Jesús Castillo

Jesús Castillo

Jesús Castillo García. Periodista con 30 años de trayectoria; Premio Estatal de periodismo 2010 y 2012. Premio Nacional de Periodismo 2013.
Viernes, 09 Octubre 2020 05:30

Megafraudes

De los negociazos que no logró concretar Graco Ramírez durante su periodo sexenal hubo tres muy importantes: el morebús, la Estrategia de Gestión Integral de Residuos, y la privatización del alumbrado público que se pretendía concesionar durante 30 años a una empresa regiomontana.

Hoy hablaremos del Morebús, que era un proyecto que pretendía entregar el servicio del transporte público a una empresa por 20 o 30 años, similar a lo que ya ocurre en Acapulco, Pachucha y Puebla, de los que conocemos.

Queda, como recuerdo de aquello que pudo haber sido y no fue (el sismo de 2017 fue lo que hizo que se cancelara toda posibilidad), el boletín del gobierno estatal donde se informa que se firmó el convenio de ocupación previa del terreno donde se construirá la terminal de autobuses del Morebús. Es un terreno de más de 24 mil metros cuadrados, en Tejalpa, donde serán resguardadas las 128 unidades del SITRAM.

“David Martínez Martínez, encabezó la firma del convenio para la ocupación de 24 mil metros cuadrados de las tierras de régimen comunal ubicadas en Tejalpa, Jiutepec, donde se podrá construir la terminal que albergará 128 autobuses del Sistema Integrado de Transporte Masivo Morebús (SITRAM) que funcionarán con gas natural”, decía el comunicado fechado el 6 de julio de 2017.

En Puebla, nuestra entidad vecina, el gobierno del estado anunció recientemente el inicio de un proceso para rescindir el contrato a las empresas encargadas del sistema de recarga y de publicidad de las líneas 1 y 2 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), mejor conocido como metrobús, pues se ha descubierto que eran acuerdos destinados a cometer fraudes en detrimento de usuarios y de la hacienda pública.

Rafael Moreno Valle y su esposa Martha Erika Alonso se llevaron a la tumba (por así decirlo) el secreto sobre la cantidad de dinero que recibieron por haber concesionado la RUTA de Puebla durante varias décadas, pero que el actual gobernador Miguel Barbosa se está encargando de echarles a perder el negocio.

El gobernador Barbosa informó este 7 de octubre que rescindirá la concesión a Conduent Solutions por el “monstruoso fraude”, porque los gobiernos morenovallistas la favorecieron con un contrato que establece que se queda con el 38 por ciento de las ganancias del cobro de pasaje.

Xerox Solutions México nunca dejó de ser la empresa responsable del cobro de peaje de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), pues esta empresa solo cambió su nombre de razón social a Conduent Solutions para no dejar de recibir los más de 17 millones de pesos mensuales que estipula el contrato ventajoso que recibió de las administraciones morenovallistas.

El 4 de septiembre de 2016, el diario Reforma dio a conocer que a través de dos empresas una de estas Administradora de Capitales de México (ACM), de Federico Vega, durante 2014 fueron beneficiadas con 11 contratos para la construcción de obra en 10 estados del país, valuados en mil 122 millones de pesos.

Federico ha sido acusado de otros desfalcos, de las que logró salir bien librado en Puebla, presumiblemente por su relación con la administración morenovallista.

En 2009 este abogado, junto con Patricia Cabrera Flores, conformaron la empresa Administradora de Capitales de México (ACM), con la que a lo largo de 2014 con presunta complicidad de funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, logró recibir adjudicaciones por casi 500 millones de pesos en contratos en los estados de Oaxaca, Guerrero, Jalisco y Puebla, en donde estuvo a cargo de la modernización del Periférico Ecológico.

Para lograr estos contratos, supuestamente presentó “documentación presuntamente falsa” con contratos con el gobierno de Puebla que nunca se llevaron a cabo, a fin de justificar su experiencia en el ramo, por lo que recibió una risible inhabilitación de un año, además de una multa por 406 mil 596 pesos.

Este personaje estuvo detrás de los contratos con el gobierno del estado, para así conseguir que la empresa lograra quedarse con el 38 por ciento de cada cobro de pasaje, es decir con 2.85 pesos de la tarifa de 7.50 pesos, lo que representa ganancias mensuales de al menos 7.1 millones de pesos por los aproximadamente seis millones de usuarios que utilizan cualquiera de las líneas de RUTA o el Tren Turístico.

Vega Cajica también fue denunciado hace unos años por el caso del fideicomiso de Banco Multiva, que sirvió para timar a propietarios de predios aledaños a la Recta a Cholula.

La empresa Xerox Solutions se hizo de la concesión de las líneas de RUTA y del Tren Turístico, con la promesa de ofrecer un servicio confiable para el pago electrónico del peaje.

En 2017 logró hacerse del servicio de la línea 2 después de que Bus Rapid Transit de Puebla SAPI, evidenciara un presunto desfalco por más de cinco millones de pesos al registrar irregularidades en la venta de tarjetas y recargas de acuerdo con el Organismo Público Descentralizado (OPD) Carreteras de Cuota Puebla (CCP).

Bajo estos argumentos CPP logró el rescate de la concesión a favor de Xerox, quien en un principio señaló que su “filial”, Conduent se haría cargo de dicho servicio para así lograr una homologación en el sistema de cobro entre las tres líneas y el Tren Turístico.

Sin embargo, esto fue falso, pues en febrero de 2017, la empresa mantuvo las ganancias al solo hacer un cambio de denominación o razón social, para convertirse en Conduent de México, SA de CV, de acuerdo con el Registro Público del Comercio (RPC) para así mantener los ventajosos contratos que recibió de las administraciones de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad.

Cabe mencionar que esta no fue la primera vez que esta empresa aplicaba esta práctica, pues tan solo tres años antes cambió su nombre de A.C.S. Business Process Solutions de México a Xerox.

