Jesús Castillo

Jesús Castillo

Jesús Castillo García. Periodista con 30 años de trayectoria; Premio Estatal de periodismo 2010 y 2012. Premio Nacional de Periodismo 2013.
Viernes, 07 Agosto 2020 05:23

La réplica del Dr. Samper

En cumplimiento a la Ley Reglamentaria del artículo sexto párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho de Réplica, publicamos lo siguiente:

Estimado Jesús Castillo agradezco la oportunidad de esta réplica a su columna del pasado Miércoles 16 de agosto llamada “ La Guerra por los Implantes” tratándose de un asunto que compete al Colegio de Cirujanos Plásticos Estéticos y Reconstructivos del Estado de Morelos en mi calidad de Presidente y que me han mencionado la Presidenta de esta Asociación Landy Ángulo debo de hacer las siguientes aclaraciones mismas que ella ya conoce pues fueron invitadas a un Foro organizado por nosotros en el Congreso del Estado en Octubre de 2019 donde presentamos la Iniciativa a la Comisión de Salud y en el cual los deje callados y sin argumentos:

1.- Esta Iniciativa es parte de un trabajo Nacional de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva para armonizar la Ley General de Salud a la de los Estados porque indica muy claramente en sus Artículos 272 bis y 272 bis1 “Que para poder practicar CIRUGIA PLASTICA ESTETICA y RECONSTRUCTIVA relacionada con cambiar o corregir la cara y cuerpo así como realizar actos médicos quirúrgicos de esta ESPECIALIDAD deberán de contar con Cedula de ESPECIALIDAD y CERTIFICACIÓN vigente que acredite capacidad y experiencia en la práctica de estos procedimientos expedido por un Consejo de la especialidad”

2.- En el mes de Junio de 2016 COFEPRIS que es Organismo Gubernamental de Protección contra Riesgos Sanitarios en México establece en su XXIX reunión Nacional “Que a partir de esa fecha en cualquier establecimiento que se ofrezca servicios de Cirugía Plástica Estética o se practiquen actos quirúrgicos el responsable sanitario deberá de acreditar la Licenciatura en Medicina, especialidad en Cirugía General y especialidad en Cirugía Plástica y Reconstructiva y en caso de no acreditarse se deberá proceder a la suspensión total del establecimiento, así mismo en relación a los Médicos que NO ACREDITEN los requisitos señalados en la Ley General de Salud en sus Artículos 272 bis y 272 bis1 NO DEBEN LLEVAR A CABO ESTOS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS”

3.- En base a lo anteriormente descrito ni el Colegio de Cirujanos Plásticos de Morelos ni la Asociación Mexicana a la que estamos agrupados pretendemos prohibir a otros profesionales que trabajen lo que queremos es que se aplique para evitar que Médicos intrusionistas que sin preparación académica y que en un curso de 6 meses a un año pretendan hacer lo que a una Cirujano Plástico Estético y Reconstructivo le ha tomado 12 a 13 años.

3.- Es mentira que sea anticonstitucional y vulnera el libre ejercicio de una profesión pues solo se les pide que hagan lo que ellos dicen saben hacer Medicina Estética y dejen de hacer lo que NO saben hacer Cirugía Plástica Estética por lo tanto su libertad de trabajo no está siendo coartada. Ya perdieron un Amparo el 144/2008 donde concluye el Juez “que esta restricción al trabajo de los Médicos es válida al exigirles a aquellos que practican cirugías Estéticas y/o Cosméticas que satisfagan condiciones mínimas necesarias de CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN, EXPERIENCIA y TECNOLOGÍA y lo hagan en establecimientos con condiciones sanitarias adecuadas y aprobadas es decir ofrezcan servicios médicos de CALIDAD lo cual protege el DERECHO A LA SALUD.

4.- La Presidente de esta Asociación no les dice que su problema principal es ellos los Maestros en Medicina Estética y Antienvejecimiento en su mayoría o probablemente TODOS no aprobaron  el obstáculo que nosotros los Cirujanos Plásticos si aprobamos para obtener esta especialidad y que es el Examen Nacional de Residencias Medicas y que después de pasarlo examen para Cirugía General debemos de pasar el examen para Cirugía Plástica y terminando debemos de hacer examen para estar Certificado y después de Certificado debemos hacer examen cada 5 años para continuar Certificándote y si quieres ser Miembro Internacional como mi caso además cumplir con TODOS los requisitos Académicos.

5.- Se los pedí y se los reitero Dra. Landy Angulo y Mesa Directiva y todos sus asociados APRUEBEN el Examen Nacional de Residencias, hagan la especialidad de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva y serán bienvenidos al “jugoso” negocio como lo ha categorizado, aunque la realidad es que el NEGOCIO lo están haciendo ustedes al engañar a la gente haciéndose pasar por Cirujanos Plásticos, basta ver su publicidad subterránea, no aparece sus nombres, operan en la clandestinidad y su principal gancho? Precios bajos que solo dejan secuelas y complicaciones en la mayoría de los paciente porque están aprendiendo con ellos, aquí está el testimonio de una de sus víctimas y que procedió y sigue vigente la demanda Marcela Alfaro.

6.- Los Maestros en Estética saben que no solo hay pacientes seriamente dañados y ya sin posibilidad de corrección por la pérdida de tejidos causado por ellos sino también muertes, la última apenas hace un par de meses que no procedan las denuncias por fallas en el sistema o arreglos extrajudiciales ya no nos compete.

7.- Al no tener la respuesta del Diputado Presidente de la Comisión de Salud José Luis Galindo Cortes demostrando con ello su falta de compromiso y misoginia, se presentó a la Diputada Tania Valentina Rodríguez quien ha entendido muy claramente que esto no es una lucha de gremios o por las cirugías Plásticas que se realicen en el Estado como pretenden hacerlo verlos Médicos con Maestría en Estética sino es la defensa de dos Derechos Humanos que están siendo vulnerados por sus prácticas irresponsables y con marcado interés económico y son los de la Salud y la Vida.

8.- No permita que los sorprendan de esta manera, la Iniciativa que armonizara la Ley General de Salud en sus Artículos 81 y 272 bis y 272 bis1 vendrá a beneficiar a muchas mujeres principalmente que son víctimas de este grupo confiamos en su Ética profesional avalada por su trayectoria en el periodismo local.

Dr Rolando Samper Mendoza

Cirujano Plástico Certificado 1947 por el Consejo Mexicano de CPER

Presidente 2020-202 Colegio de Cirujanos Plásticos Estéticos y Reconstructivos del Estado de Morelos AC

 

HASTA EL PRÓXIMO LUNES.

 

Jueves, 06 Agosto 2020 05:44

“Golazo contra la corrupción”

En un evento en el que participaron los tres poderes del estado, todo el gabinete y representantes de los organismos autónomos, ayer se anunció el inicio del programa “Golazo contra la corrupción”, que tiene como objetivo erradicar cualquier indicio de prácticas desleales dentro del ejercicio de la administración pública.

Durante el acto realizado en el Centro Cultural Teopanzolco, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo reafirmó su compromiso para construir un país y un estado con mayor honestidad, transparencia y sin dar cabida a viejas prácticas que han enriquecido solo a unos cuantos a costa de la marginación de las mayorías.

Dicha estrategia contempla una serie de acciones que se llevarán a cabo conforme a los ejes rectores de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, e integra referencias visuales y conceptuales del futbol ligadas a acciones que promuevan la claridad en la ejecución de las políticas públicas, según se explicó en la presentación.

Blanco Bravo aseguró que el gol a la corrupción será el que más habremos de celebrar por lo que significa para México; “no tengo duda de que cimbrará a todo el país”, destacó.

