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Sábado, 06 Septiembre 2025
Estrategias

También desaparecerá el Sistema Anticorrupción

Jesús Castillo Jesús Castillo
Viernes, 5 Septiembre
Lectura 3 - 6 minutos
También desaparecerá el Sistema Anticorrupción
También desaparecerá el Sistema Anticorrupción
Estrategias
Lectura 3 - 6 minutos

También desaparecerá el Sistema Anticorrupción

Jesús Castillo Jesús Castillo
Viernes, 5 Septiembre
También desaparecerá el Sistema Anticorrupción
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Ahora que los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado de Morelos andan desapareciendo instituciones de escasa o nula productividad, deberían de poner en la mira a un órgano que se llama Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, que tiene tareas poco claras o duplicadas, que actualmente está encabezado por un funcionario al que le armaron un nombramiento especial para no violar la ley, pero que sí representa un gasto anual de más de siete millones de pesos.

Si un día anda usted por el centro y tiene la curiosidad de subir hasta el tercer piso del edificio Bellavista, encontrará que en esas lúgubres oficinas hay varias dependencias de gobierno (una de ellas es la del Mecanismo de Protección a Periodistas) prácticamente escondidas, pero que así les gusta porque no están a la vista de nadie y pueden hasta dormirse si quieren.

Ahí está la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, creada en 2018 como parte del Comité Coordinador integrado por un presidente del Comité de Participación Ciudadana y los titulares de diversas instituciones como el TSJ, el TJA, el IMIPE, la ESAF, la Fiscalía Anticorrupción y la Secretaría de la Contraloría.

En su origen este organismo estuvo “ciudadanizado” pues existía un Comité de Participación Ciudadana que no fueron designados por el Congreso ni por el Ejecutivo, sino por un comité de selección. Una característica de este órgano colegiado era que su duración en el cargo era escalonada, es decir, que el primero duraría en el cargo únicamente un año, el siguiente dos, y así sucesivamente, pero se supone que al terminar su periodo serían relevados por otras personas.

Sin embargo, las dos últimas legislaturas simplemente se desentendieron de lo que establecía la Ley Anticorrupción y no emitieron las convocatorias respectivas para cubrir las vacantes. Así, Alejandro Enríquez Hermida concluyó en el 2024 incluso antes de que concluyera su periodo de cinco años.

En ese tiempo estaban como integrantes del Comité Coordinador personajes como Jorge Gamboa Olea, Juan Salazar Núñez, América Berenice Jiménez y Marco Antonio Alvear Sánchez, quienes tuvieron una flamante idea: modificar la normatividad para que el Comité pudiera continuar sesionando sin la presencia de ningún miembro del Comité de Participación Ciudadana. Así podrían gastarse los 7 millones anuales autorizados por el congreso para su funcionamiento.

Así, en la cuarta sesión ordinaria de 2023, aprobaron el Acuerdo por el cual el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción modifica y adiciona un párrafo al artículo 13, y adiciona un párrafo al artículo 14 del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, consumándose así una especie de “entrega de la iglesia a Martín Lutero”, pues serían los mismos funcionarios los que encabezarían el sistema anticorrupción a través de una nueva figura jurídica: la presidencia temporal. Es decir, que cada uno de ellos presidiría este órgano colegiado por 90 días. 

Con la llegada de la nueva administración, no solamente lograron el apoyo de la actual secretaria de la Contraloría, Alejandra Pani Barragán, sino que incluso firmaron un convenio de colaboración con el gobierno del estado, como si la Constitución no fuera suficiente para establecer lo que pueden hacer y no hacer las diferentes instancias de gobierno.

Pani Barragán deseaba que en la Secretaría Ejecutiva quedara un viejo conocido suyo, el licenciado Gerardo Hurtado de Mendoza, pero le hicieron notar que la ley establece como requisito para ocupar ese cargo el no pertenecer a ningún partido político, y en el caso del ex síndico de Temixco, es público y notorio que está afiliado al partido Morena.

Y como nunca falta un acomedido que sepa cómo darle la vuelta a la ley, alguien propuso la solución: “nombrémoslo encargado de despacho, ya que para ese cargo no hay impedimento alguno”.

Desde entonces Gerardo Hurtado de Mendoza ocupa ese cargo con un salario de 52 mil pesos mensuales, sin embargo, está a expensas de que se resuelva un procedimiento de reclamación interpuesto por Alejandro González Chévez, quien fue nombrado hace varios años en ese mismo cargo, pero Juan Salazar Núñez (integrante del Comité y al mismo tiempo fiscal anticorrupción) le inició una carpeta de investigación por varios delitos. Ahora, ya con una exoneración judicial bajo el brazo, está reclamando el pago de salarios caídos, restitución en el cargo y una disculpa pública.

El mantener a un órgano colegiado integrado por puros servidores públicos está pesando cada vez más, pues en tres meses que dura la presidencia temporal no pueden hacer prácticamente nada, además de que los representantes cambian constantemente y en cada sesión se tiene que tomar protesta a uno nuevo, que desconoce lo que se ha hecho hasta ese momento.

En la sesión del 8 de julio pasado, al protestar como integrante del Comité Coordinador, el recién designado magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Emilio Elizalde Figueroa, soltó un comentario que no cayó nada bien en el resto de los funcionarios que encabezan la lucha anticorrupción en el estado:

“El organismo ha perdido su esencia ciudadana. Es momento de hacer lo necesario para que sea nuevamente la sociedad quien tome el control de este sistema”, dijo. Por cierto que el acta de esa sesión, no lo han subido a la página de internet oficial del SAEM.

El tema salió a colación en el Foro sobre Transparencia que organizó el Consejo Coordinador Empresarial y la organización “Morelos Rinde Cuentas”. Ahí, después de que la contralora Alejandra Pani rechazara tajantemente que ella hubiera intervenido para la designación del actual encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva, los diputados Rafael Reyes y Daniel Martínez Terrazas sentenciaron que una de las primeras acciones de esta Legislatura en el periodo ordinario de sesiones que acaba de comenzar, será revisar el funcionamiento de ese órgano que se supone vigila que no haya actos de corrupción en el gobierno, pero son los mismos funcionarios quienes lo manejan. Lo dicho: “la iglesia en manos de Lutero”.

HASTA EL LUNES.

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Jesús Castillo

Jesús Castillo García. Periodista con 30 años de trayectoria; Premio Estatal de periodismo 2010 y 2012. Premio Nacional de Periodismo 2013.

Jesús Castillo

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