Jesús Castillo

Jesús Castillo

Jesús Castillo García. Periodista con 30 años de trayectoria; Premio Estatal de periodismo 2010 y 2012. Premio Nacional de Periodismo 2013.
Jueves, 10 Septiembre 2020 06:16

La pesca del PES en Tepoztlán

El presidente del Partido Encuentro Social (PES), Jorge Argüelles Victorero, “se fue de pesca” el pasado lunes al municipio de Tepoztlán pero no le fue muy bien. Agarró puro “cascajo” y uno de los alcaldes que supuestamente se había pasado de Morena a ese instituto político —Rogelio Torres Ortega— aclaró que él sólo acudió como anfitrión. 

Acudimos al evento del PES sólo por curiosidad para ver si el retén instalado en la entrada de Tepoztlán dejaría pasar a los invitados dado que sería un acto programado para más de cien personas y eso se supone que está prohibido, máxime en ese municipio que se ha tomado muy en serio lo de evitar aglomeraciones.

Bastó con decir que íbamos a la reunión del PES en “La Buena Vibra” para que las dos señoras que permanecían de guardia en el retén ordenaran paso libre a la Van que contrató el partido para llevar a la prensa.

Un verdadero paraíso el lugar que escogió Argüelles Victorero para su evento político y con exageradas medidas sanitarias. Hubo personajes que no se quitaron la careta ni para engullir los itacates y los sopes que sirvieron a manera de tentempié mientras comenzaba el acto principal.

Desde muy temprano comenzaron a arribar los invitados especiales. “La crema y nata” del PES en Morelos, aunque la presencia del gobernador hubiese sido ideal.

Abel Espín García, el ex presidente del PRD y actual alcalde de Miacatlán fue el primero que llegó. Fue abordado por los reporteros a los que habló de algunas obras que está realizando y de cómo está enfrentando la pandemia. Cuestionado sobre la inseguridad sólo atinó a decir: “Ahí la llevamos”.

Hasta ese momento desconocíamos que el que fuera suplente de Graco Ramírez en el Senado iba a ese evento a “cambiarse de camiseta” por mera conveniencia.

El diputado José Luis Galindo Cortez también llegó puntual y fue entrevistado sobre el tema de los ocho nuevos partidos, lo que propiciará -dijo- la pulverización del voto en las próximas elecciones.

“Partiendo plaza” arribó el diputado Andrés Duque Tinoco, rodeado de colaboradores, enjoyado como siempre, y con su esposa la directora del Instituto de Crédito, Fabiola Urióstegui, pero que en esta ocasión iba en calidad de comisionada de la contraloría del Partido Encuentro Social. “Si se puede, voy a ser alcalde de Temixco”, le confió a los reporteros.

Muy pegado a él, el también temixquense y seguro aspirante a una diputación, Noel Salgado Mora. La regidora Damaris Romero, molesta porque no fue mencionada en el evento del gobernador en el que repartieron gallinas, siendo que ella es de la Comisión de Desarrollo Agropecuario de Temixco.

Grethel Nancy Streber Ramírez, ex regidora de Cuernavaca y actual directora del INEA, con cubrebocas y careta para descartar cualquier riesgo.

Todos llevaban cubrebocas y algunos caretas, pero a la hora de la foto bien que se abrazaban, como si el virus no se contagiara de costado. 

Ya con la presencia del líder estatal, Jorge Argüelles Victorero, y del presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alfonso de Jesús Sotelo, dio inicio el acto protocolario.

Luego del discurso de bienvenida del alcalde anfitrión, Rogelio Ortega, tocó el turno al diputado federal y coordinador de la bancada pesista en San Lázaro.

“Durante muchos años, los partidos de siempre han dicho los discursos de siempre; al paso del tiempo, los partidos de siempre, siguen haciendo las cosas de siempre: velar por sus intereses, velar por los intereses de unos cuantos sin importarles lo que pase a su alrededor”, dijo.

Luego contó cuando conoció, hace apenas un par de años, al hoy gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo. “Me dio la impresión de ser una persona derecha, una persona de buen corazón sin perjuicios políticos, un ser humano sencillo y de buenas intenciones. Hoy, a dos años de distancia, confirmo esa primera impresión”.

Luego comparó a Cuauhtémoc con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues dijo que ambos han luchado contra la adversidad, “los dos han superado burlas, han superado denostaciones, acusaciones y habladurías, y a pesar de ello siguen siendo hombres de una sola pieza”.

“No sé para ustedes, pero para mí hay dos clases de políticos: los que siempre están y no hacen nada, y los que hacen mucho aunque no estén y muchas veces no los veamos”, agregó.

Luego, dijo que para todos lo más importante es la familia, y siempre hay alegría cuando la familia crece. “Hoy quiero anunciarles con una gran alegría que la familia de Encuentro Social tiene a cuatro nuevos integrantes, todos hombres de trabajo, pero sobre todo hombres con valores; servidores públicos más humanos que políticos que hoy se adhieren con total libertad y convicción: Leonel Zeferino Díaz, presidente del Consejo Municipal Indígena de Xoxocotla; Abel Espín García, presidente municipal de Miacatlán; Alfredo Domínguez Mandujano, nuestro amigo “Cuananis”, alcalde de Tlaltizapán, y nuestro anfitrión de lujo, nuestro amigo Rogelio Torres Ortega”.

El anuncio estaba hecho. Aunque los funcionarios del Ayuntamiento de Tepoztlán que acompañaron a su jefe a ese evento aplaudían al igual que todos los asistentes, entre ellos intercambiaban miradas de desconcierto. “¿Cómo que ahora ya somos del PES?”, se escuchó decir.

La ceremonia concluyó y las redes sociales comenzaron a dar cuenta de lo ocurrido y el teléfono del alcalde de Tepoztlán comenzó a sonar.

“No, yo no me pasé al PES, sólo acudí como anfitrión de esa reunión pero el diputado federal se confundió”, se justificó con uno de los que le reclamaron.

Rogelio Torres (quien se hizo famoso a nivel nacional por cerrar el pueblo a visitantes que no tuvieran reservación de hotel), prometió a sus conciudadanos enviar una aclaración respecto a su filiación partidista, pero hasta el momento de redactar la presente columna, no había ningún comunicado oficial que desmintiera lo dicho por Jorge Argüelles Victorero.

HASTA MAÑANA.

 

 

Miércoles, 09 Septiembre 2020 05:35

Fidel (Demédicis) vive

El convoy del gobernador se paró frente a “Las Mañanitas” y de la camioneta principal descendió Graco Ramírez seguido de Jorge Messeguer. Tenía tres meses de haber asumido el cargo y disfrutaba a plenitud de la llamada “luna de miel”, cuando todo mundo le rendía pleitesía.

En una de las mesas del restaurante que Graco ocupaba como su segunda oficina (no en balde se haría leyenda urbana de que lo había comprado) ya lo esperaba el senador Fidel Demédicis Hidalgo, su rival político en el Partido de la Revolución Democrática donde ambos militaban.

“Danos un minuto” le pidió a su secretario de Gobierno y éste se cambió de mesa de inmediato.

—Graco, yo creo que debemos hacer un evento que refleje la unidad entre las diversas fuerzas políticas al interior del partido —le dijo el senador—.