No sabemos de quién fue la idea que en lo general es bastante buena, pues la gente identifica inmediatamente al gobernador con el tema del futbol, el deporte más popular en este país. 

Sin embargo, desde nuestro particular punto de vista, la palabra “golazo” habla de un triunfo consumado, cuando “el partido” apenas está comenzando.

El portal “espanolavanzado.com” señala que la expresión “meter gol” es “ganarle o sacarle ventaja a alguien, normalmente con astucia o cuando éste no está preparado; obtener un éxito o triunfo sobre otra persona”.

En publicidad, “meter gol” es hacer un anuncio sin que la empresa se dé cuenta, y popularmente se dice que un funcionario “le mete gol” al gobierno cuando roba y nunca es sancionado.

Sin embargo, el nombre de la campaña es lo de menos. Lo que realmente importa es que redunde en la disminución de los actos de corrupción.

La titular de la Secretaría de la Contraloría, América Berenice Jiménez Molina, explicó que este plan destacará los valores principales estipulados en el “Código de Ética y Reglas de Integridad” del Gobierno del Estado: honradez, legalidad, disciplina, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, objetividad, transparencia, integridad, equidad, rendición de cuentas, lealtad, economía, liderazgo, competencia por mérito, eficacia, respeto e igualdad.

Para ello, mencionó, se realizarán diversas acciones como son las Caravanas contra la Corrupción por parte de la Contraloría Social; concursos ciudadanos que contribuyan a prevenir las malas prácticas del servicio público; y capacitaciones al funcionariado sobre sus obligaciones éticas.

Además, se construirá una nueva sala de audiencias a la que acudirán a comparecer los servidores públicos que son sujetos de un procedimiento administrativo, con puertas de cristal y grabación de audio y video, con el fin de promover la transparencia de los procesos y combatir la opacidad, detalló Jiménez Molina.

También se habilitarán distintas herramientas, entre ellas, los nuevos sistemas digitales para la fiscalización ciudadana del Gobierno; el Sistema de Quejas y Denuncias, a través de teléfonos rojos ubicados en las dependencias del Ejecutivo; así como buzones itinerantes, en los cuales las personas podrán anotar un gol a la corrupción con el balón de la honestidad.

Asimismo, se desarrollarán contenidos infantiles, como historietas, materiales y juegos didácticos, que generen conciencia sobre el tema en los más pequeños.

Es decir, es una campaña publicitaria para inculcar en la población la importancia de no participar en actos de corrupción y denunciarlos cuando alguien se entere de que un servidor público está incurriendo en ello.

Al término del evento, Blanco Bravo recibió la playera de capitán del equipo con la palabra “Honradez”, mientras que él mismo entregó a la secretaria de la Contraloría una más que incluía impreso el término “Legalidad” con el número uno, con lo que oficialmente se dio por iniciada la campaña presentada.

Esa camiseta es más importante que todas las que ha vestido nuestro gobernador en su carrera futbolística, y también la de mayor compromiso para la contralora América Berenice Jiménez, pues ella literalmente se está presentando como “la portera” de ese equipo llamado pueblo de Morelos.

Irónicamente, a quienes no les dieron camiseta fue al fiscal general de justicia, Uriel Carmona Gándara ni al magistrado presidente Rubén Jasso Díaz, quienes son los que deben “ponerse la camiseta” y exigirle a sus fiscales y jueces —respectivamente—, que apliquen la ley con un sentido de justicia.

Por cierto, estaba invitado el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, pero anda muy ocupado y sólo envió a su representante, Enrique Ingelmo Michaca, director de Análisis de la dependencia mencionada.

Casi a la misma hora en que se estaba llevando a cabo el evento en el Auditorio Teopanzolco, elementos de la Agencia de Investigación Criminal adscritos a la Fiscalía Anticorrupción, cumplimentaban una orden de aprehensión en contra de Francisco Salinas, ex alcalde de Zacatepec.

¡Ese sí es un golazo a la corrupción! Bueno, falta ver que el árbitro no decida revisar “El VAR” y determine anularlo.

En conclusión, lo que la ciudadanía quiere es precisamente ver resultados. Mucho se ha dicho que tal o cual funcionario o ex servidor público robó tantos millones de pesos, pero hasta ahora no tenemos a nadie en la cárcel.

Es decir, que hasta este momento, el partido está cero-cero.

HASTA MAÑANA. 

 

 

Miércoles, 05 Agosto 2020 05:23

La guerra por los implantes

Los implantes mamarios son “dispositivos médicos inventados para mejorar la forma de la mama o para crear un volumen mamario ausente o distorsionado por diferentes causas” y tiene un costo de alrededor de 50 mil pesos.  En muchos países, las jovencitas prefieren que sus padres les regalen “bubis” en lugar de un coche o una computadora, y las operaciones estéticas “mommy make over” son cada vez más frecuentes, principalmente en la clase política y empresarial.

Pero no son solamente aumento de senos, también se pueden quitar las “llantitas” del abdomen a través de una liposucción que anda sobre los 50 mil pesos, o una abdominoplastía por 80 mil. Enderezar la nariz cuesta 25 mil pesos y quitar la “papada”, 30 mil pesos.

Mencionamos lo anterior para dar al lector una idea de que tan jugoso puede resultar el negocio de la cirugía estética, pues todo ser humano sueña con mostrar un aspecto físico mejor que el que tiene.

Ahora bien, ¿quién puede realizar este tipo de operaciones?

Hasta donde hemos investigado, los primeros en hacer este tipo de operaciones fueron médicos cirujanos plásticos reconstructivos, que originalmente fueron capacitados para resolver problemas de labio leporino, amputaciones, quemaduras, malformaciones congénitas, etc., y que con el paso del tiempo —y al ver que había gente que pagaba bien— comenzaron a hacer intervenciones quirúrgicas de tipo estético como las arriba mencionadas.

Ya en los últimos años, cuando se hicieron populares este tipo de operaciones, surgió una rama de la medicina que se denominó “cirugía estética”. Una escuela particular denominada Instituto de Estudios Superiores en Medicina, que comenzó en Veracruz y posteriormente puso una sucursal en la ciudad de México, comenzó a impartir la Maestría en Cirugía Estética y la Maestría en Medicina Estética no quirúrgica, y sus egresados son los que están realizando dicha actividad.

Debemos aclarar que para estudiar esta Maestría es requisito tener la licenciatura en Medicina, según nos informaron.

Un tercer grupo son los que no son médicos, sino cosmetólogos, nutriólogos, estilistas y hasta “couchs” de gimnasios, que comienzan poniendo dietas y terminan aplicando “botox” y haciendo liposucciones, sin tener los conocimientos médicos necesarios para ello.

Para evitar esta competencia desleal que se menciona en el párrafo anterior, los médicos decidieron organizarse y conformar el Colegio de Cirujanos Plásticos y Reconstructivos, que actualmente preside el doctor Rolando Samper.

Luego surgió otra agrupación denominada Colegio de Maestros en Medicina y Cirugía Estética del Estado de Morelos, a cuya cabeza está la doctora Landy Jeanette María del Rocío Angulo Hinojosa.

Ambas agrupaciones se disputan el jugoso negocio de las operaciones de implantes (y todo lo demás) en Morelos.

Sin embargo, los médicos que lidera Samper consiguieron una aliada: la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, quien recientemente anunció una “propuesta de reforma a la Ley de Salud para garantizar que los procedimientos de cirugía plástica, estética o reconstructiva, sean practicados por profesionales certificados”.

