Jesús Castillo

Jesús Castillo

Jesús Castillo García. Periodista con 30 años de trayectoria; Premio Estatal de periodismo 2010 y 2012. Premio Nacional de Periodismo 2013.
Jueves, 12 Diciembre 2019 05:29

García Luna, el verdugo de Cabeza de Vaca.

“Es el karma. Tarde o temprano lo que haces se te regresa”, fue el comentario que me hizo vía Whatsapp una persona muy cercana al ex secretario de Seguridad Pública, Luis Ángel Cabeza de Vaca, cuando le avisé que acababan de detener en Estados Unidos a Genaro García Luna.

Miércoles, 11 Diciembre 2019 05:12

Los “bailes” en la delegación de la PGR

Durante décadas, la delegación de la Procuraduría General de la República en Morelos fue considerada lugar privilegiado para los consentidos de la institución federal. Su cercanía con el Distrito Federal donde se ubican las oficinas centrales, con el Puerto de Acapulco a unas horas para escaparse cualquier fin de semana, su clima, en fin, todo hacía que la plaza de Cuernavaca fuera asediada por los delegados de todo el país.

Con excepción de Jorge Trade Nieto, quien estuvo de delegado hace unos 30 años, los demás han sido fuereños que llegan por periodos cortos de tiempo y después son rotados a otras plazas. Muchos se quedaban durante la semana en algún departamento rentado y el viernes por la tarde se iban a pasar el fin de semana con sus familias en el Distrito Federal o algún estado circunvecino.

Esa circunstancia beneficiaba mucho a los subdelegados y agentes del Ministerio Público federal, quienes hacían realidad aquel dicho que habla de la ausencia del gato y la fiesta de los ratones. A la delegación de la PGR en Cuernavaca ya la conocían en el círculo de los litigantes como “El Salón México”, por aquello de “los bailes”. “Bailar” a alguien significa –en el argot policiaco- obtener dinero de un detenido a cambio de ayudarle a obtener su libertad, o simplemente no ponerlo a disposición.

En una ocasión, un agente del Ministerio Público y su auxiliar fueron a caer hasta la cárcel de Atlacomulco por no poner a disposición a un presunto vendedor de drogas. El hecho ocurrió en la subdelegación de Cuautla durante un fin de semana, cuando la Policía Municipal puso a disposición del MPF a un detenido y una buena cantidad de mariguana. A los deshonestos servidores públicos (un hombre y una mujer) se les hizo fácil dejar ir al detenido previo pago de una cantidad de dinero y quedarse con la droga.

No contaban con que la Policía Municipal había incluido esa detención en los partes informativos que proporcionaban a la prensa, de tal manera que, al llegar el titular de la delegación el lunes, se percató de que un periódico anunciaba la detención de un presunto narcomenudista, y el agente del MP que estuvo de guardia reportó “sin novedad”.

Ese caso, ocurrido en la década de los noventas, fue el único en el que hubo sanción para los responsables.  Y no porque la corrupción se haya extinguido en la PGR-Morelos, sino porque los funcionarios han sido muy cuidadosos para “cuadrar” jurídicamente los “bailes”.

Un claro ejemplo de ello fue la detención de un sujeto que decía llamarse José Belem Mendoza, quien viajaba en un vehículo blindado con seis armas y en compañía de un hombre y una mujer, hechos ocurridos en mayo  del 2003.

Aunque era evidente que se trataba de un narcotraficante acompañado de su amante y de su guarura, y que se daba el delito de acopio de armas, un astuto abogado y un diligente MPF armaron todo para que quedara asentado que cada uno de ellos traía dos armas, reduciéndose el delito a simple portación de arma de uso exclusivo del Ejército.

Cuentan que en esa ocasión el detenido vociferaba: “¿dónde chingados está Agustín Montiel, bien que va a cobrar su mensualidad pero cuando se necesita no aparece?”

El juez federal Rubén Paulo Ruiz Pérez se “sacó de la manga” una resolución en la que ordenaba el “arraigo” de los tres acusados en un motel, de donde los dos hombres y la dama escaparon en un taxi, ante la complacencia de los agentes de la extinta AFI.

Años después se sabría que el detenido no era José Belem Mendoza  sino nada menos que José Gil Caro Quintero, sobrino del capo Rafael Caro Quintero, pero no por investigaciones de la Policía, sino porque fue detenido nuevamente en el 2004, ahora en Jalisco, y él mismo contó, con una sonrisa burlona, cómo evadió la acción de la justicia en Morelos con el apoyo de la PGR.

En el 2006, la Policía estatal puso a disposición de la PGR-Morelos a unos sinaloenses que viajaban a bordo de una camioneta de lujo y que fueron perseguidos hasta Ocotepec, donde abandonaron el vehículo con varias armas largas. Salieron libres al concluir el término constitucional, y la explicación que dio a la prensa la entonces delegada, María del Carmen Archundia Escutia, fue de risa: si bien es cierto que los sujetos fueron detenidos a 10 metros de una camioneta con armas, no se pudo acreditar que ellos estuvieran en posesión de las mismas.

-¿Y qué explicación le dieron los sujetos para justificar que, siendo de Sinaloa, anduvieran en Cuernavaca?- cuestionamos a la funcionaria.

-No se lo preguntamos. El derecho al libre tránsito es una garantía constitucional- respondió entre tartamudeos.

