Jesús Castillo

Jesús Castillo

Jesús Castillo García. Periodista con 30 años de trayectoria; Premio Estatal de periodismo 2010 y 2012. Premio Nacional de Periodismo 2013.
Viernes, 26 Junio 2020 03:45

“Justicia Digital”

Es cuestión de horas para que el Poder Judicial de la Federación emita el acuerdo mediante el cual se amplía el plazo de inactividad con motivo de la contingencia causada por la epidemia del coronavirus, y a partir de ello harán lo propio los tribunales de todo el país, incluyendo el de Morelos. Es decir, que los abogados deberán seguir esperando para reiniciar sus litigios y, por lo tanto, continuarán sin ingresos monetarios.

Los litigantes no están exentos de la crisis económica generada por el Covid-19, y así lo han manifestado diversas organizaciones que están proponiendo que el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General del Estado pongan en marcha una serie de mecanismos cibernéticos que les permita hacer su trabajo.

El problema es que, por ahora, la autoridad judicial local está impedida para participar en innovaciones no contempladas en sus legislaciones, por más voluntad política que haya.

Así lo explica el abogado morelense Omar Mondragón López, (con quien tuve el gusto de compartir el aula en la UAEM y que posteriormente estudió una Maestría en la prestigiada Universidad de Harvard) en un artículo publicado recientemente en la revista Nexos.

“El problema durante la pandemia no ha sido la falta de interés para innovar; más bien, se trata de la ausencia de facultades para hacerlo. Por ello, es a partir del enfoque de facultades en que debemos concentrar el debate sobre la justicia electrónica local”, advierte.

Explica que la pandemia logró en unas semanas lo que cientos de publicaciones y decenas de congresos académicos no lograron durante los últimos veinte años: el salto de un tema académico, a uno de interés general.

Y es que, la inclusión digital es un derecho humano reconocido a nivel internacional desde 2012 y recogido en la Constitución en 2013, cuando dice en su artículo sexto que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación.

“Aquí vale la pena descartar el debate desinformado que contamina la discusión del tema: no se trata de abandonar los actos y formalidades pensados para dar certeza y seguridad jurídica a las partes en un proceso, esto es, la justicia electrónica no es y nunca ha sido —al menos en México— una batalla contra el principio de legalidad. La adopción de la justicia electrónica en nuestro país no ha pasado por el desplazamiento sino por su redefinición. Dicho de otra manera, la implantación exitosa de la justicia electrónica en México no ha requerido restar valor a las formalidades del procedimiento, sino que sólo ha demandado replantearlas en el contexto de la obligación constitucional de integrar las tecnologías de información y comunicación al trabajo de los tribunales”, afirma.

El 8 de junio de 2020, cuando el Consejo de la Judicatura Federal anunció la tramitación en línea de todos los asuntos presentados en sus órganos jurisdiccionales, independientemente de su instancia y materia, varios poderes judiciales de los estados lo imitaron.

La mayoría, no obstante, desperdició el periodo de cuatro años que medió entre el nacimiento de la obligación constitucional en junio de 2013 y el retiro de la potestad legislativa en las materias civil y familiar en septiembre de 2017. “Hoy la posibilidad de innovación está cerrada para esas dos materias”, sentenció el jurista.

En su opinión, México transita entre dos extremos: por un lado, el México desarrollado de la justicia federal y la justicia local de algunos estados diligentes como Coahuila y Nuevo León y; por el otro, “el México retrasado de todos los poderes judiciales locales impedidos para ofrecer servicios remotos, como Morelos y Chiapas”.

Sin que parezca una defensa para el Poder Judicial de Morelos, el actual presidente tomó el cargo el 18 de mayo pasado en medio de la pandemia, de ahí que no se le pueda achacar responsabilidad alguna, máxime que apenas unas semanas después de recibir la presidencia, remitió al Congreso Local una propuesta de reformas que permita reactivar algunas de las funciones de los tribunales.

Recientemente el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rubén Jasso Díaz, presentó ante la Quincuagésima Cuarta Legislatura dos propuestas de reforma a diversos artículos del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos y al Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos.

Respecto al Código Procesal Familiar se solicitan reformas a diversos artículos los cuales tienen como finalidad primordial incluir las notificaciones electrónicas y poder desarrollar las convivencias entre padres e hijos de manera electrónica.

En torno al Código Procesal Civil la finalidad es concretar reformas a varios artículos que permitan la implementación de igual forma, de las notificaciones electrónicas, así como sus variables y excepciones. 

Refirió que si bien existe la reforma al Artículo 73 Fracción XXX y la acción de inconstitucionalidad 144/2017 la cual fue en tiempos de “normalidad” se consideran que por la cuestión de la pandemia del virus covid-19 no se ajusta a la realidad que se vive actualmente y se tienen que buscar controles para acceder a los órganos  jurisdiccionales, como estas propuestas ante el Congreso del Estado.

Vale la pena mencionar que, con anterioridad (específicamente el 22 de abril pasado) el maestro Omar Mondragón López interpuso un recurso de amparo para obligar al Congreso de la Unión a realizar las modificaciones a las que se refiere el decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Cotidiana (Solución de Fondo del Conflicto y Competencia Legislativa sobre Procedimientos Civiles y Familiares) publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2017.

“Como en toda acción contenciosa, es imposible conocer su resultado con antelación, pero no hace falta tener certeza de que un juez de distrito compartirá nuestros argumentos. Con suficientes ciudadanos que compartan la voluntad de reclamar, exigir, de demandar la inclusión digital en la impartición de justicia local, el poder legislativo federal escuchará y no cometerá el error de posponer más la implementación de la justicia electrónica local. No es momento de pedir, menos aún de esperar, es momento de demandar”, concluye su artículo Omar Mondragón.

Ahora el balón está en la cancha del Poder Legislativo. Esperemos que así como interrumpieron su cuarentena y/o sus vacaciones para tratar de reformar la Constitución para aumentar el número de diputados, los integrantes de la actual legislatura trabajen hasta la madrugada para modificar las leyes que sean necesarias a fin de que el estado garantice el derecho a la justicia, y de paso los abogados litigantes puedan tener trabajo para llevar el diario sustento a sus casas.

HASTA MAÑANA.

 

 

Jueves, 25 Junio 2020 05:35

Los enmascarados

A partir del surgimiento de las redes sociales, pero específicamente en la comunidad de Twitter (con 340 millones de usuarios) han surgido una serie de entes cibernéticos antes desconocidos para la mayoría de nosotros. “Trolls”, “Bots”, “spammers” y toda una granja de personajes que a los políticos de la vieja guardia pareciera tener sin cuidado, pero que los estudiosos del marketing político consideran como determinante para las próximas elecciones.

La fortaleza de esta red social es su capacidad de difundir una información en tiempo real. En cuestión de minutos una información, foto o video puede estar en el teléfono celular de millones de personas, convirtiéndose en un “trending topic” (tendencia).

Como mecanismo de publicidad es útil, pero como mecanismo de dispersión de información negativa es letal. Es decir, si un candidato desea difundir sus actividades necesitará que algunos tuiteros con un buen número de seguidores repliquen sus mensajes. Pero si por el contrario hay un acontecimiento que no desea que se haga público, eso mismo hará que la foto o el video en cuestión se reproduzca como un virus, de ahí que se llame “viralizar” a la acción de reproducir masivamente una información. 

El presidente de la República está preocupado porque diariamente es objeto de “hashtags” (etiquetas) en Twitter que atacan sus acciones de gobierno, y la única salida que han encontrado sus colaboradores de justificarlo es que sus detractores utilizan robots cibernéticos denominados “bots”.

Ayer, Andrés Manuel López Obrador invitó de manera pública, al director de la red social Twitter, a participar en su conferencia de prensa matutina, a fin de que explique el uso de robots para incidir en los temas que se vuelven tendencia.