La legisladora petista destacó que en México cada año hay más personas que buscan realizarse un procedimiento de cirugía plástica, estética o reconstructiva de hecho, “el problema, es que han proliferado la oferta de servicios de esta especialidad, que se practica por médicos que no están certificados y carecen de la pericia para resolver las complicaciones que se pueden presentar, causando mayores riesgos a la salud y la vida, especialmente de las mujeres”.

La Coordinadora del PT en la cámara de diputados destacó que la Ley General de Salud se reformó desde el año 2011 para hacer obligatoria la certificación de las especialidades médicas, y desde luego las de la cirugía plástica, estética y reconstructiva, con lo que se garantiza que los procedimientos que se realizan, ocurran por especialistas que están constantemente actualizados y capacitados.

“En Morelos, por cada cirujano plástico certificado hay 11 no certificados que han causado daños y lesiones a las personas. Esto crea un problema de salud pública, porque los daños terminan resolviéndose en hospitales del sector salud con cargo al erario. La mala praxis ha llegado a un escandaloso 15% de los pacientes, con respecto al universo de cirujanos certificados” señaló la legisladora.

Sin embargo, de aprobarse la iniciativa que presentó la diputada petista, los médicos que encabeza la doctora Angulo Hinojosa no podrán realizar ese tipo de operaciones, pues se entiende que Samper y sus compañeros serán los únicos facultados para otorgar una especie de licencia o certificación.

“Vale la pena preguntarle a la diputada Tania Rodríguez ¿cuál es su interés en monopolizar los procedimientos quirúrgicos estéticos a favor de un grupo minoritario? ¿En qué se beneficia usted? Porque la población morelense no se ve que esté interesada, ni que sea de alta prioridad en la agenda parlamentaria, legislar a modo para un grupo de médicos que sólo muestran su interés en llenarse las bolsas de dinero y llenarse de pacientes a sabiendas de que ellos no son los únicos que pueden realizar dichos procedimientos quirúrgicos estéticos”, le reprocharon ayer los maestros en medicina y cirugía estética.

Le pidieron que primero escuche a todos los actores y las distintas posturas de los profesionales de la salud, antes de aprobar una reforma que viola derechos humanos y atenta contra el libre ejercicio de la profesión consagrada en la constitución de la república.

Tanto los médicos que encabeza Samper como los de la doctora Angulo son médicos, por lo que deberían enfocarse a evitar la competencia desleal de gente que no tiene la carrera de medicina y que pone en riesgo la salud de la población.

Sin embargo, ambos bandos buscan monopolizar esta actividad bastante lucrativa, por lo que los diputados (no solamente Tania Valentina que ni siquiera integra la Comisión de Salud) deberán buscar una solución “salomónica” con una ley donde se privilegie el bien común y no se vulneren derechos contemplados en las convenciones internacionales y la carta magna. 

 

HASTA MAÑANA.

 

Martes, 04 Agosto 2020 05:21

¿Quién quiere ser magistrado?

En la columna del pasado 22 de julio comentamos sobre las diferentes vías que en la práctica existen para llegar a una magistratura del Tribunal Superior de Justicia, y cómo se ha ido modificando con el paso del tiempo. En resumen, decíamos que puede arribar a través de la carrera judicial, por el impulso de un partido político, o mediante el pago de dádivas a diputados. 

Decíamos que hasta antes del año 2000 para ser magistrado era requisito ser priísta, que era de lo más natural que un abogado que se le veía en las campañas del candidato priísta, posteriormente se le viera como juez o como magistrado. No había de otra.

Eran los tiempos en que la división de poderes era una inalcanzable utopía. El gobernador en turno hacía y deshacía en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Las magistraturas eran “conquistas alcanzadas en campaña” y no se tomaba en cuenta ningún otro mérito que no fuera la cercanía con el gobernador.

Con la llegada de la “alternancia en el poder” -a partir de 1997 en Morelos y el 2000 a nivel nacional- cambió el mecanismo de selección, y ahora los lugares vacantes en las magistraturas eran repartidos entre los partidos políticos con mayor representación en el Congreso Local.

Así fue como llegaron al poder judicial magistrados identificados con el Partido Acción Nacional y uno que otro del Partido de la Revolución Democrática. (Aprovecho para una fe de erratas: quien sustituyó a Jesús Bello Espíritu en la presidencia del TSJ fue Jorge Arturo García Rubí y no Jesús Vallejo, como lo escribí).

En los últimos años todo se descompuso y ya no era el gobernador ni los partidos políticos los que ponían a los magistrados, sino el poder económico. Diputados le pusieron precio a las magistraturas. Es algo que no se puede probar porque una de las características de los “moches” es que no se acostumbra que te firmen de recibido.

El hecho es que hay -hasta el momento- cuatro lugares vacíos en el Tribunal Superior de Justicia y dos más en el Tribunal de Justicia Administrativa, o al menos eso dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que es cuestión de días para que el Congreso del Estado emita la convocatoria correspondiente.

Los requisitos que exige la Constitución son:

 I.- Ser Ciudadano Mexicano por nacimiento, de preferencia morelense, y estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles: II.- Haber residido en el Estado durante los últimos diez años, salvo el caso de ausencia por un tiempo máximo de seis meses, motivado por el desempeño del Servicio Público; III.- Poseer al momento de su designación, con antigüedad mínima de cinco años, Título de Licenciado en Derecho, expedido por la Autoridad o Institución legalmente facultada para ello: IV.- No tener más de sesenta y cinco años de edad, ni menos de treinta y cinco, el día de la designación; V.- Tener cinco años de ejercicio profesional por lo menos, o tres si se ha dedicado a la Judicatura.

Lo anterior significa que habrá como dos mil licenciados en derecho que cumplen con los requisitos.

Sin embargo, una disposición reciente establece que “los nombramientos de los Magistrados deberán recaer preferentemente entre aquéllas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, plenamente acreditados, observando el principio de paridad de género en las designaciones”.

Lo anterior nos permite arribar a la conclusión de que por lo menos dos de las magistraturas deberán ser ocupadas por mujeres, y que una de ellas tiene que ser juez. Eso reduce la lista a una lista de 20 aspirantes que actualmente trabajan en el Poder Judicial.

La lista, en nuestra opinión, la encabezan las jueces (o juezas para las feministas), Rosenda Mireya Díaz Cerón, María Luisa Sánchez Osorio y Nancy Aguilar Tovar.

La primera es actualmente la presidente de la Asociación de Jueces del estado de Morelos; la segunda también es juzgadora pero actualmente tiene un permiso para “atender el changarro (una Notaría) de su esposo, el fiscal Uriel Carmona. Nancy es famosa en Youtube por su destreza en las audiencias orales aunque algunos la consideran demasiado protagonista.

También, aunque no es juez pero sí integrante del Poder Judicial, la actual directora del departamento de orientación familiar, Bertha Paredes Noyola, quien además podría ser impulsada por una de las dos barras de abogados.

La lista de jueces varones la encabeza (otra vez), Alejandro Hernández Arjona, quien tendría su tercera oportunidad y Antonio Pérez Ascencio, quien tiene cierta cercanía con los partidos de izquierda.

Un ex subprocurador de Delincuencia Organizada en la otrora Procuraduría de Justicia, Ricardo Tapia Vega (doctor en Derecho), también anda haciendo su lucha y tiene posibilidades.

Más con “mala leche” que con buenas intenciones, andan divulgando que la diputada Alejandra Flores estaría impulsando a su actual pareja, Omar Barrera, quien quizás reúna los requisitos (actualmente es director de Investigaciones Legislativas del Congreso Local) pero se vería atacado por “la maldición de Hortencia”, aquella diputada que nunca pudo hacer que su esposo fuera magistrado, y que el estigma alcanzó hasta a su cuñada, que tampoco pudo llegar a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, ambos connotados juristas.

