Jesús Castillo

Jesús Castillo

Jesús Castillo García. Periodista con 30 años de trayectoria; Premio Estatal de periodismo 2010 y 2012. Premio Nacional de Periodismo 2013.
Jueves, 02 Julio 2020 05:46

Un país polarizado

En un día como hoy pero de hace dos años, el Instituto Nacional Electoral (INE) confirmaba lo que se había venido diciendo desde el domingo uno de julio por la tarde: en su tercer intento, Andrés Manuel López Obrador ganaba la presidencia de México.  A dos años de distancia, el país está dividido en dos extremos, los que ven a un México “cayéndose a pedazos”, y los que ven a una nación que inicia un sexenio con cambios trascendentales.

“Montado en una ola de descontento colectivo por la corrupción y la violencia desenfrenadas, Andrés Manuel López Obrador fue elegido presidente de México este domingo 1 de julio con una victoria aplastante, que da un vuelco al sistema político dominante del país y le otorga un amplio mandato para reformar al país”, anunciaba la portada del influyente periódico The New York Times.

“La victoria de López Obrador lleva a un líder de izquierda al mando de la segunda economía más grande de América Latina por primera vez en décadas, una posibilidad que ha embargado de esperanza a millones de mexicanos (y a las élites del país, de temor)”, agregaba.

Y es que, después de los dos primeros intentos en los que espantó al electorado por su amenaza de mandar “al diablo las instituciones”, en esta ocasión fue cuidadoso de no pelearse con nadie, ni siquiera con el presidente en funciones, Enrique Peña Nieto.

Resistió todas las provocaciones que le hacían sus adversarios políticos y los conductores de televisión y radio (que veían en López Obrador un serio peligro para sus convenios publicitarios) y no dijo ninguna palabra ni frase que la oposición pudiera utilizar en su contra. Así logro ganarse a “los indecisos”, quienes además estaban decepcionados del cambio prometido por los dos gobiernos panistas y que nunca llegó.

En el 2012 los electores le habían dado una oportunidad al PRI que aseguraba haber aprendido la lección, pero que a lo largo de los últimos seis años había caído en escándalos como “la casa blanca” y la empresa OHL.

El reconocido sociólogo Roger Bartra dijo que el presidente electo "dio un viraje a la derecha tan grande que se acercó al viejo Partido Revolucionario Institucional (PRI)".

"Este acercamiento al antiguo PRI le ayudó a captar simpatías de priístas descontentos con el giro tecnocrático del PRI actual", opina. Dice que AMLO es una "nueva encarnación de la tradición latinoamericana del populismo", según publicó la BBC de Londres.

¿Recuerdan el cierre de campaña de AMLO en el estadio Azteca?  Una foto tomada desde abajo del templete donde el candidato alza la mano en señal de victoria mientras miles de papelitos de colores caen al suelo y al fondo se observan las gradas llenas de gente.

“El día que hagan una película de la vida de Andrés Manuel López Obrador, que termine con ésta imagen”, sugerimos en un tuit.  Y es que, desde nuestro punto de vista, hasta ese momento todo le había salido bien al oriundo de Macuspana, y el final de la película (si se le quería ayudar para que quedara como un héroe) tendría que ser en ese momento, cuando el pueblo entero se le entrega.

Y eso lo decíamos porque era evidente que la situación no sería nada fácil. El país no cambiaría como por obra de magia a partir de que AMLO asumiera el poder, mucho menos cesaría la violencia que azota al país desde hace varias décadas.

“Me van a odiar, pero le estoy encontrando similitudes a AMLO con Graco Ramírez”, publiqué en mi cuenta de Twitter. Y es que recordarán ustedes que Graco prometió “terminar” (ni siquiera reducir, sino eliminar por completo) con la delincuencia en Morelos; luego comenzó a dar largas y terminó por decir que se había equivocado, y que eso lo había dicho “en la euforia de las campañas electorales”.

Fue él también quien dijo que “una cosa es lo que se dice en campaña y otra la que se hace como gobernante”.  Entonces quedaba claro que todo lo que dijo AMLO en su campaña era solamente para obtener el voto.

El más claro ejemplo fue en el tema de la militarización de la Policía. Durante todas sus campañas insistió en que el Ejército debía volver a sus cuarteles, y ya como presidente lo primero que hizo fue crear la Guardia Nacional, integrada por soldados y marinos.

A dos años de distancia pareciera que hay dos Méxicos. Uno el de los “fifís” que protestan desde la comodidad de sus camionetas y que dicen que a México se lo está llevando la fregada, y otro el de los “chairos” que se regodean cada vez que detienen a un ex funcionario y no parece importarles mucho las estadísticas económicas.  Ya hasta están pensando en desaparecer el PIB como mecanismo para medir la economía.

Los periodistas que veíamos en los horarios estelares de los noticiarios de televisión, hoy están “autoexiliados” y desde su lugar de residencia hacen investigaciones periodísticas como las que hacía Carmen Aristegui, quien hoy guarda silencio.  Los medios públicos, que tradicionalmente han sido utilizados para difundir las notas positivas del gobierno, hoy no le piden nada a los medios de comunicación de Cuba y Venezuela que más que informar, adoctrinan.

Para regocijo de los opositores, la pandemia del coronavirus se vino a dar al principio del sexenio, generando una crisis económica y un índice de desempleo sin precedentes, pero que es una situación atípica. Insisten en que se debe cambiar la estrategia de seguridad, pero no dicen cómo, pues saben que a ellos tampoco les funcionó la suya cuando gobernaban.

El sexenio apenas inicia y es poco tiempo para calificar al gobierno cuantitativamente, máxime cuando se tiene una pandemia que ocurre cada 100 años a nivel mundial; pero lo que nadie puede negar es que sí tenemos una forma diferente de gobernar el país.

Y cada vez estamos más seguros de que cuando termine el sexenio de AMLO seguirá polarizado el país, por un lado los que ven políticamente una génesis y por el otro los que ven el apocalipsis.

HASTA MAÑANA.

 

Miércoles, 01 Julio 2020 05:17

El homicidio del Juez Villafuerte

Recientemente recordamos en este espacio el homicidio de la juez Reyna Ocampo Rojas al cumplirse 30 años de los fatídicos hechos, el pasado 17 de junio. Hoy relatamos otro hecho que ocurrió en Morelos y en el que la víctima también fue un juzgador, pero del fuero federal, igual que Uriel Villegas, quien recientemente fue asesinado junto a su esposa.

Ocurrió el 20 de septiembre de 1987, entre las 22:00 y 23:30 horas, cuando fue privado de la vida el licenciado Pedro Villafuerte Gallegos, quien entonces se desempeñaba como Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, perpetrándose el delito frente a su domicilio, ubicado en la calle de Tepozteco número 104, colonia Reforma, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.

El licenciado Villafuerte fue victimado, al parecer, por dos personas que le dispararon con armas calibre 380, provocándole 14 impactos. Para esclarecer este homicidio, la Procuraduría General de la República asignó un grupo de agentes judiciales a fin de que se abocaran a las investigaciones, quedando al mando el Primer Comandante Florentino Ventura, grupo que investigó en los Estados de Morelos, Oaxaca y Guerrero.

Producto de tales indagaciones, se consideró que en el homicidio del licenciado Pedro Villafuerte Gallegos estaban involucrados Felipe Cuenca Maldonado, Reinel Cuenca Merino y Marcial García Maldonado, a quienes previamente se les había instruido el proceso número 15/86, en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, a cargo del propio juez Villafuerte, por su participación en la comisión de delitos contra la salud, en materia de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

El día 29 de enero de 1987 fueron sentenciados a compurgar penas de 11 años de prisión, el primero, y 7 años de prisión los dos últimos, y no estando conformes con las condenas que les fueron impuestas, amenazaron de muerte al Juez de Distrito de la causa, licenciado Pedro Villafuerte Gallegos.