Pero el tabasqueño lo paró en seco.

—No necesito asesores Fidel —contestó alzando la voz— yo soy el gobernador y sé lo que tengo que hacer.

—Pues no se te olvide que yo soy senador de la República y represento al pueblo, y estaré muy atento a lo que hagas en tu gobierno —dijo Fidel antes de levantarse de la mesa visiblemente molesto.

Fue la última vez estuvieron juntos en una mesa de restaurante. El rompimiento fue evidente y cada vez que podían ambos se lanzaban indirectas en la prensa.

Fidel Demédicis y Graco Ramírez habían llevado una trayectoria paralela al interior del PRD, carrera que debía coronarse con la Gubernatura de Morelos, aunque sus características eran diametralmente opuestas.

Fidel, nacido en Temixco en una familia modesta; Graco descendiente de gobernadores y generales del Ejército. El primero se abrió paso como maestro en primarias y secundarias; el segundo fue diputado a los 28 años y siempre ha vivido de la política.

Ambos estudiaron en la UNAM (Ciencias Políticas y Derecho, respectivamente) pero no se titularon. Graco tramitó un título “por reconocimiento de saberes” ante la SEP, ya siendo gobernador.

La carrera política de Fidel se inició en 1997 cuando intentó ser presidente municipal de su natal Temixco, sin conseguirlo. Años después tuvo la oportunidad pero ya el cargo le quedaba chico, así que gobernó a través de terceros: su “ahijada” Gisela Mota, su concuña Irma Camacho, su hija TeiKo, su sobrina Mariela y los parientes de su esposa, quien falleció en 2013.

Para esos momentos su situación política y sobre todo económica había cambiado. Dos veces diputado local plurinominal y con una estructura diseminada en todo el estado, le indicaba que ya podía aspirar a la gubernatura. Pero no contaba con la astucia de su eterno rival político, Graco Ramírez, quien supo maniobrar a nivel nacional para lograr la candidatura y –con mucho dinero para su campaña y candidatos débiles- el gobierno de Morelos.

Después de aquel desencuentro en “Las Mañanitas” Graco y Fidel se volvieron a ver hasta finales de 2014, tres días antes de aquella multitudinaria marcha contra la inseguridad que partió de la Universidad hasta el zócalo de Cuernavaca.

            —Recibe a una comisión de los organizadores, Graco. Todavía se puede parar esa marcha —recomendó Fidel—.

            —Son puros grillos cabrón. Ahí está Gerardo Becerra y el rector, todos mis enemigos políticos. No les hagas “el caldo gordo” tú también —contestó Graco, minimizando la movilización—.

El senador perredista se sumó a la marcha, lo que provocó la ira del gobernador. La guerra estaba declarada entre los dos perredistas. Para las elecciones de 2015 cada uno presentó sus respectivos candidatos y los sometieron a votación. Los de Graco cerraron campaña en Plaza Solidaridad, en tanto que Fidel y sus correligionarios abarrotaban el zócalo de Cuernavaca.

“Graco Ramírez es un autoritario y antidemocrático”, decía a voz en cuello el senador, flanqueado por su precandidata a la presidencia municipal de Temixco, Gisela Mota.

Perverso, Graco Ramírez no solamente aprovechó la desafortunada muerte de la alcaldesa (asesinada en su propia casa en su primer día en el cargo) para decir que la habían matado porque comulgaba con su proyecto de Policía de Mando Único, sino que mandó a un testaferro a declarar que el homicidio “pudo haber sido mandado por Fidel Demédicis”.

También, operó para que se magnificara un desafortunado episodio que el senador protagonizó en el estacionamiento de Walmart-Jiutepec, cuando fue sorprendido por policías con una dama.

En contraataque, Demédicis aprovechaba cada error del gobernador de su estado para evidenciarlo ante el Senado de la República. El 10 de abril de 2017 anunció su salida del PRD no sin antes pronunciar un enérgico discurso en el que comparó a ese partido con “La Cueva de Alí Babá”.

Así llegaron al 2018 y Fidel Demédicis se registró como candidato independiente al gobierno de Morelos. Fácilmente cubrió el requisito de las 40 mil firmas ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) y en las elecciones del primero de julio del 2018 obtuvo 45 mil 280 votos, quedando en quinto lugar.

Tras dos años de ostracismo Fidel Demedicis Hidalgo reapareció en público ayer, cuando ofreció una conferencia de prensa en su calidad de fundador del Partido “Futuro, Por un Morelos para Todos”, uno de los ocho que en días pasados el Impepac reconoció como instituto político al cumplir con todos los requisitos para competir en las votaciones del seis de junio del 2021.

“No seremos un partido comparsa, vamos a poner el dedo en la llaga y señalar las cosas que estén mal y buscaremos su solución”, dijo embozado con un cubrebocas en el restaurante Los Arcos.

            —Y de qué vive Fidel Demédicis?— le cuestionamos al término de la rueda de prensa.

            —De mi pensión como maestro de secundaria—contestó de inmediato, mientras         mostraba una tarjeta bancaria—. Con ésta cobro cada quincena y con esto vivo     modestamente.

HASTA MAÑANA

 

 

Martes, 08 Septiembre 2020 05:45

Un proceso electoral “sui géneris”

“Sui géneris”, locución adverbial procedente del latín que significa ‘de su propio género o especie’, y que se usa en español para denotar que aquello a lo que se aplica es de un género o especie muy singular y excepcional —único, sin igual e inclasificable—.

Así va a ser el Proceso Electoral 2021 que comenzó ayer con una sesión que por sí misma es representativa de que nada será igual que antes: en lugar de la ceremonia típica en un salón de eventos, fue a través de la plataforma Zoom y se pudo ver en Facebook Live y Youtube.

La “nueva normalidad” tiene sus ventajas y desventajas. Ayer mismo nos dábamos cuenta de la dificultad que tenemos todos aún para el manejo de esta nueva herramienta de la comunicación. Al presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) el micrófono “lo pilló” dando órdenes a gritos a sus subalternos y varios más dieron muestra de que la tecnología no es lo suyo.

La propia presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), Ana Isabel León Trueba, seguramente odiará toda su vida esta aplicación informática que la exhibió en una sesión de Consejo y nos permitió a todos conocer su sentir acerca de algunos de sus compañeros consejeros, aunque ella jura y perjura que no iba dirigido a nadie de los presentes.

Se puede considerar que el proceso electoral comenzó la semana pasada, cuando fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” la convocatoria a ciudadanos y a partidos políticos a participar en el proceso electoral ordinario 2021, para elección de diputados y diputadas del Congreso local, así como de integrantes de los ayuntamientos.

El acuerdo parlamentario publicado incluye las bases del proceso electoral, y establece que el proceso electoral iniciará con la Sesión de Instalación del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), lo que ocurrió ayer al mediodía.

Este día se instaló la sesión solemne extraordinaria del Consejo Estatal Electoral (CEE) del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), en la que se dio la declaratoria del inicio del proceso electoral local ordinario 2020-2021.