Desde entonces, se decía que un importante funcionario del morenovallismo se encontraba ligado a esta empresa, hecho que no se ha podido verificar debido a la razón social con la que se maneja la compañía que ya fue absorbida por un corporativo estadounidense al revocar a la mayoría de los nombramientos de los apoderados.

De esa historia sabe mucho nuestro secretario de Educación en Morelos, Luis Arturo Cornejo Alatorre, quien se desempeñó como subsecretario de Asuntos Políticos y Protección Civil de la Secretaría de Gobierno de Puebla, en el periodo de Rafael Moreno Valle.

HASTA EL LUNES.

 

Jueves, 08 Octubre 2020 05:21

La disputa por la ESAF

Creada en 2014 bajo la premisa de garantizar una nueva estructura con autonomía técnica y de gestión, “que permitiera la profesionalización, eficiencia y consolidación de la institución responsable del control, vigilancia, fiscalización y auditoría de los recursos públicos”, en los hechos la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso Local (ESAF), se ha convertido en una “manzana de la discordia” que se disputan grupos políticos y de poder.

Recordemos que el 11 de diciembre de 2014, el Pleno de la LII Legislatura aprobó el decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de fortalecimiento del órgano superior de fiscalización, dando lugar a la creación de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos.

“La transformación del Ente Fiscalizador, conlleva a un gran reto y compromiso social con todos los Morelenses, ya que a través de este Órgano se deposita la confianza y credibilidad de las Instituciones Públicas”, se presumió en aquella ocasión.

Pero en realidad, de lo único que se trataba era de desaparecer a la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado que en ese momento representaba un riesgo para el gobierno de Graco Ramírez, pues ya había emitido un dictamen con irregularidades en el gasto de aquel famoso préstamo (el primero del sexenio) por dos mil 500 millones.

En cuestión de horas, la hoy senadora Lucía Meza llevó a cabo el plan para desaparecer todo vestigio de la institución creada en 2008 por los panistas y que en ese momento estaba en manos de los priístas en la persona de Luis Manuel González. En su lugar pusieron a un perredista, José Vicente Loredo, quien se encargó de limpiar de toda culpa al gobernador y se puso al servicio de sus jefes, los diputados perredistas que recibían línea directa de Rodrigo Gayosso, hijastro de Graco.

Con la llegada de la actual legislatura -como en casi todo- no hubo orden ni control porque nunca pudieron ponerse de acuerdo en nada. Un año completo la ESAF estuvo a la deriva, con un encargado de despacho que seguía obedeciendo a Loredo.

Fue hasta octubre de 2019 que 12 de los 20 legisladores prácticamente “tomaron por asalto” las instalaciones de la ESAF y se repartieron los cargos.

Para saltarse el protocolo que establece la constitución, los diputados nombraron a puros “encargados de despacho”: América López Rodríguez en la Auditoría General; Samuel Álvarez Miranda en la Auditoría Especial de la Hacienda Pública Estatal; Lenin Gómez Saldaña en la Auditoría Especial de la Hacienda Pública Municipal; Anahí Coral Castillo Martínez en la Auditoría Especial de Organismos Públicos “A”; Uriel Estrada Jaime en la Auditoría Especial de Organismos Públicos “B”; y, Olivia Georgina Bobadilla Miranda en el Consejo de Vigilancia.

Las integrantes del Frente Progresista de Mujeres en el Congreso local que encabezaba Tania Valentina Rodríguez, reprobaron los cambios en la ESAF: “Violando todo procedimiento legal y parlamentario, pretendieron sin legitimidad nombrar a encargados del despacho en la ESAF, de quienes desconocemos su nombre, su perfil y menos si tienen la capacidad para desempeñar un cargo”.

En un comunicado, consideraron que la toma de las instalaciones de la ESAF además de ilegal, “refleja el verdadero interés de todas estas acciones, que no es otro que apoderase de esa institución a la que ven como botín político y de guerra”. Lo que no dijo es que ella la quería para lo mismo.

América López Rodríguez llegó al Congreso hace muchos años con los panistas que pusieron al frente de la Auditoría a Gerardo Casamata y logró sostenerse cuando le cambiaron el nombre. Ya en la actual legislatura, se quedó gracias a la recomendación del diputado José Luis Galindo.

Hoy es una de las firmes candidatas a quedarse en el mismo cargo pero ya no como encargada de despacho, sino como titular definitiva. Obviamente eso no les conviene a algunos diputados que —a trasmano— le están poniendo piedras en el camino.

Por otra parte, la Fiscalía General se ha negado rotundamente a ser revisada por la ESAF, argumentando que es una institución autónoma y que América ostenta un cargo que no existe, pues en la Ley Orgánica no se contempla la figura del encargado de despacho.

Pero no sólo eso. En una demostración de poder, la Fiscalía Anticorrupción que depende de la Fiscalía General, le inició una carpeta de investigación (la FECC/356/2019/09) amparada en una “denuncia anónima” y con ese pretexto la está hostigando.

El 28 de septiembre le solicitó documentación, y al no entregarla, el 5 de octubre elementos armados con R-15 llegaron hasta las oficinas de la Entidad Superior y le entregaron una notificación dirigida al encargado de la Dirección General Jurídica, Alberto Salgado Pérez, en la que le comunican que “se hace efectiva la sanción administrativa en modalidad de multa”.

El problema no es la multa (200 UMAS), sino que la medida de apremio que sigue es el arresto. Y se ve que el fiscal está decidido a demostrar que es capaz de todo.

El hecho ocurre a unas semanas de que se lleve a cabo la designación en forma del titular de la ESAF para lo cual ya se emitió la convocatoria correspondiente.

Y por supuesto que la actual encargada tiene mucha oportunidad de quedarse en el mismo cargo pero ya con el voto de la mayoría de los diputados. Y entonces sí, los fiscales no tendrán pretexto para que les revisen sus finanzas.

HASTA MAÑANA.

 

Miércoles, 07 Octubre 2020 05:29

De legisladores polémicos y policías

Ya era cerca de las 11 de la noche del miércoles 30 de septiembre cuando las camionetas salían en convoy de la cabecera municipal de Puente de Ixtla con rumbo a la autopista cuando varias patrullas se le cerraron obligando al conductor a frenar.

