Jesús Castillo

Jesús Castillo

Jesús Castillo García. Periodista con 30 años de trayectoria; Premio Estatal de periodismo 2010 y 2012. Premio Nacional de Periodismo 2013.
Lunes, 30 Diciembre 2019 05:20

Capella, el publirrelacionista

Jesús Alberto Capella Ibarra no es un buen policía, es un excelente publirrelacionista. Prueba de ello es que recientemente fue la figura principal de un reportaje del influyente rotativo norteamericano The New York Times, y desde hace años pareciera ser “artista exclusivo” de Milenio e Imagen, entre otros medios de comunicación a nivel nacional.

Viernes, 27 Diciembre 2019 05:51

Eduardo Gallo, ¿héroe o villano?

El dolor de un padre que perdió a su hija le llevó a ir más allá de su deseo de justicia. Utilizando su poder económico, sus relaciones con altas esferas del poder y su acceso a los medios de comunicación, y ante la falta de investigación de las instancias de procuración y administración de justicia, se erigió en vengador justiciero. Tomó y ejerció la justicia por mano propia, contando con la anuencia de las autoridades y procedió a “investigar” y a detener personas. Tales acciones implicaron tortura y la fabricación de “pruebas”. Todo con el apoyo de quien fuera secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos.

Recientemente fue publicado en internet un documento oficial que da cuenta de los privilegios y recursos que gozó Gallo para sus “investigaciones”. Fechada en Cuernavaca, Morelos, el 21 de jullio de 2000, está dirigida al entonces coordinador general de la Policía Judicial del Estado, Camerino Román Bustamante (QPD) y está firmada por el comandante Víctor Hugo Valdez Ortiz, en ese tiempo coordinador operativo de la Policía Judicial en Morelos.

“Al tener conocimiento de uno de los presuntos responsables copartícipe de los hechos se encontraba en la Ciudad de Perote Veracruz, se hizo del superior conocimiento al Sr. Procurador de Justicia del Estado de Morelos Lic. Rogelio Sánchez Gatica para que por su conducto solicitara el apoyo de transportación aérea de la Policía Federal Preventiva para trasladarlos a esa localidad. [sic]

“Se nos hizo del conocimiento que el funcionario de la P.F.P. Ing. Genaro García nos apoyaría con la Aeronave con matrícula PF-203 habiendo comisionado al Cmdte. RUBEN SILVA acompañado de cinco elementos de la P.F.P. para custodiarlo. [sic]

“A las 20:00 hrs. del mismo día 20 de los corrientes, arribamos a la Ciudad de Veracruz en donde se encontraba el Cmdante. Emilio Gómez Sánchez, Subdirector de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz quien nos otorgó las facilidades y apoyo para trasladarnos a cumplir nuestra comisión a la Ciudad de Perote Veracruz, siendo auxiliando por dos Helicópteros y dieciséis vehículos”, dice el reporte de quien posteriormente ocuparía el cargo de secretario de Seguridad Pública de Cuernavaca.

Enseguida viene toda una descripción de las “indagatorias” que con recursos públicos llevó a cabo el señor Gallo, incluso con facultades de dar órdenes a comandantes y elementos tanto de la Policía Judicial Federal como de la entonces Policía Federal Preventiva.

Al final señala: “Al tener resultados negativos sobre la búsqueda y detención de Rolando Gómez Corona y Jesús Rojas Álvarez, de nueva cuenta nos trasladamos a la Ciudad de Jalapa Veracruz para abordar la Aeronave para el regreso a nuestro estado de Morelos, arribando al aeropuerto de Tetlama Municipio de Temixco Morelos a las 00:30 hrs…” (sic).

 

Como puede verse, todo se hizo de manera irregular, al capricho del señor Gallo y con la anuencia de García Luna. No existe ningún oficio de colaboración, ni tampoco orden de cateo o de práctica de diligencia ministerial alguna. De la misma manera, tampoco acuerdo entre procuradurías o instituciones policiacas. No obstante, se dispone de un avión, dos Helicópteros y dieciséis vehículos, además de personal, quienes participaron en un operativo de gran envergadura sin ningún resultado.

Disponer de los recursos públicos de esta manera tan dispendiosa habla del gran poder de Eduardo Gallo y Tello, y del gran tráfico de influencias, pasando por encima del marco normativo.

Se puede apreciar además de que la detenida Luz Edith Bouchez Ake, al acompañar el operativo, no contaba con la presencia de su defensor de oficio. Si bien se señala que se buscaba localizar y detener a Rolando Gómez Corona, también es cierto que no se llevaba, o se presentó en autos, la orden respectiva de presentación, o aprehensión ni mucho menos de cateo.

Tal nivel de influencia e impunidad tenía, que Eduardo Gallo no tuvo empacho en contarlo así en su libro “Historia de un secuestro y de una sociedad corrupta”, donde narra lo que ocurrió entre el 9 y el 18 de jullio de 2000, cuando su hija Paola fue secuestrada y asesinada.

“La detención de este sujeto [Antonio Barragán] se realizó con apoyo de la Policía Judicial de Baja California, en el poblado de San Quintín (a 200 kilómetros al sur de Ensenada), a partir de la información que habíamos logrado reunir en Morelos, en el sentido de que este tipo estaba trabajando de jornalero campesino en esa zona y que, junto con algunos familiares, se había visto involucrado en el homicidio del vigilante de un rancho en esa zona.

“Con la información anterior me trasladé a Mexicali, en compañía de un policía ministerial de Morelos, a quien por cierto le tengo no sólo confianza, sino de quien me considero amigo (el cual además me lo ha demostrado lealtad, honestidad, voluntad de trabajo, disciplina, capacidad, y de quien he aprendido bastante en materia de investigación criminal), para entrevistarme con el entonces procurador de Justicia de la entidad, quien nos recibió con amabilidad y voluntad de ayudarnos, y así fue como un par de horas después ya teníamos el nombre del lugar donde se había sido asesinado al vigilante: Rancho ‘El Pedregoso’ [sic].