Presentes, además de los consejeros electorales y representantes de todos los partidos con registro (19 en total y uno más que no tarda en llegar, según adelantó León Trueba) los representantes de los tres poderes del estado: el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas; el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rubén Jasso Díaz y el diputado José Luis Galindo Cortez.

Como invitadas especiales las magistradas electorales Marta Elena Mejía e Ixel Mendoza Aragón (ésta última ex consejera del Impepac).

Durante su mensaje de declaratoria de instalación del proceso, la consejera presidenta del Impepac, Ana Isabel León Trueba, admitió que Morelos y todo el país enfrentan una situación complicada para llevar a cabo elecciones; sin embargo, aseguró que las instituciones garantizarán a la ciudadanía su seguridad sanitaria para que salgan a votar el próximo seis de junio.

Para las elecciones del seis de junio se elegirán 315 cargos municipales y 20 diputaciones locales, que se disputarán 20 partidos políticos y un número indeterminado de candidatos independientes. Algo nunca antes visto.

Alfredo Javier Arias Casas, consejero del Impepac, hizo un llamado a todos los presentes para poner el mejor de sus esfuerzos en este proceso electoral, “con independencia de las adversidades a que nos vamos a enfrentar, en aras de que sea lo más exitoso posible; que cumpla con la finalidad de instalar el Poder Legislativo que tendrá que designarse nuevamente por el electorado, los ayuntamientos de nuestro estado, pero más allá de ello, mantener la paz social y la Gobernabilidad; hoy el estado de Morelos necesita de instituciones sólidas y tenemos la oportunidad de consolidarlo”.

Siempre crítico, Arias Casas reprochó que, si bien ninguna institución de México ni del mundo estaba preparada para una situación como la que nos enfrentamos, la pandemia dejó ver la debilidad con la que se ha trabajado en la construcción de la equidad social.

“Hoy están al descubierto las desigualdades económicas, sociales, culturales”, acotó. Insistió en que hoy tenemos la posibilidad de volver a plantearnos un plan, una estrategia, porque el reconocimiento de las diferencias a las que hoy nos estamos enfrentando es la única vía para poder hablar de democracia en el estado de Morelos”.

El representante del PRI, Jonathán Márquez Godínez, lo sintetizó aún mejor: “Los morelenses tenemos el mayor desafío democrático en el marco de uno de los contextos políticos, sociales, económicos y sanitarios más complicados que hayamos vivido”.

En su discurso, aprovechó para promocionar que la estructura político-electoral del Partido Revolucionario Institucional se encuentra lista para el proceso electoral 2020 -2021 y que apoyará indefectiblemente a las mujeres, jóvenes e indígenas que jugarán un papel trascendental en este proceso.

Una mujer que viene desde abajo y que hoy ocupa una de las tres magistraturas del Tribunal Estatal Electoral, Martha Elena Mejía, dijo a nombre de sus compañeros que esa institución que el próximo 8 de octubre cumplirá 27 años de existencia, “camina con pasos firmes, con bases sólidas para el proceso que hoy comienza, estamos preparados para emprender este ejercicio democrático, con profesionalidad, objetividad e imparcialidad para ejercer nuestro papel como máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en el Estado, guiando nuestro actuar bajo la premisa democrática de que sea únicamente la voluntad de los morelenses la que defina quién les representa, garantizando con ello la paz social y la armonía en nuestro Estado”.

Comentó que en esta elección de 2021, las autoridades administrativas y jurisdiccionales llegan con nuevos retos y desafíos, uno de ellos las candidaturas indígenas, la erradicación de la violencia política en razón de género, el cumplimiento del principio de paridad, no sólo en el registro, sino en la integración del Congreso y los Cabildos, por mencionar algunas.

Una cosa que se perdió con esta modalidad de ceremonias virtuales es el “aplausómetro”, que permitía medir el grado de aceptación o indiferencia que provocan los discursos. Ahora el orador se limita a dar las gracias y apagar su micrófono.

Todo parece indicar que la costumbre de llevar “acarreados” para que aplaudan, también se acabó con la pandemia.

HASTA MAÑANA.

 

 

Lunes, 07 Septiembre 2020 05:27

Van por Yanely Fontes

La red de corrupción funcionaba así: cuando Graco y/o Gayosso requería dinero con urgencia sólo tenía que telefonear a cualquiera de las dependencias y se generaba una factura a un prestanombres por un servicio simulado. Se hacían de inmediato las transferencias bancarias y ellos podían disponer de ese dinero a su antojo, mientras que los departamentos de administración de la institución “saqueada” se encargaba de hacer el papeleo para sustentar ese gasto.

Una de las dependencias que más utilizaron para esas operaciones ilícitas fue el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) donde el director era Fernando Pacheco GodÍnez (egresado de la Normal de Ayotzinapa, diputado local por un partido de izquierda y ex secretario de Finanzas del SNTE-Morelos) pero a quien le impusieron como directora de Administración a Yaneli Fontes Pérez, esposa de Javier Pérez Durón, sobrino de la primera esposa de Graco.

 Antes de finalizar el sexenio a Yaneli la ascendieron como titular del IEBEM y al profesor Pacheco le concedieron su pensión vitalicia.

Para justificar esas transferencias por cientos de miles de pesos, Yanely contaba con un grupo de empresas que ella manejaba a través de prestanombres desde que era directora de Administración. Ya como directora general del Instituto, puso al frente de la administración a su incondicional Katery Isamara Castillo Urióstegui, quien conocía a la perfección el manejo financiero de la institución.

Estos son algunos ejemplos:

El 20 de marzo del 2018, el IEBEM pagó vía transferencia bancaria 380 mil pesos por concepto de “Mantenimiento y cambio de la red hidráulica en las oficinas de la regional Yautepec” a la empresa Expo Arme Comercializadora S.A. de C.V.

El 11 de abril del mismo año, le hicieron dos transferencias más, una por 290 mil pesos por concepto de “Reparación de barda perimetral, demolición incluye reforzamiento de columnas en la Esc. Prim. Francisco Bocanegra de la Col. Altavista”, y otra por 336 mil 400 por “Reparación de barda perimetral de colindancia en 350 Mts. Incluye cadena de cerramiento repellado de ambas caras y reforzamiento de castillos de la Sec. Tec. 23 de la Col. Antonio Barona”.

De acuerdo a la auditoría externa que le practicaron al IEBEM, ninguna de las tres obras antes mencionadas se realizó, según pudieron constatar en visitas a las escuelas que aquí se mencionan.

Otra empresa, Construcciones del Valle de Apan S.A de C.V. cobró 696 mil pesos el 16 de febrero del 2018, por el servicio “Mantenimiento y conservación de las cisternas (recubrimiento con cemento) de las oficinas centrales del IEBEM”.

Con diferencia de minutos, ese mismo día recibieron otra transferencia por 290 mil pesos por “Impermeabilización, mantenimiento y conservación del exterior de las oficinas centrales del IEBEM”. Ninguno de los dos servicios se realizó, según constataron los auditores.

Como se puede observar, los conceptos por los que se pagaban eran lo suficientemente ambiguos para que no se notaran. Sólo quien tuviera un interés especial andaría metiéndose a las cisternas para ver si habían recibido mantenimiento, o si una barda que siempre había estado ahí, fue “reforzada”. 