El 26 de junio de 1987, los mencionados Felipe Cuenca Maldonado, Reinel Cuenca Merino y Marcial García Maldonado, se fugaron del Centro de Readaptación Social del Estado de Morelos, ayudados por los custodios Saúl Gerardo García, José Abdón Arteaga Ocampo y el excustodio Laureano Fuentes Vargas, quienes fueron contratados por los señores Roberto Guzmán Urióstegui "El Macheteado" y Héctor Rodríguez Tapia "La Sábana".

Estas personas les dieron a los custodios la cantidad de treinta millones de viejos pesos y un vehículo terrestre (sic) para realizar la fuga. Por comparación entre retratos hablados y fotografías, se identificó a Reinel Cuenca Merino y Marcial García Maldonado que, días antes al 20 de septiembre, rondaban las inmediaciones del domicilio del juez, ubicado en la calle Tepozteco de la colonia Reforma.

Un dato que hasta ayer desconocíamos, es que en el transcurso de las investigaciones para esclarecer el homicidio del juez Pedro Villafuerte Gallegos, Florentino Ventura y Mario Daniel Montiel Ortiz, interrogaron a los reclusos Fidel García Mata y Juan Velázquez Cruz. Nunca se supo de qué hablaron, pero estas personas fueron asesinadas en el interior del penal el mismo día que tuvieron la mencionada reunión. La versión oficial del entonces director de la Penitenciaría de Atlacomulco, Enrique Corona Morales, es que Juan Velázquez Cruz y Fidel García Mata, atacaron la guardia del penal, privando de la vida a uno de los custodios ya que uno de ellos y otros internos estaban armados. Al contestar los custodios la agresión, mueren los citados reclusos.

En agosto de 1990 vinieron a Morelos visitadores de la CNDH en busca del expediente que se inició a partir del levantamiento del cadáver del juez Villafuerte, pero lo que se encontraron los dejó estupefactos.

“Preguntamos insistentemente sobre el expediente que contiene la Averiguación Previa 30/I/II/6639/987, relativa al homicidio del Juez Pedro Villafuerte Gallegos, en los distintos juzgados penales de la ciudad de Cuernavaca, recibiendo como respuesta que en ninguno de ellos se había consignado tal expediente. Ante tales respuestas se indagó sobre dicho expediente en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, en donde se afirmó que no se conocía el Agente del Ministerio Público a cargo de tal averiguación. Por ello, se recurrió al archivo de la mencionada Procuraduría, encontrando que el expediente había sido turnado a la reserva”, dice el informe de la CNDH.

Sólo a partir de las investigaciones realizadas por personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con fecha 14 de agosto de 1990 el Agente de Ministerio Público adscrito a la 7º mesa, Lic. José Manuel González Velázquez (¿les suena conocido?), giró orden de investigación judicial al Jefe de la Policía Judicial del Estado.

Pedro Villafuerte Gallegos recibió 14 impactos de bala que le provocaron la muerte. El parte médico reporta que la causa de la muerte fue un choque hipovolémico por hemorragia interna y externa, consecutiva a las heridas por proyectil de arma de fuego que, en base a su número, se clasificaron de mortales. Por lo anterior, los licenciados Wilfrido Castañón León, José Alejandro Luna Ramos y el magistrado Amado Yáñez, solicitaron la dispensa de la necropsia.

La versión más consistente fue que el juez Villafuerte Gallegos recibió amenazas de muerte por parte de los narcotraficantes Pedro Díaz Parada, Felipe Cuenca Maldonado, Reinel Cuenca Merino y Marcial García Maldonado, a quienes él mismo procesó por delitos contra la salud.

Al inicio de las investigaciones de la CNDH no se encontró relación entre el primero de los mencionados y los otros tres pero los visitadores descubrieron que todos pertenecían a una banda de traficantes de drogas y armas que operaba en los estados de Oaxaca, Puebla, Morelos y Guerrero, teniendo como centros de operaciones los municipios de Teloloapan y Tlapa, Guerrero.

“Los hechos parecen vincularse también con el caso de la detención de un avión norteamericano, marca Beecherar-B80, matrícula N-254-K, que forzadamente aterrizó en los alrededores de Tequesquitengo, Morelos. Al parecer, la carga del avión era contrabando de armas que serían entregadas en un rancho de Teloloapan.

“El piloto de la aeronave, Robert Nelson Read, fue procesado por el Juez Villafuerte y el 16 de septiembre de 1987 fue asesinado de 15 puñaladas en el Reclusorio de Morelos, cuando por información de compañeros de presidio estaba teniendo comunicaciones, a través de terceros, con el Juez Villafuerte Gallegos. De todos estos hechos se deriva la presunción de la participación de una o varias autoridades en la protección de estas actividades ilícitas, lo cual nunca ha sido investigado con el cuidado que requiere el caso, por parte de la Procuraduría General de Justicia del estado de Morelos”, decía el informe de la CNDH que concluyó con la recomendación 015/1990 que le enviaron al gobierno de esta entidad, encabezado por el abogado Antonio Riva Palacio López.

Pero ya desde entonces las recomendaciones de Derechos Humanos eran como “llamadas a misa” para los gobiernos estatales.

HASTA MAÑANA. 

 

 

Martes, 30 Junio 2020 06:05

Otra vez el NGS

Ayer, después de varios meses sin actividad, algunos negocios del centro histórico se atrevieron a subir sus cortinas en acatamiento a las indicaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, y con la esperanza de obtener algunos ingresos que les permita seguir subsistiendo durante la contingencia sanitaria, pero inmediatamente tuvieron que bajarlas ante lo que parecía ser un enfrentamiento entre comerciantes y policías.

Las imágenes de policías con escudos y toletes resguardando el centro histórico no abona para nada a una ciudad que lo que requiere es reactivarse económicamente, y ahora al miedo al contagio se suma el miedo a recibir alguna “pedrada perdida” o un aventón por el zafarrancho.  Así se veía ayer el centro de Cuernavaca.

Luego, el video del colega José Luis Rojas, que fue uno de los primeros en difundirse en las redes sociales, hacía parecer que una patrulla había atropellado a una indefensa mujer. “Si está lesionada pues siéntese señora”, le dijo el avezado reportero de Zona Centro. 

La mujer no tenía las huellas típicas de un atropellamiento, y los videos que aparecieron después demostraban claramente que la señora junto con otros comerciantes cayó al suelo al intentar detener a una de las camionetas de Protección Civil con la intención de linchar a sus ocupantes.

En una reacción natural de supervivencia, se observa cómo el conductor de la camioneta maniobra para quitarse de enfrente a hombres y mujeres que le estaban cerrando el paso mientras otros se subían a la batea.  Afortunadamente para ellos lograron escapar de la turba, y si algún abuso cometieron minutos antes, con el susto ya están a mano.

Afortunadamente el hecho no pasó a mayores, pero no debe perderse de vista quién está atrás de todo esto. Se trata del Nuevo Grupo Sindical  (NGS) del que ya nos hemos referido  en muchas ocasiones en este espacio, y no quitaremos el dedo del renglón: están creando un monstruo que al rato nadie va a poder controlar.

Y es que el Nuevo Grupo Gansteril (porque lo Sindical se refiere a trabajadores y estos manejan comerciantes, prostitutas, indigentes y todo lo que se deje), trató de sacar provecho de la contingencia provocada por la epidemia del coronavirus, y al principio aceptó quitar los puestos que ya tenían, pero ahora que regresaron pretendían instalar todavía más. No tienen llenadera pues.

Ayer mismo, el Secretario del Ayuntamiento de Cuernavaca, Erick Santiago Romero Benítez, explicó que todo derivó de que se iba a dar cumplimiento al acuerdo de Cabildo, aprobado por unanimidad, en el sentido de no permitir el regreso a las calles del comercio ambulante (conocido como “tolerados”) mismos que carecen de permisos o licencias de funcionamiento para ocupar la vía pública.