 —Policía del Estado, ponga las manos donde las pueda ver y bájese —dijo el sujeto mientras empuñaba una pistola escuadra que sacó de una mariconera que llevaba terciada—.

—De qué se trata esto—cuestionó con voz fuerte el que viajaba de copiloto— soy senador de la República y lo que ustedes están haciendo es un abuso de autoridad.

—Saque alguna identificación que lo demuestre —exigió el uniformado—.

Ya para ese momento todos los ocupantes de las patrullas se habían bajado y estaban rodeando las camionetas con sus armas largas colgando. Una señora intentó bajarse y fue sujetada de los hombros por un elemento policiaco, lo que encendió los ánimos.

—Quiero saber quién ordenó este operativo y por qué motivo —dijo quien ya para ese momento se había identificado como el senador de la República Ángel García Yáñez—.

—Es una revisión de rutina —se justificó el que parecía ser el comandante— nos reportaron que había unas camionetas muy ostentosas.

—Pues revisen bien. No vaya yo a traer armas o drogas— contestó en tono de burla García Yáñez al tiempo que abría la parte trasera de la camioneta para que vieran las bolsas con despensas que traía. 

El hecho ocurrió, como ya lo mencionamos, el pasado miércoles en la noche en el municipio de Puente de Ixtla, aunque no hubo ningún parte de novedades por parte de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, lo que significa que no encontraron armas ni ningún otro objeto ilícito.

Ángel García Yáñez, ahora más famoso por ser considerado “el senador preferido de la delincuencia organizada" (como lo bautizó el columnista nacional Héctor de Mauleón), tampoco presentó queja alguna en asuntos internos.

Mauleón (uno de los periodistas consentidos del ex comisionado de Seguridad Pública, Alberto Capella), publicó que el senador que llegó al cargo mediante una alianza entre PRI y Nueva Alianza, ha tenido varios episodios que lo relacionan indirectamente con “la maña”, como es el hecho de que apenas en abril pasado, fue detenido un presunto operador de la organización criminal del Frank XL que portaba una credencial metálica que lo acreditaba como asesor del senador Ángel García Yáñez.

“Yo no traigo asesores. Sólo traigo al licenciado Juan Procopio y es de Cuernavaca. Es el único que trae credencial mía pero lo acompaña con un oficio. Yo no doy credenciales”, contestó muy quitado de la pena el legislador federal cuando fue cuestionado desde aquella ocasión.

Como la columna de Mauleón no traía nada nuevo, cuando le preguntaron sobre lo publicado García Yañez sólo repitió lo que ha venido diciendo: “Que me investiguen”.

El otro encuentro hostil entre un legislador y las autoridades de Seguridad Pública ocurrió en el Congreso Local, justo el día que comparecieron el fiscal general, Uriel Carmona, y el comisionado de Seguridad Pública, Vicealmirante Antonio Ortiz Guarneros.

En la sesión de preguntas y respuestas, pidió el uso de la palabra el polémico diputado José Casas González.

“Sabemos que existe un grupo especial denominado Interceptor, el cual, por cierto, es comandado por el comandante Raúl Gómez Piloto, sobre quien existe una investigación en asuntos internos. Sin embargo, hoy usted lo pone al frente de labores operativas. Y sorprende, porque él por escrito me contestó que este elemento se encontraba suspendido. Parece que es el famoso piloto y no el vicealmirante el que manda en la Secretaría de Seguridad Pública”. (SIC).

Otra de las preguntas fue el motivo por el cual se puso al frente del C5 a Víctor Fernando Lobato Castañeda, quien es dentista de profesión.

Y finalmente Pepe Casas cuestionó al jefe de seguridad en el estado sobre la existencia de una casa a la que llaman “la casa morada”, a dos cuadras de Plaza Cuernavaca en la cual se resguardan camionetas blindadas y hasta un Ferrari.

Según la información obtenida entre los diputados (ya que la comparecencia fue a puerta cerrada), Ortíz Guarneros admitió la existencia de la “Casa Morada”, pero no supo explicar su función ni tampoco qué dependencia se encarga de su manutención.

“¿Cómo es que usted tiene tanta información señor diputado?”, le contestó el vicealmirante al diputado que llegó al cargo bajo las siglas de Morena, luego se pasó al Partido del Trabajo, y actualmente es “agente libre”, como se dice en el beisbol profesional.

Tiene razón el comisionado, pero también son muchas las interrogantes que están sin contestar. Por ejemplo, ¿Qué pasó con aquellas torres de vigilancia móviles que estaban estratégicamente repartidas en la entidad en tiempos de Capella? Muchos las recordamos solamente porque en una ocasión al subirla hicieron contacto con unos cables de alta tensión y los policías resultaron electrocutados.

Nos dicen de manera extraoficial que se encuentran arrumbadas en la Academia de Policía de Alpuyeca sin que se sepa a ciencia cierta el motivo o razón. El hecho es que costaron muchos millones de pesos para que estén sin utilizar. Si no se pueden devolver, pues que las manden a algún lado donde puedan ser de utilidad.

¿Dónde está el autobús que ponían frente a las plazas comerciales para lucimiento del comisionado Alberto Capella? Tampoco lo sabemos, pero muy pronto debemos tener la respuesta, en cuanto se dignen a contestar las respectivas solicitudes de información pública que hemos interpuesto.

HASTA MAÑANA.

 

Martes, 06 Octubre 2020 05:42

Seguro Popular, sinónimo de corrupción

Se murió el Seguro Popular. El pasado miércoles se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” se publicó el decreto mediante el cual se da por extinguido el organismo descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) y sólo existirá para efectos de liquidación. Con él se van los recuerdos de millonarias transas que —todo parece indicar— quedarán en la impunidad.

Conforme a las reformas a la Ley General de Salud, por las cuales fue eliminado el Seguro Popular y creado el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), se concedió a las entidades federativas un plazo de 180 días naturales, contados a partir del 1 de enero de 2020, para armonizar las leyes estatales.