Una factura pagada a la empresa Frazul Corp. S.A. de C.V. dice que fue por la “impresión de material informativo para padres de familia sobre el nuevo modelo educativo y su aportación a la sociedad”, sin dar mayores detalles.

La auditoría concluyó que no se efectuaron los procesos de licitación de ley para la selección de los proveedores de estos servicios requeridos por el Instituto, y que por su monto debieron haberse efectuado y en consecuencia las asignaciones de compra se hicieron mediante adjudicación directa.

No existe evidencia de la entrega-recepción de las obras, y tampoco se encontraron los expedientes técnicos de estas obras. Las fotografías que anexaron a las pólizas los de contabilidad como supuesta prueba del servicio que se pagó son falsas, toda vez, que fueron descargadas de diferentes páginas de internet.

Los presupuestos presentados por personal del Instituto son falsos, ya que no contienen las firmas de los funcionarios que intervinieron en la preparación de estos, además, el membrete de los presupuestos tiene domicilio diferente al de los contratos celebrados.

“En nuestra inspección ocular a los contratos de las empresas de las que aquí se mencionan, el domicilio fue el mismo, por lo que suponemos que se trata de un mismo proveedor con diferente razón social para pulverizar los montos de los servicios cobrados a fin de evitar realizar licitaciones para los mismos y los procedimientos de contratación por parte del departamento de adquisiciones del IEBEM”.

En varios casos, se descubrió que después de haber cobrado por el servicio que no se realizó, las empresas transfirieron casi las mismas cantidades a otras empresas que también aparecen como proveedoras del IEBEM.

En esta red de complicidades aparecen las empresas DPL Construcciones; Edificaciones y Desarrollo MURS S.A. de C.V.; Terracerías y Construcción AGM S.A. de C.V. y TROG Construcciones S.A. de C.V.

El monto de estas operaciones es de 11 millones 92 mil pesos, tan sólo de las facturas por obras y servicios que nunca se realizaron.

“Las múltiples deficiencias del control interno del IEBEM que se comentan en nuestros informes, son responsabilidad de los funcionarios que se desempeñaron durante el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre del 2018 y son los siguientes: Departamento de adquisiciones, Castillo Uriostegui Katery Isamara en 2017 y Loyo Nava Claudia en 2018; Departamento de servicios, Betanzos Delgado Fernando en 2017 y Villavicencio Carbajal Verónica en 2018; Departamento de tesorería y finanzas, Farías Victoria Fernanda y Vázquez Rodríguez Elsa en 2018; Departamento de contabilidad, Salgado Liberta Lucena en 2017 y Vargas Rodríguez Edimael en 2018; Unidad jurídica, Fuentes Benítez Oscar en 2017 y Morales Figueroa Juan Carlos en 2018”, dice el documento.

Todos, bajo la batuta de la abogada Yanely Fontes Pérez, quien primero fue directora de Administración y posteriormente directora general del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. Si no pisa la cárcel, pasará muchos años en diligencias administrativas y judiciales.

HASTA MAÑANA.

 

 

Viernes, 04 Septiembre 2020 11:54

Morelenses en “La Estafa Maestra”

El pasado miércoles, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la responsabilidad resarcitoria solidaria de Gerardo Ávila García y Wistano Luis Orozco García, ex funcionarios de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). El ex rector Alejandro Vera Jiménez recibió sentencia en el mismo sentido hace algunos días.

Jueves, 03 Septiembre 2020 05:24

“Avisos” del Congreso Local

Ocurrió aproximadamente a las 9 de la noche del pasado 31 de agosto del 2020 en el Congreso Local durante la sesión que (aunque parezca imposible) había iniciado el 15 de julio. Bajo el pretexto de cumplir con “las declaratorias” que establece la ley de fiscalización, la diputada Erika García Zaragoza comenzó a soltar nombres a diestra y siniestra, de quienes aparentemente tienen cuentas pendientes con la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización.

La vicepresidente de la Mesa Directiva en funciones, Xochiquetzal Sánchez, dijo: “Estamos en el punto relativo a las declaratorias. Se instruye a la secretaria dar lectura a las versiones sintetizadas de las declaratorias correspondientes a los informes de resultados de las auditorías practicadas a las entidades y entes públicos”.  Y siguió manipulando su teléfono celular.

Enseguida, la diputada Erika García comenzó a leer: “Se remitió a esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública por parte de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos del informe de resultados derivado de la auditoría especial a la revisión a la cuenta pública del Fondo para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Fondemor) correspondiente al ejercicio presupuestal del uno de enero al 31 de diciembre de 2017 (cuando el director era Rodolfo Tapia López).

“Razón por la cual, en ejercicio de las atribuciones constitucionales de evaluación y legales de revisión conferidas, respectivamente, se procedió a realizar el estudio y análisis pormenorizado correspondiente a esos informes de conformidad con lo dispuesto con la ley de fiscalización… “.

Y remató: 

“De acuerdo con las cuentas del estado de situación financiera el total del pasivo debería reflejar una cantidad de 32 millones 259 mil 194 pesos y no únicamente dos millones 584 mil 218 pesos de pasivo no circulante, en tal virtud existe una inconsistencia en la formulación de los estados financieros por la cantidad de 29 millones 674 mil 976 pesos “.

Luego repitió exactamente el mismo formato para referirse a la auditoría ordinaria, concluyendo que “se podría incurrir en una responsabilidad por la eventual omisión de registro contable a una obligación por un pasivo a corto plazo por la cantidad de 29 millones 674 mil 976 pesos, cantidad que al reflejarse en la cuenta de pasivo circulante traerá consigo otras afectaciones no confiables ni transparentes para su modificación a la cuenta pública y por supuesto al informe de resultados, así también a la ESAF por la difiriencia (sic) sobre el total de las observaciones resarcitorias por un millón 931 mil 440 pesos, cantidad que no fue justificada de acuerdo con la opinión emitida del entonces auditor general, licenciado Vicente Loredo Méndez en cumplimiento a la normativa aplicable”.

El lenguaje es rebuscado, más bien exageradamente técnico, pero sin ser contador cualquier persona advierte que el director del IDEFOMM en 2017 está metido en aprietos.

Con el mismo método, la ESAF concluye que hay inconsistencias en la cuenta pública 2017 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos , cuando el presidente era Jorge Arturo Olivares Brito.

Luego se va contra el Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del municipio de Ayala, donde también advierte “falta de transparencia en sus estados ” por 286 mil pesos y da el nombre de la titular: Yuni Silva Sakamoto Quintero.

Enseguida, da cuenta de la revisión a la cuenta pública hasta mayo del 2012 del Tribunal Superior de Justicia (cuando era presidente Miguel Ángel Falcón Vega), y señala que “del dictamen del proceso de solventación al arrendamiento de Infraestructura tecnológica a internet móvil S. de CRL de CV por la cantidad de 4 millones 610 mil 673 pesos, situado (sic) que resulta improcedente ya que la empresa referida refleja como socio al ciudadano Miguel Ernesto Rivas Cuevas, servidor público del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, ante la prohibición de celebrar contratos con aquellas personas con quienes el servidor público intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación, tenga interés personal, familiar o de negocios, mencionando también que se prohíbe arrendar a los magistrados, jueces o cualquier otro servidor público”.