Con el paso del tiempo se sabría que los detenidos eran sicarios de Arturo Beltrán Leyva, y que la reacción de la delegada era por simple supervivencia. Las fechas coinciden con la llegada a Morelos del llamado “jefe de jefes”, allá por el 2006.

Guillermo Fernández Urbán, abogado y empresario que se jacta de haber aportado recursos para la campaña del candidato del PAN a la gubernatura del estado, Marco Adame Castillo, recientemente narró lo siguiente:

“Estábamos en la casa de Tito Sagahón con Javier López Sánchez, quien coordinaba la campaña de Marco Adame. Yo ya había dado varias cantidades de dinero para la campaña, pero ese día Javier nos dijo que no, que ya no aportáramos más recursos, porque acababa de llegar “el ingeniero” y que él se encargaría de proporcionar todo lo que hiciera falta hasta finalizar la campaña”.

Su declaración la hizo hace algunos meses frente a este columnista y la persona que nos presentó, en el restaurante “Ex Hacienda de Cortés”.

Entre muchas otras propiedades, Arturo Beltrán Leyva adquirió dos departamentos (con prestanombres, obviamente) en las recién inauguradas Torres Alltitude, donde vivía como cualquier ciudadano.

A escasos 500 metros estaba el restaurante “Los Cedros”, propiedad de Genaro García Luna, quien ayer fue detenido en Estados Unidos por sus vínculos con grupos de la delincuencia organizada.

Ah, por cierto, ¿alguien sabe cómo se llama el actual delegado de la PGR?

HASTA MAÑANA.

 

 

 

 

Martes, 10 Diciembre 2019 05:44

El cuadrilátero del PRI

Cual si fuera Andy Ruiz en su primera pelea contra Anthony Joshua, el hombre de chamarra color beige esquivó el derechazo de su contrincante y le soltó un “martillazo” que lo hizo tambalear y retroceder en su ataque. Ya lo iba a rematar cuando llegó un segundo individuo con la intención de descontarlo.

No, no se trataba de un ring de box ni las calles de Tepito, sino de las oficinas del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la colonia Vista Hermosa de Cuernavaca. El hombre de chamarra beige es nada menos que el delegado Josué Cirino Valdés Huezo, y los atacantes, con gorras y lentes negros, eran desconocidos que llegaron a agredirlo.

“Que te largues cabrón”, le advierte uno de los golpeadores antes de abandonar la oficina. En el video difundido en redes sociales se observa a un hombre de camisa rosa pedirle al delegado que lo acompañe afuera, a lo que el dirigente se niega.

-¿Por qué me manda a estas gentes? ¿Qué pasa?- inquiere Josué Cirino.

- No, no pasa nada. Venga por favor- insiste el sujeto.

- No, ¿cómo voy a ir? Yo voy subiendo y este cuate me jala- reprocha.

Cirino Valdés Hueso es originario del estado de México, de una familia priísta por varias generaciones. Se ha desempeñado como diputado federal por el Distrito XVII de Ecatepec, Estado de México, en la LXI Legislatura, donde fue presidente de la Comisión Especial de Análisis de Políticas de Creación de Nuevos Empleos y secretario de la Comisión de la Función Pública. También fue Segundo Síndico del Ayuntamiento de Ecatepec.

El 11 de septiembre pasado fue presentado como representante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del tricolor en Morelos, cargo que ya había desempeñado antes en el estado de Coahuila.

El pasado lunes dos de diciembre, a su llegada a las oficinas del CDE en las calles de Yucatán y Amacuzac, Josué Cirino fue agredido por al menos tres sujetos que vestían chamarra, gorra y lentes oscuros, mismos que lo increparon en las escaleras y posteriormente entraron a la oficina de José Mejía Fernández, a donde el dirigente se metió para resguardarse.

Ese mismo día por la tarde interpuso una denuncia, la que quedó registrada con el número FE/018/2019 en donde señala que los tres sujetos que lo agredieron eran parte del grupo de integrantes del Comité Municipal de Cuernavaca, cuyo delegado en funciones de presidente es José Mejía Fernández.

Además de señalar a José Mejía, en la denuncia de hechos también son mencionados el subsecretario de Vinculación con Comités Municipales, Fidel Eufrocio Flores Sánchez; el ex diputado local Aristeo Rodríguez Barrera; Guillermo Navarro; y, el dirigente estatal, Alberto Martínez González.

Josué Cirino nombró como su asesora legal a Rocío Carrillo Pérez, representante del PRI en las pasadas elecciones, cuando su candidato Jorge Meade Ocaranza (actual delegado en Querétaro) quedó en cuarto lugar.

La versión de Pepe Mejía es que los tres sujetos que agredieron a Josué Cirino no iban con ellos y que fueron gente infiltrada, además de que gracias a su intervención personal y de otros integrantes del Comité Municipal evitaron una agresión mayor.

Luego, en conferencia de prensa, Josué Cirino anunció que presentará sus quejas ante las Comisiones de Justicia Partidaria y de Ética Partidista a fin de exigir la destitución de sus cargos y la expulsión de Alberto Martínez y de José Mejía, así como de la expulsión de Aristeo Rodríguez.

Al parecer la agresión fue un mensaje que le enviaron los grupos que se disputan el control de lo que queda del partido (el cual dejó de ser gobierno en el año 2000, cuando Jorge Morales Barud concluyó el periodo de Jorge Carrillo Olea), de que no puede venir un fuereño a querer mandar en Morelos.