“Que nos diga qué pueden hacer para controlar lo de los robots y las noticias falsas, una invitación amable, respetuosa. O sea, ¿cuáles son las limitaciones? O ¿por qué no pueden dejar de permitir que haya este mecanismo de robots para degradar la vida pública, para insultar, para faltarle al respeto a las personas?”, cuestionó el mandatario.

Los reclamos del mandatario a la red social Twitter llevan varios meses porque no puede entender cómo es que millones de personas se ponen de acuerdo para escribir sobre un mismo tema. Pero eso sí, asegura que los que hablan bien de él son personas de carne y hueso.

Se ha comprobado que ambos bandos utilizan “bots”, que son cuentas falsas cuya única función es replicar un mensaje y aparentar que un usuario tiene muchos followers o bien, provocar que un “hashtag” se convierta en “trending topic”.

No confundir con los llamados “trolls” o “troles” que son cuentas con datos falsos que se dedican a insultar a los usuarios cuando lo publicado no les conviene.

Y aquí viene una subdivisión que no está bien definida, y que son aquellas cuentas “enmascaradas” que de manera anónima permanecen en la comunidad tuitera, pero que su función no se limita al insulto o la descalificación, sino que aportan información realmente valiosa, con el único inconveniente de que el autor no tiene nombre, ni apellido, y mucho menos rostro.

A nivel nacional el caso más ilustrativo es el personaje llamado “Tumbaburros”, con más de 300 mil seguidores, y cuyo mérito es tener información de primerísima mano. Según el gobierno de AMLO, atrás de este personaje está el hijo del expresidente Felipe Calderón.

En Morelos, podríamos afirmar que el precursor de este tipo de herramientas cibernéticas fue el tristemente célebre Gustavo Martínez González, asesor del entonces gobernador Graco Ramírez. El psicólogo de profesión al principio adoptó un papel de “escudero” del mandatario estatal, rebatiendo con argumentos a todo aquel usuario de Twitter (y también en Facebook) que se atreviera a escribir algo que él considerara sin fundamentos.

Los primeros debates fueron interesantes, pero cada vez se fueron haciendo más ríspidos hasta llegar al insulto. Poseedor de un acervo lingüístico muy amplio, Gustavo Martínez insultaba al contrincante de tal forma que éste se tardaba varios minutos en descifrarlo. 

Aunque se defendía diciendo que lo hacía desde su cuenta personal y no en representación del gobierno en el que trabajaba, Graco Ramírez terminó por pedirle que ya no lo hiciera. A partir de entonces, el funcionario público abrió varias cuentas con otros nombres, desde donde siguió rebatiendo a los entonces enemigos del sistema.

Aunque ya mencionamos que no es lo mismo Troll que Bot, en la práctica se confundieron los términos y entonces se acuñó el mote de “gracobots” para referirse a todos los personajes que desde una cuenta anónima defendían al gobernador y atacaban a sus detractores.

Muy pronto esa costumbre se generalizó y entonces nacieron los “Verabots”, personajes que durante el conflicto del entonces rector Alejandro Vera con el gobierno estatal, se encargaban de atacar al jefe del Ejecutivo, obviamente con cargo al erario universitario.

Con la llegada del proceso electoral del 2018 el mundo del Twitter en Morelos se convirtió en un desastre, por decir lo menos. A través de cuentas anónimas, los candidatos de todos los partidos se echaron y recibieron estiércol, haciendo uso de un artefacto cibernético también de reciente creación: el meme.

Así, entre broma y broma, haciendo gala de creatividad pero también de malicia, transcurrió el proceso electoral con los resultados ya conocidos.

Hoy, para quien quiera adentrarse en ese mundo alterno llamado Twitter, le advertimos que se encontrará con personajes como “Teresa de la Merced”, “Tadeo de la Madrid”, “El Chinelo Morelense”, “Pedro Navajas”, “Changoleonmor”, “Memelítica” “Princexitaffi”, “Luis Mora” y muchos otros que por el tipo de información que manejan suponemos que son políticos o periodistas reconocidos, pero que por alguna razón prefieren subir al ring “enmascarados”.

Y seguramente serán ellos los que en unos meses más estarán lanzando al mundo cibernético la información más escandalosa y comprometedora de los ciudadanos que busquen un escaño en el Congreso Federal o local, así como en los 36 ayuntamientos de la entidad.

Es la nueva modalidad de hacer política. Y usted ¿ya tiene su cuenta de Twitter?

HASTA MAÑANA.

Miércoles, 24 Junio 2020 03:14

Covid 19: entrampados

La epidemia ocasionada por el virus SARS COV 2 tiene a nuestro país entrampado en un escenario en el que ya nadie sabe qué estrategia aplicar, además de que todo lo que se haga o se deje de hacer tendrá implicaciones políticas con miras a las elecciones intermedias del próximo año. El coronavirus vino a romper todos los escenarios que se tenían previstos y obligó a los gobiernos de los tres niveles a reorientar sus acciones sin tener la seguridad de que al final tendrán un resultado favorable.

Por ejemplo, los alcaldes que ya tenían planeado reelegirse o bien buscar un escaño en la siguiente legislatura ya tenían todo bien planeado: comenzar a mediados de año con la entrega de despensas y con obras de relumbrón, bailes, funciones de lucha libre, jaripeos y todos esos eventos masivos para lucirse y ganar adeptos.

Lo mismo los diputados y las diputadas que soñaban con buscar una alcaldía, o bien la reelección como legisladores: eventos masivos para repartir artículos con su nombre para que no se les olvidara a los posibles votantes.

Pero la epidemia les cambió todo. El poco dinero que había se tuvo que utilizar en la compra de material de protección sanitaria, y el colmo: las despensas se tuvieron que entregar con el rostro cubierto. ¿Así cómo va a saber la gente que el favor se lo debe al diputado fulano?

Una de las diputadas, Tania Valentina para ser exactos, se le ocurrió la idea de acompañar a un grupo de comerciantes que exigían la reapertura de negocios en una marcha hacia el palacio municipal. Fue una osadía de la diputada, seguramente por recomendación de su flamante asesor, Javier López. Dirían los jóvenes: “Se la rifó”.

No sabemos si alguna de las 200 personas aproximadamente que participaban en la manifestación se integrará a las filas del Partido del Trabajo o votará por Tania Valentina en las próximas elecciones, pero lo que sí logró fue que surgiera el rumor de que a partir de esa movilización el alcalde aceptó reabrir los establecimientos comerciales no sólo para los manifestantes, sino para todo el comercio en general.

El presidente municipal Antonio Villalobos Adán, anunció a través de un video difundido en redes sociales, el reinicio de las actividades comerciales en Cuernavaca a partir del lunes 22 de junio. Señaló que así lo han solicitado, urgido y demandado los sectores de nuestra sociedad, ante la desesperación por la pérdida de su poder adquisitivo, la afectación de su economía familiar o de sus fuentes de sustento.

Villalobos Adán cerró su mensaje subrayando: “que quede claro: no somos un gobierno impositivo. Hemos sido un gobierno propositivo. Y por ello apelo a su voluntad porque no restringimos ninguna actividad comercial; proponemos regular la movilidad individual y colectiva”, recalcó.

No obstante, las críticas no se hicieron esperar, a pesar de que “El Lobito” sigue los mismos criterios que el presidente de la República, quien desde hace una semana dijo que ya debemos ir saliendo, “poco a poco y tomando las medidas sanitarias dictadas por la Secretaría de Salud”.

Fue necesario que diera una conferencia de prensa el mismo lunes al mediodía para disipar algunas dudas. Aclaro que no se ha convocado a la población a salir ni a relajar los protocolos sanitarios, sino a implementarlos responsablemente ante la Nueva Normalidad, pues es necesario un nuevo orden ante la pandemia y sus efectos.