No dice más de esa irregularidad que se supone ocurrió ¡hace ocho años!

Y el “balconeo” continuó:

A la revisión de la cuenta pública del Fondemor 2018 le encontraron falta de justificación por 9 millones de pesos; al Poder Ejecutivo del 2018 le descubrieron “excedente presupuestal de egresos por la cantidad de dos mil 662 millones 64 mil pesos”; que el IDEFOMM en el 2018 presentó comprobantes de gastos que no reúnen los requisitos fiscales por más de tres millones de pesos.

 La diputada leyó el resultado del informe correspondiente a la cuenta pública del TSJ en el 2017 (Carmen Verónica Cuevas López), según el cual “tanto la entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia como del auditor general en turno, podrían incurrir en posibles responsabilidades; la primera por la eventual omisión del excedente presupuestal de egresos por la cantidad de 25 millones 59 mil 25 pesos por haber excedido en el presupuesto y el segundo por la eventual omisión en las inconsistencias detectadas”.

También salieron mal financieramente hablando el municipio de Coatlán del Río en 2016 (César Augusto Franco Pérez) y el de Emiliano Zapata (Fernando Aguilar Palma) en 2016 por excedente presupuestal de 22 millones.

Al referirse a la cuenta pública 2015 del Poder Judicial dice que “la entonces magistrada presidenta del TSJ, maestra en Derecho Nadia Luz Lara Chávez podría incurrir en responsabilidades, especialmente por la eventual inconsistencia respecto al destino de gastos por la cantidad un millón 950 mil pesos”.

“En la observación 4 de carácter administrativo presentado en el acta de solventación por irregularidades en la adquisición de diez vehículos terrestres el auditor observa un control administrativo de resguardo del usuario correspondiente pero no determinó o evaluó la facturación comprobatoria en el aspecto confiable y financiero referente al gasto público del capítulo cinco mil de bienes muebles, inmuebles e intangibles, es por ello que de las observaciones detectadas por esta comisión el entonces auditor general de la entidad superior de auditoría y fiscalización del Congreso, José Vicente Loredo Méndez podría incurrir en una responsabilidad por la eventual omisión de los errores detectados en el informe de resultados de la cuenta pública del TSJ para el periodo de enero-diciembre de 2016”.

¿Por qué hacer público esto precisamente cuando la magistrada Nadia Lara está “sonando fuerte” para un cargo de elección popular o una diputación plurinominal? ¿Coincidencia o pago de facturas?

Resulta también sospechoso que en algunos casos no se menciona el nombre del servidor público responsable de la irregularidad, y en otros casos sí se dice nombres y apellidos (¿aquí no aplicará el derecho a la presunción de inocencia?) como en el caso de la alcaldesa de Puente de Ixtla en 2016, Dulce Medina Quintanilla, de quien se afirma que hizo las retenciones de impuestos sobre ISR, sueldos y salarios, por 480 mil pesos, pero que no enteró al SAT así como el exceso presupuestal por 62 millones de pesos.

Igual le fue a la alcaldesa de Tetecala, Luz Dary Quevedo Maldonado, actual presidenta del IDEFOMM, a quien le hicieron observaciones del ejercicio 2016.

En todos los casos, los responsables de las auditorías hicieron notar que, al no haber procedido en los casos ya mencionados, “podría haber responsabilidad” del ex director de la ESAF, Vicente Loredo Méndez, considerado siempre protector de Graco Ramírez y sus alcaldes perredistas.

HASTA MAÑANA.

 

Miércoles, 02 Septiembre 2020 05:42

Las prestanombres de Graco

A dos años de distancia, las investigaciones de diversas dependencias de la actual administración comprueban que durante su sexenio, Graco Ramírez Garrido Abreu utilizó una forma de operar muy similar a la de Javier Duarte en Veracruz para apoderarse de los recursos del erario, sin embargo, la diferencia es que el veracruzano utilizó toda una red de empresas “fantasmas” en tanto que el tabasqueño que gobernó Morelos durante seis años utilizó a personas comunes y corrientes para “lavar” millones de pesos.

En los próximos días el gobierno de Cuauhtémoc Blanco presentará una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción sobre el caso de los 380 mil uniformes gratuitos para alumnos de primaria de los cuales no se entregó ni el 10 por ciento, de los que se presume un desfalco superior a los 40 millones de pesos

Lo más indignante es que quizás resulte que las únicas penalmente responsables sean dos mujeres que fueron utilizadas para cobrar el dinero, mientras que los ex funcionarios del IEBEM, de la Secretaría de Desarrollo Social, y el propio Graco Ramírez hoy están disfrutando y riéndose de la “mini estafa maestra” que ellos operaron.

Le explico: de acuerdo a la documentación que obra en los archivos del IEBEM, y que fueron objeto de una “auditoría forense”, las únicas personas que recibieron dinero para la confección de uniformes y distribución de los mismos fueron Julia Domínguez Miranda y María del Carmen Alcantar de Luna, respectivamente.

La primera aparece como “secretaria C de la Secretaría de Desarrollo Económico, Social, Movilidad Urbana y Transporte del Ayuntamiento de Jiutepec” y vive en una casa muy modesta de la colonia Constitución de esa misma localidad.

El 23 de octubre del 2017 se le pagó una factura por un monto de un millón quinientos mil dos pesos por concepto de “Pago parcial correspondiente a la maquila de 380,000 piezas de uniformes escolares. Primer pago”.

El 1 de diciembre del 2017 recibió siete millones cuatrocientos sesenta y tres mil setecientos cincuenta y cinco pesos; el 12 de febrero del 2018, un millón tres mil trescientos setenta y cinco pesos; el 25 de abril del 2018, un millón tres mil trescientos setenta y cinco pesos.

Extrañamente, el 25 de abril del 2018 la tesorería del IEBEM emitió cinco pagos el mismo día de un millón tres mil trescientos setenta y cinco pesos y el noveno pago fue el 28 de septiembre del 2018.

Al analizar las facturas se observa que se emitieron con número de folio consecutivo, lo cual indica que este proveedor no emitió facturas a otros clientes durante este periodo y que los números de facturas son del 1 al 10, “lo que hace suponer que podría tratarse de una empresa prestanombres”, concluye la Auditoría.

La otra proveedora, María del Carmen Alcantar de Luna (entrenadora de Tiro con Arco, según una nota en la sección deportiva de La Unión de Morelos) fue electa por la comisión de adquisiciones para dos contratos, el primero por novecientos cincuenta y dos mil doscientos setenta y tres pesos por concepto de “Armado, Etiquetado y Almacenaje”, y otro por un millón sesenta y siete mil doscientos pesos por concepto de “Logística y Entrega de Uniformes Escolares a Nivel Primaria del Estado de Morelos”.

Si bien es cierto que su registro ante el SAT fue hace mucho tiempo, el domicilio fiscal dista mucho de lo que debe ser una empresa que factura esas cantidades de dinero, pues se ubica en una privada de la colonia Acapantzingo y el IMSS reportó que no tiene ningún trabajador dado de alta.

Y lo que es peor: no se entregó ni el 10 por ciento de las 380 mil prendas estipuladas en el contrato.