Sin embargo, integrantes del Nuevo Grupo Sindical (NGS) salieron a las calles y agredieron a personal de la Subsecretaría de Protección Civil y de Gobernación Municipal, que sólo realizaban su trabajo.  Estas personas agredieron físicamente a los inspectores municipales y provocaron daños a una unidad vehicular (en el parabrisas, torreta y espejos laterales) y todavía se hicieron los agredidos.

“Ante el ataque, se procedió a replegar a nuestro personal y abandonar el lugar para evitar consecuencias mayores, ante el incremento de la violencia por parte de los mencionados afiliados al NGS”, informó Romero Benítez. Como consecuencia de lo antes narrado, se retuvo mercancía (cubre bocas, lentes y caretas) que pretendían vender sin permiso, misma que se puso a disposición del juez calificador.

El funcionario aprovechó la conferencia de prensa para recordar que previamente se han tenido varias reuniones garantizando el derecho de audiencia de todos estos grupos, a los que se les dio a conocer que derivado de la primera etapa de reapertura que inició el 21 de junio, el presidente municipal Antonio Villalobos emitió un mensaje para la apertura gradual del comercio, por lo que el diálogo se ha privilegiado y se garantiza el pleno respeto a los derechos humanos y en esta ocasión no fue la excepción.

“La semana pasada se tuvieron sendas reuniones informativas y de concientización con estos grupos y por nuestra parte, el titular de Seguridad Pública y de las Subsecretarias de Gestión Política y de Protección Civil, donde les expusimos los alcances del acuerdo de Cabildo, todos los líderes se comprometieron a respetarlos, lo que no ha sido así. Y el único grupo que salió de manera violenta y por la fuerza (a) instalarse en la vía pública es el Nuevo Grupo Sindical (NGS): la Consejería Jurídica estará presentando las denuncias correspondientes por lesiones y por daño en los bienes propiedad del municipio para que la Fiscalía General del Estado realice las investigaciones que correspondan”, apuntó.

Pero independientemente de ello no hay que olvidar quién es Ben Hur Hernández Bringas. Es el líder del NGS, organización que todo el sexenio pasado estuvo ligado al gobierno de Graco Ramírez. Ellos ya tenían “concesionado” el primer cuadro de la ciudad cada 15 de septiembre y 16 de septiembre para vender artículos de las fiestas patrias, además de los lugares que ya tienen en forma permanente en las plazas del centro.  Y de las concesiones de taxis y de los contratos para el acarreo de materiales de construcción ya ni hablamos.

El NGS le apostó todo al PRD y al PSD de los hermanos Yañez. Tan es así que la esposa de Ben Hur iba en la fórmula para la presidencia municipal de esos partidos. ¿Se imaginan si hubieran ganado las elecciones? Ahorita la ciudad sería suya.

Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de organizaciones “sindicales”, pues la historia ha demostrado que cuando la autoridad no le pone freno a sus ansias de poder, pueden llegar a confabularse con grupos de la delincuencia organizada y convertirse en criminales para quitar a quienes les estorban.

Luego no digan que no se los advertimos.

HASTA MAÑANA.

 

Lunes, 29 Junio 2020 05:32

Atentado: todos sabían

El atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el morelense de nacimiento Omar García Harfuch, dejó al descubierto una terrible realidad que durante muchos años se pretendió ocultar: la existencia de cárteles de la droga en la capital del país. Pero también –como seguramente trascenderá en los próximos días a medida que avancen las investigaciones- evidencia la infiltración que tiene el crimen organizado en prácticamente todas las corporaciones policiacas.

Como ya es del dominio público, los hechos ocurrieron alrededor de las 06:38 horas de este viernes entre la avenida Paseo de la Reforma y Sierra Madre, con saldo de tres muertos (dos escoltas y una mujer totalmente ajena al hecho) y siete heridos.

Antes que ninguna autoridad lo hiciera oficial, fue el propio agredido el que culpó del ataque al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a través de su cuenta de Twitter. “Esta mañana fuimos cobardemente atacados por el CJNG, compañeros y amigos míos perdieron la vida, tengo tres impactos de bala y varias esquirlas”, dice su mensaje, sin que se sepa a ciencia cierta si él lo escribió personalmente o le pidió a alguien más que lo hiciera, ya que él resultó herido de un brazo.

Como ya se ha publicado en todos los medios de comunicación, para el atentado en contra de Omar García Harfuch, los sicarios contratados por José Armando “N”, alias “El Vaca”, utilizaron un arsenal consistente en 5 rifles Barret .50, 1 lanzagranadas, 7 granadas, 35 armas largas, 8 pistolas, 39 chalecos, 51 bombas molotov, 96 cargadores, 2 mil 800 cartuchos, 1 inhibidor de señales, para lo cual requirieron un camión de 3.5 toneladas a la que le pintaron las siglas de Grupo Carso, así como dos suburban y varios vehículos compactos.

¿Cómo pudieron mover todo este arsenal, vehículos y hombres para perpetrar el ataque contra el jefe de la Policía de la Ciudad de México? No lo podrían haber hecho sin la colaboración de gente de la SSC pagada por el CJNG (asumiendo como cierta la aseveración de García Harfuch).

¿Cómo supieron el trayecto diario del jefe policiaco? ¿Cómo supieron la hora en que saldría ese día? Obvio que requirieron de varios espías disfrazados de ciudadanos comunes, pero también forzosamente tuvieron que contar con el apoyo de policías.

Tras este lamentable hecho es imposible no compararlo con el asesinato del entonces subprocurador de Delincuencia Organizada de la Procuraduría de Justicia de Morelos, Andrés Dimitriadis Juárez, quien no contó con la misma suerte que García Harfuch y murió junto con sus dos escoltas el 23 de octubre del 2008.

Una investigación periodística (que nos hizo acreedores al Premio Estatal de Periodismo 2010) sacó a relucir que esa noche prácticamente todas las corporaciones policiacas sabían que iba a ser asesinado el servidor público porque así lo había ordenado el jefe de plaza de la organización de los Beltrán Leyva, apodado “El Borrado”.

Un policía ministerial avisó cuando el vehículo oficial (un auto compacto cualquiera) del subprocurador salió de las instalaciones de la PGJE en la avenida Emiliano Zapata. De inmediato “se le pegó” una camioneta Ecosport color rojo que estaba esperando en la calle Tabachin, frente al edificio de la dependencia y los siguió por Colegio Militar hasta tomar la autopista.

Dos vehículos más se incorporaron a la persecución kilómetros adelante, de tal manera que cuando llegó al entronque con la avenida Diana ya eran tres los que lo perseguían, de tal manera que no hubo forma de escapar. Los alcanzaron unos 200 metros adelante y los masacraron. Se encontraron más de 200 casquillos de AR-15 y “cuernos de chivo”.

Las declaraciones ministeriales de algunos policías municipales que fueron detenidos años después, dejaron en claro que prácticamente todas las corporaciones policiacas, el Ejército y la Policía Federal, estaban en una “narconómina” que pagaba mensualmente Arturo Beltrán Leyva, quien vivía en Morelos hasta diciembre del 2009 en que fue acribillado por los marinos en las Torres Altitude.

Por eso es que ninguna corporación detectó las tres camionetas con sicarios armados que estaban “campaneando” al subprocurador de Delincuencia Organizada desde días antes, y todavía se tardaron varios minutos en llegar al lugar de la balacera.

Sólo unos despistados motociclistas de la Policía de Tránsito de Cuernavaca llegaron cuando las armas de los sicarios estaban todavía humeantes. Vieron impávidos cómo abordaban sus vehículos y se alejaban tranquilamente. Entre los sicarios iban policías municipales en activo, lo que quizás fue el motivo por el que no los mataron también a ellos.