Como parte de esta armonización, el Poder Legislativo de Morelos aprobó el decreto para la extinción del REPSS, al haber dejado de tener un objeto o fin legal para su funcionamiento.

De acuerdo con el decreto que autorizó la extinción del organismo público descentralizado, creado en diciembre de 2015, comenzará un proceso gradual de liquidación y conservará únicamente su personalidad jurídica para efectos del proceso de liquidación.

Para realizar este proceso, se instalará un Comisión Auxiliar Liquidadora, que será un órgano colegiado interinstitucional de análisis y, en su caso y excepcionalmente, de decisión, que estará integrada por las Secretarías de Hacienda, de Administración y Salud.

Será nombrado un liquidador que tendrá la tarea de continuar, hasta su conclusión, los procesos, programas y demás actos jurídicos que se encuentren en trámite; y podrá apersonarse en los juicios y procedimientos jurisdiccionales pendientes de resolución en los que el REPSS es parte.

Los bienes muebles del organismo extinto serán transferidos a la Secretaría de Administración para su reasignación, en términos de la normativa aplicable, priorizando las necesidades de la Secretaría de Salud y de sus organismos públicos descentralizados.

Respecto a las relaciones burocráticas que subsistan con el recurso humano del REPSS, serán terminadas de conformidad con la legislación de la materia, respetando sus derechos laborales.

Los recursos financieros remanentes que, en su caso, subsistieran una vez concluido el proceso de liquidación, y que formaban parte del patrimonio del REPSS, serán transferidos, previa opinión de la Comisión Auxiliar Liquidadora, a la Secretaría de Hacienda, para su reasignación correspondiente.

La base de datos del Padrón de Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, así como los archivos, consistentes en los expedientes físicos de afiliación, deberán ser entregados a la Dirección de los Servicios de Salud de Morelos, que deberá realizar el resguardo y uso, de conformidad con la normativa aplicable. Es decir, ninguna, pues la Ley General de Archivos entró en vigor el año pasado y aún no se hacen las adecuaciones necesarias para su aplicación en la entidad.

La desaparición de ese organismo le cayó “como anillo al dedo” a funcionarios que se encargaron de “inflar” el padrón de beneficiarios para acceder a los fondos federales. Hasta los muertos aparecían como vivos según me confió una ex trabajadora.

Sin embargo, el verdadero saqueo se dio en las altas esferas, a nivel de directivos. Y ahí es donde vuelve a aparecer el nombre de Joaquín Guillermo Fernández Urbán, de quien nos referimos recientemente en este mismo espacio.

Fernández Urbán (hoy exiliado en España), era el propietario de la empresa Especialidades Médicas de México, laboratorio que durante el sexenio de Sergio Estrada Cajigal Ramírez (quién diría que después se quedaría con la esposa) obtuvo dos contratos millonarios por intermediación del entonces oficial mayor Alfonso Pedroza y el director de adquisiciones, Jorge Mario Arreguí.

Dicha empresa se llevó casi 60 millones de pesos en esa operación consistente en el pago por adelantado de 40 mil “check ups” (pruebas de laboratorio), los cuales nunca se realizaron.

Según las clausulas del contrato, el gobierno estatal le entregó el dinero a Guillermo Fernández sólo con la presentación de las formas administrativas (ordenes de trabajo) mientras que el dinero que representó ese gasto se repartió entre, al menos, seis personas.

Y por si eso fuera poco, Fernández Urbán se llevó otros tantos millones por concepto de “asesoría” a través de su despacho, Fernández Azcárraga.

Todavía en agosto del 2017, la entonces secretaria de Salud, Patricia Mora González, refirió que existía un déficit por 92 millones de pesos heredado por el gobierno de Marco Adame Castillo.

A decir de la encargada de la Salud en la entidad, fue desde el inicio de gobierno entrante de Graco Ramírez que se detectó un gasto por 92 millones de pesos en medicamentos de los que la administración saliente del panista Marco Adame Castillo no entregó facturas ni comprobantes de pago a proveedores, las denuncias ante los entes fiscalizadores se interpusieron desde entonces pero después de cinco años el caso seguía "congelado".

Ahí quedará, en alguna caja de cartón en calidad de “archivo muerto”, la averiguación previa SC/2ª./695/08-01 que se inició durante la administración del médico Adame Castillo, pero que nunca fructificó porque el empresario Fernández Urbán amenazó con delatar a todos los servidores públicos involucrados en el saqueo al Seguro Popular.

Y no sólo eso: se jactaba de haber aportado varios millones de pesos a la campaña de Adame “hasta que Javier López me dijo que ya no diéramos dinero, que había llegado un ingeniero del norte de la república que iba a poner todo el dinero para el resto de la campaña”.

Ya en el poder, Marco Adame Castillo no le quiso dar contratos, lo que fue considerado por el empresario como una traición.

Con la entrada de Graco Ramírez al gobierno del estado las cosas no mejoraron para el Seguro Popular. Lo siguieron saqueando.

Angélica Ivonne Cisneros, titular del programa del Seguro Popular en el gobierno federal, aseguró el año pasado que el organismo realizaba una investigación junto con la Contraloría y el abogado general de la Secretaría de Salud por desvíos de más de 7 mil millones de pesos en ese programa en Morelos, Michoacán, Veracruz, Guerrero, Tabasco, Nayarit y Sonora, según una nota publicada en el diario Reforma.

Con Graco Ramírez uno de los directores del Seguro Popular fue el médico Alejandro Álvarez Ramírez, quien hoy se desempeña como “coordinador de crónica presidencial” con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

HASTA MAÑANA.

 

Lunes, 05 Octubre 2020 05:28

Morelos, tierra de conquista

¿Hasta antes del 2018 había usted escuchado hablar de Jorge Argüelles? Quien esto escribe no. Lo conocimos cuando trajo a Belinda a repartir víveres a Jojutla, y después lo vimos ya como diputado federal por Morelos.