Y es que semanas antes declaró que el comité nacional puede auditar tanto financiera como administrativamente al dirigente estatal, Alberto Martínez González, quien es señalado de haber desviado recursos económicos para la defensa de su suegra, la ex secretaria de Sadatu, Rosario Robles Berlanga, actualmente bajo proceso.

 Martínez González fue suspendido en mayo de 2018 como dirigente partidista, luego de que en plana campaña política, chocó en estado de ebriedad y protagonizó un incidente que fue difundido en video por redes sociales.

Un par de meses después de su suspensión, Martínez González regresó al edificio del PRI a tomar por la fuerza la dirigencia estatal, como ya lo han hecho antes otros grupos de priístas.

Sin embargo, ayer a las 14 horas el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente:

“Designé a Josué Cirino Valdés Huezo como presidente provisional del CDE de Morelos, a quien le deseo mucho éxito en favor de la familia priista morelense, y con quien trabajaremos para fortalecer unidos la presencia del partido. ¡Enhorabuena!”.

El tuitazo cayó como balde de agua fría a los caciques del PRI en Morelos, y pusieron a temblar a quienes contrataron a los golpeadores. La estrategia era demostrarle al CEN que las bases priístas no quieren al mexiquense, pero no se esperaban que el máximo líder le diera el “espaldarazo” a Josué Cirino Valdés Huezo.

No se avizoran momentos fáciles para el otrora partido aplanadora, hoy convertido en una franquicia que les proporciona algunos miles de pesos mensuales y una posición en la cámara de diputados a nivel local.

Pero los únicos culpables de ese desastre son los propios priístas, que no han sido capaces de ponerse de acuerdo para recuperar los espacios perdidos.

Hoy, la suerte del PRI está depositada en dos jóvenes morelenses, el temixquense Jonathan Márquez Godínez, secretario adjunto a la presidencia del CEN, y el yautepequense Eliasib Polanco Saldívar, quien fue delegado de la SCT en Campeche, cuando era gobernador Alejandro Moreno Cárdenas (mejor conocido como “Alito”), y que hoy ocupa una cartera importante en el PRI nacional.

Lo que ellos digan será determinante en las acciones que tome el líder nacional con respecto a Morelos.

HASTA MAÑANA.

Lunes, 09 Diciembre 2019 05:26

El orgullo de la familia Juárez López

Al abogado y comandante Juan David Juárez López no lo conocía personalmente, pero sí a través de su hermano, el eficiente servidor público Rogelio, con quien trabajamos en la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca de 2003 a 2006.

Roger siempre hablaba de su hermano Juan David, “el orgullo de la familia”, pues había logrado con muchos esfuerzos titularse como licenciado en Derecho y escalaba rápidamente puestos en la Secretaría de Seguridad Pública del estado, a donde llegó a ser secretario particular del titular.

Su exitosa trayectoria nunca cambió su forma de ser, siempre sencillo y servicial,  como tampoco modificó su estilo de vida. Al día de su muerte, ocupaba uno de los departamentos de la unidad habitacional Teopanzolco, en la colonia del mismo nombre.

Todo eso nos lleva a la conclusión de que a Juan David no lo mataron por tener nexos con alguno de los grupos de la delincuencia organizada que desde hace meses pelea palmo a palmo la plaza de Morelos.

Al contrario, su rectitud y honradez representaba un riesgo para la mafia que está a punto de apoderarse de nuestra entidad.

Así lo dejó entrever el presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, en su emotivo discurso en el homenaje de cuerpo presente el pasado viernes, cuando recordó que ambos comenzaron desde abajo en el Ayuntamiento.

“Nunca tomes lo que no es tuyo ni nunca llegues a acuerdos con alguien”, dice Villalobos que le dijo Juárez López, a quien lo había designado en privado como secretario de Seguridad Pública, y planeaba hacerlo público en enero, junto con otros cambios que tiene contemplado hacer en el Ayuntamiento.

En ese mismo discurso frente al féretro de su amigo y confidente, Antonio Villalobos aprovechó para hacer un nuevo llamado a una reunión con el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo para establecer de una vez por todas los ejes rectores de la seguridad pública en Cuernavaca.

Nos parece válido y congruente que el alcalde pida como condición que la reunión sea con la cabeza, porque de nada serviría una reunión con subalternos en la que la respuesta sea “déjame ver qué dice el gobernador”.

Las actuales condiciones de inseguridad (que se dan en todo el estado pero que en la capital adquieren un impacto mayor) exigen acciones contundentes e inmediatas.

Los cuernavacenses no podemos seguir siendo rehenes de la delincuencia y que las autoridades se sigan echando la culpa en lugar de aplicar acciones para combatir delitos como el robo de vehículo, robo a mano armada, robo a casa habitación y asaltos en unidades del transporte público que son los que afectan a la mayor parte de la población.

Ojalá que la muerte del comandante Juan David Juárez López sirva de justificación para que se dé una reunión a niveles extraordinarios que sea el comienzo de una relación, ya no política ni personal, sino exclusivamente para devolver a Cuernavaca la mediana tranquilidad que alguna vez tuvimos.

No pasa desapercibido que “los malosos se están matando entre ellos”, pero no es posible que con la mayor tranquilidad y desfachatez, comandos armados realicen hasta 3 ó 4 ejecuciones en un mismo día sin que sean detectados por la Policía.

Eso habla de algo que es innegable: las corporaciones policiacas están infiltradas por la delincuencia organizada.