El resto del dinero se pagó a una empresa fabricante de telas (Mayar S.A. de C.V.) que parece tener todo en regla, salvo que por la cantidad de compra —25 millones de pesos—, debió licitarse y no aplicarse el método de invitación a tres proveedores.

“La Lic. Yanely Fontes Pérez quien se desempeñaba como Directora de Administración informó que previo estudio del mercado, se decidió mediante la minuta de trabajo de fecha 31 de julio de 2017, que sea el proveedor MAYAR DE MEXICO S.A. DE C.V., quien surta el material e insumos en la fabricación de los Uniformes Escolares”, fue lo que le informaron al despacho externo que se encargó de hacer la auditoría, mismo que dejó asentado que “no hay documentos que acrediten dónde se recibió el material adquirido a Mayar de México S.A. de C.V.”.

Como podrá advertirse, el asunto de los uniformes escolares gratuitos resultó una “estafa maestra” en chiquito, pues además de los 45 millones de pesos autorizados por la LIII Legislatura para los uniformes, hubo otra partida de 20 millones de pesos para la adquisición de máquinas de coser industriales cuya compra fue amparada con facturas impresas en papel, de esas que tiene años que se dejaron de usar.

Al final (como ocurrió en el megafraude que le imputan a Rosario Robles) nadie sabe y nadie supo dónde quedaron las máquinas de coser ni los uniformes. La última versión oficial del gobierno de Graco fue que las prendas no fueron entregadas “porque los niños ya habían crecido y no les iban a quedar”.

¿Qué pasará con estas dos mujeres que a todas luces fueron usadas para disponer del dinero? ¿La Fiscalía Anticorrupción les dará un “criterio de oportunidad” tipo Emilio Lozoya para que digan a quién le entregaron el dinero? Muy pronto lo sabremos.

No es el único caso en que personas comunes (casi siempre mujeres) aparecen como beneficiarios de millonarios pagos erogados por el gobierno de Graco Ramírez. El nombre de Gabriela Yadira González Trujillo aparece en infinidad de contratos por todo tipo de productos y siempre en adjudicación directa o invitación a tres proveedores, y si buscamos en el Google Maps el domicilio fiscal podremos darnos cuenta que se trata de una tiendita en una colonia del poblado de Tejalpa.

Todo eso nos demuestra —una vez más— que Graco Ramírez se dedicó a saquear al estado durante los seis años de su gobierno, pero fue muy cuidadoso de no cometer los mismos errores que su homólogo de Veracruz, Javier Duarte.

Por ello —lo dijimos y lo seguiremos diciendo— Graco no pisará la cárcel.

 

HSTA MAÑANA.

 

Martes, 01 Septiembre 2020 05:40

La carta de Pepe Martínez a Rosario Piedra

“Pepe Martínez ya se vendió al gobierno”, fue el comentario que escuchamos y vimos en redes sociales (ese espacio cibernético donde la gente opina lo primero que se le viene en mente, sin razonarlo) cuando anunció que se incorporaba a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No coincidimos pero guardamos silencio, a sabiendas de que tardaría muy poco su incursión en el servicio público, o más bien dicho, en la burocracia que todo lo pervierte.

Conocemos a José Martínez Cruz desde hace por lo menos 30 años, y nunca lo vimos ir y venir de la sociedad civil al gobierno sistemáticamente como sí lo han hecho muchos. Siempre estuvo del lado de los indefensos, primero en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y luego como fundador de la Comisión Independiente de Derechos Humanos.

Su forma de vida siempre ha sido congruente. Sus fuentes de ingresos son las que permiten la legalidad (aportaciones de fundaciones nacionales e internacionales, o el restaurancito que por algunos meses tuvieron en la calle Morrow).  Además, no dejó la CIDH para irse a trabajar a la FGR o a la Secretaría de Gobernación para que se pudiera decir que “volteó bandera”, sino que se fue a la instancia creada por el gobierno federal para defender los derechos humanos, con la diferencia de que aquí sí tendría sueldo del erario.

Las aguas regresaron a su nivel y el pasado fin de semana Martínez Cruz anunció su salida de la CNDH, pero antes le escribió una carta de despedida a la presidenta de la Comisión, misma que a continuación reproducimos:

Querida Rosario.

Así como inicie mis actividades en la CNDH por invitación tuya, hoy es el último día en que permanezco al frente de la Dirección General de la Primera Visitaduría, después de 8 meses de trabajo con integridad, con convicción de siempre hacer lo correcto, con el compromiso de lucha que únicamente proviene de la conciencia de la gravedad de las violaciones a los derechos humanos y la necesidad de hacer todo lo que está en nuestras manos para transformar la realidad, desde cualquier lugar donde nos encontremos.

Me voy profundamente agradecido contigo por la oportunidad que me diste de asumir una responsabilidad y de compartir la experiencia de estar al frente de los trabajos de cientos de personas que diariamente reciben, atienden, investigan y resuelven las quejas de miles de víctimas que acuden a la CNDH, en ocasiones, como la última instancia para obtener justicia, ser escuchadas y lograr que se respeten sus derechos humanos violados por autoridades a lo largo y ancho de éste país que se desangra y desgarra cotidianamente.

Como tú sabes, acepté tu invitación luego de reflexionarlo profundamente, ante los severos cuestionamientos que hicimos al papel que desempeñaba la CNDH durante años, sobre todo debido a la falta de una verdadera autonomía frente al poder, como lo establece la Constitución pero se pervierte por la orientación y conducción de sus titulares, como lo señaló claramente tu mamá, Rosario Ibarra de Piedra, y el Comité Eureka a lo largo de tres décadas.

Me entusiasmó la idea y la propuesta de transformar la CNDH en un verdadero órgano autónomo al servicio de las víctimas y de todas y todos los que sufren una violación de sus derechos humanos, combatiendo sin ambigüedad alguna a cualquier autoridad, del partido que sea, que cometiera abusos de poder.

Asumí esta responsabilidad que me ofreciste por la coincidencia de propósitos de lograr la justicia y la verdad por la que hemos luchado juntos desde los años 70s, cuando desaparecieron a tu hermano Jesús piedra Ibarra en abril de 1975, cuando en 1977 formamos parte del Frente Nacional Contra la Represión y en julio de 1978 cuando tu y yo fuimos con la Delegación del Comité 10 años de Lucha Revolucionaria al Onceno Congreso Mundial de la Juventud y los Estudiantes que se realizó en La Habana, Cuba, cuando impulsamos y logramos en 1978 la ley de Amnistía que obtuvo la liberación de más de 1500 presos, perseguidos y exiliados políticos y la presentación con vida de más de 140 desaparecidos durante la época de la llamada Guerra Sucia que fue en realidad del terrorismo de Estado.