Viernes, 02 Octubre 2020 05:41

Dos de octubre con Graco

“De la moda lo que te acomoda y de la historia… lo que te conviene”, esa parece ser la frase que aplicaba el gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, con respecto a la conmemoración de la matanza de estudiantes en Tlatelolco, el dos de octubre de 1968, cuyo cuadragésimo quinto aniversario luctuoso le tocó a principio de su sexenio.

Y es que el tabasqueño siempre ha utilizado en sus biografías de campaña, y en la semblanza oficial como gobernador de Morelos (www2.morelos.gob.mx), el dato de que fue “delegado de la Preparatoria 6 ante el Consejo Nacional de Huelga del Movimiento Popular Estudiantil de 1968”.

En repetidas ocasiones dice haber sido “perseguido político”; una de las últimas veces, en su discurso pronunciado el 25 de octubre del 2012 ante maestros normalistas.

Sin embargo, lo que no dice, es que su participación fue más bien como esquirol, y no como líder de la disidencia estudiantil.

Así lo dice su “biografía no autorizada” que circula en Internet:

“Durante la persecución y matanza de estudiantes en 1968, participó como esquirol de Gobierno Díazordacista, siempre se le acusó de ser la oreja del gobierno traicionando el movimiento estudiantil, por su relación y cercanía con el entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez”.

Que estuvo en el movimiento del 68, eso es innegable, pero por eso precisamente se esperaba que el dos de octubre no pasara desapercibido para un gobierno que se supone que es de izquierda.

En 2012 se entendía, Graco estaba tan eufórico con su toma de protesta, que no tenía tiempo de recordar a sus compañeros caídos en el ataque del Ejército mexicano a los jóvenes que se manifestaban en la Plaza de Tlatelolco. Pero en el 2013 sí había tiempo para preparar algo, una guardia de honor, una bandera a media asta, algo que patentizara aquello de que el “dos de octubre no se olvida”.

Pero en este caso no sólo prevaleció el olvido, sino el desaire. Nadie nos lo contó, nosotros fuimos testigos de cómo, cuándo ya se escuchaban las arengas de los estudiantes de la UAEM que venían en marcha al zócalo de Cuernavaca para buscar una entrevista con el mandatario estatal, éste se escabullía por la calle de Guerrero, obligando a los agentes de tránsito a hacer cortes de circulación para poder salir a toda velocidad en su Suburban y los otros cuatro vehículos y una motocicleta que conformaban su convoy de seguridad.

Y fue el entonces rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, el que le recordó a Graco la trascendencia de esta fecha:

“Dos de octubre no se olvida, porque no queremos que se olvide, y no queremos que se olvide porque a 45 años de esa afrenta a la juventud mexicana y a sus familias desde la soberbia intransigente del poder, queremos seguir haciendo nuestras las enseñanzas de la generación del 68”.

Desde un templete instalado en la plancha del zócalo, el Rector de la máxima casa de estudios de Morelos, criticaba así a la actual administración:

“El México del 2013 está muy distante, en muchas cosas para bien, del México de 1968, pero también y hay que decirlo con todas sus letras: el México del 2013, está aún muy próximo en muchas cosas, para mal, al México de 1968. Menciono una, la desigualdad social, caldo de cultivo de la violencia estructural que nuestro país padece, que aqueja a nuestro Estado, que corroe y corrompe el tejido social de nuestras comunidades, que nos proyecta al precipicio de la

Y remató: “Hoy en esta plaza pública denunciamos la incongruencia de un gobierno que se dice de izquierda y en los hechos le da la espalda a la máxima casa de estudio del Estado”.

Ya para esos momentos el autoritario gobernador estaba siendo avisado de la osadía del joven rector y estaba ordenando una reunión, pero no en Palacio de Gobierno, sino en la residencia oficial de la colonia Reforma, a las seis de la tarde.

Y es que la inconformidad de los estudiantes y sus autoridades, se derivó de lo que consideraron un “tendencioso dictamen de la Comisión Estatal e Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud que niega campos clínicos para los estudiantes de la licenciatura en nutrición”.

“Hoy a 45 años del 2 de octubre de 1968 la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos viene a convocar a la sociedad a que se sume a su lucha en defensa de la universidad pública ante el embate de funcionarios de este gobierno que han hipotecado el interés general en aras de privilegiar los intereses privados”, decía Vera Jiménez.

En la tarde, Alejandro Vera fue recibido por un molesto gobernador que consideró innecesario haber hecho la marcha y así se lo expresó sin ocultar su molestia.

Fiel a su costumbre, minimizó las inconformidades de los manifestantes y ordenó que se manejara un boletín al respecto.

“En las afueras de la residencia oficial, un grupo de alumnos de nutrición esperó la salida del rector Alejandro Vera, quien los sorprendió con la noticia de: “Esto ya está totalmente resuelto”, lo cual fue ovacionado por los estudiantes, quienes reconocieron la sensibilidad del gobernador Graco Ramírez para intervenir a favor de los universitarios”, decía el boletín de la Secretaría de Información y Comunicación Social del Gobierno Estatal.

Y en algunos medios afines al entonces gobernador, prácticamente se burlaron de los estudiantes que marcharon, al señalar en su nota que marcharon “confundidos”. 

Nadie imaginaba el desenlace de esa relación entre el gobernador y el rector, quienes intercambiaron acusaciones en el noticiero de Carlos Loret de Mola. No se sabe en dónde estuvo el error, pero Alejandro Vera Jiménez está al borde de la cárcel, o por lo menos en la bancarrota pues le exigen la devolución de cientos de millones de pesos.

Mientras tanto, Graco Ramírez sigue manejando mucho de lo que ocurre en el estado de Morelos, desde algún lugar, gozando de la impunidad.

HASTA EL LUNES.

 

 

Jueves, 01 Octubre 2020 05:27

Juan Jaramillo Frikas

Se fue el más rudo de los Jaramillo. Conocimos a Juan en el periódico “El Clarín” que dirigía su hermano Javier por allá a principios de los noventas, instalado en el vetusto inmueble de Atlacomulco esquina con Querétaro, junto al hotel “La Estrella”, donde también funcionaba como sede de la agrupación “Alianza de Barrios”.