Ya sea por miedo, por dinero, o un poco de ambas circunstancias, los policías tienen que hacer como que no ven cuando los vehículos con sicarios recorren la ciudad, y llegar varios minutos después de que han cometido sus fechorías para evitar un enfrentamiento.

Otro gravísimo problema es el cobro de piso. No puede ser que ahora para poner un negocio, cualquiera que éste sea, se debe contemplar –además del pago de los impuestos municipales, estatales y federales- una partida para “la maña” a fin de no ser molestados.

A eso se debe que algunos locales que abren “con bombo y platillo” y tienen éxito en el mercado que manejan, de pronto cierran sus cortinas y se van a otro lado. Por eso es que tenemos decenas de locales cerrados con el aviso de “se renta”.

Y si los gobiernos estatal y municipal no pueden darle seguridad a los comercios pequeños y a la gente que diariamente va a trabajar en el transporte público, no podemos pensar en que van a venir las grandes empresas transnacionales a instalarse aquí y a proporcionar las fuentes de trabajo que estamos esperando para salir de la difícil situación económica que afecta a la mayoría de la población.

Insistimos: ojalá que la muerte de un policía honesto sirva para hacer conciencia en los seres humanos que encabezan los gobiernos estatal y municipal,  a fin de que se pongan de acuerdo y concreten acciones en beneficio de todos los que habitamos esta ciudad.

Desde nuestro particular punto de vista, y con la experiencia de 30 años en la actividad periodística y en el servicio público, el cobarde asesinato de Juan David Juárez López, nos lleva a varias conclusiones.

La primera es la confirmación de que para matarlo tuvieron que intervenir elementos de la misma corporación que sabían perfectamente su domicilio y sus movimientos cotidianos. Es decir, que la Policía está infiltrada.

La segunda es que a Juan David le quitaron la vida por su fama de incorruptible, previendo que cuando se formalizara su nombramiento no habría forma de negociar con él. 

La tercera conclusión es que se trata de una represalia contra el alcalde Antonio Villalobos Adán, quizás proveniente de los grupos que se disputan el control de las instituciones al interior del Ayuntamiento de Cuernavaca. Sólo ellos sabían que había un acuerdo “en privado” para formalizar en enero el nombramiento de Juan David como secretario de Seguridad Pública, y casi nadie conocía el nivel de cercanía entre Toño y Juan David, revelado por el propio alcalde en su discurso del viernes.

Como quien dice: “el enemigo está en casa”.

HASTA MAÑANA.

Cubre las vacantes con prestanombres y se queda con todo el dinero.

El servidor público no pertenece a ningún partido político.

Viernes, 06 Diciembre 2019 05:29

Y el Cuau visitó “El Parres”

La tarde-noche del miércoles se registró un inusitado movimiento en las instalaciones del Hospital General “José G. Parres” que se ubica en la colonia Lomas de la Selva. Los empleados y enfermeras se notaban nerviosos, y de pronto comenzaron a caminar apresurados mientras los familiares de los pacientes que estaban en la entrada comenzaron a salir a ver qué pasaba.

“Es el gobernador”, se escuchó entre la gente.

Y efectivamente, de la camioneta descendió el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, vestido con traje gris pero sin corbata. Su llegada al área de urgencias causó expectación entre las decenas de hombres, mujeres, niños y ancianos que esperan noticias de sus familiares que se encuentran internados en el nosocomio.

“Es Cuauhtémoc Blanco. Éste es el último lugar donde esperaba encontrarlo”, comentó un hombre que cargaba a un niño y que se dijo admirador del ex futbolista.

Comenzó a caminar por los pasillos ante la mirada atónita de los pacientes con sus batas azules. “Ya me siento mejor, hay María Luisa para rato”, dijo una señora.

-Échele ganas, nosotros vamos a seguir recorriendo para ver qué es lo que hace falta.

- Muchas cosas Cuauhtémoc. Faltan muchas cosas- contestó la mujer de pelo cano que le habló como si lo conociera desde siempre.

El mandatario estatal se metió hasta el área de camas, acompañado por los directivos del hospital. Constató el servicio que reciben aquellas personas que no tienen Seguro Social ni ISSSSTE, pero que requieren una intervención quirúrgica.

El jefe del ejecutivo habló de lo importante que es tener calidad en el servicio de salud que se les brinda a los Morelenses, de ahí su decisión de visitar este hospital y verificar la calidad con la que son atendidos los ciudadanos, así como escuchar de la gente las necesidades que tienen y de qué manera el gobierno puede seguir trabajando para mejorarlas.

En Morelos por primera vez 5 hospitales han sido remodelados y 170 establecimientos de salud han sido rehabilitados en su totalidad.

Blanco Bravo visitó diferentes áreas de este nosocomio recogiendo en cada una las solicitudes de los capitalinos, las quejas, sugerencias y peticiones de acuerdo a las áreas de oportunidad que han detectado en el tema de salud.

Con base en esta nueva forma de gobernar ciudadana y cercana a la gente, el mandatario estatal fuera de su agenda diaria laboral e incluso sorprendiendo a su equipo de trabajo, en compañía del director de los servicios de salud en Morelos, Héctor Barón.

El hospital general “José G. Parres” fue uno de los que tuvieron mayores afectaciones por el sismo del 19 de septiembre de 2017, al grado de que todos los pacientes tuvieron que ser reubicados en el edificio de enfrente, donde era el Hospital del Niño, y las operaciones las tenían que realizar en la clínica de Temixco.