¿Se acuerdan del maestro José de Jesús Guízar Nájera? Fue consejero jurídico del gobierno municipal de Cuauhtémoc Blanco del que se ganó su confianza, tanto que se lo llevó como subsecretario de la Secretaría de Gobierno después de ganar las elecciones del 2018.  Su cercanía con el jefe del Ejecutivo, así como su preparación académica, lo hace “candidato natural” a ocupar una magistratura, aunque falta ver lo que diga el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda.

¿Y las asociaciones de abogados no van a mandar a sus candidatos? Por supuesto que sí, ya verán ustedes que todos los dirigentes se van a anotar en la lista de aspirantes.

En las próximas entregas, iremos “barajando” más nombres de posibles magistrados y magistradas.

HASTA MAÑANA.

 

Lunes, 03 Agosto 2020 06:28

Las dos Barras de Abogados

La semana pasada ocurrió un hecho inusual en el gremio de los litigantes en Morelos. En redes sociales comenzaron a divulgarse dos convocatorias emitidas por la Barra de Abogados del Estado de Morelos, para igual número de eventos que se llevarían a cabo el sábado a la misma hora pero en diferentes lugares.

Una de ellas citaba a la asamblea mensual ordinaria de los barristas en un jardín de fiestas por el rumbo de San Gaspar, municipio de Jiutepec, y anunciaba la presencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rubén Jasso Díaz; firma como convocante José Luis Urióstegui Salgado, presidente interino.

La otra convocatoria la firmaba “el consejo electoral en funciones” integrado por los abogados Manuel Salgado Beltrán, Alejandro Tola Vázquez y Olimpia Caballero Fuentes”, y anunciaba como uno de los puntos a tratar “votaciones para las elecciones de la nueva Mesa Directiva”, e incluso la toma de protesta de los que resultaran electos.

La cita era en un domicilio particular en el poblado de Ocotepec, advirtiendo en Facebook que no habría acceso a la prensa, pues “en ninguna parte de los estatutos dice que se debe permitir el acceso a periodistas”.

Ambos eventos se llevaron a cabo, y tal como se esperaba, Cristhian Iván Velazco Alcoser fue reelecto como presidente de la Barra por dos años más. A juzgar por las fotografías que fueron divulgadas en Facebook, lo acompañan en la mesa directiva su hermano Jair, Karina Espadas, María Eugenia Boyas, Edgar López Betanzos, Roque González Barreiro y Javier Valle, entre otros que no alcanzamos a reconocer porque todo fue con el tapabocas puesto. No tenemos el dato exacto de cuántas personas  votaron, pero es evidente que el único candidato fue el presidente en funciones.

Mientras tanto, en San Gaspar, la Barra de Abogados  que encabeza en forma interina José Luis Urióstegui Salgado, era recibida (y avalada) por el alcalde Rafael Reyes Reyes. Enseguida, el titular del Poder Judicial, Rubén Jasso Díaz, les dio una explicación de lo que va a ocurrir este lunes cuando se reinicien las actividades en los tribunales de la entidad, a fin de prepararse para la reapertura al público programada para el próximo 17 de agosto.

Al hacer uso de la palabra, Urióstegui Salgado les informó a los presentes que con fecha 16 de julio se notificó a los integrantes del Consejo de Honor y Justicia (Felipe Jasso y Santiago Romero) que habían sido sustituidos por Adela Manzanarez y Miguel Ángel Rosete.

También se refirió al proceso de designación de los magistrados en el Tribunal Superior de Justicia y de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“La Barra de Abogados se tiene que pronunciar de manera clara, contundente y con apego a la ley, exigiendo a los legisladores que realicen un procedimiento en el que se privilegie la sapiencia jurídica, la honorabilidad y se lleve a cabo de manera imparcial sin tomar en cuenta influencias, amiguismo, tráfico de relaciones partidistas, etcétera”, dijo.

En este sentido, se ha preparado un documento que será enviado a cada uno de los 20 diputados y diputadas de la actual legislatura. 

Presentes en la asamblea los expresidentes de la Barra, Alejandro Smith, Adela Manzanarez, Miguel Ángel Rosete y María Elena Galindo; el ex presidente del IMIPE, Eleael Acevedo; el ex director de Derechos Humanos, Antonio Sorela Castillo; el ex diputado Carlos de la Rosa, entre muchos otros que acudieron con el rostro cubierto.

Insistimos: cada grupo asegura ser “la única y auténtica (como la Sonora Santanera) Barra de Abogados”, y da argumentos de por qué el otro es “espurio”.

Sobre Cristhian Ivan Velazco se afirma que su periodo como presidente terminó el dos de junio pasado, y todo lo que haya hecho a partir de esa fecha carece de validez, incluyendo por supuesto su reelección.

Sobre José Luis Urióstegui se argumenta que los expresidentes no tienen facultades para nombrar un presidente interino.

No sería la primera vez que existan dos barras de abogados exactamente iguales. A principios de los noventas hubo una desavenencia entre los barristas que los hizo dividirse en dos: la Barra que dirigía César Salgado Pérez y la que encabezaba un abogado de apellido Salgado Basave, ya fallecido.

Y fue precisamente Urióstegui Salgado quien se encargó de reunificarlas en una sola Barra de Abogados, que si bien es cierto que no es la agrupación más antigua de litigantes (ese honor le corresponde al Colegio de Abogados del Estado de Morelos), sí es la que cuenta con más agremiados en todo el estado.

Además, es la única de donde han salido un gobernador (Antonio Rivapalacio), varios secretarios de Gobierno, subsecretarios y, prácticamente todos los procuradores de justicia de esta entidad.

Hace unos años hubo una escisión similar que tuvo como consecuencia que un grupo importante de barristas se salieran y conformaran el Consejo de Juristas del Estado de Morelos bajo el liderazgo de los abogados Raúl Benítez Ocampo y Gerardo Arrieta Fuentes.

De hecho, actualmente también hay dos Federaciones de Colegios y Asociaciones de Profesionistas (FECAP), cuya titularidad está siendo ventilada en tribunales.

A nivel nacional, la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (CONCAAM) se la disputan dos grupos.

El divisionismo en la Barra de Abogados de Morelos parece que va para largo, y dependerá mucho del liderazgo y la inteligencia de quienes encabezan esos grupos para verse fortalecidos o desaparecer.

Máxime cuando se aproximan designaciones de magistrados y otros puestos que escoge el Poder Legislativo, así como el proceso electoral para elegir presidentes municipales y diputados en junio del próximo año.

HASTA MAÑANA.

 

Viernes, 31 Julio 2020 06:04

El cinismo de Paco Moreno

Cuando en marzo del 2012 el entonces diputado federal por el PRI, Francisco Moreno Merino, fue obligado a renunciar a la candidatura al Senado por haber citado un refrán muy popular en el estado de Guerrero dentro de una sesión legislativa, me pareció francamente una injusticia. Y no porque esté de acuerdo con la literalidad del dicho mexicano en comento, sino porque del análisis del video se desprende que lo dijo sin pensar, queriendo quedar bien con sus compañeros de partido, sin analizar previamente el contenido del refrán que iba a reproducir. 

Juzgue usted la frase textual:

“Perdón que concluya con una frase que dice: que no hay caballo fino que no tire a mula, ni mujer bonita que no llegue a ser meretriz, y hombre bueno que no tire a penco. No sea usted un hombre bueno, sea usted un buen director general del instituto” (ISSSTE).