Es por todo lo anterior que llegamos a la conclusión de que el pasado viernes, policías, comandantes y hasta directivos de la SSC-CDMX sabían que esa mañana iban a matar a su jefe, lo que irá saliendo a la luz en la medida en que los sicarios detenidos (19 hasta hoy) decidan soltar la lengua. 

Y ojalá que conforme avancen las investigaciones podamos encontrar respuesta a diversas interrogantes que se ciernen sobre este hecho.

¿Por qué querían matar a Omar García Harfuch? Si ya habían logrado que se detuviera la camioneta blindada, y los escoltas estaban muertos ¿por qué no lo remataron? De ahí se desprende la interrogante de si realmente querían terminar con su vida o sólo enviarle un mensaje.

¿Por qué Omar García Harfuch se apresuró a culpar al CJNG del atentado en su contra? ¿Hubo una advertencia antes? ¿Qué pedían a cambio de no atentar con su vida?

Actualmente en los medios de comunicación y las redes sociales hay todo un debate sobre este joven policía que dice haber nacido en Cuernavaca pero que no existe registro de ello. Ya están mencionando aspectos como que su abuelo fue jefe militar durante la represión del 68, que su padre encabezó la desprestigiada Dirección Federal de Seguridad (DFS), y que un medio hermano al que mataron estaba ligado al narco en Guadalajara. Lo peor: que fue subordinado del hoy enemigo número uno de México, Genaro García Luna.

Desde nuestro punto de vista Omar García Harfuch no debe ser enjuiciado mediática ni políticamente por lo que hicieron sus familiares, y tampoco creo que alguien deba quedar estigmatizado por haber trabajado con alguien.

Lo que sí se debe investigar es por qué lo quisieron matar. No olvidemos que antes de aceptar ser el titular de la Seguridad Pública de la capital, recibió una oferta del gobierno de Jalisco (que encabeza el tenebroso Enrique Alfaro) para hacerse cargo de la Policía de esa entidad, cuna del cartel que encabeza Nemesio Oseguera alias “El Mencho”, ofrecimiento que rechazó.

Pero una investigación no puede ser objetiva si ya el jefe del ejecutivo federal, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, dieron por hecho que García Harfuch es “el héroe” de esta historia, que está más interesante que una de las narcoseries de Epigmenio Ibarra.

HASTA MAÑANA.

 

 

 

Viernes, 26 Junio 2020 03:45

“Justicia Digital”

Es cuestión de horas para que el Poder Judicial de la Federación emita el acuerdo mediante el cual se amplía el plazo de inactividad con motivo de la contingencia causada por la epidemia del coronavirus, y a partir de ello harán lo propio los tribunales de todo el país, incluyendo el de Morelos. Es decir, que los abogados deberán seguir esperando para reiniciar sus litigios y, por lo tanto, continuarán sin ingresos monetarios.

Los litigantes no están exentos de la crisis económica generada por el Covid-19, y así lo han manifestado diversas organizaciones que están proponiendo que el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General del Estado pongan en marcha una serie de mecanismos cibernéticos que les permita hacer su trabajo.

El problema es que, por ahora, la autoridad judicial local está impedida para participar en innovaciones no contempladas en sus legislaciones, por más voluntad política que haya.

Así lo explica el abogado morelense Omar Mondragón López, (con quien tuve el gusto de compartir el aula en la UAEM y que posteriormente estudió una Maestría en la prestigiada Universidad de Harvard) en un artículo publicado recientemente en la revista Nexos.

“El problema durante la pandemia no ha sido la falta de interés para innovar; más bien, se trata de la ausencia de facultades para hacerlo. Por ello, es a partir del enfoque de facultades en que debemos concentrar el debate sobre la justicia electrónica local”, advierte.

Explica que la pandemia logró en unas semanas lo que cientos de publicaciones y decenas de congresos académicos no lograron durante los últimos veinte años: el salto de un tema académico, a uno de interés general.

Y es que, la inclusión digital es un derecho humano reconocido a nivel internacional desde 2012 y recogido en la Constitución en 2013, cuando dice en su artículo sexto que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación.

“Aquí vale la pena descartar el debate desinformado que contamina la discusión del tema: no se trata de abandonar los actos y formalidades pensados para dar certeza y seguridad jurídica a las partes en un proceso, esto es, la justicia electrónica no es y nunca ha sido —al menos en México— una batalla contra el principio de legalidad. La adopción de la justicia electrónica en nuestro país no ha pasado por el desplazamiento sino por su redefinición. Dicho de otra manera, la implantación exitosa de la justicia electrónica en México no ha requerido restar valor a las formalidades del procedimiento, sino que sólo ha demandado replantearlas en el contexto de la obligación constitucional de integrar las tecnologías de información y comunicación al trabajo de los tribunales”, afirma.

El 8 de junio de 2020, cuando el Consejo de la Judicatura Federal anunció la tramitación en línea de todos los asuntos presentados en sus órganos jurisdiccionales, independientemente de su instancia y materia, varios poderes judiciales de los estados lo imitaron.

La mayoría, no obstante, desperdició el periodo de cuatro años que medió entre el nacimiento de la obligación constitucional en junio de 2013 y el retiro de la potestad legislativa en las materias civil y familiar en septiembre de 2017. “Hoy la posibilidad de innovación está cerrada para esas dos materias”, sentenció el jurista.

En su opinión, México transita entre dos extremos: por un lado, el México desarrollado de la justicia federal y la justicia local de algunos estados diligentes como Coahuila y Nuevo León y; por el otro, “el México retrasado de todos los poderes judiciales locales impedidos para ofrecer servicios remotos, como Morelos y Chiapas”.

Sin que parezca una defensa para el Poder Judicial de Morelos, el actual presidente tomó el cargo el 18 de mayo pasado en medio de la pandemia, de ahí que no se le pueda achacar responsabilidad alguna, máxime que apenas unas semanas después de recibir la presidencia, remitió al Congreso Local una propuesta de reformas que permita reactivar algunas de las funciones de los tribunales.

Recientemente el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rubén Jasso Díaz, presentó ante la Quincuagésima Cuarta Legislatura dos propuestas de reforma a diversos artículos del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos y al Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos.

Respecto al Código Procesal Familiar se solicitan reformas a diversos artículos los cuales tienen como finalidad primordial incluir las notificaciones electrónicas y poder desarrollar las convivencias entre padres e hijos de manera electrónica.

En torno al Código Procesal Civil la finalidad es concretar reformas a varios artículos que permitan la implementación de igual forma, de las notificaciones electrónicas, así como sus variables y excepciones. 

Refirió que si bien existe la reforma al Artículo 73 Fracción XXX y la acción de inconstitucionalidad 144/2017 la cual fue en tiempos de “normalidad” se consideran que por la cuestión de la pandemia del virus covid-19 no se ajusta a la realidad que se vive actualmente y se tienen que buscar controles para acceder a los órganos  jurisdiccionales, como estas propuestas ante el Congreso del Estado.

Vale la pena mencionar que, con anterioridad (específicamente el 22 de abril pasado) el maestro Omar Mondragón López interpuso un recurso de amparo para obligar al Congreso de la Unión a realizar las modificaciones a las que se refiere el decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Cotidiana (Solución de Fondo del Conflicto y Competencia Legislativa sobre Procedimientos Civiles y Familiares) publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2017.

“Como en toda acción contenciosa, es imposible conocer su resultado con antelación, pero no hace falta tener certeza de que un juez de distrito compartirá nuestros argumentos. Con suficientes ciudadanos que compartan la voluntad de reclamar, exigir, de demandar la inclusión digital en la impartición de justicia local, el poder legislativo federal escuchará y no cometerá el error de posponer más la implementación de la justicia electrónica local. No es momento de pedir, menos aún de esperar, es momento de demandar”, concluye su artículo Omar Mondragón.

