Víctor Manuel y Fernando Josué, de 17 y 16 años, respectivamente, comenzaron siendo consumidores de drogas y después fueron reclutados por el Cártel Jalisco Nueva Generación para ejecutar una misión suicida: asesinar al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, con la promesa de 50 mil pesos y la cantidad que quisieran de estupefacientes.
Cumplido el trabajo, en lugar de dinero y drogas la organización les pagó con la muerte. A Víctor Manuel lo mataron en el lugar de los hechos con la misma pistola que le dieron para atentar contra el edil; a Fernando Josué lo encontraron muerto días después en una solitaria carretera. Así pensaban garantizar que las investigaciones no subieran más arriba.
El caso de estos dos adolescentes es el más claro ejemplo de un fenómeno que ocurrió en Michoacán, pero que se repite en todo el país, incluyendo nuestro estado de Morelos: la utilización de adolescentes por parte de grupos de la Delincuencia Organizada para venta de drogas al menudeo y para “operaciones especiales”.
El pasado fin de semana, el Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes (TUPJA) dio a conocer un informe estadístico que refleja un retrato inquietante de la delincuencia juvenil en Morelos durante 2025. Entre enero y diciembre, 141 adolescentes estuvieron involucrados en 178 delitos, un dato que revela no sólo la reincidencia de algunos jóvenes, sino también la persistencia de condiciones sociales que empujan a este sector de la población hacia dinámicas delictivas cada vez más complejas y violentas.
El delito que encabeza la estadística es el narcomenudeo, con 81 casos, lo que confirma la creciente incorporación de adolescentes a las cadenas locales de distribución de drogas. Este fenómeno no es menor: implica la normalización del contacto temprano con organizaciones criminales, economías ilegales y contextos de alto riesgo.
A ello se suman delitos patrimoniales como el robo calificado y el robo de vehículo, ambos con 14 registros, así como la posesión de vehículo, con 11 casos, conductas que suelen estar asociadas a la obtención rápida de recursos y, en algunos casos, al financiamiento del propio consumo de drogas. La presencia de delitos graves como homicidio calificado, tentativa de homicidio, violación, extorsión agravada y corrupción de menores revela que una franja de adolescentes no sólo participa en ilícitos de bajo impacto, sino que ya está involucrada en expresiones extremas de violencia.
El mapa territorial del problema muestra una fuerte concentración en los principales centros urbanos del estado. Cuernavaca encabeza la lista por lugar de residencia de los adolescentes involucrados, seguida de Cuautla, Emiliano Zapata y Tlaltizapán. Se trata de municipios con alta densidad poblacional, contrastes socioeconómicos marcados y presencia histórica de economías ilegales.
Sin embargo, los lugares donde ocurrieron los hechos delictivos se extienden a otros puntos, como Jiutepec, Jojutla, Puente de Ixtla y Xochitepec, lo que sugiere una movilidad delictiva que rebasa las fronteras municipales e incluso estatales, pues hay registros de delitos cometidos en Puebla, Guerrero, Oaxaca y la Ciudad de México.
El perfil de los adolescentes involucrados aporta claves importantes para el diagnóstico. La mayoría son hombres, con una presencia todavía marginal de mujeres, y se concentran en edades cercanas a la mayoría de edad, principalmente a los 17 años.
Esto indica que la intervención institucional suele llegar tarde, cuando los jóvenes ya han desarrollado vínculos con entornos delictivos. En el ámbito educativo, aunque una parte cursa secundaria o preparatoria, también existe un segmento con escolaridad mínima o sin registro de estudios, lo que refleja trayectorias escolares interrumpidas y una débil vinculación con el sistema educativo.
En términos laborales, más de la mitad trabaja en algún oficio o no tiene actividad definida, mientras que sólo una minoría se dedica exclusivamente al estudio, lo que evidencia la presión temprana por incorporarse al mercado informal y la escasez de opciones de desarrollo para adolescentes de contextos vulnerables.
El consumo de drogas aparece como un factor de riesgo relevante. Al menos 55 adolescentes reconocieron consumir sustancias, principalmente marihuana y cristal, drogas de fácil acceso en el estado. Aunque una parte reporta no consumirlas, la presencia del narcomenudeo como principal delito sugiere que el contacto con estas sustancias es estructural y no sólo individual. La combinación de consumo, necesidad económica y ausencia de redes de apoyo crea un terreno fértil para la captación de jóvenes por parte de grupos delictivos.
Frente a este escenario, las acciones de prevención social desplegadas durante el mismo periodo muestran un esfuerzo institucional considerable en términos de alcance, con más de 106 mil personas atendidas a través de ferias, visitas escolares, conferencias y actividades educativas. Sin embargo, el contraste entre la magnitud de estas acciones y la persistencia de los delitos plantea una pregunta de fondo: si bien la cobertura es amplia, el impacto profundo en los grupos de mayor riesgo sigue siendo limitado.
El diagnóstico apunta a que la delincuencia adolescente en Morelos no puede abordarse únicamente desde la lógica punitiva ni mediante campañas preventivas generales. Se requiere una estrategia integral que combine la detección temprana de factores de riesgo en escuelas y comunidades, el fortalecimiento de la permanencia escolar, programas de atención especializada para consumo de drogas y opciones reales de empleo y capacitación para adolescentes. A ello debe sumarse el trabajo con familias, particularmente en contextos de violencia y desintegración social, así como la recuperación de espacios públicos y comunitarios que hoy son disputados por la delincuencia.
La titular del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes, Adriana Pineda Fernández, tiene muy claro este panorama, pero también el rumbo hacia el que se tiene que trabajar para evitar que nuestros niños caigan en manos de la delincuencia: la prevención desde la escuela.
“El Sistema Nacional de Justicia para Adolescentes, que en la ley nacional de la materia tiene un Libro Quinto, que a veces no se toma en cuenta porque no es parte del procedimiento penal, pero es una parte importante donde nos obliga a los tres poderes del Estado, a la sociedad y a las instituciones educativas, a desarrollar acciones para la prevención del delito. Y no significa solo una letanía del no hacer, sino de infundir valores”, afirma.
HASTA MAÑANA.