A finales del sexenio de Graco Ramírez se dio una crisis sin precedentes en ese nosocomio, al grado de que no había gasas, suturas, toallas para desinfectar las manos, entre otras cosas.

Las obras de remodelación quedaron inconclusas. Los médicos recuerdan entre risas que en el área de quirófano había “un hoyo que comunica al cielo”.

También se habla de que, aprovechando la contingencia, desaparecieron equipos de alta tecnología.

Octubre del 2018 fue un mes terrible para los médicos y trabajadores del hospital Parres. No había prácticamente nada de insumos, y en algunos casos los empleados tuvieron que hacer “coperacha” para tener lo necesario cuando era urgente una intervención quirúrgica.

El inicio del presente sexenio también fue caótico, pues no se renovaron contratos de proveedores, a sabiendas que debía haber continuidad en ese servicio de abasto de insumos indispensables. Uno de los servicios que no se renovaron fue el de limpieza, por lo que no había quien barriera ni quien recogiera los residuos biológico-infecciosos.

A decir de los trabajadores, la afectación llegó a todas las áreas, como urgencias y hasta quirófanos, porque “desaparecieron” equipos de alta tecnología. “La unidad fue saqueada -no sabemos por quién- de todos los materiales e insumos”, declaró en su momento el médico Francisco Brito.

Refirieron -como ejemplo- que en urgencias no había monitores o equipo especial para estudios transoperatorios, como laparoscopios, entre otros.

Desde hace más de tres años, varios médicos de traumatología y otras áreas protestaron por la baja calidad de los materiales que fueron autorizados por la Secretaría de Salud. Los médicos traumatólogos protestaron, pero en lugar de darles una solución tomaron represalias contra ellos.

Desde entonces están pidiendo una comisión interna para que se verifique la calidad de los insumos que se van a adquirir luego de la licitación, para que los materiales que se compren sean de buena calidad.

El gobernador concluyó su visita al hospital Parres con una promesa de regresar pronto para ver qué avances se tienen en la solución de los problemas que escuchó de viva voz de los pacientes y familiares de éstos.

“Ojalá viniera todos los días, porque ahora sí se pusieron las pilas”, dijo una señora que esperaba noticias de su hermana enferma.

HASTA MAÑANA.

 

Jueves, 05 Diciembre 2019 05:28

Jueces, “los villanos de la película”

Mala semana para el gremio de los jueces. Los impartidores de justicia han sido señalados, tanto a nivel nacional como en la entidad, como los culpables de todo lo malo que ocurre en nuestro país. Quizás en algunos casos tengan razón, pero también pudiera ser que acusar a los juzgadores es la forma más rápida de justificar la incapacidad de los otros dos poderes del Estado en temas tan delicados como la inseguridad y la violencia.

A nivel nacional, ya se toma como un hecho comprobado que Juan Carlos García es el autor material del homicidio de Abril Pérez Sagaón y dos jueces, así como un magistrado del Tribunal Superior de la Ciudad de México, sus cómplices.

Como ya es del dominio público, el pasado 4 de enero Juan Carlos García golpeó a su esposa con un bat mientras estaba dormida, por lo que fue detenido por el delito de Feminicidio en grado de tentativa.

El magistrado Héctor Jiménez López le concedió el cambió de medida cautelar y dijo que le quitarían la prisión preventiva, el juez Federico Mosco González le reclasificó el delito de feminicidio en grado de tentativa a violencia familiar y un segundo juez, Carlos Trujillo, ordenó, el 8 de noviembre pasado, la libertad del detenido.

Antier fueron difundidos los videos de la audiencia judicial en la que el juez Federico Mosco afirma que al no haberse realizado una inspección del lugar de los hechos, además de que no acudieron peritos en criminalística y de química para que se hiciera la búsqueda de huellas o de indicios, fueron elementos determinantes para reclasificar el delito de tentativa de feminicidio a violencia familiar.

En  estricto derecho los jueces no deberían haber sido suspendidos pues es evidente que no se aplica en su beneficio el derecho a la presunción de inocencia. Cualquiera que sea el resultado de las investigaciones, esos jueces ya están estigmatizados de por vida.

La decisión de suspenderlos fue más bien política y mediática, como política y mediática fue también la determinación de la Fiscalía Anticorrupción, misma que después de una rueda de prensa de una quejosa, emitió un comunicado en el que “informa que realiza acciones a fin de procurar justicia respecto del caso de homicidio culposo del motociclista Pedro Portillo Herrera, que fue atropellado el 16 de diciembre de 2017, por un conductor que presuntamente manejaba ebrio”.

Ese conductor que presuntamente manejaba ebrio (porque nunca le hicieron la prueba de alcoholemia) es nada menos que el juez Daniel Rodríguez Apac, al que efectivamente le aplicaron la máxima de que “a mis amigos justicia y gracia”, concediéndole la gran ventaja de permitirle que su proceso lo lleve desde la comodidad de su casa.

Como si no fuera suficiente, el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara, dijo que alrededor de medio centenar de individuos vinculados a secuestro y otro número aún sin determinar de personas relacionados con otros delitos de alto impacto han logrado evadir la prisión gracias a determinaciones de los jueces de primera instancia del estado.

Aseguró que la responsabilidad de esas libertades recae en los juzgados del Poder Judicial estatal, pero no sólo han sido liberados un total de 50 hombres vinculados al secuestro, sino también otros relacionados con homicidios.