Ahora el balón está en la cancha del Poder Legislativo. Esperemos que así como interrumpieron su cuarentena y/o sus vacaciones para tratar de reformar la Constitución para aumentar el número de diputados, los integrantes de la actual legislatura trabajen hasta la madrugada para modificar las leyes que sean necesarias a fin de que el estado garantice el derecho a la justicia, y de paso los abogados litigantes puedan tener trabajo para llevar el diario sustento a sus casas.

HASTA MAÑANA.

 

 

Jueves, 25 Junio 2020 05:35

Los enmascarados

A partir del surgimiento de las redes sociales, pero específicamente en la comunidad de Twitter (con 340 millones de usuarios) han surgido una serie de entes cibernéticos antes desconocidos para la mayoría de nosotros. “Trolls”, “Bots”, “spammers” y toda una granja de personajes que a los políticos de la vieja guardia pareciera tener sin cuidado, pero que los estudiosos del marketing político consideran como determinante para las próximas elecciones.

La fortaleza de esta red social es su capacidad de difundir una información en tiempo real. En cuestión de minutos una información, foto o video puede estar en el teléfono celular de millones de personas, convirtiéndose en un “trending topic” (tendencia).

Como mecanismo de publicidad es útil, pero como mecanismo de dispersión de información negativa es letal. Es decir, si un candidato desea difundir sus actividades necesitará que algunos tuiteros con un buen número de seguidores repliquen sus mensajes. Pero si por el contrario hay un acontecimiento que no desea que se haga público, eso mismo hará que la foto o el video en cuestión se reproduzca como un virus, de ahí que se llame “viralizar” a la acción de reproducir masivamente una información. 

El presidente de la República está preocupado porque diariamente es objeto de “hashtags” (etiquetas) en Twitter que atacan sus acciones de gobierno, y la única salida que han encontrado sus colaboradores de justificarlo es que sus detractores utilizan robots cibernéticos denominados “bots”.

Ayer, Andrés Manuel López Obrador invitó de manera pública, al director de la red social Twitter, a participar en su conferencia de prensa matutina, a fin de que explique el uso de robots para incidir en los temas que se vuelven tendencia.

“Que nos diga qué pueden hacer para controlar lo de los robots y las noticias falsas, una invitación amable, respetuosa. O sea, ¿cuáles son las limitaciones? O ¿por qué no pueden dejar de permitir que haya este mecanismo de robots para degradar la vida pública, para insultar, para faltarle al respeto a las personas?”, cuestionó el mandatario.

Los reclamos del mandatario a la red social Twitter llevan varios meses porque no puede entender cómo es que millones de personas se ponen de acuerdo para escribir sobre un mismo tema. Pero eso sí, asegura que los que hablan bien de él son personas de carne y hueso.

Se ha comprobado que ambos bandos utilizan “bots”, que son cuentas falsas cuya única función es replicar un mensaje y aparentar que un usuario tiene muchos followers o bien, provocar que un “hashtag” se convierta en “trending topic”.

No confundir con los llamados “trolls” o “troles” que son cuentas con datos falsos que se dedican a insultar a los usuarios cuando lo publicado no les conviene.

Y aquí viene una subdivisión que no está bien definida, y que son aquellas cuentas “enmascaradas” que de manera anónima permanecen en la comunidad tuitera, pero que su función no se limita al insulto o la descalificación, sino que aportan información realmente valiosa, con el único inconveniente de que el autor no tiene nombre, ni apellido, y mucho menos rostro.

A nivel nacional el caso más ilustrativo es el personaje llamado “Tumbaburros”, con más de 300 mil seguidores, y cuyo mérito es tener información de primerísima mano. Según el gobierno de AMLO, atrás de este personaje está el hijo del expresidente Felipe Calderón.

En Morelos, podríamos afirmar que el precursor de este tipo de herramientas cibernéticas fue el tristemente célebre Gustavo Martínez González, asesor del entonces gobernador Graco Ramírez. El psicólogo de profesión al principio adoptó un papel de “escudero” del mandatario estatal, rebatiendo con argumentos a todo aquel usuario de Twitter (y también en Facebook) que se atreviera a escribir algo que él considerara sin fundamentos.

Los primeros debates fueron interesantes, pero cada vez se fueron haciendo más ríspidos hasta llegar al insulto. Poseedor de un acervo lingüístico muy amplio, Gustavo Martínez insultaba al contrincante de tal forma que éste se tardaba varios minutos en descifrarlo. 

Aunque se defendía diciendo que lo hacía desde su cuenta personal y no en representación del gobierno en el que trabajaba, Graco Ramírez terminó por pedirle que ya no lo hiciera. A partir de entonces, el funcionario público abrió varias cuentas con otros nombres, desde donde siguió rebatiendo a los entonces enemigos del sistema.

Aunque ya mencionamos que no es lo mismo Troll que Bot, en la práctica se confundieron los términos y entonces se acuñó el mote de “gracobots” para referirse a todos los personajes que desde una cuenta anónima defendían al gobernador y atacaban a sus detractores.

Muy pronto esa costumbre se generalizó y entonces nacieron los “Verabots”, personajes que durante el conflicto del entonces rector Alejandro Vera con el gobierno estatal, se encargaban de atacar al jefe del Ejecutivo, obviamente con cargo al erario universitario.

Con la llegada del proceso electoral del 2018 el mundo del Twitter en Morelos se convirtió en un desastre, por decir lo menos. A través de cuentas anónimas, los candidatos de todos los partidos se echaron y recibieron estiércol, haciendo uso de un artefacto cibernético también de reciente creación: el meme.

Así, entre broma y broma, haciendo gala de creatividad pero también de malicia, transcurrió el proceso electoral con los resultados ya conocidos.

Hoy, para quien quiera adentrarse en ese mundo alterno llamado Twitter, le advertimos que se encontrará con personajes como “Teresa de la Merced”, “Tadeo de la Madrid”, “El Chinelo Morelense”, “Pedro Navajas”, “Changoleonmor”, “Memelítica” “Princexitaffi”, “Luis Mora” y muchos otros que por el tipo de información que manejan suponemos que son políticos o periodistas reconocidos, pero que por alguna razón prefieren subir al ring “enmascarados”.

Y seguramente serán ellos los que en unos meses más estarán lanzando al mundo cibernético la información más escandalosa y comprometedora de los ciudadanos que busquen un escaño en el Congreso Federal o local, así como en los 36 ayuntamientos de la entidad.

Es la nueva modalidad de hacer política. Y usted ¿ya tiene su cuenta de Twitter?

HASTA MAÑANA.

Miércoles, 24 Junio 2020 03:14

Covid 19: entrampados

La epidemia ocasionada por el virus SARS COV 2 tiene a nuestro país entrampado en un escenario en el que ya nadie sabe qué estrategia aplicar, además de que todo lo que se haga o se deje de hacer tendrá implicaciones políticas con miras a las elecciones intermedias del próximo año. El coronavirus vino a romper todos los escenarios que se tenían previstos y obligó a los gobiernos de los tres niveles a reorientar sus acciones sin tener la seguridad de que al final tendrán un resultado favorable.

Por ejemplo, los alcaldes que ya tenían planeado reelegirse o bien buscar un escaño en la siguiente legislatura ya tenían todo bien planeado: comenzar a mediados de año con la entrega de despensas y con obras de relumbrón, bailes, funciones de lucha libre, jaripeos y todos esos eventos masivos para lucirse y ganar adeptos.

Lo mismo los diputados y las diputadas que soñaban con buscar una alcaldía, o bien la reelección como legisladores: eventos masivos para repartir artículos con su nombre para que no se les olvidara a los posibles votantes.

Pero la epidemia les cambió todo. El poco dinero que había se tuvo que utilizar en la compra de material de protección sanitaria, y el colmo: las despensas se tuvieron que entregar con el rostro cubierto. ¿Así cómo va a saber la gente que el favor se lo debe al diputado fulano?