Y dio a conocer algo que no había mencionado antes: se trata de un periodo de prueba durante 21 días, tiempo en el cual se evaluará si la corresponsabilidad social permite pasar al siguiente nivel de operaciones comerciales, o se regresa a un esquema más riguroso de restricciones.

“El Ayuntamiento permite la reapertura gradual, segura y responsable, pero, atención: cada quien debe aplicar protocolos específicos para cada rubro, giro y actividad profesional. La comuna asesora y marca políticas basadas en lo que recomienda el sector salud, pero cada uno debe procurarse información, manuales, o tutoriales en lo individual, familiar y colectivo para no bajar la guardia en la prevención y protección de nuestra salud”, advirtió.

A pesar de lo anterior, no faltó quien dijera que el alcalde de Cuernavaca sería el responsable de los fallecimientos que haya a partir del lunes pasado. O sea, como dicen las feministas, no entienden que no entienden.

Por la tarde, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, leyó un comunicado en el que advirtió que al día de hoy, Morelos está en un grado de alerta máxima; es decir, la salud y la vida de las y los morelenses se encuentran en el máximo nivel de riesgo por el virus SARS-CoV-2.

“En este escenario, todas las autoridades del Estado tenemos la obligación legal, ética y social de continuar con la suspensión de actividades no esenciales, para salvaguardar la salud de la población”, apuntó.

Recordó que los acuerdos emitidos por los gobiernos federal y estatal son de observancia obligatoria tanto para los integrantes del Sistema Estatal de Salud, como para las autoridades civiles y los particulares, así como las secretarías, dependencias y entidades estatales y municipales en Morelos, quienes estarán obligadas a la instrumentación de las medidas preventivas contra la pandemia.

“El incumplimiento de dicha obligación en el orden municipal implicará la responsabilidad directa de los presidentes municipales sobre las consecuencias que el desacato pudiera generar”, advirtió, en obvia referencia a los alcaldes de Cuautla y Cuernavaca (ambos de Morena).

Dijo Ojeda Cárdenas que la propuesta para reiniciar actividades económicas no esenciales debe ser “cauta, responsable y gradual” tal como lo ha establecido el gobierno federal. Aquí cabría preguntarle, cuando habla del gobierno federal si se refiere a Hugo López Gatell o al presidente López Obrador.

Ambos funcionarios tienen razón. El gobierno del estado de Morelos reconoce que existen exigencias de reapertura, motivadas principalmente, por los efectos económicos de la pandemia, a los que es sensible. Sin embargo, reiniciar actividades no esenciales en este momento, implicaría un costo altísimo en términos de salud, como por ejemplo, la posible saturación hospitalaria, y una prolongación aún mayor de los efectos económicos adversos.

Pero el alcalde de Cuernavaca también tiene razón cuando dice que la economía de Cuernavaca está quebrada y ya no aguanta más. 

De todos modos, tanto Villalobos como Ojeda quedarán “como el cohetero”, y cualquiera que sea el desenlace recibirán críticas por lo que hicieron o dejaron de hacer.

HASTA MAÑANA.

 

Martes, 23 Junio 2020 06:07

Rabindranath: al ruedo

La designación de Rabindranath Salazar Solorio como subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Ciudadana y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación ha tenido las más diversas interpretaciones a partir de que lo anunció ayer por la tarde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Hay quienes lo ven como un ascenso, pero también los que advierten que se trata de un movimiento que lo aleja del manejo de recursos financieros, que lo quita del escritorio para mandarlo a un cargo menos burocrático.

Por principio de cuentas habría que hacer notar que Rabindranath es contador público de profesión, y llega a sustituir a una licenciada en Derecho, por lo que se antoja un enroque que no tiene sentido ni explicación alguna. Lo lógico era que la abogada (especialista en temas jurídico-políticos) se quedara en la Subsecretaría de Gobernación y el contador público siguiera atendiendo el Banco del Bienestar.

¿Algo no le gustó del manejo de Rabín en el Banco o de Diana Álvarez en la Subsecretaría? Difícilmente lo sabremos, pues “los designios de AMLO son inescrutables” y sólo él sabe por qué los hace.

Sólo quienes son sus seguidores o miembros de su vastísima familia lo consideran un súper ascenso que lo pone en la antesala de la gubernatura de Morelos.

Desde nuestro punto de vista, la subsecretaría de Gobernación sí es una excelente palestra que lo pone en las grandes ligas a nivel nacional (en el Banco del Bienestar también pero no tenía tanta oportunidad de aparecen en los medios).

Sin embargo, también es un cargo muy peligroso políticamente hablando, que si no lo sabe manejar bien puede convertirse en su tumba política. No lo vemos como una maniobra con miras a la elección del 2024 en Morelos, pues en cinco años pueden suceder muchas cosas.

Nos queda claro que el oriundo de Tejalpa es el morelense más cercano al presidente López Obrador, y el militante de Morena con más posibilidades de llegar a la gubernatura. Sólo un hecho extraordinario evitará que Rabín sea el candidato a gobernador en el 2024, con muy amplias posibilidades de obtener un triunfo.

Aclaramos: estamos hablando de la candidatura, no del gobierno de Morelos. Y es que, de la misma manera que la ola Morena llevó a la gubernatura a Cuitláhuac García en Veracruz o a Miguel Barbosa en Puebla, también podría llevar a la derrota a quienes se postulen por ese partido si es que AMLO continúa desilusionando a quienes votaron por él. Ahorita podría tomarse como una idea descabellada, pero -insistimos- en cinco años pueden pasar muchas cosas.

Como sea, la designación de Rabín al frente de una de las  dos subsecretarías de Gobernación es una forma de “echarlo al ruedo” como si fuera un torero que habrá de demostrar de qué es capaz. Igual sale “en hombros”, igual se lo lleva una cornada que lo aleja de la fiesta brava por un tiempo, o de por vida.

De cualquier forma, estar en la Secretaría de Gobernación es un gran salto para el morelense cuyo currículum comienza diciendo que fue “director del Sistema de Agua Potable de Tejalpa”, antes de ser tesorero de Jiutepec y Cuautla, alcalde del municipio que lo vio nacer y diputado local.

Ningún otro personaje (con excepción de Jorge Carrillo Olea, de quien hablamos ayer en este espacio) ocupó un cargo de esa envergadura en la Segob.

Aunque la Senaduría le dio la oportunidad de manejarse en “las grandes ligas”, Rabindranath Salazar Solorio tiene en la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Ciudadana y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, una excelente oportunidad de desenvolverse todavía más alto.

Pero -insistimos- los riesgos son todavía mayores pues estará en la mira de los grandes protagonistas de la política a nivel nacional y de organismos no gubernamentales que igual le dan una buena carta de recomendación, que terminan con su ascendente carrera.

Y el riesgo es todavía mayor si tomamos en cuenta que –aunque su jefa será Olga Sánchez Cordero, una excelente persona con una larga carrera en el Poder Judicial Federal- finalmente más arriba está el mismísimo presidente de la República, quien es algo terco y no acepta otra verdad que no sea la suya.

¿Qué deja pendiente Rabín en el Banco del Bienestar? Deja sin terminar el proyecto para construir sucursales en comunidades del país en donde no se cuenta con servicios financieros para la dispersión de recursos de los programas sociales del gobierno federal y otros servicios de bancarización.

El pasado 28 de mayo, el titular de la Bansefi participó en la conferencia de avances y resultados de los Programas del Bienestar, donde informó que de las 427 sucursales, 37 ya fueron terminadas, 287 están en construcción y 103 están por iniciar, la mayoría se encuentra en la zona centro y sur de la república.

Recordó que, para este año la meta es llegar a mil 350 sucursales del Banco del Bienestar y a 2021 con dos mil 700 sucursales, como fue anunciado en enero pasado, siendo la institución financiera con el mayor número de sucursales físicas en el país, con un presupuesto de cinco mil millones de pesos, programa que se encuentra dentro del Plan Nacional de Desarrollo.

