Después de evadir el tema durante semanas, finalmente ayer el fiscal Anticorrupción de Morelos, Leonel Díaz Rogel, fue “acorralado” por los reporteros de la fuente judicial y no tuvo otra opción que declarar que —como lo adelantamos en esta columna— hay siete denuncias en contra de servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia, mismas que “se están analizando”.
Aprovechando la ceremonia oficial por el aniversario de la Revolución Mexicana en el zócalo de Cuernavaca, a donde se dio cita casi todo el gabinete, los reporteros aprovecharon para “cazar” a aquellos que suelen “atrincherarse” en sus oficinas para no dar declaraciones. Y uno de ellos, fue el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), Leonel Díaz Rogel.
— ¿Cuántas denuncias han recibido contra funcionarios del Poder Judicial? — le soltó la primera pregunta Perla Barrios.
—Recientemente compareció, bueno más bien las denuncias fueron presentadas en el área de Oficialía de Partes, siete denuncias que se recibieron y están en este momento en análisis, pero también en integración aquellas que ya hemos valorado que son procedentes para integrarse.
— ¿Y son contra jueces y magistrados? — insistió la reportera de Línea Caliente.
—Son contra servidores del Poder Judicial—contestó lacónico el funcionario.
—Por qué delitos fueron denunciados— cuestionó la periodista, decidida a no soltarlo.
— Son diversos hechos, son circunstancias que les digo estamos analizando con acuciosidad bajo los principios elementales del buen derecho y de la presunción de inocencia a la que nosotros nos ceñimos a nuestro actuar aquí en la fiscalía—respondió con visible incomodidad Díaz Rogel.
La cifra coincide con lo publicado en este espacio a mediados de septiembre (o sea que no son tan recientes que digamos) en contra de quien fuera presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Gamboa Olea, y del director general de Administración, Octavio Rosales Gutiérrez.
Al todavía magistrado se le acusa de no haber entregado una camioneta blindada Tahoe marca Chevrolet año 2020 con placas NYT6678 y una camioneta Frontier marca Nissan año 2023 placas NZ8697A, ésta última que estaba bajo resguardo de quien fuera su secretaria particular, Maricarmen Ledesma Ugalde. A la fecha se desconoce si ya la devolvió o la sigue usando.
A Octavio Rosales se le acusa de diversas irregularidades, según las denuncias interpuestas por la Contraloría de la extinta Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina.
Por ejemplo, los pagos indebidos a servidores públicos dados de baja a quienes se le continuó depositando su salario o prestaciones. El director general de Administración de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, omitió informar que el Poder Judicial de Morelos tiene pendientes de solventar observaciones ante la Auditoría Superior de la Federación por casi mil casos de pagos que no se tenían que haber hecho, que sumados superan los 27 millones de pesos.
Octavio Rosales es señalado por la Auditoría Superior de la Federación por haber realizado pagos a trabajadores dados de baja y a otros que tenían licencia sin goce de sueldo y aún así les pagaron en cheque o mediante transferencia, además de contratos que no cuentan con documentación comprobatoria del gasto.
También está el caso de los 60 millones de pesos que fueron transferidos del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia a la cuenta corriente del TSJ para usarlos en el pago de la nómina, lo que significa una irregularidad (aunque todos los presidentes y presidentas del TSJ lo hayan hecho) que puede desembocar en responsabilidad penal.
Pero lo más grave, y que involucra directamente al ex director de Administración del TSJ y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, es que al hacer la entrega-recepción con motivo del cambio de administración, los nuevos funcionarios encontraron las computadoras “limpias”, es decir, sin “asientos contables”, como si fueran nuevas.
A ambos servidores públicos se les acusa de haber realizado maniobras administrativas con la finalidad de favorecer a la empresa Ksavers S.A.P.I. de C.V. para la adjudicación directa de la instalación de paneles solares en la ciudad judicial de Atlacholoaya fue por una cantidad de dos millones 969 mil 285 pesos, y terminaron erogándose tres millones 264 mil 219, en donde se indica una aportación del fondo auxiliar de casi 300 mil pesos, cantidad adicional que no fue presupuestada.
Todo lo anterior corresponde a lo que encontró la nueva administración en la entrega-recepción que se realizó en junio pasado, cuando asumió la presidencia del TSJ el magistrado Juan Emilio Elizalde.
Falta que resuelvan aquella denuncia de hechos iniciada por el polémico vicefiscal Edgar Núñez Urquiza, cuando llegó corriendo a tratar de impedir que un grupo de magistrados destituyera a Jorge Gamboa Olea de su cargo de presidente, acusándolos del delito de “Coalición de Servidores Públicos”.
Y también, algunas denuncias que en su momento inició Jorge Gamboa contra el grupo de “magistrados disidentes”, como aquella que interpuso en contra de tres magistrados que mandaron tapar una cámara de videovigilancia que el entonces presidente mandó instalar exactamente frente a la puerta de la oficina del magistrado Manuel Díaz Carvajal, en la Sala Regional de Cuautla.
Algo que nos tranquiliza, es que ante la enésima pregunta de Perla Barrios ayer en la Plaza de Armas, sobre si la FECC seguirá prestándose para hacer cateos u operativos para amedrentar a servidores públicos por cuestiones políticas, Leonel Díaz Rogel contestó categórico: “Nunca más temas relacionados con el pasado en cuanto a lo que está evidenciado ante la sociedad. Se trata de una transformación real en la Fiscalía, todo nuestro actuar está apegado estricto a derecho”.
Como dijo un ciego: Ya veremos.
HASTA EL LUNES.