Más barrabasadas han dicho muchos otros y no les ha costado el cargo. Creo que la misoginia no se demuestra en una frase, sino en la convivencia diaria con las mujeres, y en ese sentido Paco no era el machista que pareció ser en ese momento. Aun así, presentó su renuncia al entonces presidente del PRI nacional, Pedro Joaquín Coldwell, para permitir la llegada en su lugar de la desconocida (hasta entonces) Lisbeth Hernández Lecona.

Estuvo poco tiempo en la banca. A varios les sorprendió su nombramiento como titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) sobre todo en Cuernavaca. Cuando corrió como reguero de pólvora la versión de que Paco Moreno, a quien todos conocimos en Morelos como delegado del IMSS, era titular de Profepa todos imaginaron que se trataba de la vieja oficina de la avenida Cuauhtémoc. Pues no, se trataba nada menos que de la dependencia que sanciona los delitos contra el medio ambiente en todo el territorio nacional.

Pero extrañamente sólo estuvo un año en ese cargo, de diciembre del 2012 a diciembre del 2013, cuando fue removido. Nunca sabremos la causa.

Fue a principios del 2015 cuando entró a mi teléfono celular una llamada con número del Distrito Federal. De inmediato reconocí la voz. Quería que platicáramos porque deseaba regresar a Morelos a buscar un cargo de elección popular. Se despidió con su clásico “sé feliz” y no volvió a hablar en varias semanas.

Luego me volvió a buscar y platicamos. “Quiero que me apoyes, creo en ti porque eres un hombre de familia”, me dijo en una de las reuniones en el Vips de Río Mayo. Le creí.

En una ocasión nos encontramos a Gerardo Becerra Chávez de Ita frente al Starbucks. “Vas bien. Duro contra ese cabrón”, dijo en referencia a la lucha que desde el principio del sexenio libraba Gerardo contra el gobernador Graco Ramírez.

Me presentó a su hijo Rodrigo, un joven estudiante de Derecho muy sencillo y amable. También a su más cercano equipo de colaboradores.

Publicamos una entrevista con temas relativos al medio ambiente en su calidad de ex titular de Profepa y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM en mi revista “Sólo para Abogados”.

Me dijo que buscaría la presidencia municipal de Cuernavaca, pero luego confesó que le resultaría muy problemático, así que fijó sus aspiraciones en el Congreso local como parte de un proyecto que –según él- culminaría en la gubernatura.

“Sabes qué, estoy pensando que podría servir más como líder del Congreso local. ¿Y sabes por qué? Porque sólo yo podría rechazar un cañonazo de los que manda el gobierno para que aprueben sus iniciativas”, comentó.

Tomando en cuenta que proviene de una familia pudiente, y que ha tenido cargos importantes, no se me hizo descabellada su teoría.

Ya no me volvió a llamar y dejé de verlo por un tiempo. Hasta que llegó el periodo de registros, y cuando todos los precandidatos llegaban a la sede estatal del PRI a registrarse acompañados de sus contingentes, Paco llegó solitario y se escabulló pegado a la pared hasta alcanzar la puerta. Después supe que iba en primer lugar de la lista de plurinominales para el Congreso local.

Todavía en los primeros meses de la Legislatura pensé que cumpliría su promesa de convertirse en un contrapeso del poderosísimo gobernador perredista, pero oh decepción, se volvió su más acérrimo defensor. Nunca sabremos a cambio de qué, pues si algo tiene Paco Moreno es que sabe hacer sus enjuagues para no dejar huellas de sus raterías.

Cuando cansados de sus desplantes y groserías sus compañeros diputados lo obligaron a renunciar a la presidencia de la Mesa Directiva, un amigo mutuo me dijo: “Paco no va a aceptar ser uno más de la bancada, él está acostumbrado a ser jefe o nada”.

Por eso no me sorprendió cuando anunció que dejaría la diputación para incorporarse al gobierno de Graco Ramírez como secretario del Trabajo. Era la salida perfecta. En lo que se suponía iba a ser su última sesión como presidente de la Mesa Directiva, hasta puso a entonar al resto de los diputados el Himno Nacional para despedirlo.

Pero el nombramiento que tanto había presumido nunca llegó. Sólo Graco Ramírez sabe por qué lo dejó “vestido y alborotado” y haciendo el peor de los ridículos.

Sin la dignidad que nuestro amigo mutuo le concedía, Paco esperó sentado en su curul “del montón” a cobrar hasta la última quincena de la legislatura y se fue por la puerta de atrás, dejando al Congreso endeudado y sin ningún documento que comprobara sus malos manejos.

Recientemente, el periodista y politólogo Domitilo Evangelista le publicó una especie de radiografía que lo describe perfectamente:

“Aun cuando fue formado como político en la vieja escuela priísta, esa que gobernó más de 70 años, como docente en la Facultad de Derecho de la UNAM, como delegado del IMSS en Morelos, como delegado del PRI en diversas entidades, como diputado local y federal, Francisco Moreno siempre ha estado al servicio de quien gobierna, sea del PAN, como con Sergio Estrada Cajigal o del PRD como con Graco Ramírez”, escribió el autor de “Sombrerazos”.

“Así, sin más méritos que los que él sólo se construye, con su voz grave y su altanera actitud que buscan crear un muro que oculte su molestia -al nivel de trauma- por su baja estatura y alusiones en diminutivo, Francisco Moreno Merino busca una vez más ser candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca, vestido de "ciudadano" y rodeado de parte de lo peor de la dizque clase política de Cuernavaca, como Manuel Martínez Garrigos, Alfonso Pedroza Ugarte y Jorge Messeguer Guillén”, agregó.

Y remató:

“Sin duda la apuesta electoral de Moreno Merino, es a la desmemoria ciudadana, a que olviden al votar su pasado priísta, su fama de misógino, su trayectoria de excesos, sus mentiras, su paso como presidente de la Mesa Directiva en la ‘honorabilisima‘ anterior legislatura”.

HASTA EL LUNES.

 

 

Jueves, 30 Julio 2020 05:55

Blúmenkron: mala racha

Quienes conocen a Fernando Blumenkron Escobar coinciden en que es un excelente profesionista pero sobre todo una buena persona. Sin embargo, por azares del destino en los últimos años atraviesa por una mala racha, primero como director del Sistema de Agua Potable de Cuernavaca (SAPAC) y últimamente como secretario técnico del Comité de Participación Ciudadana del  Sistema Anticorrupción en Morelos.

Advertimos en su momento que nunca debió aceptar la dirección del SAPAC, no solamente por los antecedentes que existen (una ex directora y varios funcionarios muertos en condiciones sospechosas), sino porque políticamente quedó en medio de un pleito entre el alcalde Antonio Villalobos y el que fuera su jefe de asesores, Omar Maganda, por motivos que sólo ellos conocen.

Ahora, de la misma manera que en su momento Alejandro González Chévez estuvo bajo proceso penal “sin deberla ni temerla”, también quedó como imputado en una denuncia penal interpuesta ayer por un grupo de abogados en contra de Eva Penélope Picazo Hernández, América López Rodríguez, César Santana Nava, Dora Ivonne Rosales Sotelo, América Berenice Jiménez Molina y el propio Blúmenkron.

El documento, del cual tenemos copia con el sello de recibido de la Fiscalía General de Justicia (no la Fiscalía Anticorrupción, a la que parecen no tenerle nada de confianza) menciona que a los antes nombrados se les imputan “ejercicio ilícito del servicio público y coalición de servidores públicos”. La denuncia quedó radicada con el número de carpeta de investigación SC01/8289/2020.