“A pesar de lo avanzado de la noche, nos trasladamos a Ensenada para entrevistarnos por la mañana con la subprocuradora regional, quien nos proporcionó información que, una vez analizada en detalle, nos permitió confirmar que estábamos en la línea de investigación correcta [sic].

“Durante varios días, y con el apoyo de la Policía Ministerial de Baja California, nos dedicamos a la búsqueda de Antonio Barragán Carrasco, alias ‘Arturo Rivera Policarpo’ y ‘Herminio Olea Mena’ [sic].

“Una semana después supimos dónde vivía y pudimos realizar la aprehensión cuando el sujeto llegaba de trabajar. Yo estuve platicando cerca de 4 horas con su esposa, en la puerta de su casa, sin que ella sospechara. La conversación versó sobre los temas de los desgraciados ricos, de las chingaderas del gobierno que tenemos y como éste hambrea al pueblo. Evidentemente esta mujer había recibido adoctrinamiento.” [sic]

A todo lo anterior, agregaremos un dato: a principios del 2010 arribó al Penal de Atlalcholoaya una camioneta Suburban con otra más como escolta. En su interior venía un alto funcionario del gobierno de Morelos, acompañado del señor Eduardo Gallo. Sin bajarse del vehículo pidieron hablar con un directivo del sistema penitenciario. Y ahí soltaron la oferta: “necesitamos encontrar a un interno que le dé piso al secuestrador de Paola Gallo”.

El directivo se comprometió a buscar a alguien que quisiera “aventarse el tiro” pero nunca hubo una respuesta concreta, así que no se llevó a cabo el trato.

HASTA EL LUNES.

 

 

 

Jueves, 26 Diciembre 2019 09:10

Seguridad: falta la estrategia

Lo hemos dicho hasta el cansancio: los delincuentes (comunes) no leen periódicos. Cuando la tarde del pasado viernes dos sujetos intentaron despojar de su camioneta a tres personas dedicadas a la construcción en la colonia Santa María Ahuacatitán, no sabían (y si lo hubieran sabido no les habría importado) que horas antes el gobierno estatal y el municipal de Cuernavaca habían firmado el convenio de adhesión al Mando Coordinado.

Martes, 24 Diciembre 2019 05:33

La navidad que nadie quisiera

¿Se imagina que la noche de navidad alguien tocara a su puerta y resultara ser un grupo de sicarios  con todo y rehén que se comen su cena y permanecen en su hogar hasta el amanecer? Pues esto que pareciera ser un guion para una película de terror, ocurrió en la vida real hace ocho años en la colonia Alta Vista en Cuernavaca.

Ese 24 de diciembre de 2011 alrededor de las 18:30 horas llegó un convoy de ocho vehículos al campo de futbol “El Olímpico” de Alta Vista. De estos descendieron hombres vestidos de negro con “pecheras” y armados con “cuernos de chivo”. 

Venían buscando a un sujeto de apellido Reza, presidente de la Liga de Futbol y que hoy se sabe era quien encabezaba la venta de droga en ese lugar. En una banca estaban sentados tres jóvenes, entre ellos Alan Israel. Los hombres armados les preguntaron por el señor Reza, y ellos en un principio negaron conocerlo, pero después de unas cachetadas terminaron por proporcionar el domicilio del señor Reza.

Según el abogado Miguel Ángel Rosete, “por mentirosos”, los policías-sicarios deciden “levantar” a los tres jóvenes y también a un tío de uno de ellos que trató de impedirlo. Balacean la casa del supuesto vendedor de droga y emprenden el regreso. Los disparos alertan a la policía municipal. Una primera patrulla llega y los policías son desarmados; una segunda se acerca pero no los enfrenta, sólo pide refuerzos por radio.  Es por eso que sicarios y policías se encuentran en “el columpio” de la colonia Zacatierra, donde se enfrentan en medio de vehículos particulares, taxis y camiones de pasajeros.

Los dos sicarios que quedan muertos en ese lugar eran los que llevaban en su vehículo al tío de los jóvenes, quien milagrosamente salva su vida y obtiene su libertad.

Otra de las camionetas que llevaba a los dos amigos de Alan logra salir de la refriega pero una bala le perfora el radiador, por lo que la abandonan unas cuadras arriba, en la calle Vía Láctea. Por esa circunstancia, ellos también salvan su vida.

Para mala fortuna de Alan, la camioneta donde lo llevaban queda hasta la retaguardia del convoy y cuando comienza la balacera logra darse la vuelta y emprende la huida hacia la misma colonia de donde venían.

El abogado Rosete se entrevistó con unos vecinos de Alta Vista que dijeron haber sido obligados a dar hospedaje durante esa noche a dos sicarios. “Estaban con el portón abierto cuando vieron llegar a una camioneta que se introdujo a su patio y sus ocupantes les ordenaron cerrar inmediatamente. Esa noche tuvieron que compartir la cena de navidad con los dos sicarios, sin saber que en el vehículo llevaban a una persona secuestrada”.

Al otro día, cuando ya no había retenes de la policía en las calles, los sicarios provenientes de Chilpancingo pudieron salir de su escondite y regresar a su estado llevando consigo al muchacho.

La angustia de los padres de Alan se vio aminorada cuando, el 26 de diciembre a las 19 horas reciben una llamada telefónica de un hombre que les comunica que su hijo se encuentra en las oficinas del Ministerio Público del Distrito Judicial de Los Bravo, en Chilpancingo Guerrero, pues acababa de escapar de donde lo tenían secuestrado.

Sin embargo, mayor fue su sorpresa cuando llegaron al otro día al lugar indicado y recibieron la noticia de que su hijo no estaba. “El muchacho se desesperó y se retiró”, fue la primera absurda e inverosímil versión que escucharon en voz de Juan Falcón, el agente del Ministerio Público que había hecho la llamada.