Miércoles, 30 Septiembre 2020 05:05

El juicio de los 90 millones de pesos

El 13 de diciembre del 2017 se publicó en noticieros Televisa un reportaje titulado “Investigan a grupos invasores de viviendas en CDMX; adultos mayores, principales víctimas”.

El reportero Arturo Sierra entrevistó al abogado Luis Miguel Campos, quien declaró que “hay una empresa que se llama Administradora de Inmuebles Fernández, el titular se llama Joaquín Guillermo Fernández Urban, este sujeto obtiene información a través del Registro Civil, del Registro Público… y se percata que una persona mayor, de 80 años, sus hijos están en el extranjero y falsifica, obviamente con notarios que se prestan a esta circunstancia, y hacen la escritura de tu casa”.

La Procuraduría tiene conocimiento que Administradora de Inmuebles Fernández opera en Las Lomas, Lomas de Chapultepec, Polanco y colonias de la delegación Benito Juárez, agrega la nota.

Guillermo Fernández Urban es morelense —yautepequense para ser más precisos—. Actualmente está casado con Maica Borbolla, quien fuera esposa del entonces gobernador Sergio Estrada Cajigal.

Tal como lo menciona la nota de Televisa nacional, el caso del señor de 80 años no es el único en el que aparece como imputado el personaje antes mencionado. También está la carpeta de investigación JC/061/19 por el delito de fraude procesal en agravio de la empresa Oaks Leadership School, con domicilio en la ciudad de México y en contra de Joaquín Guillermo Fernández Urban.

En esa denuncia se establece que el 30 de junio de 2016 se formalizó la compraventa respecto del inmueble ubicado en Calle Explosivos sin número, Colonia Lomas Chamizal, delegación Cuajimalpa, Ciudad de México, siendo Guillermo el vendedor y Oaks Leadership la compradora

 El 2 de agosto se presentó para inscripción al Registro Público de la Propiedad, sin que hasta ese momento tuviera anotaciones preventivas, por lo que la empresa tomó posesión del predio y contrató a un velador.

Sin embargo, posteriormente apareció una demanda civil en la que otra empresa, Llanto Caf S.A. de C.V. demandaba a Fernández Urbán ante el Juzgado Cuarto Civil del Primer Distrito Judicial con sede en Cuernavaca, Morelos, bajo el número 416/2016-3 el pago de 60 millones de pesos.

Mediante escrito presentado el 15 de diciembre de 2016, a través de su apoderada, Fernández Urbán exhibió certificado de gravamen expedido por la Dirección de Acervos Registrales y Certificados del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, con respecto al inmueble con fecha de elaboración 27 de junio de 2016, en el que falsamente se asentó que existía anotación preventiva de dación en pago ante el notario uno de la Ciudad de México a favor de Organización Llanto Caf S.A. de C.V.

El 20 de enero de 2017 el Juez Cuarto Civil dictó sentencia definitiva en la que declaró procedente la acción y condenó a Joaquín Guillermo Fernández Urban a firmar las escrituras que contengan el reconocimiento de adeudo y la dación en pago a favor de la persona moral mencionada y a entregarle la posesión del inmueble objeto del juicio.

En diligencia practicada el 18 de octubre de 2017 “con lujo de violencia y en uso excesivo de la fuerza, sin respetar el contrato en virtud del cual poseía el inmueble y sin seguir las formalidades del procedimiento, en clara violación de los derechos humanos desalojaron el inmueble y lo pusieron en posesión de la empresa Llanti Caf”.

Según la empresa denunciante, Joaquín Guillermo Fernández Urbán y dos personas más, “simularon un procedimiento por la vía civil” para despojar del predio a la empresa que lo había adquirido con anterioridad.

Y es que resulta que Myriam Mar Vázquez Rizo, quien aparece como su apoderada legal de Guillermo, es al mismo tiempo secretaria del Consejo de Administración de Organización Llanti Caf S.A. de C.V.

“Por otra parte, debe advertirse que el Juez Cuarto de Cuernavaca se percató del fraude procesal que se refiere, y no obstante que mediante auto del 12 de diciembre de 2016 requirió a Joaquín Guillermo Fernández Urbán por conducto de su apoderada Myriam Mar Vázquez Rizo, para que le acreditara fehacientemente que el demandado era propietario del inmueble sobre el cual se pretendía se dictara sentencia para formalizar la supuesta dación en pago”, dice la querella.

La empresa denunciante señala también a Héctor Alonso Yonca, Mari Carmen García Hernández y Laura Helena Gasca Méndez en su carácter de registradores del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la Ciudad de México, pues desplegaron diversas conductas delictivas que ayudaron a que se ejecutara el despojo en agravio de la empresa mencionada.

La denuncia penal fue primeramente presentada en la Fiscalía de la Ciudad de México, misma que declinó competencia a favor de la Fiscalía de Morelos.

Ayer se llevó a cabo una audiencia en una de las salas de juicio oral del Penal de Atlacholoaya. Los abogados de la empresa Oaks Leadership School, encabezados por Jorge Delfín Sánchez, exigen que se lleve a cabo la audiencia de formulación de imputación contra los aquí mencionados, pues ya se ha diferido hasta en diez ocasiones, lo que demuestra lo reñido de este asunto judicial en el que está en juego una propiedad cuyo valor está calculado en 90 millones de pesos.

HASTA MAÑANA.

 

Martes, 29 Septiembre 2020 05:41

De violadores y acosadores

Primero fue el diputado Marcos Zapotitla Becerro, ahora el regidor de Derechos Humanos de Tlaltizapán, Félix Bahena Ríos. Al primero lo denunciaron por un presunto delito de violación; al segundo le interpusieron una querella por el posible ilícito de acoso sexual, en agravio de quien fuera directora de Recursos Humanos del municipio mencionado, donde apenas hace unas semanas el tesorero fue encarcelado por haber golpeado a su esposa.