Esa amistad basada en principios de lucha y no de intereses mezquinos, nos ha unido durante más de cuatro décadas y no se romperá por diferencias reales o ficticias ocurridas en unos cuantos meses. Lo sabes bien tú y las entrañables Doñas del Comité Eureka donde está tu mamá Rosario Ibarra de Piedra y tus hermanos Carlos y Claudia Piedra Ibarra. Entiendo que cuando hay diferencias para llevar a cabo las tareas encomendadas por ti, te corresponde decidir mi permanencia o no dentro de la CNDH, razón por la cual hablé personalmente contigo y decidí presentar esta carta de renuncia, sin tener por qué aceptar indicaciones de otras personas que no tienen atribuciones dentro de la CNDH para decírmelo. Acostumbrados a analizar, reflexionar, compartir y debatir ideas y propuestas, como lo hicimos durante más de cuatro décadas contigo en el seno del movimiento, asumimos que ésa era la forma democrática adecuada para construir y fortalecer una CNDH autónoma, y no la decisión jerárquica y burocrática que tu misma dijiste que íbamos a combatir y que desafortunadamente se ha impuesto para tomar decisiones que afectan y laceran su función sustantiva de defender a las víctimas y no subordinarse a nadie.

Por esa confianza y cercanía es que expresamos siempre observaciones críticas a decisiones que trascendieron al ámbito público y pusieron en entredicho el alcance de los objetivos planteados. Decir la verdad entre personas queridas ayuda más que utilizar discursos para quedar bien y mantener un empleo. Este conflicto toca la fibra moral del organismo porque cualquier tipo de intervención ajena a un proyecto de autonomía y a favor de las víctimas y de la reparación del daño, representa una amenaza seria a su supervivencia a largo plazo. Durante éstos 8 meses de arduo trabajo e intensa actividad que se llevó a cabo por todo el personal de la CNDH aún en medio de la pandemia, no se dejó de trabajar un solo día sin atender de manera responsable todas las miles de quejas que llegaron, y que fueron resueltas durante el trámite de las gestiones, documentadas e investigadas con rigor y emitimos las Recomendaciones sobre violaciones graves cuando se llegó a utilizar este recurso establecido en las atribuciones legales que tiene la CNDH.

Me voy con la alegría de conocer y compartir tantas experiencias de lucha y vinculación con organizaciones defensoras de derechos humanos y de acompañar a víctimas y colectivos de familiares, de los 43 de Ayotzinapa y de miles de personas desaparecidas, de quienes defienden derechos de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y quienes sufren el estigma por padecer VIH y siguen luchando contra la discriminación por su orientación sexual, entre muchos otros de los temas que nos tocó atender desde la primera Visitaduría de la CNDH que hoy te entrego, no como la recibí, sino fortalecida y con el compromiso de continuar y redoblar esfuerzos para acabar con la impunidad, la injusticia, la violencia feminicida y la violencia institucional, entre otros muchos abusos de poder que laceran la dignidad que está en la base de los derechos humanos.

Hemos realizado nuestro mejor esfuerzo. Que no quepa duda alguna. Cuando tocamos las fibras sensibles del corazón y ayudamos a reparar en algo los dolores de almas destrozadas, no hay motivo alguno para dejar este sitio con tristeza a otras personas que esperamos superen con creces lo hasta el día de hoy realizado, por el contrario, por la alegría hemos luchado, por la alegría para todas y todos seguiremos viviendo y amando.

Como lo sabes, querida Rosario, siempre luchamos porque las cosas sean mejores y así como deseamos que tengas salud, fortaleza y decisión para asumir plenamente tus tareas como presidenta de la CNDH, para lograr que verdaderamente esté al servicio de las víctimas y no sucumba frente a quienes la quieren conducir por caminos de sumisión al poder.

HASTA MAÑANA.

 

Lunes, 31 Agosto 2020 05:18

Los expedientes perdidos de Jiutepec

En nuestro diario trajinar en busca de información con valor periodístico suele suceder que buscando una cosa se descubra otra igual o más importante que lo que se indagaba originalmente. Así nos sucedió recientemente y tiene que ver con los archivos de la Dirección de Catastro del Municipio de Jiutepec.

Resulta que –por mera coincidencia- cayó en nuestras manos un documento firmado por el entonces secretario de Desarrollo Sustentable, Obras y Servicios Públicos, Predial y Catastro (ese era su cargo), arquitecto José Antonio Albarrán Contreras, en el que dice lo siguiente:

“…cuando se llevó a cabo la entrega-recepción entre la administración saliente del Municipio de Jiutepec, Morelos, y la nueva administración, en fecha 14 de enero del año 2016, existió un faltante de 2,687 expedientes…”.

Sí, leyó usted bien. Son dos mil 687 archivos de igual número de predios que, así nada más, desaparecieron de las oficinas de Catastro del municipio de Jiutepec. Eso es gravísimo, pues se trata de los documentos que dan certeza jurídica a los propietarios.

¿Qué sucedió con esos documentos? ¿Desaparecieron o se los robaron? ¿a quién le convenía que desaparecieran? ¿Se los robaron “salteados” o pertenecen a una misma colonia? Fueron algunas de las interrogantes que nos surgieron y que nos llevaron a hacer una investigación al respecto.

Primero teníamos que confirmar si lo dicho por el funcionario de Jiutepec en abril de 2015 era cierto o sólo estaba tratando de evadir su responsabilidad en la contestación de una solicitud de información pública y en una queja ante la Comisión de Derechos Humanos.

Y efectivamente, tuvimos a la vista el documento que ampara la entrega-recepción de la Dirección de Catastro, el 14 de enero de 2016, donde se asienta la falta de dos mil 687 expedientes.

Todo ello se deriva de la necesidad de un ciudadano de contar con una copia certificada del contrato privado de compraventa o cesión de derechos relacionado con el predio identificado con clave catastral 1400-04-286-043, para lo cual hizo una solicitud de información “habeas data”.

Ante la falta de respuesta, interpuso el recurso de inconformidad ante el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), y una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos.

La respuesta al IMIPE consistió en proporcionarle copia del “ACTA DE SESIÓN del CONSEJO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC, MORELOS”, llevada a cabo el 19 de abril de 2016 por el entonces Presidente Municipal C. José Manuel Agüero Tovar, junto con otros participantes, en la que se declaró inexistente el expediente catastral solicitado.

Dentro de los documentos que entregaron como prueba para demostrar la inexistencia del expediente mencionado, iba el acta de entrega-recepción donde se habla de los expedientes extraviados.

Obviamente que preguntamos quién estaba en la Dirección de Catastro cuando se supone fue el incidente y descubrimos que Asenet Albavera Ávila fue directora General de Predial y Catastro de 2009 a 2012 con Miguel Ángel Rabadán Calderón, y que fue ascendida a Contralora Municipal por Silvia Salazar Hernández y después se convirtió en su asesora.

Hoy aparece como suplente de la diputada local morenista Ariadna Barrera.

Es grave que desaparezca un expediente pero más todavía cuando esto ocurre todos los días en todos los municipios de la entidad, lo que se evitaría o por lo menos disminuiría si se contara con una Ley de Archivos que establezca los principios y bases generales para la organización, conservación, administración y preservación homogénea de los archivos en posesión de cualquier autoridad de todos los poderes (funciones del estado), así como los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, también de los particulares que reciban y ejerzan recursos públicos.

La Ley General de Archivos se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio de 2018 y establece en su artículo Transitorio Cuarto, que hasta el mes de junio de 2020, el Congreso del Estado de Morelos, debió haber armonizado la Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos a la norma General.