Es entonces cuando interviene el abogado Miguel Ángel Rosete Flores, quien acompaña a los padres en una nueva visita a las instalaciones de la Procuraduría de Guerrero en Chilpancingo. Primeramente se entrevistan con elementos de la Policía Municipal de Chilpancingo, quienes refieren haber encontrado a un joven que sólo vestía un bóxer negro y una playera, atado de pies y manos con cinta canela, sobre la carretera.

No iba solo, lo acompañaba una joven que dijo llamarse Guadalupe. “Al parecer Guadalupe también estaba secuestrada por ser pareja de un vendedor de drogas de Chilpancingo, y suponemos que ella es quien convence a Alan de que escapen porque sabía que estaban muy cerca de la carretera”, comenta Rosete.

Ambos jóvenes son entregados por la Policía Municipal al Ministerio Público, pero ella abandona las instalaciones durante el día, sin que se pueda precisar a qué hora exactamente. Alan, en cambio, no tuvo otra opción que permanecer en la agencia del MP, suponiendo que ahí estaría a salvo de sus captores. 

Lo que no sabía es que los policías trabajaban para el crimen organizado, y que en cuanto se percataron de que estaba en la agencia del MP para denunciar su secuestro, simplemente ordenaron su recaptura y ejecución.

“No sabemos cómo le hicieron, pero sabemos que Alan salió por su propio pie y se subió a un vehículo de los sicarios. Quizás alguien de la Procuraduría le dijo que lo iban a llevar a Cuernavaca, o a tomarle sus datos. No sabemos, pero el hecho es que no lo sacaron violentamente”, agrega el abogado.

Rosete vivió de cerca el viacrucis de Alfredo Cerón Guevara y Rosa María Moreno. El titular de la Agencia del MP, Omar Sandoval León, de plano dijo que nunca vio a Alan; su segundo, Juan Falcón Bautista, asegura que “se desesperó y se fue”; los policías nos decían que “seguramente andaba de desmadre, pues no estaba sólo sino con una chava”, pero nadie daba información de su paradero.

“Me entrevisté con el entonces procurador de Justicia de Guerrero, quien me mostró un documento en el que la PGJ me daba respuesta a mi petición de obtener los videos tomados ese día por las cámaras de seguridad. Me decían que no había cámaras porque estaban en remodelación. Entonces le puse en su escritorio al procurador las fotos que yo tomé de las cámaras, y me dijo: vete a la PGR, aquí ningún Ministerio Público se va a atrever a investigar a sus propios compañeros”, recuerda Rosete Flores.

Luego de marchas, manifestaciones, ruedas de prensa, oficios y muchas visitas a la Procuraduría de Guerrero, “ya no soportaron la presión y buscaron la forma de que encontráramos el cuerpo para que esto terminara”, refiere.

Fue así como en mayo del 2012 la Policía Ministerial de Guerrero presentó ante el Ministerio Público a un campesino de 27 años de nombre Misael Morales Rodríguez, quien primeramente fue detenido por conducir un vehículo reportado como robado, pero ya en los separos confesó haber participado en el asesinato de Alan Cerón. Dijo que un sujeto al que apodan “El Nariz” y otro al que sólo conoce como “El chivo”, le ofrecieron trabajo como sicario y que en diciembre del 2011 le ordenaron conducir la camioneta con la que “iban a levantar a uno de la familia michoacana”, y que fueron por él a la agencia del Ministerio Público.

Dijo en su declaración que el joven se subió por su propio pie a la camioneta Mitsubishi y que se lo llevaron rumbo a Zumpango donde “El Nariz” y “El Chivo” lo bajaron, lo golpearon, le dieron el tiro de gracia y lo enterraron en una fosa de apenas 30 centímetros de profundidad. Sobre “El Nariz” dijo que tuvo noticias de que ya lo mataron en Tierra Colorada y al otro no lo ha vuelto a ver.

Así fue como el 16 de mayo del 2012 el detenido condujo a las autoridades hasta un predio donde estaba enterrado un cadáver que las pruebas de ADN demostraron que se trataba de Alan Israel Cerón Moreno. 

Misael Morales Rodríguez, único testigo de la artera ejecución del muchacho, fue asesinado en la cárcel de Chilpancingo semanas después de su ingreso.

La Procuraduría de Justicia de Guerrero no realizó ninguna investigación interna para determinar qué servidores públicos entregaron o permitieron que se llevaran al joven Cerón Moreno, y por qué durante todo ese tiempo no iniciaron la denuncia correspondiente. Los servidores públicos involucrados siguen laborando normalmente.

FELIZ NAVIDAD A TODOS NUESTROS LECTORES.

 

 

Lunes, 23 Diciembre 2019 05:47

Cuautla: el vergonzoso espectáculo

A un año de gobierno de Jesús Corona Damián, el Cabildo de Cuautla se ha convertido en un verdadero espectáculo de combates y maniobras de lucha libre donde sus protagonistas tratan de demostrar fortaleza tratando de ganar la simpatía del público.

En la cartelera están los integrantes del cabildo con coloridas máscaras, un alcalde que defiende su título, directores consentidos, la prensa que protege sus intereses, el comercio en busca de conquista y ciudadanos que suben al ring aún dispuestos a recibir toda una paliza de descrédito.

La liga cuautlense abre las hostilidades con una campaña de desprestigio, opacidad, bloqueo informativo, camuflaje desde su esquina donde reciben palmadas y palabras de aliento por parte de sus operadores.

El orgullo está en juego y los ídolos locales tratan de cerrar con broche de oro un año lleno de triunfos sobre la democracia, la transparencia y la participación ciudadana: los grandes perdedores del 2019.

La función estelar del jueves tuvo de todo: huevazos, golpes en el pecho a mano abierta, patadas, pisotones, codazos. Algunos esquivados con táctica, otros no, pero poco faltó para los sillazos, la hurracarrana invertida, la cerrajera o el tirabuzón.

El evento requiere por supuesto toda una campaña publicitaria que convierte a la política en un cuadrilátero donde gana el que más grite, por eso es que los boletos son gratis.