“Nosotros somos los que tenemos esa información porque nosotros somos los que llevamos a los delincuentes a juicio… tenemos muchas libertades y sentencias revocadas en segunda instancia y eso significa que la efectividad, de la impunidad, no está quedando en el ministerio público, sino hay que mejorar la cuestión jurisdiccional”, declaró a los medios en entrevista banquetera.

Hasta ese momento fue que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Cuevas López, dijo “ya estuvo” y emitió un comunicado al respecto.

“Con el fin de clarificar y ofrecer una respuesta objetiva y puntual a la ciudadanía, se debe señalar que el Tribunal Superior es la sede donde diversas instituciones coadyuvan para lograr una Administración de justicia en favor de la sociedad. Ministerios Públicos, litigantes, peritos en diversas especialidades, jueces y magistrados participan en el ejercicio procesal correspondiente”, dice el documento en el que sutilmente le están diciendo a Uriel Carmona que si los delincuentes salen libres es también su responsabilidad.

Elegantemente, la magistrada califica las versiones que señalan que ese Tribunal ha dejado en  libertad a diversos sujetos de derecho acusados de delitos de alto impacto, como un asunto “subjetivo, político y coyuntural”, sin ahondar más.

Y refuta tales aseveraciones “con datos firmes, estrictos y numéricos de acuerdo a la base de datos oficial de este Poder”:

En el año 2019 se han consignado 137 personas por este tipo de delitos.

En este mismo periodo, por cuanto hace al número de libertades concedidas ha sido de 16 personas, lo que significa solo un 11.68% de los consignados.

Y por otro lado 121 son las personas que han quedado sujetos a proceso, esto es, el 88.32% de los detenidos se encuentran en prisión preventiva sujetos a un proceso judicial, conforme a las normas legales previamente establecidas, dentro de los órganos de administración de justicia en las diversas etapas del procedimiento penal.

“Las anteriores cifras, son resultado de la madurez de las instituciones partícipes en el proceso judicial. El derecho es un sistema que no está sometido a deseos o voluntades particulares. Los procedimientos jurisdiccionales ante este Alto Tribunal del Estado de Morelos, están determinados por la constitución, las leyes y los tratados internacionales.

“El actuar de los juzgadores del Sistema de Justicia Oral Penal, que ha sido sometido a escrutinio de la autoridad federal ha representado una efectividad del 95 por ciento, de acuerdo al primer informe del segundo periodo de la presente gestión. Es decir, sus resoluciones han quedado firmes e incuestionables, esto es prueba contundente de su compromiso social”.

Ya para finalizar, pide a los otros dos poderes, “dejar de hacer declaraciones irresponsables con datos falsos que solo afectan el trabajo de las instituciones y confunden a la sociedad”.

Y tiene razón la magistrada Cuevas López, pues no basta con hacer declaraciones en medios, sino demostrarlo en los tribunales.

HASTA MAÑANA.

Miércoles, 04 Diciembre 2019 05:04

Hugo Erick Flores: boquiflojo

No es la primera vez que el delegado de Bienestar Social en Morelos “la riega” al hablar. Es el autor de la famosa frase de que “Morelos es violento pero no inseguro”, que seguramente pasará a la historia como una de las más estúpidas que se recuerden.

El fundador del Partido Encuentro Social (PES) tiene algo en su cerebro que en ocasiones lo hace carecer de razón o entendimiento (la página definiciona.com trae una definición muy exacta), o simplemente no conoce el sentido común.

Sólo así se puede explicar uno que alguien con tanta preparación académica (licenciatura por la UNAM y maestrías en Harvard), no mida el impacto de sus palabras.

Lo peor de todo es que al parecer también tiene una “manía” (los psicólogos lo denominan Trastorno Obsesivo Convulsivo) que lo hace reírse cuando está hablando. Aunque los especialistas lo entienden perfectamente, la gente común y corriente lo que ve es a un servidor público que se está burlando de lo que dice.

Por eso es que cuando Hugo Eric Flores dice que “la crisis en Morena no es menor, se pelean por todo”, pareciera que se está burlando.

Luego asegura que el presidente López Obrador le confió que no está contento con su partido y que si siguen igual se va a salir de Morena y les va a exigir que le quiten el nombre.

“Lo que está pasando con los programas sociales es muy fuerte y con los presupuestos que vienen yo no veo cómo”, dice, al referirse a los recursos públicos que utilizará Morena en las próximas elecciones para mantenerse en el poder, “es una estructura nunca antes vista en la historia del país, es como el programa Solidaridad de Carlos Salinas de Gortari, pero con tecnología”.

No sabemos si Hugo Eric pecó de franco o de tonto, pues era evidente que aunque la reunión en la que externó dichas aseveraciones se suponía que era privada, más tardó en llegar a su casa cuando ya todo mundo tenía el video.

Hoy sabremos las consecuencias de sus declaraciones de las que ya no podrá echarse para atrás porque el video ahí está, como prueba de que el líder del PES se ilusiona pensando en que ese partido, a unos años de su nacimiento, podría tener a un presidente de la República. Eso sí está para reírse.

Está bien que el PES ha logrado sobrevivir como una rémora, al amparo de otros partidos, pero de ahí a que el presidente de la República renuncie al hoy “partido aplanadora” para ir a pedir posada a ese partidito que no tiene registro a nivel nacional, hay mucha diferencia.