A decir de los denunciantes (Marco Antonio Salgado Gama, Ruth Arias Aceves, Antonio Miranda Sotelo, Ricardo Popoca González y Miguel Ángel Osorio Aldama) Fernando incurrió en los delitos mencionados al aceptar el cargo de secretario técnico del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción. Exactamente igual que González Chévez.

La historia ya la conocemos:

Un grupo de nueve ciudadanos –apartidistas y sin cobrar un solo centavo por ello- analizaron los currículums de quienes se inscribieron para ocupar los cinco espacios del Comité de Participación Ciudadana (CPC) y eligieron a Roberto Coranguez Esquivel, Eva Penélope Picazo Hernández, Edgar López Betanzos, María Juana Damiana Herrera Mota y Alejandro Enríquez Hermida, cuya presidencia es rotativa, en ese orden.

Según la ley de la materia, los antes mencionados sí tienen derecho a un sueldo. También contempla la existencia de un Comité Coordinador que está integrado por el presidente del CPC (Roberto Coranguez); el Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (con una encargada de despacho);  el titular de la Fiscalía Anticorrupción, Juan Jesús Salazar Núñez; el titular de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal; que era César Santana Nava; la representante del Consejo de la Judicatura estatal (o su equivalente) María del Carmen Verónica Cuevas López (que tampoco está ya); la comisionada presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, Mireya Arteaga Dirzo (hoy sustituida por Dora Ivonne Rosales Sotelo); el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; Manuel García Quintanar, y la representante común de los Contralores Municipales del Estado, América Berenice Jiménez Molina (hoy contralora estatal).

En marzo pasado, a través de un comunicado firmado por tres de los cinco integrantes del CPC-SEA, se dio a conocer el relevo de Coránguez Esquivel por “la falta reiterada de actividad sustantiva” y “la omisión en el cumplimento de sus funciones y atribuciones”, por lo que “con el voto de la mayoría de sus integrantes determinaron necesario y justificado declarar la Ausencia del Presidente y proceder a la designación de la Consejera Lic. Penélope Picazo Hernández, como Presidenta Sustituta del Comité de Participación Ciudadana, lo anterior con fundamento en el artículo 19 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos”

“Por lo tanto, Picazo Hernández, será presidente sustituta hasta el 30 de abril, fecha en que culminaba el periodo de su antecesor, y posteriormente se mantendrá en el cargo hasta el 30 de abril de 2021, ya que en orden de prelación le toca asumir la representación del CPC-SEA por un año”, decía el documento.

Tras el “madruguete” de Penélope a Coranguez, entonces se dio la designación del secretario técnico del CPC con el voto de Eva Penélope Picazo Hernández, América López Rodríguez, César Santana Nava, Dora Ivonne Rosales Sotelo, América Berenice Jiménez Molina, sin seguirse el procedimiento establecido por la ley, consumándose así –según los denunciantes- el delito de ejercicio ilícito del servicio público y coalición de servidores públicos.

Es de esperarse que, de la misma manera que la Fiscalía Anticorrupción procedió a investigar y a judicializar la carpeta en contra de González Chévez, en esta ocasión también se ponga a disposición de un juez penal el expediente contra Blumenkron y los demás acusados, para estar en igualdad de circunstancias.

Sin embargo, también existe la posibilidad de que “la manzana de la discordia”, es decir, el Comité de Participación Ciudadana, desaparezca. 

La diputada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ariadna Barrera Vázquez, dejó entrever esa posibilidad el pasado fin de semana en entrevista (tras una conferencia de prensa en torno a la ley Olimpia).

Y es que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está convencido de que ese organismo anticorrupción, tanto a nivel nacional como en los estados, “no debería existir, pues sólo causan gastos onerosos y no sirven para nada”.

De darse la desaparición del CPC, sería la segunda vez que el ex diputado priísta Víctor Hugo Manzo Godínez logra meter a su esposa a un órgano de gobierno a cobrar y le dura muy poco el gusto. Primero lo intentó hacer en el IMIPE, donde no fue seleccionada; después logró que quedara en la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas pero sólo estuvo un año pues la desaparecieron porque no tenía razón de existir. Y ahora el CPC-SEA, donde Penélope  quería ganar como diputada pero sólo le aprobaron 50 mil pesos mensuales, que pagados en forma retroactiva será una buena lana… mientras le dure.

En el caso de Fernando Blumenkron, parece que la suerte le regresa y ahora está entre los 12 finalistas para ocupar una posición en un órgano relacionado con la materia electoral, que es lo suyo y se lo merece.

Quizás en algunos estados el sistema estatal anticorrupción sí haya servido de algo, pero al menos en lo que a Morelos toca, todos los protagonistas están reprobados.

HASTA MAÑANA.

 

 

Miércoles, 29 Julio 2020 04:24

Filtraciones no significa transparencia

El presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), Francisco Javier Acuña, publicó esta semana un artículo muy interesante sobre el caso Odebrecht y la detención (en un hospital) del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, en el que deja en claro que el hecho de que haya información en todos los medios sobre las supuestas declaraciones del recién extraditado, no significa que haya transparencia por parte de la Fiscalía General de la República.

“Urge conocer la versión pública de esa averiguación previa -instrucción del INAI, a la fecha incumplida- precisamente, para que se conozca a qué funcionarios públicos se incluyó en la lista de presuntos responsables y testigos, así como la clase y el número de diligencias que se practicaron hasta octubre de 2018. Clave para que exista un control social pendiente de la evolución de los juicios y sus resultados”, establece el servidor público.  

Explica que el acuerdo de extradición conseguido con el exdirector de Pemex bajo el principio de oportunidad (que entraña una negociación de condiciones favorables para Emilio Lozoya) se ha difundido bajo los cánones de la filtración, las especulaciones y las revelaciones formalmente no autorizadas por la autoridad ministerial a cargo de la indagatoria que forma parte de la Fiscalía General de la República.

“Esa autoridad ministerial, de la que ahora se han filtrado —al parecer— las supuestas declaraciones del recién extraditado, es la misma que, desde hace tres años, se ha negado a responder con transparencia y en rebeldía a la orden del INAI de brindar información precisa mediante versión pública de la multicitada averiguación previa”, señala.

Y remata:

“Resulta inaceptable que de la hermética Fiscalía General de la República hayan salido versiones que inundan los medios de comunicación con conjeturas prejudiciales, dispersadas exprofeso antes de llevar el asunto a la correspondiente autoridad jurisdiccional. Eso favorece los conocidos “juicios paralelos”, los cuales tienen consecuencias absolutamente contraproducentes.

Y es que, para acabarla de regar, el presidente de la República recomendó ayer que los ciudadanos den seguimiento a todo el juicio contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, ya que al ser un caso que involucra a la sociedad política podría haber la intención de que pase de noche o no se informe la suficiente.

“El llamado es a que estemos muy pendientes de todo el juicio, que no sea un asunto nada más de tribunales judiciales, que sea un asunto de un tribunal ciudadano popular para que todos conozcamos cuál era el modus operandi de los delincuentes de cuello blanco”, dijo durante la conferencia matutina.

Qué peligroso resulta eso. Pareciera que se hará realidad aquella frase que dijo hace muchos años sentenciando que “al diablo las instituciones”, y que sea el pueblo el que juzgue la culpabilidad o inocencia de una persona.

Ya lo ha dicho valientemente el fiscal general Alejandro Gertz Manero: la Unidad de Inteligencia Financiera presenta denuncias sin pruebas contundentes.

"Nos presentan las denuncias sin las pruebas de Hacienda, tenemos que ir a su propia secretaría a que nos den las pruebas, entonces la secretaría no nos da las pruebas y entonces nos dicen que nosotros no avanzamos porque no tenemos las pruebas que nos debían haber entregado, eso no se vale”, declaró recientemente.