En la lucha libre mexicana clásica sólo hay dos bandos: los técnicos y los rudos; los primeros porque representan el respeto a las reglas y los segundos porque juegan sucio, hacen piquetes en los ojos y atacan a mansalva pero también, están los “exóticos” que le ponen sabor a la contienda.

Así es la imagen del primer gobierno de Morena en Cuautla. Un gobierno lleno de improvisados que obedecen a la ley del menor esfuerzo, una persona que simplemente estuvo en el lugar y tiempo preciso para operar millones de pesos con la investidura de alcalde después de venir de la nada.

Cada sesión de cabildo la porra de quien defiende el título se hace escuchar, insulta, agrede, balbucea. Una mezcla exacta de tragedia clásica, circo, deporte olímpico, comedia, teatro de la variedad y catarsis laboral, como definió el ensayista Carlos Monsiváis a la lucha libre.

La campana suena para abrir el siguiente round, el público está al borde de su asiento, el impermeable sobre las Haches, el réferi ausente y los comentaristas dispuestos a narrar. Un mano a mano con la fuerza de la incógnita para enriquecer su figura dentro del cuadrilátero, la capucha dota al portador de poderes, le arrebata el miedo y hasta le cambia la personalidad, se crece, se transforma.

Para muestra, la sesión del 4 de noviembre pasado, cuando los regidores le autorizaron al presidente municipal que pudiera firmar contratos sin la autorización del Cabildo.

Fue después de las 9 de la mañana cuando se presentaron en el salón de cabildos los regidores, el recién nombrado secretario del ayuntamiento, la síndico municipal y el alcalde, quienes después del cordial saludo de la mañana iniciaron rápidamente con el pase de lista y lectura al orden del día.

Pese a que inicialmente la sesión de cabildo, mediante un oficio, había sido convocada días atrás para la aprobatoria hacia el alcalde para celebrar contratos para “un supuesto proyecto de vivienda para los trabajadores sindicalizados”, al momento de la lectura de las propuestas todo fue diferente.

El tema principal fue la aprobación de las facultades del edil para “celebrar contratos y la cesión de derechos de Trabajadores Sindicalizados al servicio del ayuntamiento”, lo cual cambió el panorama del evento.

Previo a la votación, en la ronda de debate y argumentos, el primero en tomar la palabra fue Ángel Cangas Paredes, regidor de Desarrollo Económico, el cual como primer punto señaló que dentro del ayuntamiento “no existe un tabulador que rija o establezca los salarios para cada uno de los empleados, desde los funcionarios hasta los empleados de confianza”.

Al tenor del tema expuesto, el funcionario señaló que era un tema urgente que resolver para que la ciudadanía y el propio ayuntamiento tenga certeza sobre “el salario que compete a cada empleado”, evitando con ello que existan “auto asignaciones arbitrarias de un salario ostentoso”.

Pese a la importancia del tema, el alcalde y los demás regidores se mostraron completamente indiferentes, ignorando por completo un punto que resultaría crucial para la ciudadanía, por lo cual pasaron directamente a la votación para el único punto del día, aprobar “más facultades al alcalde”.

Fue así que por mayoría de votos se le otorgó al alcalde el derecho para establecer convenios, contratos y la cesión de derechos de los sindicalizados, sin que se brindara información más detallada sobre este último punto.

Es por ello que casi al finalizar el regidor Jaime Cedano, de Transparencia y Protección a Datos Personales, indicó que no existían datos suficientes para la aprobación de tales “atribuciones”, lo cual resultaba sospechoso en un momento donde “el ayuntamiento pende de un hilo” derivado de los laudos que mantiene con empleados de ambos sindicatos.

Pese a los alegatos de los funcionarios, el secretario dio por terminada la sesión de cabildo, éste último enfrascándose en una serie de “palabras” con los funcionarios, quienes simplemente expresaron que “le desconocían puesto que jamás se llevó ordenadamente la entrega-recepción con su antecesor”.

Por cierto, muy lamentable el comportamiento de los regidores ya mencionados con la compañera Rosy Linares, a quienes todos conocemos por hacer su trabajo llevando a sus espaldas a su menor hijo.

En forma prepotente, los regidores cuestionaron el trabajo de la periodista, diciendo que una página de Facebook no se puede considerar un medio de comunicación. Fue un grave error político de estos dos aprendices, quienes ya están pagando las consecuencias de haberse metido con una reportera respaldada por todo el gremio.

 

HASTA MAÑANA.

Viernes, 20 Diciembre 2019 05:28

Realidad que supera la ficción

En enero pasado doña Martha llegó a visitar a su hija Karina a la casa que rentaba junto con su concubino, Raúl, en la colonia Otilio Montaño de Jiutepec. Quería ver a sus nietos, los hijos de Karina y Raúl, pero también a Nachito y Lázaro, de 4 y 5 años de edad, cuya madre era otra de sus hijas, que lamentablemente cayó en las drogas y los dejó a cargo de su hermana y su cuñado. (Todos los nombres fueron cambiados).

¿Y dónde está Nachito? -preguntó la abuela-. Raúl y Karina intercambiaron miradas y guardaron silencio.

- Pues no habíamos querido decírselo pero, fíjese que se lo robaron -contestó por fin el hombre.

- ¿Cómo que se lo robaron? La otra vez que vine me dijiste que se lo había llevado tu mamá de vacaciones y ahora me sales con que se lo robaron. ¿Dónde está mi nieto?

- Sí suegra, deveras que nos lo quitaron de las manos. Íbamos a Yautepec y ahí en Cañón de Lobos que se nos cierra una camioneta y que se bajan unos tipos armados y que se llevan al niño.

La versión de su yerno no convenció para nada a doña Martha, sobre todo porque no presentaron denuncia por el supuesto robo del infante, así que ella acudió al Ministerio Público a denunciar la desaparición de su nieto.

Para su fortuna se acababa de tipificar el delito de “Desaparición de Persona”, pues de otra manera no se habría podido encauzar en ninguna de las conductas ilícitas que contempla el Código Penal.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal se entrevistaron con los tíos pero no pudieron sacarles la verdad. Se notaba a leguas que estaban mintiendo, pero no podían hacer nada para que dijeran dónde estaba el niño.