Recuérdese que la alianza MORENA-PT-PES se dio en la recta final de las precampañas, y que fue solamente una cuestión estratégica pues la ideología de los dos primeros choca totalmente con el Partido Encuentro Social, que si bien no es un partido religioso porque la ley no lo permite, el 80 por ciento de sus dirigentes profesan la religión cristiana, evangélica para ser más exactos.

Inteligentemente, cuando se unieron al proyecto para llevar a AMLO a la presidencia no hablaron de matrimonios igualitarios ni despenalización del aborto, sino que se justificaron diciendo que querían estar “del lado correcto de la historia”.

“Este partido lo fundamos cristianos. Los valores de nuestro partido provienen absolutamente de las sagradas escrituras”, afirmó en una entrevista que le hizo un canal judío en youtube. Ahí asegura que “le debo poco al gobierno y mucho a mis papás”.

Dice que nació en una familia de clase media, sus padres son de Hidalgo aunque él nació en el Distrito Federal. Estudió en una universidad pública pero ya después se fue a estudiar a Harvard. Presume que ya fue a Israel a recorrer “la ruta de David” y que sus hijos se bautizaron en el río Jordán.

Hugo Erick Flores Cervantes ha colaborado con distintos gobiernos y en su currículum está que fue subdelegado de la delegación Gustavo A. Madero en un gobierno del PRI; funcionario en la Semarnat en la presidencia de Calderón y director general de Gobierno al inicio de la administración de Miguel Mancera en la Ciudad de México.

El 13 de mayo de 2005 fundó la Agrupación Política Estatal Encuentro Social como asociación civil, antecesora directa de la asociación. El 30 de octubre de 2006 el Consejo Estatal Electoral de Baja California le otorgó el registro como partido político bajo el nombre de Partido Encuentro Social (PES).

Para la LX y LXI Legislaturas, Flores fue senador suplente para el Partido Acción Nacional, aunque no ejerció dicha posición. Y además fue diputado federal suplente para el Partido Revolucionario Institucional.

El PES colocó a Flores Cervantes en su lista de candidatos para los asientos de representación proporcional en la cámara de diputados de la cuarta región electoral (representando Ciudad de México), ganando un asiento en la LXIII Legislatura del Congreso Federal.

Ocupó un lugar en la Comisión de Desarrollo Social, Finanzas y Crédito Público, en la comisión de Puntos Constitucionales, así como el Comité para el Centro para el Estudio de Finanzas Públicas.

​Además, ha sido designado representante del PES en varios órganos colegiados,​ y como uno de los catorce designados de la cámara de Diputados a la Asamblea Constitucional de Ciudad de México.

Los morelenses pagamos las consecuencias de que le haya ido muy mal al partido de este señor. De haber conservado el registro ahorita estaría en la capital de la República, pero como desapareció, pidió que lo designaran titular de lo que antes era la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Morelos.

Y si él mismo dice que la Secretaría de Bienestar Social está siendo utilizada para conformar la estructura de Morena en todo el país, entonces está admitiendo que en Morelos se usará con fines electorales a favor del PES.

Los datos que tenemos lo confirman: en Morelos no se mueve un recurso si no es con la anuencia de Hugo Eric Flores Cervantes, quien en materia de transparencia no aplica la Ley de Información Pública sino más bien la biblia, por aquello de que no deja que su mano izquierda sepa lo que hace la derecha. Aquí le decimos opacidad.

HASTA MAÑANA.  

 

Martes, 03 Diciembre 2019 05:21

Graco y su habilidad para bajar recursos

Graco Ramírez Garrido tenía una asombrosa habilidad para descubrir dónde había recursos federales para “bajar”. En sus más de 40 años en la política si algo aprendió es que el gobierno federal es una fuente inagotable de dinero, sólo hay que saber dónde está y qué se requiere para usarlo.

El propio gobernador admitió que los casi 50 millones de pesos que se usaron para la remodelación del zócalo estaban a punto de perderse, pero en un tiempo récord se hizo la licitación y se autorizaron los recursos. “De no haberlos usado, se hubieran perdido”, admitió en entrevista.

Ciertamente no era tan necesaria la obra de remodelación, y ese estilo de usar para todo el hierro oxidado no les termina de gustar a todos (prueba de ello es que ya arrancaron la mayoría de los que estaban enterrados por todo el primer cuadro de la ciudad), pero lo importante en ese momento es que no se perdiera el recurso.

Hay otro ejemplo de ese “olfato” que tenía Graco Ramírez para saber de dónde bajar recursos. Seguramente muy pocos saben del Fondo de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), creado en 1997, que posteriormente pasó a ser el Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN).

Pues Graco sí sabía de la existencia de ese Fideicomiso federal, y que el 1 de marzo de 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se instruyen medidas para fortalecer la infraestructura de seguridad pública y justicia en las entidades federativas”, en el que se contemplaba que a través del Fondo se destinarán a las entidades federativas hasta 400 millones de pesos para cubrir el pago de estudios en esta materia.

En diciembre del 2013 “se autoriza el otorgamiento de un apoyo No Recuperable a favor del Gobierno del Estado de Morelos (promotor) hasta por el 100% del costo de los estudios, pero no superior a 31 millones 531 mil pesos más el impuesto al valor agregado correspondiente, para los estudios que comprenden el de análisis costo beneficio y la realización del proyecto ejecutivo para la construcción del Centro de Reinserción Social.”

