El lunes 13 de octubre quedó formalmente constituido el Órgano de Administración del Poder Judicial del Estado de Morelos, instancia encargada de “fortalecer la gestión institucional, la transparencia y la rendición de cuentas dentro del Poder Judicial del Estado de Morelos”, como consecuencia del decreto 165 publicado el 19 de mayo del 2025 en el periódico oficial “Tierra y Libertad”.
En ese ordenamiento (que nunca fue impugnado por los magistrados del Tribunal Superior de Justicia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo tanto se puede decir que hubo consentimiento), se establece claramente que “se derogan todas las disposiciones normativas de igual o menor rango jerárquico que se opongan a lo establecido en el presente decreto”.
Bajo esa premisa, el nuevo órgano está dejando prácticamente sin facultades a los 22 integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos (TSJEM). Y no hablamos de las facultades jurisdiccionales que están plenamente definidas en las leyes sustantivas y adjetivas, sino de aquellas canonjías que fueron ganando con el tiempo.
Como ya se informó oportunamente, por unanimidad de votos las y los integrantes del Órgano de Administración Judicial designaron a Javier García Tinoco (representante de la gobernadora) como presidente de este Órgano, y quien al mismo tiempo presidirá la Comisión de Infraestructura, Servicios, Modernización Digital y Desarrollo Judicial Institucional.
En la Comisión de Administración, Finanzas y Presupuesto quedó Yadira Crystal Casarreal Olmedo (quien inexplicablemente llegando pidió permiso); la Comisión de Servicio Judicial de Carrera y Adscripción, será presidida por Miguel Enrique Lucia Espejo; en la de impartición de Justicia a Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Derechos Humanos, quedó Catalina Pimentel Mejía y Humberto Paladino Valdovinos presidirá la Comisión de Disciplina Sustanciación de Responsabilidades Administrativas y Transparencia.
El pasado 21 de octubre, en el Salón Presidentes del Tribunal Superior de Justicia se llevó a cabo el primer encuentro entre magistrados del Pleno e integrantes del nuevo Órgano. Aparentemente la reunión fue tersa, pero ambos bandos tenían sus inconformidades.
“Supuestamente pugnan por gastar menos, pero lo primero que hicieron fue asignarse un sueldo de más de cien mil pesos y pedir plazas para su gente”, cuchichearon los magistrados.
“Hay magistrados que van dos horas a sus oficinas, si es que van”, dicen los del órgano. “No hay juez que no tenga su magistrado-padrino. Tú le pides a un actuario que cumpla sus funciones, pero él recibe una llamada del magistrado que lo metió dándole otras instrucciones”, agregan.
En esa reunión, Miguel Lucia fue duro y directo: “De acuerdo con el censo del INEGI, el estado de Morelos está en el lugar número 31 de 32 en la impartición de justicia y solo porque Nayarit tuvo problemas con su fiscal, si no estaríamos en el lugar número 32”. Los magistrados no pudieron refutarlo.
Luego vino el diagnóstico financiero: el presupuesto del 2024 fue de 885 millones y el del 2025 de 795 millones, de los cuales 53% se va en personal activo, y jubilados 40%. Entonces tienes un 7% para gasto corriente, lo que es gasolina, rentas, agua, luz, papelería, impresoras, etc.
Y es entonces cuando nos preguntamos ¿de dónde sacaba dinero Jorge Gamboa para hacer sus fiestas hasta con artistas y rifa de autos?
De acuerdo con el diagnóstico del órgano de administración, cuando llegaron se encontraron con que no había manuales de operación de nada y todas las adquisiciones y contratos eran por asignación directa, además de que a simple vista se podía advertir un jugoso sobreprecio o una ventaja inexplicable. El ejemplo más claro fue la renta del edificio que alberga al Juzgado itinerante en materia laboral en Jiutepec, que es totalmente disfuncional pero aún así fue rentado por un plazo de diez años. Sí, en el periodo de Gamboa.
Otro rubro en el que se sospecha que había irregularidades es en la compra de gasolina. Por eso lo primero que hizo Javier García Tinoco fue firmar un convenio con la gasolinería del DIF, con lo que espera tener “litros completos” y un mejor control de los vales.
El reto para este funcionario es enorme, pues representa a la gobernadora Margarita González Saravia, quien se ha caracterizado por una administración sin dispendios y de combate frontal a la corrupción.
Ahora bien, el pasado 27 de noviembre se difundió mediante el boletín judicial del TSJ, la circular JGT/OAJ/C/13-25 firmada por García Tinoco, en la que hace del conocimiento a funcionarios, empleados y público en general, que por unanimidad de votos, las personas integrantes del órgano de administración del Poder Judicial, acordaron que “es competencia exclusiva del órgano todo lo relativo al ingreso, adscripción, permanencia y separación del personal auxiliar de las magistradas y magistrados del TSJ”.
Y para que no haya dudas, en el mismo documento les advierte que si bien es cierto que la Ley Orgánica del Poder Judicial señala que corresponde al Pleno del Tribunal nombrar, remover y cambiar de adscripción al secretario general de Acuerdos, Oficial Mayor, a los secretarios de acuerdos de las salas, a los secretarios de amparos, actuarios secretarios de estudio y cuenta y oficiales judiciales, “resultan inaplicables las disposiciones relativas a la Ley Orgánica del Poder Judicial transcritas, en razón de que las mismas se contraponen a la razón de lo que dispone el artículo 105 Quater de la Constitución Local, en relación con la disposición transitoria décima quinta del Decreto 165”.
O sea que los magistrados (algunos de los cuales habían logrado tejer auténticas redes de influencias por todo el Tribunal) a partir de esta circular ya no podrán elegir ni a su chofer.
Esperemos a ver su reacción en el próximo Pleno.
HASTA MAÑANA.