El único testigo era Lázaro, el pequeño de cinco años que al igual que su hermano estaba “al cuidado” de sus tíos. Con la ayuda de una psicóloga fue interrogado a través de una terapia de juego. El niño narró que sus tíos le pegaron a su hermanito y que le salió sangre por nariz, boca y oídos.

-Y ¡dónde está Nachito?-le preguntaron.

- Lo quemalon ahí- contestó el menor mientras señalaba un terreno baldío.

Pero los aludidos lo negaron. Admitieron que en ocasiones sí le pegaban porque “se portaba mal y no obedecía, además de que era muy sucio”, pero no eran capaces de matarlo, diciendo que todo era imaginación del niño. Estaban seguros de que si no aparecía el cuerpo no podrían detenerlos por homicidio, así que se sostuvieron en su dicho de que se lo habían robado en la carretera a Yautepec.

Lo que no sabían era que con los elementos que se tenían se actualizaba el delito de desaparición de persona, así que una juez libró una orden de aprehensión y ambos fueron recluidos en el Penal de Atlacholoaya y el 7 de febrero de 2019 se les dictó el auto de vinculación a proceso.

Lázaro quedó a cargo del DIF y permanece en un orfanato, pues su abuela no estaba en condiciones de hacerse cargo de él ni tampoco su madre, quien está internada en un centro para atención de drogadictos.

El 19 de marzo del 2019, unas semanas más tarde de que fueron detenidos, unos vecinos de la pareja denunciaron a las autoridades que salía un olor fétido de un frigobar que estaba en el patio de una vivienda cercana a donde vivía la pareja conformada por Karina y Raúl, en la mencionada colonia Otilio Montaño de Jiutepec.

Al lugar llegaron peritos de la Fiscalía General de Justicia y notaron que, efectivamente, el olor que despedía ese frigobar era el típico de una persona muerta y en estado de descomposición.

Pidieron hablar con el propietario de la casa, y éste explicó que hace unas semanas lo fue a ver Raúl, el esposo de Karina, y le pidió que le guardara ese refrigerador “porque nos vamos a cambiar de casa pero todavía no sabemos a dónde. Para no andarlo trayendo de aquí para allá ahí se lo encargo, luego vengo a recogerlo cuando ya tenga un lugar seguro”.

El casero no le vio problema pues su patio es grande. “Póngalo por ahí vecino”, le contestó, así que Raúl mismo cargó el frigobar herméticamente cerrado y lo colocó en donde no estorbara.

Al abrir el refrigerador las autoridades encontraron “seis bolsas en capas, conteniendo el cuerpo sin vida de un menor”, según asentaron en el acta de levantamiento.

Ya con el cuerpo del delito la juez Teresa Soto cambió la figura a homicidio calificado además del que implica el no haber inhumado legalmente el cadáver.

En sus declaraciones, la pareja se niega a declarar el motivo por el cual se ensañaron con el niño al grado de matarlo, para luego cortarlo en pedazos, meterlos en bolsas y acomodarlos en el frigobar. Karina asegura que quien mató al niño fue su pareja, y que ella guardó silencio por temor a que también la matara porque es muy violento.

La última diligencia se llevó a cabo el pasado 14 de agosto, y a principios del próximo año se espera que concluya, para que los jueces determinen el grado de responsabilidad de las dos personas imputadas.

También, la pareja puede acogerse al derecho a un juicio abreviado, admitiendo su responsabilidad y pidiendo una sanción menor a los 20 años de cárcel.

 

HASTA MAÑANA.

Jueves, 19 Diciembre 2019 05:28

Los riesgos del periodismo

“Ahí te lo encargo. Dale pronto y lo tiras al río”, son las palabras que Jesús Lemus Barajas no olvida; esa fue la instrucción que espetó el comandante Luis Carrillo cuando –después de privarlo de la libertad– lo entregó al grupo delictivo Los Zetas para que lo asesinaran. Fue en mayo de 2008. La orden venía del entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa, asegura el periodista, quien en mayo de 2014 estuvo en Jojutla por primera vez y desde entonces nos honra con su amistad.

Frente a la detención en Estados Unidos del ex Secretario de seguridad pública, Genaro García Luna, el periodista afirma que el ex mandatario miente, y reitera su acusación que Felipe Calderón mandó a ejecutarlo en venganza por las publicaciones que hizo sobre la relación de su hermana Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa (también conocida como “Cocoa”) con Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”.

“La hermana del ex Presidente Felipe Calderón le hablaba a “La Tuta” para pedirle favores, para que candidatos de elección popular fueran apoyados por el narco. Yo comienzo a publicar este tipo de relación y entonces se viene una venganza del ex Presidente Calderón, donde él ordena mi ejecución, de tal forma que un comandante de la policía ministerial me busca y me secuestra”, declaró en entrevista con el portal Sin embargo.

Lemus se salvó “de suerte”, dice, pero fue encarcelado injustamente por poco más de tres años.

“El ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, orquestó todo, porque él hizo y armó un expediente de cajas y cajas”, añade.

El Gobierno actual, plantea el periodista, debería iniciar una investigación exhaustiva de la red que conformó García Luna, y que el primero que debe de ser indagado es Felipe Calderón porque era su jefe directo.

“Calderón es un farsante, un loco, un mitómano. Es increíble que quiera que nos traguemos la mentira de que él no sabía lo que hacía el secretario de seguridad pública.  Por supuesto que sabía y tan lo sabía que cuando yo estaba en Puente Grande, tenía de vecino de celda al  ‘El Grande’, José Enrique Villarreal Barragán, el jefe de los sicarios  de los Beltrán Leyva, y de la voz del ‘El Grande’ escuché las versiones de cómo era la relación de Felipe Calderón, a través de Genaro García Luna, no solo con el Cártel de Sinaloa, sino con el Cártel de Los Zetas, con el Cártel del Golfo, de La Familia Michoacana”, asegura.