De haber logrado lo anterior, ese cargo lo hubiera catapultado todavía más arriba, de no ser porque ayer, sin dar mayores explicaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador escribió en su cuenta de Twitter:  “Anuncio un cambio o enroque, pero obviamente republicano: la subsecretaria de Gobernación, Diana Álvarez Maury, ocupará la dirección del Banco del Bienestar y Rabindranath Salazar, actual director de dicho banco, será el nuevo subsecretario de Gobernación”.

Sólo el tiempo y las circunstancias nos dirán si el cambio fue benéfico para el morelense que acostumbra disciplinarse a las órdenes de sus jefes, tal como ocurrió cuando se quedó en el camino para la gubernatura del estado de Morelos bajo las siglas del PRD, y posteriormente aceptó ceder su lugar a Cuauhtémoc Blanco para que fuera el candidato de la coalición Morena, PT y PES.

HASTA MAÑANA.

 

Lunes, 22 Junio 2020 05:56

“Torpezas de la inteligencia”

Terminé de leer el último libro de Jorge Carrillo Olea, titulado Torpezas de la Inteligencia, donde explica cómo nació el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, con anécdotas de sus tiempos de jefe de escoltas de Echeverría y José López Portillo; su excelente relación con el presidente Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, y sus desencuentros con Ernesto Zedillo y Manuel Bartlett.

Carrillo Olea, a quien la periodista y escritora Anabel Hernández ha definido como “el padre de la Inteligencia en México”, recuerda que su vocación inicial por estudiar “Estado Mayor” se despertó en 1955, (a sus 17 años, cuando iba en el segundo año del Colegio Militar), sin saber exactamente de lo que se trataba y mucho menos sus implicaciones. En 1970 se incorporó al Estado Mayor Presidencial y en esa época tuvo su primer contacto formal con el concepto básico de inteligencia estratégica en la Escuela Superior de Guerra.

Su cargo específico en el EMP fue “jefe de la Sección Segunda”, que los militares identifican perfectamente como el área de inteligencia y seguridad al servicio del presidente, aunque esto último en la práctica lo hacía un grupo de agentes de la Dirección Federal de Seguridad.

Una fecha que quedó marcada en su historia fue el 14 de marzo de 1975, día en que se llevó a cabo un evento en la Facultad de Derecho de la UNAM, cuando todavía estaban frescos los recuerdos de lo acontecido en Tlatelolco en 1968 y en San Cosme en 1971, el llamado “Halconazo”.

Jorge Carrillo Olea narra cómo sacó de ese auditorio al presidente Luis Echeverría cuando una turba de estudiantes comenzó a romper los vidrios con tepalcates de los macetones que habían roto previamente, uno de los cuales le dio al presidente en la frente y lo hizo sangrar.

Prácticamente en vilo llevaron al presidente al estacionamiento y no alcanzaron a llegar a donde estaban los vehículos oficiales, sino que al entonces coronel Carrillo Olea se le ocurrió utilizar un vehículo Maverick rojo que su propietario (un muchacho dedicado a imprimir tesis y que esa tarde debía entregar varias) ya había puesto en marcha.

“El presidente reía a carcajadas. Llegamos al final del estacionamiento y aprovechamos una especie de rampa de tierra para brincar la banqueta y entrar en una mezcla de floresta y pedregal, tan propia de la Ciudad Universitaria. Desde luego, yo no sabía, porque nunca lo calculé, a dónde llevaba aquella brecha. Lo único seguro era que nos alejaba de los estudiantes que aún nos perseguían. Luego de un kilómetro, llegamos a Insurgentes, pero en sentido contrario”.

Relata que el presidente se carcajeaba y gritaba: “¡Igual que en Los Intocables!”.  ¿Por qué lo hacía? El autor del libro no lo sabe, pero supone que era porque el presidente se sentía seguro y confiaba plenamente en su equipo de seguridad, por lo que se le hacía divertido todo lo que estaba pasando.

Para quienes no fue divertido fue para su familia y gabinete, pues durante casi una hora (tomando en cuenta que no existían teléfonos celulares) el presidente de la República estaba “desaparecido” tras un incidente con estudiantes. Ya en la residencia oficial de Los Pinos, lo primero que hizo Luis Echeverría fue pedir que localizaran al proyeccionista porque deseaba ver una película.

Pero si Echeverría estaba medio loco (al menos así lo demuestra su comportamiento anterior), José López Portillo era peor, por lo que Carrillo Olea define a ese sexenio como “desastroso”, y no tanto por el titular del Ejecutivo, sino por la turba de delincuentes que entraron con él.

“Para no dejar cabida a interpretaciones, la DFS era simplemente una organización criminal”, afirma categórico.

El mérito de Jorge Carrillo Olea –según advertimos a lo largo del libro- fue hacerse amigo de Miguel de la Madrid Hurtado, desde que éste era un eficiente funcionario en la Secretaría de Hacienda. Desde entonces sostenían encuentros en los que JCO le platicaba a su amigo de sus intenciones de crear una verdadera institución de inteligencia, equivalente a la CIA de Estados Unidos.

Un dato relevante: un día antes de tomar posesión como presidente de la República, Miguel de la Madrid desayunó con Jorge Carrillo en Cuautla, lo que era señal de que por fin iba a poder hacer realidad su proyecto.

El Sistema Nacional de Inteligencia consistiría en la creación de tres centros: el CISEN, el Cendro y el Centro Nacional de Inteligencia Criminal, lo que implicaría la desaparición, de una vez por todas, de la DFS.

Fue un sábado de mayo de 1985, cuando en su carácter de subsecretario de Gobernación, Jorge Carrillo Olea se dio el lujo de acudir hasta las oficinas de la DFS y ordenar a todo el personal formado: “Coloquen sus charolas y pistolas a sus pies”. Con el metal fundido de las charolas se hizo un busto de Benito Juárez que a la fecha permanece en la sede del CISEN.

En su libro, JCO da cuenta de una reunión con Carlos Salinas de Gortari a unos días de tomar posesión como presidente de la República. Dice que fue en la calle de Cracovia, en San Ángel, y que ahí le planteó la creación del CISEN, cargo que ostentó hasta octubre de 1991, cuando lo mandó a la PGR.

A lo largo de 293 páginas, el general en retiro aporta una serie de propuestas de cómo debe manejarse lo que él llama “Inteligencia Estratégica”, que no es otra cosa que la sistematización de la información para la correcta toma de decisiones.

En algún momento pensé que la intención del ex gobernador de Morelos era que el libro llegara a manos del nuevo presidente de la República, quien fuera, y que lo regresaran al CISEN, institución de la que presume ser el fundador.

Así parece cuando dice que “la presente obra (…) tiene la intención de ser una serie de consideraciones constructivas para pensar en el futuro de la inteligencia estratégica. Aunado a ello, ofrece un planteamiento idealista sobre lo que el país podría intentar al respecto y lo que merece, necesita y puede obtener en esa materia, incluso en términos de seguridad nacional”.

Sin embargo, quienes lo conocimos en su trunca administración 1994-1998 nos seguimos preguntando ¿y por qué no utilizó toda esa capacidad y experiencia para permanecer como gobernador de Morelos hasta el fin de su sexenio?

HASTA MAÑANA.

 

 

Viernes, 19 Junio 2020 05:41

Alberto Sánchez: decepción

A partir de que publicamos el pasado martes el caso de un trabajador del Ayuntamiento de Xochitepec, que murió esperando su pago de pensión retroactivo a cuatro años, nos ha comenzado a llegar información que definitivamente demuestra que la imagen de “incluyente y solidario” que alguna vez dio el alcalde Alberto Sánchez Ortega, fue sólo demagogia, pues en realidad es un tipo insensible y materialista.

