Mientras en los discursos se celebra un México gobernado por mujeres en todos los niveles, cinco regidoras y una síndica denuncian que en su municipio son amenazadas, descontadas, ignoradas y, sobre todo, desprotegidas. No es solo un conflicto administrativo; es la radiografía de cómo opera la violencia política en los márgenes, allí donde la institucionalidad se diluye entre el autoritarismo y la costumbre patriarcal.
Ayer, regidoras y regidores del municipio indígena de Xoxocotla denunciaron públicamente un patrón de violencia política, amenazas directas y violaciones a sus derechos laborales y de representación, presuntamente cometidos por el presidente municipal José Carlos Jiménez Ponciano. Aseguran que, pese a haber presentado denuncias formales desde septiembre, ninguna autoridad estatal ni fiscal les ha otorgado medidas de protección efectivas.
Que un presidente municipal pueda congelar salarios, excluir de funciones, ordenar descuentos arbitrarios y negarse durante meses a sesionar el cabildo sin que ninguna institución reaccione, habla menos de él y más de un sistema que permite —cuando no respalda— estos abusos.
El caso de la regidora Juliana Pablo Ángel es quizás el más alarmante. Que un integrante del propio cabildo llegue a su casa para advertirle que “el presidente la iba a alinear” no es solo una amenaza personal; es una expresión brutal de cómo algunos funcionarios conciben el poder: como una potestad para someter, disciplinar y doblegar, especialmente a las mujeres que no obedecen. Y que esta amenaza, formalmente denunciada, no haya producido ni una medida de protección real, deja claro que la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía estatal y las corporaciones policiacas han decidido mirar hacia otro lado.
Lo que ocurre en Xoxocotla no es un pleito político menor. Es un recordatorio de que la violencia contra las mujeres en el ejercicio público no se limita a campañas mediáticas ni a discursos misóginos, sino que se manifiesta en decisiones concretas: negar salarios, excluir de funciones, bloquear recursos, cancelar sesiones, desacatar medidas cautelares, ignorar denuncias. No hace falta golpear para ejercer violencia; basta con que el aparato del Estado deje de cumplir su función.
Si el gobierno estatal permite que un presidente municipal actúe sin contrapesos, ¿qué mensaje envía al resto de funcionarios en Morelos? ¿Qué esperanza puede tener una mujer en un cargo comunitario, en una delegación, en un ayuntamiento, si ni siquiera quienes ya ganaron en las urnas reciben protección elemental?
Xoxocotla expone una grieta profunda: la distancia entre el discurso de igualdad y la práctica cotidiana del poder. Una distancia que se vuelve abismo cuando quienes deberían garantizar justicia y seguridad optan por proteger la comodidad política antes que los derechos de las mujeres. Mientras no se cierre esa brecha, la paridad seguirá siendo un logro estadístico y no una transformación real. Y las mujeres, aun con cargos públicos, seguirán enfrentando la violencia de autoridades que confunden gobierno con dominio y que, en el peor de los casos, usan el silencio institucional como su mejor aliado.
Y ya que hablamos del género femenino, nos llama la atención un artículo redactado por la abogada morelense Perla Pedroza, en el que expone una terrible realidad: las acciones que se presentan como soluciones para la violencia de género terminan siendo ejercicios superficiales sin impacto real.
“El gobierno sostiene que capacitar a los operadores del transporte reducirá el acoso, pero cuando se revisan los detalles del programa se revela una política débil, sin fuerza institucional ni rigor técnico”, apunta la litigante.
Explica que el primer punto crítico es la falta de obligatoriedad. La propia Secretaría reconoce que los cursos serán voluntarios, enviando en los hechos un mensaje contundente: el respeto hacia las mujeres depende de la voluntad individual de cada conductor. Esa postura convierte la seguridad en una opción y no en una obligación, debilitando cualquier posibilidad de transformación. Sin sanciones, sin supervisión y sin mecanismos de exigibilidad, la capacitación se convierte en un acto simbólico sin consecuencias para quienes ejercen hostigamiento o agresiones.
A esto se suma la ausencia de un diagnóstico sólido. La autoridad admite no contar con cifras oficiales de denuncias en el transporte público, aunque afirma que más de la mitad de las usuarias no se sienten seguras. Sin datos claros, sin metodología y sin transparencia, cualquier estrategia carece de sustento. La violencia no puede combatirse desde intuiciones: necesita información verificable para diseñar medidas efectivas.
El programa además ignora un punto esencial: la responsabilidad de los concesionarios del transporte. Mientras no exista obligación de documentar, reportar y colaborar con investigaciones sobre operadores que acumulen señalamientos, ningún curso tendrá efecto duradero. Las palabras que se escuchan en una sala de capacitación se borran rápidamente cuando no existe una estructura que genere consecuencias. Sin protocolos, sin reportes sistemáticos y sin órdenes claras para separar temporalmente a los agresores, el riesgo permanece intacto.
“La debilidad institucional de la recién creada Secretaría también pesa. Sin autonomía, sin experiencia operativa y sin articulación con las recomendaciones de la Alerta de Violencia de Género, las acciones quedan desligadas del sistema que debería transformarse. Morelos continúa entre los estados con mayor violencia contra las mujeres, y el transporte público es uno de los espacios donde comienza la cadena de agresiones que puede escalar hasta delitos de alto impacto”, dice su artículo.
Por eso preocupa —asegura— que la respuesta sea únicamente un conjunto de talleres voluntarios. No hay metas, no hay presupuesto claro, no hay indicadores y no existe articulación con la autoridad de movilidad. Lo que se anuncia como estrategia termina siendo un gesto que busca aparentar acción, sin modificar las condiciones que permiten el acoso cotidiano.
“Y mientras la simulación siga ocupando el lugar de la política pública, las mujeres continuaremos enfrentando la misma inseguridad en un transporte que debería ser seguro para todas”, concluye Perla Pedroza.
HASTA MAÑANA.