Era el año 2008, el segundo del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. La ofensiva de Gobierno federal contra “los cárteles de la droga”, llamada “Guerra contra las Drogas”, había sido declarada un año y medio antes, justo en el estado de Michoacán, donde Lemus Barajas ejercía su labor de periodista.

Lemus dirigía un periódico en La Piedad, Michoacán, en donde comenzó a publicar reportajes y notas señalando que entre Gobierno de Felipe Calderón y el Cártel de La Familia Michoacana existía una estrecha relación, concretamente entre Luisa María Calderón, “Cocoa”, y “La Tuta”, quien en ese entonces era Jefe de La Familia Michoacana.

“Es una versión que yo comencé a difundir porque la conozco de fuentes cercanas del narcotráfico, y esa versión posteriormente es referida por ‘La Tuta’ en uno de sus videos públicos que están prohibidos en Youtube. Ahí dice que la hermana del Presidente Felipe Calderón le hablaba para pedirle favores para que candidatos de elección popular fueran apoyados por el narco. Yo comienzo a publicar este tipo de relación y entonces se viene una venganza del ex presidente Calderón, él ordena mi ejecución, de tal forma que un comandante de la policía ministerial, –bajo las órdenes de Carlos Zamarripa Aguirre Zamarripa, Procurador de Justicia de Guanajuato–, me busca y se me secuestra”, cuenta.

El 7 de mayo de 2008 ocurrió la privación de la libertad de Lemus Barajas en el municipio de Cuerámaro, en el estado de Guanajuato. “El comandante Luis Carrillo me lleva y me entrega a un grupo de Los Zetas para que me ejecuten en Guanajuato, es obvio que era una orden que bajó de Felipe Calderón, a través de su amigo el Gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Olivas Ramírez; ese personaje es el que me manda secuestrar para que me desaparezcan, para que me ejecuten,  y me entregan al grupo de Los Zetas. […] claramente lo escuché –y son palabras que nunca se me van a olvidar–, cómo le dijo: ‘ahí te lo encargo, dale pronto y lo tiras al río’. Esas palabras no se olvidan”, narra el periodista.

La organización Reporteros Sin Fronteras, al enterarse de la desaparición de Lemus, actuó de inmediato: emitió un comunicado donde alertaba que el periodista llevaba varias horas desaparecido y exigía su presentación con vida.

“Eso fue lo que a mí me salvó la vida, porque realmente la intención era matarme, pero cuando aparece el comunicado de RSF, el comandante va y me recoge de la casa de seguridad”, añade.

Al periodista le imputaron falsos cargos de delincuencia organizada y narcotráfico, y fue encarcelado.

“Me mandaron a la cárcel estatal de Guanajuato unos días y de ahí, argumentándonos  que era un reo de máxima peligrosidad, me llevaron a la cárcel federal de Puente Grande donde pasé tres años preso. Ahí estuve con los delincuentes más peligrosos de México de aquel tiempo, como Rafael Caro Quintero, ‘El Mochaorejas’, Mario Aburto, Alfredo Beltrán Leyva, incluso ‘El Grande’”, destaca.

Jesús Lemus fue recluido bajo cargos que jamás se demostraron. El Ministerio Público jamás entregó ni una sola prueba contra el comunicador. Tres años después, se demostró su inocencia y quedó en libertad.

“Considerando que no hay ningún elemento de juicio que señale siquiera la duda de que estuviera relacionado en hechos de narcotráfico o de delincuencia organizada, [Jesús Lemus Barajas] queda exonerado de toda acusación y se le dicta sentencia absolutoria”, expone la sentencia absolutoria dictada el 11 de mayo de 2011.

Lemus Barajas se convirtió en escritor. Su estancia en prisión la canalizó a seguir su instinto de periodista y ahí entrevistó a criminales peligrosos, entrevistas y pasajes que ha revelado en diversos libros. Sin embargo, ahora vive desplazado, pues tuvo que dejar su estado por inseguridad y amenazas.

A más de ocho años de demostrar que fue encarcelado injustamente, Jesús Lemus no ha visto la justicia e incluso ni siquiera cuenta con su calidad de víctima en el registro correspondiente, mientras que los que orquestaron su captura continúan en cargos públicos. “No han perdido su calidad de funcionarios públicos, siguen actuando impunemente, trabajando como si nada hubiera pasado. A mí me destrozaron la vida y a mí destrozaron la vida y ellos siguen operando con la máxima comodidad”, asegura el tocayo y paisano.

HASTA MAÑANA.

 

Miércoles, 18 Diciembre 2019 05:06

Policías delincuentes

Desde principios del 2005, entre “la tropa” de la Policía Preventiva Metropolitana comenzó a saberse que quienes eran asignados para cuidar la entrada de la recién creada Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo (UMAN), ubicada en la colonia Antonio Barona, recibían dinero de los abogados a cambio de avisarles cuando llegaran “clientes”.

Sin embargo, lo que comenzó como una extorsión disfrazada en la que participaban abogados, agentes del Ministerio Público Federal y policías metropolitanos en las instalaciones de la UMAN, se convirtió con el tiempo en una auténtica gavilla de delincuentes que realizaban “cantonazos”, saqueaban los domicilios de los presuntos narcotraficantes y prácticamente los secuestraban.

Si las víctimas conseguían el dinero solicitado eran dejados en libertad, pero si no, los ponían a disposición del Ministerio Público Federal sin mencionar las verdaderas circunstancias en que fueron detenidos.

El 8 de febrero del 2007, Daniel Santillán Celis, un taxista de la colonia Tres de Mayo, municipio de Emiliano Zapata, se presentó a la Procuraduría de Justicia a denunciar que había sido víctima de un allanamiento de morada y robo, pues el miércoles 7 de febrero  a las 23:30 dos sujetos vestidos de negro se metieron a su casa diciéndole “te dedicas a vender droga, ya valió, tengo al muchacho que le vendes drogas”.