Una de las diputadas, Tania Valentina para ser exactos, se le ocurrió la idea de acompañar a un grupo de comerciantes que exigían la reapertura de negocios en una marcha hacia el palacio municipal. Fue una osadía de la diputada, seguramente por recomendación de su flamante asesor, Javier López. Dirían los jóvenes: “Se la rifó”.

No sabemos si alguna de las 200 personas aproximadamente que participaban en la manifestación se integrará a las filas del Partido del Trabajo o votará por Tania Valentina en las próximas elecciones, pero lo que sí logró fue que surgiera el rumor de que a partir de esa movilización el alcalde aceptó reabrir los establecimientos comerciales no sólo para los manifestantes, sino para todo el comercio en general.

El presidente municipal Antonio Villalobos Adán, anunció a través de un video difundido en redes sociales, el reinicio de las actividades comerciales en Cuernavaca a partir del lunes 22 de junio. Señaló que así lo han solicitado, urgido y demandado los sectores de nuestra sociedad, ante la desesperación por la pérdida de su poder adquisitivo, la afectación de su economía familiar o de sus fuentes de sustento.

Villalobos Adán cerró su mensaje subrayando: “que quede claro: no somos un gobierno impositivo. Hemos sido un gobierno propositivo. Y por ello apelo a su voluntad porque no restringimos ninguna actividad comercial; proponemos regular la movilidad individual y colectiva”, recalcó.

No obstante, las críticas no se hicieron esperar, a pesar de que “El Lobito” sigue los mismos criterios que el presidente de la República, quien desde hace una semana dijo que ya debemos ir saliendo, “poco a poco y tomando las medidas sanitarias dictadas por la Secretaría de Salud”.

Fue necesario que diera una conferencia de prensa el mismo lunes al mediodía para disipar algunas dudas. Aclaro que no se ha convocado a la población a salir ni a relajar los protocolos sanitarios, sino a implementarlos responsablemente ante la Nueva Normalidad, pues es necesario un nuevo orden ante la pandemia y sus efectos.

Y dio a conocer algo que no había mencionado antes: se trata de un periodo de prueba durante 21 días, tiempo en el cual se evaluará si la corresponsabilidad social permite pasar al siguiente nivel de operaciones comerciales, o se regresa a un esquema más riguroso de restricciones.

“El Ayuntamiento permite la reapertura gradual, segura y responsable, pero, atención: cada quien debe aplicar protocolos específicos para cada rubro, giro y actividad profesional. La comuna asesora y marca políticas basadas en lo que recomienda el sector salud, pero cada uno debe procurarse información, manuales, o tutoriales en lo individual, familiar y colectivo para no bajar la guardia en la prevención y protección de nuestra salud”, advirtió.

A pesar de lo anterior, no faltó quien dijera que el alcalde de Cuernavaca sería el responsable de los fallecimientos que haya a partir del lunes pasado. O sea, como dicen las feministas, no entienden que no entienden.

Por la tarde, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, leyó un comunicado en el que advirtió que al día de hoy, Morelos está en un grado de alerta máxima; es decir, la salud y la vida de las y los morelenses se encuentran en el máximo nivel de riesgo por el virus SARS-CoV-2.

“En este escenario, todas las autoridades del Estado tenemos la obligación legal, ética y social de continuar con la suspensión de actividades no esenciales, para salvaguardar la salud de la población”, apuntó.

Recordó que los acuerdos emitidos por los gobiernos federal y estatal son de observancia obligatoria tanto para los integrantes del Sistema Estatal de Salud, como para las autoridades civiles y los particulares, así como las secretarías, dependencias y entidades estatales y municipales en Morelos, quienes estarán obligadas a la instrumentación de las medidas preventivas contra la pandemia.

“El incumplimiento de dicha obligación en el orden municipal implicará la responsabilidad directa de los presidentes municipales sobre las consecuencias que el desacato pudiera generar”, advirtió, en obvia referencia a los alcaldes de Cuautla y Cuernavaca (ambos de Morena).

Dijo Ojeda Cárdenas que la propuesta para reiniciar actividades económicas no esenciales debe ser “cauta, responsable y gradual” tal como lo ha establecido el gobierno federal. Aquí cabría preguntarle, cuando habla del gobierno federal si se refiere a Hugo López Gatell o al presidente López Obrador.

Ambos funcionarios tienen razón. El gobierno del estado de Morelos reconoce que existen exigencias de reapertura, motivadas principalmente, por los efectos económicos de la pandemia, a los que es sensible. Sin embargo, reiniciar actividades no esenciales en este momento, implicaría un costo altísimo en términos de salud, como por ejemplo, la posible saturación hospitalaria, y una prolongación aún mayor de los efectos económicos adversos.

Pero el alcalde de Cuernavaca también tiene razón cuando dice que la economía de Cuernavaca está quebrada y ya no aguanta más. 

De todos modos, tanto Villalobos como Ojeda quedarán “como el cohetero”, y cualquiera que sea el desenlace recibirán críticas por lo que hicieron o dejaron de hacer.

HASTA MAÑANA.

 

Martes, 23 Junio 2020 06:07

Rabindranath: al ruedo

La designación de Rabindranath Salazar Solorio como subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Ciudadana y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación ha tenido las más diversas interpretaciones a partir de que lo anunció ayer por la tarde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Hay quienes lo ven como un ascenso, pero también los que advierten que se trata de un movimiento que lo aleja del manejo de recursos financieros, que lo quita del escritorio para mandarlo a un cargo menos burocrático.

Por principio de cuentas habría que hacer notar que Rabindranath es contador público de profesión, y llega a sustituir a una licenciada en Derecho, por lo que se antoja un enroque que no tiene sentido ni explicación alguna. Lo lógico era que la abogada (especialista en temas jurídico-políticos) se quedara en la Subsecretaría de Gobernación y el contador público siguiera atendiendo el Banco del Bienestar.

¿Algo no le gustó del manejo de Rabín en el Banco o de Diana Álvarez en la Subsecretaría? Difícilmente lo sabremos, pues “los designios de AMLO son inescrutables” y sólo él sabe por qué los hace.

Sólo quienes son sus seguidores o miembros de su vastísima familia lo consideran un súper ascenso que lo pone en la antesala de la gubernatura de Morelos.

Desde nuestro punto de vista, la subsecretaría de Gobernación sí es una excelente palestra que lo pone en las grandes ligas a nivel nacional (en el Banco del Bienestar también pero no tenía tanta oportunidad de aparecen en los medios).

Sin embargo, también es un cargo muy peligroso políticamente hablando, que si no lo sabe manejar bien puede convertirse en su tumba política. No lo vemos como una maniobra con miras a la elección del 2024 en Morelos, pues en cinco años pueden suceder muchas cosas.

Nos queda claro que el oriundo de Tejalpa es el morelense más cercano al presidente López Obrador, y el militante de Morena con más posibilidades de llegar a la gubernatura. Sólo un hecho extraordinario evitará que Rabín sea el candidato a gobernador en el 2024, con muy amplias posibilidades de obtener un triunfo.

Aclaramos: estamos hablando de la candidatura, no del gobierno de Morelos. Y es que, de la misma manera que la ola Morena llevó a la gubernatura a Cuitláhuac García en Veracruz o a Miguel Barbosa en Puebla, también podría llevar a la derrota a quienes se postulen por ese partido si es que AMLO continúa desilusionando a quienes votaron por él. Ahorita podría tomarse como una idea descabellada, pero -insistimos- en cinco años pueden pasar muchas cosas.

Como sea, la designación de Rabín al frente de una de las  dos subsecretarías de Gobernación es una forma de “echarlo al ruedo” como si fuera un torero que habrá de demostrar de qué es capaz. Igual sale “en hombros”, igual se lo lleva una cornada que lo aleja de la fiesta brava por un tiempo, o de por vida.