El caso que abordamos –por si el lector no lo recuerda- es el de Vicente Valdepeña Rey, quien de acuerdo al decreto publicado en el periódico oficial “Tierra y Libertad” de fecha 27 de julio de 2016, cumplió los requisitos para recibir la pensión jubilatoria por 28 años de servicio en la Policía Municipal de Xochitepec.

Pero de acuerdo a la versión de su hijo Jesús Valdepeña, el alcalde Alberto Sánchez Ortega, el contralor Bernabé Álvarez Almazán y el tesorero Adolfo Aguilar Figueroa, les pusieron como condición para entregarles el cheque correspondiente a la pensión en forma retroactiva.

“Nos dijeron que si no dábamos dicha cantidad nunca saldría el cheque y presumían que tienen excelentes abogados para no dar la pensión si no accedíamos, y que se iba a morir primero antes que cobrar su pensión. Y lo consiguieron, pues mi padre murió el 25 de abril del 2020”, dice la denuncia por escrito que el quejoso interpuso en diferentes instancias.

Esperábamos una versión oficial del Ayuntamiento que contrarrestara las acusaciones, pero tanto el alcalde como los regidores guardaron un silencio cómplice.

Y por el contrario, los espacios de comentarios en las redes sociales se llenaron de quejas que van en el mismo sentido de la columna ya mencionada.

“Así le pasó a un trabajador que no le quisieron pagar su pensión, igual en mismo municipio, el mismo alcalde en su primer trienio, y terminaron pagando vía juicio de amparo que promovimos”, comentó el abogado JM Guzmán en Facebook.

“Desafortunadamente, no encontramos el hilo negro; me atrevo a decir que en todos los ayuntamientos del Estado se viven estas situaciones y peores... Personas enfermas, viudas y hasta niños dependientes de elementos policiales sufren los abusos de las autoridades municipales. Este asunto no es de naturaleza laboral, sino administrativa. Ojalá y la persona fallecida tenga beneficiarios, de los estipulados en la Ley de Prestaciones de Seguridad Social o haya designado a alguna persona, de lo contrario se enfrentaran a un juicio muy prolongado, tortuoso, enfrentándose no sólo a la insensibilidad de las municipales, sino también a la poca efectividad y criterio escaso de casi todos los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos”, apuntó el también litigante Francisco Javier Salgado Guzmán.

Otro abogado muy conocido entre los policías, Alejandro Legorreta, escribió: “Mi estimado Jesús Castillo, justamente hoy me contactó una Policía de ese Ayuntamiento, cercana colaboradora del Director Jurídico recién asesinado, a quién le están pidiendo su renuncia sin causa justificada, solo por no ser cercana al equipo de trabajo. No dudo de la buena voluntad de este Presidente Municipal, pero creo que debería estar más al Pendiente de su círculo cercano, pues a veces en su nombre, cometen abusos”.

“Qué triste historia. Qué injusto para el que ya falleció. Qué pena por la familia andar en estás penurias desde hace tantos años. Con NADA le devuelven los malos ratos a la familia. Ojalá haya sanciones severas a quien obstruyó el proceso”, comentó la ciudadana Laura Gallart.

Hasta ahí los comentarios con nombre y apellido. El resto son quejas anónimas que llegaron a través de diversos medios, que retratan a un hombre muy diferente al que vimos en sus comerciales de campaña, tanto en 2015 como en 2018.

“Yo laboré 6 años en el ayuntamiento de Xochitepec en seguridad pública el año pasado al acudir a un auxilio me recibieron a balazos y recibí dos impactos que pusieron en peligro mi vida al momento en que le ambulancia me trasladaba al hospital a Cuernavaca me iba a ingresar al Henry ya que no contamos con seguro social y comentaron que dijo el presidente Beto Sánchez que ahí no porque tenían que depositar 60000 pesos para la atención inicial y me ingresaron al parres donde gracias a dios y a unos compañeros fue que recibí buena atención, en ningún momento me fue a visitar el alcalde, ni a mi domicilio en el tiempo que estuve convaleciente que dieron dos meses.

“Al regresar me requieren un auxilio en el centro de Chiconcuac por unas personas que estaban tomando y alterando el orden, llegué al lugar y contacté con dichas personas a las cuales se les hizo la invitación de que se retiraran y uno de ellos manifestó que no sabía con quién me estaba metiendo que eso me costaría el trabajo y acto seguido se nos van a golpes yo en todo momento me replegaba y rehuía a los golpes en virtud de que aún no me reponía de la fractura de costilla producto de uno de los balazos que recibí dos meses atrás y me reincorporé por qué ya no me dieron incapacidad en el ayuntamiento, pues al vernos superados por los agresores se solicita más apoyo ya que al final eran de 25 a 30 personas agrediéndonos y nosotros éramos solo doce policías y en la trifulca se detiene a dos personas entre ellos al que se decía influyente, resultando ser sobrino del presidente, y por esa riña, el presidente me despidió del ayuntamiento”, dice un mensaje anónimo.

Otro más que refiere que la familia del alcalde tiene un negocio de comida y que utiliza sus influencias para perjudicar a los que considera sus competidores. También comentan que el alcalde es déspota en su trato, que antes era bondadoso pero que ahora “ya se le subió” y a todo quiere sacarle un provecho económico.

“El presidente municipal aprovechó su imagen de discapacitado para llegar al poder en 2015 a pesar de provenir de un partido tan desprestigiado como es el PRI, luego utilizó los recursos del Ayuntamiento para financiar su campaña y conseguir la reelección. Antes buscaba la forma de ayudar a la gente de Xochitepec, pero hoy todo parece indicar que sólo busca cómo hacerse de recursos para él y su familia, ya sea para retirarse de la política o buscar una diputación local”, dice otro de los comentarios que pidieron el anonimato.

HASTA EL LUNES.

 

 

Jueves, 18 Junio 2020 05:46

Jueces asesinados

Ayer nos despertamos con la noticia de que fue asesinado el juez federal Uriel Villegas Ortiza, en el estado de Colima, y casualmente un día como hoy pero hace 30 años, el estado de Morelos amanecía con la impactante noticia de que una jueza, Reyna Ocampo Rojas, había sido ultimada a balazos, en una más de las historias reales que superan cualquier guion cinematográfico.

Fue el 17 de junio de 1990 (tercer domingo de junio, por lo tanto Día del Padre) que siendo aproximadamente las 21:00 horas, la licenciada Celia Fernández Coss, agente del Ministerio Público del primer turno del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con sede en Jojutla, fue informada verbalmente por el licenciado Antonio Nogueda Carvajal, Director General de la Policía Judicial del Estado, que la licenciada Reyna Ocampo Rojas, Juez Penal de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial, había sido lesionada en las afueras de su domicilio por un proyectil de arma de fuego, y al cabo de una hora falleció en el hospital.

El homicidio de la juez provocó indignación en el Poder Judicial y en general en el gremio de los abogados, uno de los cuales ocupaba el cargo de gobernador. Sí, era el abogado Antonio Riva Palacio López, quien ordenó a su amigo el también abogado Antonio Nogueda Carvajal que hiciera todo lo necesario para resolver ese homicidio y detener al responsable.

Ese mismo día (18 de junio a las 23 horas) Nogueda Carvajal puso a disposición del Ministerio Público a Guadalupe Gómez Montúfar y Elsa Joaquina Castillo Gómez (madre e hija) como presuntas responsables del crimen. ¿Orden de aprehensión? ¿Orden de cateo? No era necesario en ese tiempo. Primero la Policía actuaba, detenía, arrancaba la confesión y luego los funcionarios de la Procuraduría se encargaban de que todo cuadrara jurídicamente.

Riva Palacio López tenía un juguete nuevo: el grupo Escorpion que encabezaba un coronel de apellido Encinas. Era un grupo de élite supuestamente entrenado para enfrentar delincuentes de la más alta peligrosidad, pero que en esta ocasión fue usado para detener a dos mujeres, una de ellas de la tercera edad. Cuentan que para ingresar a la casa de la señora Guadalupe usaron técnicas de rappel e iban armados hasta los dientes.