No se lo llevaron pero sí le “incautaron” aparatos electrónicos y 100 mil pesos que tenía guardados –según él- por la venta de un coche. Acompañado por su esposa, Santillán Celis inició la averiguación previa SC/1ª./1005/07-02 en la que narró los hechos y aportó un dato que resultó de vital importancia: uno de los falsos policías había contratado sus servicios en varias ocasiones para ser llevado de la UMAN a diversos lugares, y escuchó que lo llamaban “licenciado Bernardo”, y que al parecer trabajaba en la PGR.

Con ese dato, elementos de la Policía Ministerial acudieron a la UMAN, donde uno de los agentes del Ministerio Público Federal les comentó que no había ningún MP de nombre Bernardo, pero que constantemente iba un abogado con ese nombre: Bernardo Ortíz Coronel, y que frecuentemente se hacía acompañar por un policía preventivo estatal de nombre Waldemar.

Con esos datos, el entonces subprocurador contra la Delincuencia Organizada, Andrés Dimitriadis Juárez, solicitó información a Servicios Periciales encontrando que ambos tenían antecedentes penales. Bernardo estuvo detenido el 27 de abril de 2001 por robo pero salió libre bajo fianza. Waldemar Cisneros Franco había sido acusado por la presunta narcomenudista Rosa Rivera Coronado por robo en octubre del 2006. También encontraron otra denuncia presentada el 21 de abril del 2006 por allanamiento a la casa de José Perfecto Díaz Salinas, quien también estaba en la cárcel por delitos contra la salud.

Cuando estaban investigando los casos antes mencionados, llegó otra denuncia a la Procuraduría. Raúl Navarro López, un interno del Penal de Atlacholoaya, denunció que ya había salido libre de una primera denuncia por narcomenudeo, cuando comenzó a ser hostigado por los ocupantes de la patrulla 2185 de la Policía Preventiva Estatal, quienes le exigían dinero a cambio de no volverlo a detener.

Dice que el 3 de marzo iba sobre la carretera Cuernavaca-Temixco a bordo de su vehículo Ford K cuando lo interceptó la patrulla mencionada. Los policías se subieron a su coche y lo llevaron a “un cerro cerca de Tequesquitengo” donde lo golpearon. Según el denunciante, fue idea de los policías conseguir una buena cantidad de droga para “cargarlo” y asegurarse que no saliera de la cárcel, ante su negativa de “cooperar” con la causa.

Fue así como, alrededor de las siete de la noche de ese mismo día, regresaron a Cuernavaca y lo llevaron hasta la casa marcada con el número 32 de la calle Júpiter, colonia Jardines de Cuernavaca. Ahí lo obligaron a tocar y a identificarse para que abrieran la puerta, y cuando esto ocurrió entraron los policías y comenzaron a registrar toda la casa, la cual estaba habitada sólo por una mujer. Luego de varios minutos los policías salieron con una caja con cocaína, misma que fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal como propiedad de Navarro López.

Con la información aportada por Daniel Santillán, la Procuraduría de Justicia solicitó orden de aprehensión en contra de Bernardo Ortíz Coronel, Waldemar Cisneros Franco y Jorge Flores Coapango, y el 21 de mayo agentes de la Policía Ministerial detuvieron primeramente al policía metropolitano, quien prácticamente fue entregado por su jefe, Francisco Sánchez González. Más tarde localizaron a Bernardo Ortíz cuando llegaba a su domicilio y finalmente detuvieron a Waldemar Cisneros también en su casa.

A partir de la difusión de sus rostros en periódicos y televisión, comenzaron a llegar las denuncias a la Procuraduría de Justicia, reconociendo a los tres que aparecían en los noticiarios como los responsables de infinidad de abusos.

Una de las denuncias fue la de Marco Alejandro Sánchez Avilés, de 27 años, dice ser comerciante, con domicilio en la calle Obradores sin número colonia Vicente Guerrero de Tejalpa. Relata que el 14 de mayo del 2007 fue detenido por varios sujetos que viajaban a bordo de una camioneta blanca sin logotipos, y que le hicieron una revisión cuando caminaba por la Unidad Morelos de Xochitepec encontrándole algunas grapas de cocaína, por lo que se lo llevaron “detenido” pero nunca lo pusieron a disposición de ninguna autoridad, sino que le preguntaron si tenía a alguien “que respondiera por él”. Fue así como se comunicaron con “su tío”, Arturo Nava Romero, quien pagó 250 mil pesos por su liberación, lo que ocurrió el 19 de mayo.

En la causa penal 49/2007-1 tanto Jorge Flores Coapango como Bernardo Ortíz y Waldemar Cisneros fueron absueltos por el Juez Antonio Salgado Sandoval.

Y es que, extrañamente, el 2 de agosto, el acusador  Daniel Santillán Celis fue hallado sin vida en el interior de un automóvil Nissan Tsuru del Servicio Público, placas de circulación 2385 LTG, abandonado en la calle Lázaro Cárdenas de la colonia San José de Las Cumbres del municipio de Emiliano Zapata.

Su esposa se retractó de la versión original y por ello obtuvo su libertad Jorge Flores Coapango.

Sin embargo, unos días después de abandonar el Penal de Atlacholoaya, Jorge Flores Coapango fue “levantado” por hombres armados en la colonia Buenavista. Su cuerpo fue localizado el 28 de septiembre del 2008 en una fosa junto con otros cadáveres (cuyas identidades se desconocen) en un terreno baldío de Ocuilan, Estado de México.

De Bernardo Ortíz y Waldemar Cisneros no se ha vuelto a saber nada.

HASTA MAÑANA.

 

 

 

Martes, 17 Diciembre 2019 05:30

Beatriz Vicera, de la gloria al infierno

La historia de Beatriz Vicera Alatriste es el más claro ejemplo de una mujer que no supo aquilatar el poder, y que en apenas unos cuantos años pasó de la gloria al infierno. Después de ser una modesta empleada de una empresa que financiaba préstamos, llegó a ser la representante de uno de los tres poderes del estado, con el manejo discrecional de millones de pesos.