De cualquier forma, estar en la Secretaría de Gobernación es un gran salto para el morelense cuyo currículum comienza diciendo que fue “director del Sistema de Agua Potable de Tejalpa”, antes de ser tesorero de Jiutepec y Cuautla, alcalde del municipio que lo vio nacer y diputado local.

Ningún otro personaje (con excepción de Jorge Carrillo Olea, de quien hablamos ayer en este espacio) ocupó un cargo de esa envergadura en la Segob.

Aunque la Senaduría le dio la oportunidad de manejarse en “las grandes ligas”, Rabindranath Salazar Solorio tiene en la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Ciudadana y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, una excelente oportunidad de desenvolverse todavía más alto.

Pero -insistimos- los riesgos son todavía mayores pues estará en la mira de los grandes protagonistas de la política a nivel nacional y de organismos no gubernamentales que igual le dan una buena carta de recomendación, que terminan con su ascendente carrera.

Y el riesgo es todavía mayor si tomamos en cuenta que –aunque su jefa será Olga Sánchez Cordero, una excelente persona con una larga carrera en el Poder Judicial Federal- finalmente más arriba está el mismísimo presidente de la República, quien es algo terco y no acepta otra verdad que no sea la suya.

¿Qué deja pendiente Rabín en el Banco del Bienestar? Deja sin terminar el proyecto para construir sucursales en comunidades del país en donde no se cuenta con servicios financieros para la dispersión de recursos de los programas sociales del gobierno federal y otros servicios de bancarización.

El pasado 28 de mayo, el titular de la Bansefi participó en la conferencia de avances y resultados de los Programas del Bienestar, donde informó que de las 427 sucursales, 37 ya fueron terminadas, 287 están en construcción y 103 están por iniciar, la mayoría se encuentra en la zona centro y sur de la república.

Recordó que, para este año la meta es llegar a mil 350 sucursales del Banco del Bienestar y a 2021 con dos mil 700 sucursales, como fue anunciado en enero pasado, siendo la institución financiera con el mayor número de sucursales físicas en el país, con un presupuesto de cinco mil millones de pesos, programa que se encuentra dentro del Plan Nacional de Desarrollo.

De haber logrado lo anterior, ese cargo lo hubiera catapultado todavía más arriba, de no ser porque ayer, sin dar mayores explicaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador escribió en su cuenta de Twitter:  “Anuncio un cambio o enroque, pero obviamente republicano: la subsecretaria de Gobernación, Diana Álvarez Maury, ocupará la dirección del Banco del Bienestar y Rabindranath Salazar, actual director de dicho banco, será el nuevo subsecretario de Gobernación”.

Sólo el tiempo y las circunstancias nos dirán si el cambio fue benéfico para el morelense que acostumbra disciplinarse a las órdenes de sus jefes, tal como ocurrió cuando se quedó en el camino para la gubernatura del estado de Morelos bajo las siglas del PRD, y posteriormente aceptó ceder su lugar a Cuauhtémoc Blanco para que fuera el candidato de la coalición Morena, PT y PES.

HASTA MAÑANA.

 

Lunes, 22 Junio 2020 05:56

“Torpezas de la inteligencia”

Terminé de leer el último libro de Jorge Carrillo Olea, titulado Torpezas de la Inteligencia, donde explica cómo nació el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, con anécdotas de sus tiempos de jefe de escoltas de Echeverría y José López Portillo; su excelente relación con el presidente Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, y sus desencuentros con Ernesto Zedillo y Manuel Bartlett.

Carrillo Olea, a quien la periodista y escritora Anabel Hernández ha definido como “el padre de la Inteligencia en México”, recuerda que su vocación inicial por estudiar “Estado Mayor” se despertó en 1955, (a sus 17 años, cuando iba en el segundo año del Colegio Militar), sin saber exactamente de lo que se trataba y mucho menos sus implicaciones. En 1970 se incorporó al Estado Mayor Presidencial y en esa época tuvo su primer contacto formal con el concepto básico de inteligencia estratégica en la Escuela Superior de Guerra.

Su cargo específico en el EMP fue “jefe de la Sección Segunda”, que los militares identifican perfectamente como el área de inteligencia y seguridad al servicio del presidente, aunque esto último en la práctica lo hacía un grupo de agentes de la Dirección Federal de Seguridad.

Una fecha que quedó marcada en su historia fue el 14 de marzo de 1975, día en que se llevó a cabo un evento en la Facultad de Derecho de la UNAM, cuando todavía estaban frescos los recuerdos de lo acontecido en Tlatelolco en 1968 y en San Cosme en 1971, el llamado “Halconazo”.

Jorge Carrillo Olea narra cómo sacó de ese auditorio al presidente Luis Echeverría cuando una turba de estudiantes comenzó a romper los vidrios con tepalcates de los macetones que habían roto previamente, uno de los cuales le dio al presidente en la frente y lo hizo sangrar.

Prácticamente en vilo llevaron al presidente al estacionamiento y no alcanzaron a llegar a donde estaban los vehículos oficiales, sino que al entonces coronel Carrillo Olea se le ocurrió utilizar un vehículo Maverick rojo que su propietario (un muchacho dedicado a imprimir tesis y que esa tarde debía entregar varias) ya había puesto en marcha.

“El presidente reía a carcajadas. Llegamos al final del estacionamiento y aprovechamos una especie de rampa de tierra para brincar la banqueta y entrar en una mezcla de floresta y pedregal, tan propia de la Ciudad Universitaria. Desde luego, yo no sabía, porque nunca lo calculé, a dónde llevaba aquella brecha. Lo único seguro era que nos alejaba de los estudiantes que aún nos perseguían. Luego de un kilómetro, llegamos a Insurgentes, pero en sentido contrario”.

Relata que el presidente se carcajeaba y gritaba: “¡Igual que en Los Intocables!”.  ¿Por qué lo hacía? El autor del libro no lo sabe, pero supone que era porque el presidente se sentía seguro y confiaba plenamente en su equipo de seguridad, por lo que se le hacía divertido todo lo que estaba pasando.

Para quienes no fue divertido fue para su familia y gabinete, pues durante casi una hora (tomando en cuenta que no existían teléfonos celulares) el presidente de la República estaba “desaparecido” tras un incidente con estudiantes. Ya en la residencia oficial de Los Pinos, lo primero que hizo Luis Echeverría fue pedir que localizaran al proyeccionista porque deseaba ver una película.

Pero si Echeverría estaba medio loco (al menos así lo demuestra su comportamiento anterior), José López Portillo era peor, por lo que Carrillo Olea define a ese sexenio como “desastroso”, y no tanto por el titular del Ejecutivo, sino por la turba de delincuentes que entraron con él.

“Para no dejar cabida a interpretaciones, la DFS era simplemente una organización criminal”, afirma categórico.

El mérito de Jorge Carrillo Olea –según advertimos a lo largo del libro- fue hacerse amigo de Miguel de la Madrid Hurtado, desde que éste era un eficiente funcionario en la Secretaría de Hacienda. Desde entonces sostenían encuentros en los que JCO le platicaba a su amigo de sus intenciones de crear una verdadera institución de inteligencia, equivalente a la CIA de Estados Unidos.

Un dato relevante: un día antes de tomar posesión como presidente de la República, Miguel de la Madrid desayunó con Jorge Carrillo en Cuautla, lo que era señal de que por fin iba a poder hacer realidad su proyecto.

El Sistema Nacional de Inteligencia consistiría en la creación de tres centros: el CISEN, el Cendro y el Centro Nacional de Inteligencia Criminal, lo que implicaría la desaparición, de una vez por todas, de la DFS.