Y en Morelos el fiscal anticorrupción Juan Salazar Núñez no ha tenido la valentía de declarar lo mismo, pero lo que ocurre a nivel local es muy similar.

Al Poder Ejecutivo se le hace muy fácil imputar delitos a diestra y siniestra, redactar querellas y depositarlas en la Fiscalía Anticorrupción, y “echarle la bolita” a la Fiscalía Anticorrupción. Si el caso no es judicializado es culpa de esa institución, y si se cae en las audiencias judiciales es por complicidad de los jueces o ineficacia de los fiscales, pero nunca de quien hace la denuncia.

Tanto a nivel nacional como en el plano estatal, parece que solo importa el impacto mediático, no la contundencia legal.

Y eso se ha notado en el caso de la denuncia contra el presidente municipal Antonio Villalobos Adán, hecha por ex servidores públicos de la propia comuna sin presentar las pruebas.

“El show” de soldados y elementos ministeriales armados hasta los dientes para ir por una computadora a la tesorería del Ayuntamiento capitalino tuvo un buen impacto mediático, pero hasta ahí se quedará si no hay pruebas contundentes.

Lo que se está haciendo, tanto con Lozoya como con Villalobos Adán, es lo que se conoce como “justicia paralela”, que aborda el jurista Francisco Letoria en su artículo “La problemática de los juicios paralelos en la jurisprudencia y doctrina española”.

Menciona el doctor en derecho que uno de los asuntos que más ha llamado la atención de la opinión pública durante las últimas décadas es la creciente tensión que existe entre los tribunales de justicia y los medios de comunicación.

“Se ha acuñado la expresión “justicia paralela” o “justicia mediática” para referirse a todas aquellas actuaciones realizadas al margen del proceso jurisdiccional, y que en alguna medida se superponen a la misma, investigando, aportando pruebas y realizando juicios de inocencia o culpabilidad que no siempre coinciden, generando una situación compleja y que puede afectar a una serie de derechos”, menciona.

“Es claro que entre ellos estarán el derecho a un proceso debido y a un juicio justo, el derecho al honor, a la propia imagen, a la intimidad personal y familiar, y la presunción de inocencia”, acota el jurista.

Desgraciadamente, eso no lo entienden los que conducen los destinos de este país, o si lo entienden no les importa, pues primero están los intereses económicos y/o políticos.

Por otro lado y al hablar de intereses económicos, parece que el daño en materia de dinero provocado al Congreso local por Francisco Moreno Merino y sus sucesoras en los órganos de control legislativo apenas –varios años después-  se comienza a superar. De los 80 millones que dejaron de déficit a los actuales diputados  se ha pagado casi todo –parece que queda un porcentaje del cinco por ciento- mientras Hortencia Figueroa y Beatriz Vicera Alatriste están bajo proceso, no así su compañero de curul Francisco Moreno.

HASTA MAÑANA.

 

Martes, 28 Julio 2020 05:56

Mercado electoral

En el futbol se llama “Draft” o “Mercado de Piernas” y es la etapa previa al inicio de un campeonato. Consiste en que los representantes de todos los equipos venden y compran jugadores, pero para saber si lo hicieron correctamente tienen que esperar a que termine el torneo y ver en qué lugar de la tabla quedaron, o si fueron campeones.

Lo mismo ocurre en estos momentos en Morelos y en todos los estados donde habrá elecciones en junio del 2021. Los franquiciatarios de los partidos ya comenzaron a salir —a pesar de la pandemia—en busca de aquellos candidatos que les resulten más redituables.

Tanto en términos futbolísticos como electorales, una buena adquisición es aquel elemento en el que se gasta lo menos posible y la ganancia es muy superior. Un jovencito “canterano” que casi paga para jugar en primera división y que se conforma con verse en las primeras planas de los periódicos, pero que resulta el campeón de goleo, es una verdadera joya para los que se dedican al negocio del futbol.

En cambio, si contratas a un jugador con mucho renombre, pero resulta que por la edad ya no da el ancho, o que incluso a media temporada se lesiona, es una pésima adquisición.

Tanto en el draft deportivo como en el mercado electoral existe una figura singular. En los deportes se llama “agente” en tanto que en la política se llama “operador”, y generalmente es quien se lleva la mayor ganancia en este tipo de transacciones. También les llaman “coyotes” cuando sus formas de trabajo no soy muy ortodoxas.

Y es que este tipo de personajes, cuando carecen de escrúpulos suelen hacer algunas trampas para beneficiarse de la venta de un jugador. Son como los corredores de bienes raíces o los “brokers” en las casas de Bolsa.

Algo que ocurre con mucha frecuencia en el “mercado de piernas” es que el intermediario “infla” intencionalmente al jugador que está ofreciendo para obtener así un precio más alto. Una portada en una revista especializada o una entrevista en televisión; o un hashtag en redes sociales donde se diga que “ha nacido el nuevo Pelé”, es perfecto para impresionar a los dueños de los grandes equipos y que suelten la dolariza.

En la política pasa exactamente igual. Lo peor es que los partidos políticos se dan cuenta de ello hasta que se dan las elecciones y se dan cuenta que su candidato no ganó ni en su colonia.

Y de la misma manera que en el futbol todos quieren “ser fichados” por el equipo que ganó el campeonato anterior, en la política todos quisieran ser candidatos del partido político que arrasó en las pasadas elecciones, lo que no siempre significa que en esta ocasión vaya a arrasar en las urnas.

En ese caso está el partido político denominado Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el cual ganó hasta sin candidatos o con candidatos presos en el 2018. Todos sabemos que esa ola (o más bien tsunami) la provocó el candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que difícilmente se mantendrá en las elecciones del próximo año.

Sin embargo, Morena se está dando el lujo de “darse a desear”, y no acepta candidatos que no hayan hecho méritos para ello. Van a estar muy peleados esos lugares y hasta podría haber zafarranchos con tal de obtener el derecho a competir por una presidencia municipal o una diputación, ya sea local o federal.

Con el resto de los partidos sucede al revés. Todos andan buscando “candidatos redituables” que les garanticen un buen número de votos que les permita mantener el registro y proveerles de regidurías y diputaciones plurinominales.

El instituto político que ya tomó la delantera en el proceso de selección de candidatos fue el PT. El pasado miércoles estuvo en Morelos el dirigente nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya Gutiérrez, quien  sostuvo una reunión de trabajo con la estructura de la militancia petista, donde hizo entrega de reconocimientos a los coordinadores de afiliación municipal.

Durante el encuentro, el Comisionado Político Nacional del PT, Alberto Anaya manifestó su respaldo al trabajo de la Comisionada Política Nacional del PT en Morelos, Tania Valentina Rodríguez Ruíz y señaló que en Morelos la estructura del Partido del Trabajo se fortalece con hombres y mujeres comprometidos con las causas sociales. No podía ser de otra manera.
Señaló que el Partido del Trabajo seguirá trabajando de la mano del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como lo ha hecho durante 18 años, y juntos lograr la cuarta transformación del país. No podía ser de otra manera, si se sueltan de Morena dejan de existir.
En este mismo evento quedó fincada la alianza política con el Movimiento Nacional por la Esperanza, donde tomaron protesta los coordinadores (y posibles candidatos para el próximo año) Paty Torres Rosales, de Cuernavaca, Agustín Alonso de Yautepec; Raúl Tadeo Nava, Arturo Abúndez y Félix Sánchez, entre otros.