A la vieja usanza, la Policía Judicial interrogó a las dos mujeres y les arrancó la confesión que más tarde firmaría un defensor de oficio como si hubiera estado presente en la diligencia.

En su declaración ministerial la inculpada Guadalupe Gómez Montúfar manifestó que el día 14 de junio de 1990 llegó hasta su domicilio, en donde vive con su hija Elsa Joaquina Castillo Gómez, la señora Emma López Ortiz, secretaria de acuerdos del Juzgado de Jojutla, y que al poco rato arribó la señora Petra Manjarrez con otra mujer que identifica como su nuera.

La señora Petra Manjarrez es madre de Sixto Quintero Manjarrez, quien en ese momento estaba preso, acusado por el delito de homicidio, y el caso estaba en la Secretaría de Acuerdos de Emma López Ortíz, quien era muy amiga de la abogada Elsa Joaquina Castillo, defensora particular de Sixto.

La versión oficial que dio la Procuraduría de Justicia es que en esa reunión, Emma López les manifestó a la abogada y familiares de Sixto que mientras estuviera Reyna Ocampo Rojas al frente del Juzgado éste no podría salir de la cárcel.

Petra y su nuera le recordaron a la secretaria de Acuerdos que ya le habían dado mucho dinero, tanto a ella como a la abogada particular para que Sixto pudiera salir libre.

“Está bien cabrón, mientras ella esté de juez no vamos a poder hacer nada”, se quejó Emma López.

“Hay que darle en la madre a la juez”, dijo la madre de la abogada, según quedó asentado en la declaración de Petra Manjarrez. “Si no hay de otra yo me encargo de la juez”, ofreció Francisco, hermano de Sixto.

“Que su hijo hacía aproximadamente ocho días le había comprado una pistola a un amigo, y que el domingo siendo aproximadamente las 22:00 horas llegó su hijo Francisco a la casa de la declarante en una motocicleta color amarillo, y en la puerta de la casa le informó que ´ya estuvo´, que ya le había dado en la madre a la Juez”, quedó asentado en la declaración.

Con esas declaraciones los policías se fueron en busca del autor material, a quien encontraron comiendo en una de las fondas del mercado Adolfo López Mateos. 

Así fue como en junio de 1990 se juntaron en la Penitenciaría de Atlacomulco (donde hoy está el parque ecológico de Acapantzingo), los dos hermanos Quintero, la madre de éstos, la abogada y su mamá.

Ante el Juez Primero de lo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado en Cuernavaca, Juan Manuel Ramírez Gama, la inculpada Elsa Joaquina Castillo Gómez rindió declaración preparatoria el 21 de junio de 1990, habiendo manifestado que sólo ratificaba en parte su declaración rendida ante la Representación Social, “ya que se la tomaron en los separos de la Policía Judicial y en presencia de varios agentes de esa corporación policíaca, aclarando que desde el momento de su detención fue coaccionada moral y físicamente por sus aprehensores, ya que estos se introdujeron en su domicilio en forma violenta y arbitraria, rompiendo vidrios y chapas de la casa, profiriendo injurias e insultos, amagándola con armas de alto poder, procediendo de la misma manera con su hermano Pedro Joel Castillo Gómez, a quien tenían en el suelo, siendo agarrada fuertemente de los senos por uno de ellos, además de que en la parte baja de la casa varios sujetos tenían a su madre y a su hermana, Carmen Castillo Gómez, a quienes injuriaban, asestándole, incluso, un cachazo a su mencionada hermana”.

Lo anterior provocó que la recién creada Comisión Nacional de Derechos Humanos emitiera la primera de varias recomendaciones al gobierno de Antonio Riva Palacio López, quien terminó por desaparecer al grupo Escorpion y cambiar al director de la Policía Judicial.

Los abogados que conocieron del hecho coinciden en que la responsable indirecta del crimen fue la secretaría de acuerdos, quien le dio falsas esperanzas a los familiares del procesado, haciéndoles creer que con dinero podrían lograr que una juez emitiera sentencia absolutoria en un delito de homicidio con todas la agravantes.

Afortunadamente es el único caso en la historia del Poder Judicial de Morelos en que un miembro de esa institución fue privado de la vida por cuestiones relacionadas con su actividad jurisdiccional.

HASTA MAÑANA.

 

 

Miércoles, 17 Junio 2020 03:08

Falta de sensibilidad

El presidente municipal de Xochitepec, el priísta Alberto Sánchez Ortega, se ha caracterizado por su sensibilidad humana, lo que le ha valido no solamente el triunfo en las elecciones del 2015, sino que fue uno de los pocos que logró su reelección en los comicios del 2018. De ahí que resulte sorprendente la acusación de la que está siendo objeto por parte de familiares de un ex trabajador a la que le fue negada su pensión, desde que se publicó en el periódico oficial, hasta que –lamentablemente- falleció. 

Se trata de una grave acusación aparentemente bien fundamentada por parte del ciudadano Jesús Alejandro Valdepeña Perucho, a nombre de su señor padre, Vicente Valdepeña Rey, en contra del alcalde Sánchez Ortega, a quien acusa de abuso de autoridad, obstrucción de la justicia y daño moral.

Los documentos que acompañan la acusación no dejan lugar a duda. Está el decreto publicado en el periódico oficial “Tierra y Libertad” de fecha 27 de julio de 2016 en el que se menciona que mediante escrito de fecha 5 de febrero del 2015, Vicente Valdepeña Rey presentó ante ese Ayuntamiento solicitud de pensión por jubilación, de conformidad con la hipótesis contemplada en el artículo 16 fracción I inciso C, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Asimismo, el acta de la sesión de Cabildo de fecha primero de junio del 2016 en el que se aprueba el pago de la pensión por Jubilación a favor de Vicente Valdepeña Rey, en el que se comprueba fehacientemente que a la fecha de su solicitud tenía 28 años de servicio como policía raso de esa municipalidad.

En ese mismo documento, “se instruye al titular de la Tesorería Municipal y a la Dirección de Administración para su cumplimiento”, y firman de conformidad el presidente municipal Alberto Sánchez Ortega, la síndica María del Rosario Flores Gaona, y los regidores Cristina Salazar Flores, Regino García Meza, Daniel Ernesto Gómez Noriega, Susana Cruz Guzmán y Horacio Rojas Alba, así como el secretario del Ayuntamiento, Ramón Ocampo Ocampo.

Entonces ¿cuál fue el motivo de que no se cumplió con este acuerdo? No lo sabemos a ciencia cierta, pero el hijo del pensionado asegura que los antes mencionados se burlaron de don Vicente Valdepeña y hasta el día de su muerte no le entregaron un centavo.

“Mi padre empezó a tener problemas de salud agravándose día con día, y él sufriendo las burlas y engaños de las autoridades de este municipio encabezadas por el presidente municipal Alberto Sánchez Ortega, ya que fue citado reiteradamente mi señor padre diciéndole que ya le iban a entregar su pensión, teniéndolo que llevar yo ya que él no se podía valer por sí mismo. Lo tenían horas afuera de la presidencia en uno de los pasillos y al final le decían que todavía no le podían entregar su cheque”, menciona el escrito que tiene sello de recibido en la presidencia de la república.

Agrega el quejoso que debido a sus enfermedades su padre requirió de varios tratamientos, además de que necesitaba de cuidados especiales por lo que la familia tuvo que recurrir a préstamos de diversas instituciones privadas, mismos que con el tiempo se hicieron impagables.

“Además, cabe mencionar que mi padre perdió el miembro pélvico izquierdo, y estando en ese estado lo citaron reiteradamente en la Presidencia Municipal haciéndole esperar en esa condición, prometiéndole que le iban a ayudar para ponerle una prótesis además de ya darle su pensión pero nunca se le dio cumplimiento ni atención médica”, agrega.