Es decir, que la armonización legislativa en materia de archivos es una más de las tareas que tiene pendientes la actual legislatura, que entre pandemia y falta de acuerdos este día podría reanudar la sesión que se quedó pendiente desde el pasado 15 de julio.

Con el caso aquí descrito de la solicitud del expediente catastral en Jiutepec, queda expuesta de forma práctica cómo en su momento la falta de iniciativas legales que aseguren la adopción e implementación de los preceptos constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, afectan al patrimonio de la ciudadanía, pues este es uno de los 2,687 casos del mismo tipo.

Asimismo, este caso denota la preocupante situación en materia de Rendición de Cuentas en nuestro estado, es decir, que el mismo Poder Legislativo local ha sido omiso en garantizar el buen funcionamiento de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, por la falta de designación legal, transparente, pero sobre todo con base en competencias e integridad de su titular.

De igual forma, vemos con tristeza que los Órganos Internos de Control no contribuyen al buen funcionamiento de los Ayuntamientos, pues obedecen a intereses personales o de grupo, dejando de lado el cumplir su responsabilidad.

Hoy buscaremos información en el Ayuntamiento de Jiutepec para ver si ya se hizo algo con esos 2 mil 687 expedientes “extraviados”; si ya se encontraron o si ya se presentó la denuncia penal correspondiente, pues a leguas se nota que hay hechos que pudieran constituir un delito, ya sea por acción u omisión.

Y seguramente usted, estimado lector, al igual que quien esto escribe, se hace la misma pregunta:

¿Y quién está en posesión del predio identificado con clave catastral 1400-04-286-043 de Jiutepec?

HASTA MAÑANA.

 

Viernes, 28 Agosto 2020 07:53

La réplica del magistrado Nieto González

En cumplimiento a la Ley Reglamentaria del artículo sexto párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho de Réplica, publicamos lo siguiente:

“Jesús Castillo, en su nota titulada “La Justicia tarda, pero llega”, se aparta de los hechos en torno al caso del magistrado José Francisco Nieto González.

Efectivamente el magistrado enfrenta un procedimiento disciplinario en el Consejo de la Judicatura Federal. A esta fecha ni siquiera le ha sido notificada la resolución en la que se le sanciona. Y en cualquier caso la misma podrá ser recurrida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sin embargo, Jesús Castillo aprovecha aquella circunstancia para presentar al magistrado Nieto González como alguien que permanentemente se ha comportado en forma inapropiada. Sin rigor periodístico, sin buscarlo para conocer y presentar su versión de los hechos, Castillo abusa de la referencia de supuestos dichos de terceras personas que nunca identifica.

Una amistad suya, testimonios en sus redes sociales, personas que le cuentan cosas, son las tres fuentes desconocidas que emplea para afirmar que el magistrado Nieto tiene fama de hostigador en el Poder Judicial de la Federación, que es de lo peor, que trabajar con él era un verdadero suplicio, que eran constantes las insinuaciones sexuales a las mujeres que laboraron en su equipo, que se ufanaba de estar protegido desde los más altos niveles de nuestra Suprema Corte, que hasta su jubilación perdió poder y pudieron aplicarle la ley , y que la sanción recibida es ínfima en contraste con el daño que hizo, pero ejemplar para quienes tratan a sus empleadas como si fueran trabajadoras domésticas (sic; parece despectivo el modo en el que Jesús Castillo se refiere al trabajo del hogar y que ignora que las personas que realizan esa labor tienen derechos humanos reconocidos que deben respetarse) y que pretenden saciar con ellas sus bajos instintos.

El magistrado José Francisco Nieto González es una persona de casi 64 años dedicados al servicio público. Según declaró a este medio, jamás hostigó sexual ni laboralmente a ninguna persona, pero sí fue exigente con las personas con las que trabajó, en aras de cumplir su encomienda.

Como respaldo de su carrera, el magistrado señaló que no hubiera podido alcanzar tanta antigüedad en el servicio público, ni ejercer la alta responsabilidad confiada por tanto tiempo, si su comportamiento coincidiera con el descrito por Jesús Castillo.

Comentó a este medio que cada año se podían practicar visitas de inspección y jamás se presentó queja alguna respecto de su trabajo o persona. Tan sólo en Morelos fueron 22 visitas anuales y ninguna reclamación.

Como cualquier persona, el magistrado Nieto González acepta que cometió errores. Declara: “Si durante mis años de servicio alguna persona subordinada pudo abusar de mi confianza en detrimento y afectación de más personas, es un descuido que deberé asumir. Mi puerta siempre permaneció abierta para todas las personas que solicitaron hablar conmigo, y de haberme enterado de alguna conducta irregular, le hubiera puesto remedio”.

En ese contexto, el magistrado Nieto ejerció su derecho de réplica ante este medio para que el público interesado pueda confrontar su versión con lo escrito por Jesús Castillo.

Finalmente, el magistrado reflexiona “los hechos de mi caso distan mucho de la forma en la que los ha presentado Jesús Castillo. Lo suficiente para presentar este escrito de réplica y reservarme el derecho de exigirle responsabilidades ulteriores por su proceder informativo”. 

Hasta ahí el derecho la carta del magistrado José Francisco Nieto González.

A continuación, el comunicado oficial emitido por el Consejo de la Judicatura Federal  que puede ser consultado en el link https://www.cjf.gob.mx/documentos/Comunicados%20Prensa/docsComunicadosPrensa/2020/comunicado31.pdf mismo que originó la columna a la que hace referencia el magistrado Nieto González:

“El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) resolvió inhabilitar por un año a un magistrado federal, quien actualmente se encuentra jubilado, así como a quien se desempeñaba como uno de sus secretarios en el Tribunal Unitario de Circuito del estado de Morelos.

“Lo anterior, derivado de actos graves de hostigamiento sexual y laboral, así como infracciones relacionadas con el profesionalismo con el que deben de conducirse los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación (PJF).

“El CJF ha adoptado, y seremos firmes en ello, un compromiso de cero tolerancia ante la violencia de género, en cualquiera de sus manifestaciones. Queremos ser muy claros: como PJF nos sentimos muy orgullosos y expresamos nuestro mayor reconocimiento a las y los juzgadores federales.

“La inmensa mayoría guarda no solo un respeto a la investidura sino también tiene un profundo compromiso con la justicia y la dignidad de la gente. Por ello, conductas como las de hostigamiento sexual y laboral, así como faltas al estándar de profesionalismo que hemos trazado, no serán toleradas por principio al servicio público de justicia que prestamos y por respeto al trabajo de los cientos de juzgadores y juzgadoras que día a día demuestran su responsabilidad con una sociedad más justa e igualitaria”.

Si bien es cierto que en el comunicado no se menciona los nombres de los servidores públicos sancionados, sí se informa que se trata del titular del Tribunal Unitario de Circuito en Morelos (jubilado), además de que en su carta aclaratoria el magistrado Nieto González admite que “efectivamente, enfrenta un procedimiento disciplinario en el Consejo de la Judicatura Federal”.

Estaremos atentos a la resolución final del procedimiento y buscaremos a la persona que interpuso dicha queja para que dé testimonio periodístico de los hechos que en su momento denunció.

HASTA EL LUNES

 

 

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