Unos días después comenzó a moverse en el escenario político el dirigente del PRI en Morelos, Jonathan Márquez, quien “placeó” a la secretaria general de la CNOP Cristina Ruiz Sandoval.

La dirigente del sector popular del PRI aseguró que la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador ha caído en más del 20 por ciento, y lejos de atender la pandemia para recuperar la aceptación del electorado ha emprendido una campaña contra el PRI basada en supuestas filtraciones del ex director de Pemex, Emilio Lozoya.

Por su parte, y siguiendo la línea del PRI a nivel nacional, Jonathan Márquez no descartó que se conforme una alianza de partidos para lograr una mayoría opositora en la próxima legislatura, que acote el poder que actualmente tiene el gobierno estatal. 

Veremos cuáles partidos salen al escenario político en los próximos días en busca de buenos “fichajes”, y seguramente también tendremos la aparición de personajes que solamente vemos cada tres años, y que presumen tener arrastre sin importar el partido político que representen. Son los mercenarios de la política, que no tienen una ideología definida y sólo buscan las prerrogativas de los partidos.

A esos, tanto en el futbol como en la política se les llama “cartuchos quemados”.

HASTA MAÑANA.

 

Lunes, 27 Julio 2020 05:59

La PIBA o la Cueva de Alí Babá

Tradicionalmente la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar (PIBA) ha sido manejada como una empresa particular, pues su operación se asemeja a cualquier compañía de seguridad privada al cobrar por sus servicios, con la salvedad de que las pérdidas las absorbe el erario, de tal manera que nunca quiebra. 

Para los empresarios de la seguridad privada “la PIBA” representa una competencia desleal, pues es la única empresa que cuenta con un permiso para que sus elementos puedan portar armas. Las demás sólo pueden portar toletes y gas lacrimógeno, lo que resulta irrisorio para enfrentar a la delincuencia.

Cualquier persona puede contratar a un policía armado por tarifas que van desde 524 pesos diarios hasta mil 612 según el grado de peligrosidad que se determine, de tal manera que hay empresas que pagan hasta 100 mil pesos mensuales por seguridad intramuros o de escoltas.

¿Cuánto ingresa a las arcas del gobierno estatal por el pago de los servicios de seguridad que brinda la PIBA? ¿A qué se destina ese dinero? Nadie sabe y también a nadie le importa, pues cualquiera que sea la cantidad no se compara con los más de dos mil millones de pesos que la Comisión Estatal de Seguridad Pública maneja de presupuesto.

Por lo anterior, esa área de la CES es donde mayor margen de corrupción se puede dar (sin contemplar a Reinserción Social, que “se cuece aparte”) debido a que sus medidas de fiscalización son muy vulnerables. 

Pero además, cuando se han tenido indicios de corrupción la dependencia ha contado con la protección y complicidad del área de asuntos internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública.

Lo que vamos a presentar a continuación es la denuncia de un policía raso de nombre Raúl Alberto García Carrillo:

Siendo aproximadamente las 09:33 horas del día 22 de enero del 2019, a bordo de la unidad oficial sin balizar, marca NISSAN, modelo ARMADA, de color gris plata, con placas: PXN 1390 del Estado de Morelos, asignada a la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar del Estado, en específico a las funciones operativas del Sector Tres, ingresamos a la gasolinera conocida como Servicio Diez ubicado sobre la autopista México - Acapulco, como conductor y responsable el policía raso, Supervisor del sector tres del Turno B, Juan Manuel Salgado López, lo acompañábamos otros cinco elementos de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar, ya que tres íbamos a ser implementados en diferentes servicios y dos más se le llevaría a las oficinas de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar en C-3, en ese momento que estamos en la gasolinera antes mencionada arriba un vehículo marca Chevrolet modelo Meriva color plata, placas 396 YCA del Distrito Federal (SIC) el cual conducía el elemento de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar Adrián Espinoza Gaspar, quien desciende del vehículo Chevrolet, se acerca a la ventanilla del lado del conductor de la camioneta Nissan y dirigiéndose al Supervisor del sector tres del Turno B, Juan Manuel Salgado López le indica que primero pasa él a cargar y después pase la camioneta a cargar, acto seguido aborda Adrián Espinoza Gaspar el vehículo Chevrolet y lo acerca a la última bomba de la gasolinera, donde es atendido por una empleada mujer joven, de estatura baja, pelo rubio y tez clara, quien le comienza a despachar gasolina en la unidad Chevrolet, una vez que abasteció esta unidad, arranca y el Supervisor del sector tres del Turno B, Juan Manuel Salgado López acerca la unidad NISSAN, en ese momento me percato que la empleada mantiene en su mano la manguera despachadora de gasolina, en ningún momento reinicia el ciclo para despachar de la bomba, solo conecta el despachador al tanque de gasolina de la camioneta NISSAN y observo que sigue corriendo el indicador de la bomba de gasolina, desde la cantidad de cuatrocientos hasta completar un total de mil, así mismo observo como le da el ticket de consumo al Supervisor del sector tres del Turno B, Juan Manuel Salgado López y este lo firma por el total de mil pesos y procedemos a retirarnos. Por terceras personas tengo de conocimiento que el vehículo marca Chevrolet modelo Meriva color plata, placas 396 YCA  el cual conducía el elemento de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar Adrián Espinoza Gaspar, es propiedad de Director Operativo de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar del Estado de nombre Fidencio Pérez Morales, así mismo que este tipo de situaciones que presencié y relato es algo que ya tiene semanas sucediendo”.

Dicha denuncia fue presentada ante la Fiscalía Anticorrupción, pero en represalia el mismo director operativo al que denunció le inició un procedimiento administrativo en la Dirección General de Asuntos Internos que culminó con la remoción del cargo previa determinación de la Comisión de Honor y Justicia de la propia CES.

A la fecha, la Fiscalía Anticorrupción que encabeza Juan Salazar Núñez tiene dos denuncias interpuestas por este elemento de la Policía Morelos, la primera que quedó radicada con el número FECC/011/2019-02 y ratificada el 5 de febrero del 2019, señalando al director operativo de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de Morelos, Fidencio Torres Morales, por robo de combustible de uso oficial; y una segunda con el número FECC/305/2019 contra la titular de Asuntos Internos, Merary Pimentel Laynez, el director general jurídico, Oscar González Marín y el propio titular Antonio Ortíz Guarneros.

En esta última, el denunciante señala que la funcionaria incurre en el delito de ejercicio ilícito del servicio público al haber aceptado el nombramiento sin cumplir con los requisitos que establece la Ley de Seguridad Pública, como es el tener más de cinco años de residencia en el Estado o Municipio, según sea el caso, al día de la designación; tener experiencia en procesos jurisdiccionales de por lo menos tres años anteriores a la designación y acreditar los requisitos de ingreso y permanencia para el personal de seguridad pública.

Raúl Alberto García Carrillo considera que si el nombramiento está firmado por el comisionado Antonio Ortíz Guarneros, también es responsable no solamente del ejercicio ilícito, sino también de coalición, por lo que involucra a Óscar González Marín, director general jurídico de la institución, pues de acuerdo al artículo 273 del Código Penal para el Estado de Morelos, “cometen el delito de coalición de servidores públicos, los que teniendo tal carácter se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley, reglamento u otras disposiciones de carácter general, impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas”.

Es un tema controversial en el que el policía raso se enfrenta contra todo el sistema y lleva las de perder, pero también puede ser un ejemplo de que quien persevera alcanza y que la justicia tarda, pero llega.

HASTA MAÑANA.

 

 

logo
© 2018 La Unión de Morelos. Todos Los Derechos Reservados.