Jesús Alejandro Valdepeña Perucho asegura que el alcalde Alberto Sánchez Ortega, el contralor Bernabé Álvarez Almazán y el tesorero Adolfo Aguilar Figueroa, les pusieron como condición para entregarles el cheque correspondiente a la pensión en forma retroactiva, el pago de 200 mil pesos para ser repartidos entre los funcionarios mencionados.

“Nos dijeron que si no dábamos dicha cantidad nunca saldría el cheque y presumían que tienen excelentes abogados para no dar la pensión si no accedíamos, y que se iba a morir primero antes que cobrar su pensión. Y lo consiguieron, pues mi padre murió el 25 de abril del 2020”.

Esa es una acusación muy grave, no solo jurídicamente hablando, sino que viene a echar por tierra la imagen que teníamos y que tienen muchos ciudadanos del acalde xochitepequense, quien –como todos sabemos- forma parte del sector poblacional que tiene una discapacidad, igual que la que tenía el hoy finado Vicente Valdepeña.

Alberto Sánchez Ortega conoce bien de ese tema, dado que como consecuencia de un accidente, forma parte de un amplio grupo de discapacitados que existen en la comunidad. Esta situación, lo ha llevado a impulsar ahora, a crear un gobierno con sensibilidad social y años atrás, a él, a participar en la política.

Hoy en día, en la comuna de Xochitepec, se tiene a 17 personas con discapacidad en la plantilla de la administración municipal, pero también en los programas relacionados con la generación del autoempleo y otras acciones, se les prioriza, se les toma en cuenta.

Entonces ¿qué pasó con don Vicente Valdepeña? Por qué lo hacían esperar en los pasillos anhelando un pago que nunca llegó?  No encontramos una razón válida para ello, y ahí la responsabilidad no sólo recae en el alcalde, sino también en los regidores, muchos de los cuales seguramente tendrán aspiraciones políticas.

Buscando antecedentes del alcalde me encontré con una entrevista que le concedió al periodista David Alanís, donde cuenta cómo es que perdió su pierna.

“Antes de que me pasara el accidente yo era quien iba a la escuela, a las juntas y un día fui con mis muletas y cuando regreso casa, (mi esposa) me pidió que ya no fuera con las muletas, me pidió de favor que yo ya no fuera a esa escuela. La verdad, me lastimó mucho y entendí lo que le pasaba como un niño de seis años”, dijo.

“Al principio me martiricé un poco porque me gustaba mucho el futbol. No era tan malo, pero ir a los partidos de futbol cuando ya no podía jugar (tenía 33 años cuando me pasó el accidente), se me salían las lágrimas”, recordó.

Pues algo pasó que le hizo perder esa sensibilidad que le caracterizaba y que fue lo que le faltó en el caso de don Vicente, quien entregó toda su vida al Ayuntamiento de Xochitepec y murió esperando un pago que le hubiera servido de mucho.

HASTA MAÑANA.

 

 

Martes, 16 Junio 2020 05:53

Un “gato” con suerte

Javier García Chávez, quien se autoapoda “El gato”, es un hombre con mucha suerte y –políticamente hablando- muchas vidas. En las últimas, fue operador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para llevar a la Gubernatura a Graco Ramírez, quien le pagó con una candidatura a diputado federal, elección que ganó, pero unos meses antes de terminar su periodo “saltó” del barco perredista antes de que se hundiera y alcanzó a asirse al navío del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), y hoy busca acuerdos con el Partido Encuentro Social.

Igual que un gato, Javier García no sienta cabeza en un solo lugar. Nació en Michoacán pero desde joven vivió en la ciudad de México, donde ingresó al Instituto Politécnico Nacional a la carrera de Economía. No terminó la carrera porque lo suyo lo suyo era la grilla, tal como quedó de manifiesto en las notas periodísticas que lo ubican como dirigente del Comité de Lucha Estudiantil y fundador de la Organización Nacional de estudiantes del IPN.

Del movimiento estudiantil paso al movimiento de damnificados del sismo del 85. Carlos Monsivais lo menciona en su libro “No sin nosotros” como uno de los privilegiados que representó a los afectados por el terremoto en una reunión con el presidente de la República. Casualmente, en 1988 aparecía ya como precandidato a diputado, aunque no ganó. Lo intentaría nuevamente en 1994 pero tampoco tuvo suerte.

Fue miembro del Sindicato de Telefonistas hasta que lo invitaron a dar clases en Nicaragua, ya que desde 1980 era simpatizante del Comité de Solidaridad con el pueblo de Nicaragua. A su regreso, se integró a la administración del Gobierno del Distrito Federal como subdirector de Regularización Territorial, y luego como director general de Desarrollo Social, coordinador de asesores en la delegación de Milpa Alta y director de Participación Ciudadana en Coyoacán, cuando el PRD era gobierno.

En el 2007 apareció como director general del Sistema DIF-Guerrero con Zeferino Torreblanca, el primer gobernador perredista. Cual mercenario de la política, en 2010 se fue a su natal Michoacán para apoyar a otro perredista, Leonel Godoy. Le dieron la Dirección de Análisis y Desarrollo Político en el gobierno michoacano, un cargo que más bien parecía una “aviaduría”, después le inventaron el cargo de “coordinador general de relaciones interinstitucionales”, pero para ese momento ya tenía en mente otro proyecto: la gubernatura de Morelos para su amigo Graco Ramírez, quien lo había designado subsecretario de asuntos electorales del PRD.

Así, se vino a vivir a Morelos y comenzó a operar la organización “Gente x Gente”, una red de ciudadanos en apoyo a la candidatura de Graco Ramírez. En 2012 el michoacano le levanta la mano al tabasqueño en tierras morelenses.

En pago, le tuvieron que inventar un cargo que justificara su salario, que no era cualquier cosa. Le pusieron “Coordinación General de Análisis Político y Proyectos Estratégicos”, pero que en la práctica servía para seguir coordinando las redes de apoyo “GxG”.

Una de sus primeras pruebas fue la ceremonia de “El Grito” el 15 de septiembre de 2013 en el zócalo de Cuernavaca. Esa noche, desde el balcón paralelo a donde el gobernador iba a ondear la bandera y tocar la campana, el michoacano vigilaba que todo estuviera en orden. La plancha del zócalo estaba dividida en tres zonas: en la primera sólo entraban miembros del “GxG” que se identificaban con una pulsera morada; en la segunda estaban perredistas de todo el estado y a partir de la tercera ya se permitía la entrada a cualquier persona. Así evitaron cualquier abucheo al gobernante.

Con ese tipo de acciones “El Gato” demostró que podía mover a la gente a beneficio del gobierno perredista, e incluso pretendió dirigir al PRD, pero no contaba con que Graco tenía asignado esa misión para su hijastro Rodrigo Gayosso. Le dieron la Secretaría de Organización del Comité Directivo Estatal, lo que se le hizo poco.

Para el 2015 logró sin problemas la candidatura a diputado federal por el distrito que abarca Jiutepec, Temixco y Emiliano Zapata. Uno de sus contrincantes le puso una trampa: mandó a una de sus trabajadoras a que le coqueteara al candidato a través de Whatsapp  y “El gato” cayó.  Un grupo de abogadas se encargó de denunciar por acoso sexual al candidato a diputado federal, y expuso como pruebas las fotos pornográficas que le mandó a la guapa estudiante de bachillerato.

A pesar de esa trampa García Chávez logró el triunfo por un amplio margen en las elecciones intermedias, convirtiéndose en diputado federal, aunque su paso por el Congreso Federal transcurrió sin pena ni gloria.

En el 2017, el ya candidato al gobierno de Morelos por el PRD, Rodrigo Gayosso, le pidió a Javier que le entregara la base de datos de “Gente por Gente” y éste se negó. Ahí vino el rompimiento, pero no entre Graco y Javier, sino con su hijastro.