De acuerdo a la denuncia que quedó radicada en la Fiscalía Regional con sede en Jojutla, el pasado 25 de septiembre hubo una visita de trabajo a la comunidad de Barranca Honda, municipio de Tlaltizapán, por lo que abordaron una camioneta de uso oficial la hoy denunciante junto con otros funcionarios de la administración que encabeza Alfredo Domínguez Mandujano.

Estando en ese lugar, mientras la víctima platicaba con otra mujer, se acercó el regidor Félix Bahena, estando cerca las ciudadanas Ángeles Figueroa, Yadira Flores Martínez y Mireya Osorio, pretextando que necesitaba información referente a la inscripción al servicio militar nacional, por lo que las mujeres antes mencionadas se adelantaron a realizar labores de faena, ya que de eso se trata el programa “Un día en tu comunidad”.

Le informó al regidor que el servicio estaba detenido por la falta de material por parte de la Sedena, a lo que el miembro del Cabildo le contestó: “Mira, con las cartillas debes ir a hablar con el sargento para que no te vayan a hacer tramitar el montón de constancias de inexistencia a los remisos. Es bien fácil, venir a sentarte a cobrar seis mil pesos sin hacer nada. De a madre: me hago pendejo y cobro”.

La mujer le hizo notar que se equivocaba, pues ya había gestionado dos capacitaciones y estaba actualizando los manuales de organización, en eso el regidor la interrumpe y le dice: “Nada se da de a gratis, te lo tienes que ganar; estarán muy chulos tus ojos, joven y de bonito cuerpo, pero uno se tiene que ganar las cosas”.

Posteriormente agregó lo siguiente: “Ponte chingona, no te quiero pendeja. A veces uno se tiene que meter al lodo para salir victorioso, pero qué rico sabe el éxito cuando lo alcanzas. Cuanta vieja pendeja hay que da las nalgas a cambio de flores, hay que ser inteligente y dárselas a la persona correcta, de todos modos es como comer plátano y limpiarse la boca, es como ir al baño y bajar la palanca”.

Refiere la denunciante que el regidor contestó una llamada y ella hizo el intento por retirarse pero le hizo señas de que se esperara, y al terminar de atender la llamada le siguió dando “consejos”:

“Ya no te acerques tanto a Mireya, ella no te va a defender; tú estás de paso, en dos o tres meses te van a correr, a los guaruras también. Nomas se va a quedar Gamarra, pero para que tú tengas información privilegiada necesitas relacionarte con todas las áreas, hacer pinches rondines y alianzas con todos los directores. Te falta visión. A ver, Mireya teniendo tanta cancha para bailar se limita a llegar a sentarse, a ella la toleran por ser la vieja del Cuananis pero a ti te van a correr fácil. Ya te dije, no te quiero pendeja, te quiero chingona, así que cuando quieras pasa a mi oficina, se trata de dejar huella cueste lo que cueste, para qué ir por ahí tirando piedras y escondiendo la mano, mejor dar lo que se tenga que dar pero que valga la pena, yo tengo muchas formas de trabajo, muchas ideas, ahí pasas el lunes a la oficina y hablamos”.

La servidora pública le comentó lo sucedido al alcalde Alfredo Domínguez Mandujano, quien le contestó: ¿Lo grabaste?, a lo que ella le mostró su teléfono celular “muerto” por falta de pila.

“Consigue una grabación y vemos qué hacemos”, le dijo y se retiró.

La víctima presentó su renuncia al cargo y también una denuncia ante el Ministerio Público por acoso sexual.

Sin embargo, no se puede esperar mucho de ese Cabildo, pues ya se tiene el antecedente de lo que ocurrió con el tesorero, Germán Rodríguez Sánchez, quien le dio una golpiza a su esposa por lo que estuvo unos días en la cárcel, pero salió bajo fianza y está yendo a firmar. Cuando abordaron el tema en Cabildo, el presidente municipal lo defendió diciendo que se trataba de un asunto personal y que debían esperar a que terminar el proceso penal. Y sigue en el cargo.

Recientemente publicamos en esta misma columna la historia del “herrero con suerte”, que sin conocimientos académicos pudo llegar hasta el máximo cargo a nivel municipal, pero lo que vino después es digno de un guión de una película de Luis Estrada, el de “La Ley de Herodes”.

Y es que, al igual que Juan Vargas (el personaje central de La Ley de Herodes), Alfredo Domínguez comenzó a gobernar con su muy peculiar estilo. Repartió los cargos entre sus amigos y compañeros de campaña sin importar si reunían los perfiles para ellos.

“Su principal error es que “Cuananis” lleva un año festejando su triunfo, y cuando decimos festejando nos referimos a verdaderas borracheras en los establecimientos de la región, con cuentas de muchos miles de pesos, y algunas veces en las propias instalaciones del Ayuntamiento.

A esas francachelas nunca faltan el tesorero German Rodríguez y el regidor priísta, Cristian Gutiérrez, quien se ha convertido en su principal aliado en el Cabildo que le ha permitido absolutamente todo.  Esas celebraciones se han trasladado hasta el vecino país del norte, a donde los funcionarios antes mencionados han ido por lo menos dos veces en el último año, o ya de menos al puerto de Acapulco”, publicamos el pasado 27 de agosto.

Cuando ocurrió la detención del tesorero, la diputada Tania Valentina “condenó actos de violencia de género por parte del tesorero del Ayuntamiento de Tlaltizapán” y pidió que fuera separado del cargo, pero después guardó un sospechoso silencio al igual que sus compañeras legisladoras.

Tampoco le importó la actitud misógina del alcalde al presidente del Partido Encuentro Social (PES), Jorge Argüelles Victorero, quien apenas unos días después del bochornoso acontecimiento, invitó a “El Cuananis” a integrarse como miembro de este partido, y el alcalde de Tlaltizapán aceptó, en un acto celebrado en suntuoso hotel del municipio de Tepoztlán.

