Condenado a desaparecer “por inútil y gastalón”, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) vive sus últimas semanas en espera de que el Poder Legislativo determine quién se encargará ahora de garantizar el acceso a la información al que tiene derecho la ciudadanía. Ayer se llevó a cabo un Foro en el que los dos principales partidos representados en el Congreso —Morena y PAN— se comprometieron a elaborar un proyecto de reforma constitucional que establezca mecanismos ágiles para que el pueblo tenga acceso a la información pública y de esta forma se prevenga la corrupción.

En este encuentro realizado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandra Pani Barragán, secretaria de la Contraloría, destacó que la administración encabezada por la gobernadora Margarita González Saravia ha colocado la rendición de cuentas como un pilar de la gestión pública.

“La transparencia no es una opción, es una obligación permanente y un derecho ciudadano que debemos garantizar sin retrocesos, no es una concesión de los gobiernos, por eso celebro estar hoy aquí e involucrar a las y los jóvenes a que participen activamente y levanten la voz”, afirmó.

Y es que, de acuerdo al proyecto de reforma que aún está en análisis en el Congreso Local, tras la desaparición del IMIPE, sus funciones pasarían a la Secretaría de la Contraloría, similar a lo que ocurrió a nivel federal con el extinto Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), que pasó a formar parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Quien esto escribe participó como ponente en el evento organizado por Morelos Rinde Cuentas y el Consejo Coordinador Empresarial. Recordamos cómo cambió la forma de hacer periodismo de investigación a partir del 2003 que entró en vigor la primera ley de transparencia y que la Unión de Morelos fue el único periódico en designar a un reportero exclusivo para reportajes redactados con datos obtenidos de solicitudes de información pública.

Así fue como pudimos exponer los onerosos gastos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos cuando era presidida por Fausto Gutiérrez Aragón, y la compra de un equipo bloqueador de llamadas telefónicas que costó 15 millones de pesos —pagados por el gobierno de Sergio Estrada Cajigal en las últimas dos semanas de su sexenio— a una empresa dedicada a la impresión de folletos.

“Así llegamos al 2012 con el maquiavélico Graco Ramírez Garrido, quien resultó un experto en opacidad. Yo siempre he dicho que lo peor no es la falta de transparencia, sino una transparencia simulada, y eso es lo que hacía Graco. Él presumía: miren yo ya presenté toda mi declaración patrimonial. Y la mostraba desde lejos, pero cuando la pedías resultaba que todos los datos de sus propiedades estaban testados”, dijimos ayer por la mañana.

Tocó el turno a Roberto Salinas, director de Morelos Rinde Cuentas, un organismo ciudadano que se ha dedicado a solicitar información en forma sistemática, procesando los datos obtenidos para obtener conclusiones que son expuestas a la sociedad con la finalidad de encontrar soluciones a las problemáticas planteadas.

Hizo un recuento de todos los hallazgos encontrados en todas las instituciones, mismos que sirvieron para que medios nacionales y locales publicaran reportajes que tuvieron gran impacto, como el desvío de recursos en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), la utilización de empresas “fantasma” para justificar gastos millonarios o la cerrazón de los Servicios de Salud de transparentar sus contratos.

En su intervención evidenció al IMIPE que no tuvo la capacidad de resolver con rapidez los recursos de queja e incluso sus propios comisionados incurrieron en actos de corrupción que fueron documentados por diversos medios de comunicación. En su etapa final, el órgano garante de la Transparencia se tardaba hasta dos años en resolver un recurso de inconformidad o queja, y en varios casos el INAI, como “tribunal de alzada” ordenó revocar resoluciones que el IMIPE había emitido a favor de instituciones gubernamentales.

Ahora (y en esto coincidimos plenamente), existe la esperanza de que el IMIPE sea sustituido por un órgano desconcentrado cuyos integrantes no estén tan identificados con el partido en el poder, aunque nada quita el hecho de que serán “juez y parte”.

Finalmente, los coordinadores de los grupos parlamentarios de Morena y del PAN en el Congreso del Estado de Morelos, Rafael Reyes y Daniel Martínez Terrazas, respectivamente, refrendaron su compromiso con la transparencia, como una obligación de las autoridades para prevenir actos de corrupción.

Ante la comunidad estudiantil y empresarial, Rafa Reyes informó que se habrá de generar un amplio debate para que en el caso particular del nuevo órgano desde transparencia participen organizaciones, medios de comunicación, así como la academia.

Daniel Martínez Terrazas defendió al Instituto Nacional de Acceso a la Información que hizo posible que saliera a la luz pública tantos casos de corrupción e impunidad de los tres partidos políticos que han gobernado este país en los últimos años. “La Casa Blanca”, “La Estafa Maestra”, “Los 43 de Ayotzinapa” y “La Masacre de San Fernando” jamás se hubieran conocido de no ser por ciudadanos que hicieron solicitudes de información a las diferentes dependencias de gobierno, que éstas se negaron rotundamente a entregar los documentos, y que el INAI los obligó a ponerlos a disposición de la sociedad.

Hoy, con un órgano llamado “Transparencia para el Pueblo”, es claro que hay un retroceso. Así lo demuestran las estadísticas dadas a conocer por organismos como Artículo 19 que recientemente publicaron que el 99.6% de los recursos de revisión que ha resuelto este nuevo órgano han sido desechados, en su mayoría por motivos de forma.

“Este órgano desconcentrado evidencia un retroceso en la garantía del derecho de acceso a la información pública en el país”, señaló Artículo 19, al destacar que, desde que comenzó funciones el 12 de mayo de 2025, Transparencia para el Pueblo ha resuelto apenas 457 de los 2 mil 253 recursos de revisión recibidos, y casi la totalidad de ellos han sido rechazados.

La lógica nos dice que a nivel local ocurrirá lo mismo. Ojalá nos equivoquemos.

HASTA MAÑANA.