Lunes, 16 Diciembre 2019 05:28

Hace exactamente 10 años

Hasta antes del 16 de diciembre de 2009 todo era felicidad para el entonces gobernador de Morelos. No obstante la derrota de su partido en las elecciones de julio de ese año, había conseguido a través de sus operadores que su principal enemigo político, el priista Guillermo del Valle, quedara sin poder alguno en la naciente legislatura, desterrando así la amenaza de un juicio político en su contra tras la detención de su secretario de Seguridad, Luis Ángel Cabeza de Vaca, por presunta protección al narcotráfico.

La fortuna le sonreía al médico cirujano tanto en el plano profesional como en lo personal. El Congreso acababa de autorizar el presupuesto 2010 enviado por el Ejecutivo sin mayores variaciones y el sábado 19 se casaría nuevamente con su esposa Mayela, tras 25 años de feliz matrimonio.

El martes, la familia Adame Alemán disfrutó de El Cascanueces, en el Teatro Ocampo, y el miércoles ultimaban los preparativos para la ceremonia religiosa que se celebraría el sábado en la Catedral y la comida en una Hacienda de Xochitepec.

Pero a partir de las 18 horas, Marco Antonio Adame, como cualquier otro vecino de Cuernavaca, se enteró que helicópteros militares sobrevolaban los edificios Altitude. Su investidura no pesó para obtener detalles de lo que estaba ocurriendo. La única información que recibió fue la que proporcionaron los médicos del Hospital General José G. Parres y del Hospital del Niño, ambos aledaños al complejo habitacional.

Su sorpresa fue mayúscula al enterarse de que tampoco su amigo, el general Leopoldo Díaz Pérez, jefe de la zona militar de Cuernavaca, había sido avisado del operativo, y que eran miembros de la Secretaría de Marina (Semar) los que estaban al frente. Ya entrada la noche, supo a través de los medios que uno de los muertos en el enfrentamiento era Arturo Beltrán Leyva.

A partir de ese momento la sombra del juicio político persiguió al gobernador morelense. Anuncios espectaculares pagados por el PRI y el PRD anunciaban que “Marco Adame solapó a Cabeza de Vaca”. Y es que a principios de 2009 la revista Proceso y el Diario La Unión difundieron parte del expediente en el que aparece el número de cuenta bancaria del gobernador en el directorio de la Blackberry del exjefe policiaco que permaneció preso hasta el 2016 en un penal de Nayarit.

Tras intensas negociaciones, los partidos de oposición cesaron en su intención de proceder contra el gobernador, sobre todo después de que, a través de una carta, Cabeza de Vaca exoneró a su exjefe y dijo que el número de cuenta bancaria iba en el directorio que le había pasado vía bluetooth el secretario particular del mandatario.

Sin embargo, el tema volvió a ponerse en la agenda política en la recta final de su mandato, cuando el periódico Reforma difundió parte de las declaraciones de Sergio Villarreal, alias El Grande, en las que aseguró que en 2008 el helicóptero oficial del gobierno estatal fue utilizado para transportar a Beltrán Leyva y otros narcotraficantes desde el municipio de Emiliano Zapata hasta Puente de Ixtla, con la finalidad de evadir un operativo militar que se dirigía al restaurante Mi Pueblito, donde departía El Barbas con Luis Ángel Cabeza de Vaca.

Muy poca gente sabe que el entonces gobernador de Morelos tuvo que comparecer ante un Juzgado de Distrito para ser interrogado por la defensa de Luis Ángel. ¿Qué referencias profesionales y personales tiene del suscrito Luis Ángel Cabeza de Vaca? Fue la primera pregunta.

“El C. Luis Ángel Cabeza de Vaca Rodríguez se desempeñó como secretario de Seguridad Pública, del día dos de octubre de dos mil seis al día quince de mayo de dos mil nueve, fecha en que presentó su renuncia al cargo.  Durante su gestión mantuvo con el suscrito una relación estrictamente institucional”, contestó el gobernador, atajando cualquier posibilidad de que se le relacionara con el acusado.

Pero la sombra de Beltrán Leyva no sólo afectó al gobernador, sino a la clase política en general. Francisco Moreno Merino, diputado federal priista y alguna vez aspirante a suceder a Marco Adame estuvo bajo sospecha.

El 21 de marzo del 2010  un comando armado derribó con una camioneta la puerta del inmueble localizado en el Fraccionamiento Quintas Martha, mismo que sirvió de casa de campaña de Moreno Merino. Los sujetos realizaron alrededor de 200 disparos con armas AK 47, quemaron muebles, computadoras y documentos, para después dejar una cartulina blanca con el siguiente mensaje:

“Así van a terminar todas las propiedades de los que apoyan al homosexual Édgar Valdez Villarreal (Barby). Atte. La Empresa”.

Una cartulina con las mismas características fue dejada esa misma noche en un taller mecánico de la colonia Flores Magón, después de incendiarlo.

No obstante que el mensaje era claro al señalar a Moreno Merino como protector del capo que sería detenido meses después, el legislador federal lo manejó a su conveniencia. De inmediato acudió a la sede de la 24 Zona Militar para solicitar la protección que hasta el momento mantiene tanto en su casa como de manera personal. En entrevistas, atribuyó el ataque a que “he levantado mucho la voz de diversos hechos delictivos que han ocurrido aquí en el estado, y éstas son las consecuencias”.

Diez años después, el doctor Marco Adame Castillo ocupa la vicepresidencia del Congreso de la Unión y con muchas posibilidades de llegar a la máxima representación en esa institución, bajo las siglas del Partido Acción Nacional.

Y Francisco Moreno Merino acaba de “destaparse” como aspirante a buscar la presidencia municipal de Cuernavaca por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Asegura que “salió limpio” de la LII Legislatura en la que fue presidente de la Mesa Directiva.

Si el partido tricolor no lo postula, bien pudiera lanzarlo el Partido de la Revolución Democrática, pues si alguien defendió a capa y espada al gobernador perredista Graco Ramírez fue precisamente Moreno Merino, incluso ya había aceptado un cargo en el Poder Ejecutivo.

HASTA MAÑANA.

 

 

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