El 3 de julio de 2014 la entonces Secretaria de Hacienda, Adriana Flores Garza, firmó  el oficio SH/0962-2/2014 mediante el cual le informa a su similar de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina, que “se autoriza la suficiencia presupuestal por la cantidad de 31 millones 531 mil pesos, dentro del Gasto de Capital (inversión pública) convenios federales 2014, específicamente del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), para la ejecución de “Estudio para la Realización del Proyecto Ejecutivo para la Construcción de un Centro de Reinserción Social de Mediana Seguridad, ubicada en Yecapixtla, Municipio de Morelos”.

Para conocer qué empresa se hizo cargo de dicho estudio, se hizo una solicitud de información pública a la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno de Graco Ramírez.

“Derivado de una búsqueda exhaustiva dentro de los expedientes unitarios de obra pública a cargo de esta Dirección General de Licitaciones y contratación de Obra Pública, le informo que se localizó el servicio relacionado con la obra pública denominado Estudio para la realización del Proyecto Ejecutivo para la Construcción de un Centro de Reinserción Social de Mediana Seguridad y Estudio Análisis Costo Beneficio (Eficiencia), el cual se ejecutó al amparo del contrato de obra pública número SOP-SSES-DGN.A.D.-120/2014. El servicio en comento, fue adjudicado a la persona moral denominada “Proyectos, Estudios y Coordinación S.C.”, contestó la dependencia a través del arquitecto Armando Paredes Paredes, director general de Licitaciones y Contratación de Obra Pública.

También se le preguntó “lugar exacto que estaba destinado para esa obra y de quién es la propiedad”, ante lo cual contestó que “el objeto del contrato no es la construcción de una obra pública, sino un proyecto ejecutivo y un estudio análisis costo beneficio de dicho proyecto, motivo por el cual no se localizó ningún predio destinado para su construcción”.

Pero el funcionario mintió o desconoce que cuando se inició el proyecto, ya había un terreno adquirido para tal fin.

Mediante escritura pública número 1385 de fecha 14 de mayo del 2014, pasada ante la fe del Lic. Gerardo Cortina Mariscal, Notario Público número 12 del Estado de Morelos, el Gobierno del Estado adquirió del Sr. Arturo Cardona Marino, en propiedad los predios siguientes:

  1. Predio rústico denominado “El Lidón”, ubicado en los campos de Yecapixtla, Morelos, con la superficie, medidas y colindancias que quedaron precisadas en el antecedente I.1 de dicha escritura;
  2. Predio rústico denominado el “Lidón” (sic) ubicado en los campos de Yecapixtla, Morelos.

Y efectivamente, al hacer una consulta en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Morelos, se encontraron las inscripciones de los contratos de compraventa de los dos predios.

El primero, por escritura 1385 volumen 25 del libro de registro del notario Cortina Mariscal, de un predio de 253,380 metros cuadrados, adquirido por el gobierno del estado, representado por Adriana Flores Garza, José Enrique Félix Iñesta y Monmany, Carlos Riva Palacio Than e Ignacio Burgoa Llano.

El vendedor es Arturo Cardona Marino, quien se lo compró a Alfredo Montenegro Álvarez en 60 mil 300 pesos en marzo de 1992 y el 14 de mayo de 2014 se lo vendió al gobierno de Graco Ramírez en 23 millones y medio.

El segundo, de 284,130 metros cuadrados, que el mismo Arturo Cardona Marino le compró a Alicia Montenegro Álvarez en marzo de 1992 a un precio de 64 mil 900 pesos, y le vendió al gobierno de Morelos en 26 millones y medio.

El vendedor no es cualquier persona. Arturo Cardona Marino es un general de División de la Secretaría de la Defensa Nacional. Con fecha 1 de diciembre de 1982 causó alta como subjefe operativo del Estado Mayor Presidencial y el 1 de diciembre de 1988 como jefe del Estado Mayor Presidencial de Carlos Salinas de Gortari.

De acuerdo a fuentes consultadas, el precio de la operación estuvo dentro de los parámetros normales, pero hay por lo menos 10 terrenos con las mismas características en la misma zona.

Es decir, que Graco “bajó” recursos federales que estaban prácticamente escondidos y los utilizó para pagar un estudio de factibilidad que costó 31 millones. Cuando el nuevo secretario de Obras Públicas preguntó a sus subordinados qué entregó la empresa como prueba de que se hizo dicho estudio le entregaron 12 discos compactos.

Y el terreno por el que se pagaron los 50 millones ahí está, en espera de ser utilizado.

La pregunta es ¿cuánto estaría usted dispuesto a pagar de comisión por la venta de un terreno en 50 millones de pesos?

Si hubo alguna comisión o “moche” por parte de los beneficiados, éste se dio en efectivo y sin recibo alguno, por lo que no quedó rastro que la Fiscalía Anticorrupción pueda seguir.

Así operaba Graco, por eso no le han podido comprobar nada.

HASTA MAÑANA.

 

 

 

 

Lunes, 02 Diciembre 2019 05:17

Van contra los reporteros

Una filtración de la Comisión Estatal de Seguridad Pública dejó al descubierto la intención de las autoridades (no sabemos hasta qué nivel) de iniciar carpetas de investigación contra los reporteros que difundan en tiempo real lo que ocurre en las cárceles o en las calles de la entidad, bajo la discutible figura del delito de “uso indebido de medios de comunicación”.

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