Los favores hechos a Morena como diputado federal le valieron la diputación local para el proceso electoral del 2018, a pesar de que –como ya se dijo- El Gato llegó a Morelos en 2011. El nuevo sexenio pintaba bien para el ex perredista, pues no solamente sería diputado local, sino presidente de la Junta Política. Sin embargo, unos días antes de la definición el grupo de Morena se comenzó a desmoronar. Se salió Pepe Casas, luego Andrés Duque, hasta que perdió fuerza y sólo quedó como presidente de una comisión, a la que renunció hace unos días.

Recientemente “El Gato” emitió un extraño comunicado en el que hace un llamado a los principales actores políticos de la sociedad morelense para establecer un diálogo que permita construir un gran pacto de unidad, que deje a un lado las diferencias, al tiempo de discutir reformas y leyes que resulten necesarias para las y los morelenses.

“Hoy hace falta en Morelos establecer un diálogo en el que impere la confianza y buena fe; basta ya de disputas y de descalificaciones, lo que se debe hacer es sentarnos a dialogar por el bien de nuestro estado”, dice.

Y remató:

“Se debe entender que si pierden los municipios, pierden los morelenses; que si pierde el Ejecutivo, perdemos todos, y si pierde el congreso, pierde Morelos”.

No hay que perder de vista que Javier, además de “gato” es un “viejo lobo” de la política que pretende quedar como el conciliador y salvador de la gobernabilidad en Morelos o ya está pensando en su siguiente salto a otro partido.

HASTA MAÑANA.

 

 

 

 

 

Lunes, 15 Junio 2020 05:59

Redes Sociales, ¿benditas o malditas?

¿A qué nivel de stress tuvo que estar sometida la joven para reaccionar tan violentamente porque no le querían vender una pizza? Ese fue el comentario que puso su servidor en el video que ya todos conocemos porque se volvió viral bajo el hashtag #LadyPizza, y que arreció el linchamiento en redes sociales contra una mujer que lo único que quería era comer.

Pero no es el único caso. Cheque usted, estimado lector, cualquier video polémico, y verá que las reacciones de la gente son de lo más variadas, y en muchos casos, preocupantes.

Podemos poner sobre la mesa la hipótesis de que con la libertad de las redes, en este territorio casi anónimo, nuevo, vacilante, la sociedad retoma una figura abandonada ya hace siglos: la figura punitiva salvaje del Siglo XVII, donde cualquier criminal podía ser un monstruo y cuyo crimen, que representaba una lesión, un perjuicio contra los intereses de la sociedad en su totalidad, debía ser castigado con derecho a toda desproporción guardada.

El castigo en ese caso no es reparación a los daños ni búsqueda genuina de reivindicación de los derechos fundamentales de la sociedad. El castigo, más bien se transforma en venganza, en revancha, en contragolpe de fuerza.

Es entonces (como dijo Foulcault mucho antes de que se inventara la Internet)  una inversión ceremonial del crimen. “En el castigo del criminal, se asistía a la reconstrucción ritual y regulada de la integridad del poder”. Entre crimen y castigo, había igual una especie de rivalidad. El exceso de castigo debía responder al exceso de crimen y tenía que imponerse a él. En consecuencia, había necesariamente un desequilibrio en el corazón mismo del acto punitivo. Era preciso que hubiera una suerte de plus del lado del castigo. Ese plus era el terror, el carácter aterrorizador del castigo.

La Academia Mexicana de la Comunicación (AMDC) (www.amdc.org.mx) realizó a principios de este mes el Foro Virtual sobre Redes Sociales, Manipulación y Libertad Periodística y dejó sobre la mesa temas candentes en el ejercicio periodístico.

El primer grupo de especialistas que habló sobre redes sociales, resaltó que el uso de los algoritmos para el bombardeo de la información puede provocar la “infoxicación” (nuevo término que nunca habíamos escuchado pero que seguramente se quedará en el argot actual)  por la cantidad, diversidad y consumo de los contenidos en redes sociales.

Se destacó que internet es la vuelta a la Torre de Babel, y que el ciudadano de a pie con un teléfono inteligente se convierte en emisor en una gran ágora que es el reflejo de la sociedad, en la que todo está permitido y la que amplifica el mensaje.

Hablaron de la reputación en línea y cómo se utilizan las redes sociales por diversos actores de la sociedad.  Los medios digitales –dijeron- han dado voz a quienes no la tenían y con un micrófono se vuelven más famosos que las figuras públicas por antonomasia.

Temas regulatorios, activismo, ciberseguridad, fake news, libertad de expresión y el nivel de filtrado de los contenidos realizado desde la tecnología también fueron abordados. Los ponentes hablaron que la realidad no refleja lo que nos dicen los voceros, exigieron el derecho a la verdad, este fenómeno que era análogo y que es manipulado en las redes sociales.

Se razonó la evolución de los medios digitales como facebook, twitter e instagram desde su nacimiento a principios del siglo XXI, hasta la más reciente Tik-Tok de ahora, y los millones de usuarios alrededor del mundo que cada una tiene, haciendo la analogía del “Ciudadano Kane” de Orson Welles -que escogía desde su escritorio las noticias que se publicaban en el diario- al “Ciudadano Bite” de hoy que publica un acontecimiento en tiempo real desde cualquier lugar.

Se enfatizó el activismo y la propaganda digital, las granjas de bots, la guerra de trolls, la agresión on-line y de poner en la agenda pública algo que está a favor o en contra de los intereses comunes; de la evolución de ideologías para tener dos posturas, menos acuerdos y de la construcción artificial de la opinión pública.

El derecho al olvido, el bulling digital, de los algoritmos y de la inteligencia que nos da el Big Data y que nos hace vulnerables dejándonos a merced del mejor postor también fueron abordados. El Foro Virtual de la AMDC dejó claro que debemos hacer conciencia de la necesidad de autorregulación por parte de los usuarios de redes sociales para proteger la libertad de expresión. Los temas planteados dejaron ver que nos encontramos ante una infodemia, en un momento histórico interesante que continua su proceso de maduración, que los ciudadanos debemos ser más selectivos en el consumo de información, verificar fuentes, estandarizar procesos; pero sobre todo, mantener la libertad de expresión en un exhorto de usar las redes sociales para mantener la construcción social.

El internet nos ofrece el poder; el reto, es conjuntar a través de la pedagogía digital tres elementos: gobierno, medios y sociedad sin renunciar a nuestros derechos elementales para establecer puentes democráticos y civilizados para convencer a través de la comunicación como instrumento de la razón.

Desde nuestro particular punto de vista, las redes sociales son un arma de doble filo. Ha logrado que se haga justicia en casos como aquel niño que vendía dulces en Oaxaca y que fue humillado por inspectores municipales, y últimamente en el caso de Geovanni, el muchacho asesinado por Policías en el estado de Jalisco, pero que fue hasta que el asunto se hizo viral que el gobierno de Enrique Alfaro comenzó a reaccionar.

Pero también han ocurrido infinidad de injusticias. Cientos de personas han sido “linchadas” en redes sociales por la muchedumbre cibernética, la mayor parte sin saber ni siquiera las circunstancias específicas como ocurrieron los hechos. Se me imaginan como aquellas personas que están hasta la parte de atrás de una manifestación y que sólo gritan “que lo cuelguen” sin saber ni qué está ocurriendo en la parte de enfrente.

Quien acostumbre escribir en los comentarios de Facebook o Twitter frases como “que lo maten antes de que se reproduzca”, o “hay que ver dónde vive para ir a quemarle la casa”, debe estar consciente de que un día puede ser él quien esté en el papel de acusado.

El internet nos da un poder, pero debemos utilizarlo como un instrumento de la razón, no de la barbarie.

HASTA MAÑANA.

 

 

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