todo el país.

Dicho diagnostico se efectúa mediante visitas y recorridos en cada uno de los Centros de Reinserción Social con los que cuenta el Estado, así como en el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes (CEMPLA), donde se aplican diversos instrumentos diseñados específicamente con el objetivo de recabar información específica para posteriormente llevar a cabo el procesamiento de dicha información y el análisis de los resultados.

El Diagnostico Local consta de la aplicación de tres instrumentos, enfocados en los siguientes rubros: 1.- Entrevista con la autoridad responsable del Centro de Reinserción Social; 2.- Aplicación de cuestionarios a una muestra mínima del 10% o más de la población recluida; y 3.- Un Recorrido por las áreas que realiza el personal de la CDHM. Ahora bien, por cuanto a la obtención de resultados el ejercicio consiste en calificar en escala del 0 a 10 una gama de indicadores y sub-indicadores que representa las condiciones mínimas que deben existir en un Centro de Reinserción Social, esto de acuerdo al marco normativo nacional e internacional aplicado a la materia.

De los Centros de Reinserción Social visitados, tres presentaron una alarmante sobrepoblación, uno se encuentra a punto de llegar a su capacidad máxima de instalación, y solamente uno cuenta con una población acorde a los parámetros establecidos. Situación que de manera directa repercute en todas las demás áreas evaluadas, trayendo consigo insuficiencia en las actividades laborales, las de capacitación, los talleres, las actividades deportivas, educativas, el servicio médico e incluso la alimentación.

“En dicho sentido, el hecho de que existan áreas que rebasan de manera considerable su capacidad, trae consigo condiciones de hacinamiento, imposibilitando contar con aquellos entornos o aspectos que garantizan una estancia digna. Quedando exento de la presente observación únicamente el Centro de Reinserción Social de Jonacatepec, mismo que se encuentra acorde a su capacidad de instalación”, dice el documento.

Por otra parte, de acuerdo al Inegi, en promedio, los centros penitenciarios estatales del país han tenido de 2010 a 2016 una persona encargada de vigilar a 8.6 personas privadas de la libertad. En Morelos hay 27 internos por cada custodio, y aquí agregaríamos, que es un custodio mal pagado, sin capacitación y proclive a la corrupción.

Al hablar del autogobierno, que no es otra cosa que la aplicación de lo que conocemos como “la ley del más fuerte”, la CDH es bastante sutil para mencionarlo:

“En ese orden de ideas, es evidente que sin importar el autor o el estudio, se coincide en que la falta de personal de seguridad y custodia trae consigo escaso control por parte de las autoridades del centro, respecto a la seguridad y de las diversas actividades que se realizan al interior (laborales, deportivas, culturales, etc.), así como de los posibles servicios con los que podrían contar las PPLs (luz, agua, alimentación, entre otros); situación que propicia que algunos grupos de Personas Privadas de la Libertad ejerzan determinado control en diferentes áreas, lo que genera que en los centros prevalezcan condiciones de autogobierno y/o cogobierno”.

Lo que no menciona es que esos grupos de autogobierno están financiados por grupos externos de la delincuencia organizada, es decir, que al igual que en el exterior, cárteles como Los Rojos, Los Guerreros Unidos, y ahora los del Cártel Jalisco Nueva Generación se disputan la distribución de droga al interior del Penal de Atlacholoaya, y si pueden controlar eso, pueden controlar absolutamente todo.

“Durante el 2019, se han iniciado en esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos 28 expedientes de Queja, los cuales se relacionan por presuntas violaciones a derechos humanos de las personas privadas de la libertad en los Centros de Reinserción Social del Estado de Morelos; de los cuales 8 han sido archivados conforme a algunas de las hipótesis jurídicas que establece el artículo 70 del Reglamento Interno de este Organismo; se ha emitido 1 Recomendación; actualmente se encuentra en Integración 15 expedientes, y 4 se encuentran en Proyecto de Recomendación”, dice el informe.

Después de conocer lo anterior, no nos sorprende que se den las siguientes estadísticas (aunque se advierte que le dieron una ayudadita): 2 riñas; 42 lesiones dolosas; 1 fuga; 2 suicidios; 9 homicidios; 21 decesos por enfermedad y un motín, todo ello tan sólo en el 2019.

 ¿No es suficiente lo anterior para hacer cambios en la coordinación de Reinserción Social? Todos creemos que sí, menos el comisionado de Seguridad Pública y el secretario de Gobierno.

HASTA MAÑANA.

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