Fue un sábado de mayo de 1985, cuando en su carácter de subsecretario de Gobernación, Jorge Carrillo Olea se dio el lujo de acudir hasta las oficinas de la DFS y ordenar a todo el personal formado: “Coloquen sus charolas y pistolas a sus pies”. Con el metal fundido de las charolas se hizo un busto de Benito Juárez que a la fecha permanece en la sede del CISEN.

En su libro, JCO da cuenta de una reunión con Carlos Salinas de Gortari a unos días de tomar posesión como presidente de la República. Dice que fue en la calle de Cracovia, en San Ángel, y que ahí le planteó la creación del CISEN, cargo que ostentó hasta octubre de 1991, cuando lo mandó a la PGR.

A lo largo de 293 páginas, el general en retiro aporta una serie de propuestas de cómo debe manejarse lo que él llama “Inteligencia Estratégica”, que no es otra cosa que la sistematización de la información para la correcta toma de decisiones.

En algún momento pensé que la intención del ex gobernador de Morelos era que el libro llegara a manos del nuevo presidente de la República, quien fuera, y que lo regresaran al CISEN, institución de la que presume ser el fundador.

Así parece cuando dice que “la presente obra (…) tiene la intención de ser una serie de consideraciones constructivas para pensar en el futuro de la inteligencia estratégica. Aunado a ello, ofrece un planteamiento idealista sobre lo que el país podría intentar al respecto y lo que merece, necesita y puede obtener en esa materia, incluso en términos de seguridad nacional”.

Sin embargo, quienes lo conocimos en su trunca administración 1994-1998 nos seguimos preguntando ¿y por qué no utilizó toda esa capacidad y experiencia para permanecer como gobernador de Morelos hasta el fin de su sexenio?

HASTA MAÑANA.

 

 

Viernes, 19 Junio 2020 05:41

Alberto Sánchez: decepción

A partir de que publicamos el pasado martes el caso de un trabajador del Ayuntamiento de Xochitepec, que murió esperando su pago de pensión retroactivo a cuatro años, nos ha comenzado a llegar información que definitivamente demuestra que la imagen de “incluyente y solidario” que alguna vez dio el alcalde Alberto Sánchez Ortega, fue sólo demagogia, pues en realidad es un tipo insensible y materialista.

El caso que abordamos –por si el lector no lo recuerda- es el de Vicente Valdepeña Rey, quien de acuerdo al decreto publicado en el periódico oficial “Tierra y Libertad” de fecha 27 de julio de 2016, cumplió los requisitos para recibir la pensión jubilatoria por 28 años de servicio en la Policía Municipal de Xochitepec.

Pero de acuerdo a la versión de su hijo Jesús Valdepeña, el alcalde Alberto Sánchez Ortega, el contralor Bernabé Álvarez Almazán y el tesorero Adolfo Aguilar Figueroa, les pusieron como condición para entregarles el cheque correspondiente a la pensión en forma retroactiva.

“Nos dijeron que si no dábamos dicha cantidad nunca saldría el cheque y presumían que tienen excelentes abogados para no dar la pensión si no accedíamos, y que se iba a morir primero antes que cobrar su pensión. Y lo consiguieron, pues mi padre murió el 25 de abril del 2020”, dice la denuncia por escrito que el quejoso interpuso en diferentes instancias.

Esperábamos una versión oficial del Ayuntamiento que contrarrestara las acusaciones, pero tanto el alcalde como los regidores guardaron un silencio cómplice.

Y por el contrario, los espacios de comentarios en las redes sociales se llenaron de quejas que van en el mismo sentido de la columna ya mencionada.

“Así le pasó a un trabajador que no le quisieron pagar su pensión, igual en mismo municipio, el mismo alcalde en su primer trienio, y terminaron pagando vía juicio de amparo que promovimos”, comentó el abogado JM Guzmán en Facebook.

“Desafortunadamente, no encontramos el hilo negro; me atrevo a decir que en todos los ayuntamientos del Estado se viven estas situaciones y peores... Personas enfermas, viudas y hasta niños dependientes de elementos policiales sufren los abusos de las autoridades municipales. Este asunto no es de naturaleza laboral, sino administrativa. Ojalá y la persona fallecida tenga beneficiarios, de los estipulados en la Ley de Prestaciones de Seguridad Social o haya designado a alguna persona, de lo contrario se enfrentaran a un juicio muy prolongado, tortuoso, enfrentándose no sólo a la insensibilidad de las municipales, sino también a la poca efectividad y criterio escaso de casi todos los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos”, apuntó el también litigante Francisco Javier Salgado Guzmán.

Otro abogado muy conocido entre los policías, Alejandro Legorreta, escribió: “Mi estimado Jesús Castillo, justamente hoy me contactó una Policía de ese Ayuntamiento, cercana colaboradora del Director Jurídico recién asesinado, a quién le están pidiendo su renuncia sin causa justificada, solo por no ser cercana al equipo de trabajo. No dudo de la buena voluntad de este Presidente Municipal, pero creo que debería estar más al Pendiente de su círculo cercano, pues a veces en su nombre, cometen abusos”.

“Qué triste historia. Qué injusto para el que ya falleció. Qué pena por la familia andar en estás penurias desde hace tantos años. Con NADA le devuelven los malos ratos a la familia. Ojalá haya sanciones severas a quien obstruyó el proceso”, comentó la ciudadana Laura Gallart.

Hasta ahí los comentarios con nombre y apellido. El resto son quejas anónimas que llegaron a través de diversos medios, que retratan a un hombre muy diferente al que vimos en sus comerciales de campaña, tanto en 2015 como en 2018.

“Yo laboré 6 años en el ayuntamiento de Xochitepec en seguridad pública el año pasado al acudir a un auxilio me recibieron a balazos y recibí dos impactos que pusieron en peligro mi vida al momento en que le ambulancia me trasladaba al hospital a Cuernavaca me iba a ingresar al Henry ya que no contamos con seguro social y comentaron que dijo el presidente Beto Sánchez que ahí no porque tenían que depositar 60000 pesos para la atención inicial y me ingresaron al parres donde gracias a dios y a unos compañeros fue que recibí buena atención, en ningún momento me fue a visitar el alcalde, ni a mi domicilio en el tiempo que estuve convaleciente que dieron dos meses.

“Al regresar me requieren un auxilio en el centro de Chiconcuac por unas personas que estaban tomando y alterando el orden, llegué al lugar y contacté con dichas personas a las cuales se les hizo la invitación de que se retiraran y uno de ellos manifestó que no sabía con quién me estaba metiendo que eso me costaría el trabajo y acto seguido se nos van a golpes yo en todo momento me replegaba y rehuía a los golpes en virtud de que aún no me reponía de la fractura de costilla producto de uno de los balazos que recibí dos meses atrás y me reincorporé por qué ya no me dieron incapacidad en el ayuntamiento, pues al vernos superados por los agresores se solicita más apoyo ya que al final eran de 25 a 30 personas agrediéndonos y nosotros éramos solo doce policías y en la trifulca se detiene a dos personas entre ellos al que se decía influyente, resultando ser sobrino del presidente, y por esa riña, el presidente me despidió del ayuntamiento”, dice un mensaje anónimo.

Otro más que refiere que la familia del alcalde tiene un negocio de comida y que utiliza sus influencias para perjudicar a los que considera sus competidores. También comentan que el alcalde es déspota en su trato, que antes era bondadoso pero que ahora “ya se le subió” y a todo quiere sacarle un provecho económico.

“El presidente municipal aprovechó su imagen de discapacitado para llegar al poder en 2015 a pesar de provenir de un partido tan desprestigiado como es el PRI, luego utilizó los recursos del Ayuntamiento para financiar su campaña y conseguir la reelección. Antes buscaba la forma de ayudar a la gente de Xochitepec, pero hoy todo parece indicar que sólo busca cómo hacerse de recursos para él y su familia, ya sea para retirarse de la política o buscar una diputación local”, dice otro de los comentarios que pidieron el anonimato.

HASTA EL LUNES.

 

 

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