Ciertamente el caso de Marcos Zapotitla es mucho más grave por tratarse de uno de los delitos más graves en la legislación penal, pero lo que está ocurriendo en un municipio gobernado por un “pesista” Alfredo Domínguez Mandujano debería preocupar a la dirigencia estatal pues se trata del partido en el poder.

No puede Jorge Argüelles ir recogiendo lo que van tirando los demás partidos para presentarlos ante la ciudadanía como los próximos aspirantes a cargos de elección popular. Debe ser selectivo si quiere realmente llegar con un partido fortalecido a las próximas elecciones, y tanto Zapotitla como “Cuananis” (y otro diputado con antecedentes penales) no son las personas que los votantes quisieran ver como candidatos del PES.

Luego no pregunten por qué perdieron.

HASTA MAÑANA.

 

 

Lunes, 28 Septiembre 2020 05:40

¿Qué hacer con los “Ayotzinapos”?

Casi a la medianoche del jueves 24, la quietud del autobús Futura procedente de Querétaro se vio interrumpida por cuatro sujetos embozados. Los más de 20 pasajeros —entre adultos, ancianos y niños— despertaron sobresaltados cuando se prendieron las luces y escucharon a un hombre decir: bájense todos porque nos vamos a llevar el camión.

Afuera lloviznaba y estaba oscuro, sólo se divisaban las luces de la ciudad a lo lejos. “No se espanten, no traemos armas, sólo queremos el camión para llevarlo a Ayotzinapa”, dijo otro de los sujetos que parecían muy grandes para ser estudiantes.

Las palabras del sujeto descartando la posibilidad de que fueran asaltantes, no tranquilizó mucho a los pasajeros, algunos de los cuales comenzaron a recoger sus cosas resignados a que tendrían que salir a la intemperie.  No sabían qué pasaría con sus maletas que venían en el compartimento de abajo.

De pronto, una mujer se levantó de su asiento y dijo con voz fuerte: “No, nadie se baje. Chofer, llévenos a la terminal porque nosotros pagamos un boleto de terminal a terminal, no para que nos deje a media autopista lloviendo”.

Los hombres embozados no atinaban qué hacer. Uno de ellos trató de justificar su proceder diciendo que su lucha es por la justicia y la igualdad social.

“¿Y de verdad creen que con este tipo de acciones van a conseguir el apoyo de la gente?  —contestó la dama desde el asiento número 20— aquí viene gente con niños pequeños, personas de la tercera edad. No sean inconscientes”.

Ya para ese momento algunos de los pasajeros se habían contagiado de la valentía de la mujer y la apoyaban. “¡No nos vamos a bajar!”, decían.

Como los supuestos normalistas insistían en llevarse el autobús, la mujer tomó su celular y marcó a un número que parecía ser de la Policía y comenzó a narrar lo que estaba ocurriendo. “Por favor mándenos una patrulla y que las cámaras del C5 traten de monitorear. Estamos a bordo del autobús Futura número 9618 que viene de Querétaro con destino a Cuernavaca. Sí, sobre la autopista a la altura de Chamilpa”.

Finalmente los sujetos desistieron de su intención y bajaron del autobús. No sabemos si se regresaron a Guerrero o esperaron otro autobús en el que no opusieran resistencia.

“Gracias señorita. Yo no podía hacer nada porque la empresa nos ordena no resistirnos para no poner en peligro a los pasajeros”, dijo el chofer como tratando de justificar por qué detuvo su marcha sin saber si se trataba de “activistas” o delincuentes.

La anécdota es real y ocurrió a la hora y en el lugar aquí mencionado, en el autobús 9618 de la empresa Futura. Afortunadamente no pasó a mayores, pero nos deja varios aspectos dignos de análisis.

Primero, que a seis años de la matanza de estudiantes de la Normal “Isidro Burgos”, existe el riesgo de que este crimen se quede en forma permanente como justificación para cometer delitos, tales como el secuestro de autobuses (robo de vehículo, jurídicamente hablando) y ataques a las vías de comunicación.

El segundo, que un día la gente se puede cansar, y que así como en este intento una valiente mujer se atrevió a desobedecer sus órdenes, en otra ocasión puede surgir un ciudadano armado y entonces sí quién sabe qué ocurra.

Desde nuestro particular punto de vista, lo que pasó en Guerrero el 26 de septiembre del 2014 tenía que pasar tarde o temprano. Es como si se tuviera un tanque con gasolina y un costal con juegos pirotécnicos: sólo faltaba un chispazo.

Todos o casi todos conocemos la historia de la Normal de Ayotzinapa. Forma parte del sistema de escuelas normales rurales concebidas como parte de un ambicioso plan de masificación educativa implementado por el estado mexicano a partir de la década de 1920, cuando Moisés Sáenz (1888-1941) era secretario de Educación Pública. El proyecto de las normales rurales tuvo un fuerte componente de transformación social, por lo que han sido semillero de movimientos sociales.

Dicho en otras palabras, las normales rurales son las escuelas del comunismo. De ahí salieron Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, considerados por el gobierno mexicano como líderes de la guerrilla en los años setentas.

En la ideología maoísta que muchos de ellos profesan (algunos sin conocerla a fondo), hacerse de los instrumentos para la lucha (vehículos, armas, dinero, comida) no se considera delito, y en la Normal lo practicaban de manera consuetudinaria.

De hecho, hubo un antecedente que pasó desapercibido para muchos, pero que avisaba claramente que algo peor podía pasar. El 12 de diciembre de 2011, los estudiantes normalistas bloquearon la Autopista del Sol a la altura de Chilpancingo, capital de Guerrero. El gobierno del estado, entonces en manos del perredista Ángel Aguirre, implementó un operativo para disolver el bloqueo que tenía como objetivo exigir la reanudación de clases en Ayotzinapa, pero durante el enfrentamiento murieron dos estudiantes.

En el otro extremo, el narcotráfico se iba asentando en el estado de Guerrero poco a poco hasta que se convirtió en el amo y señor, ante la incapacidad de los gobiernos. Así, los narcotraficantes pusieron a alcaldes y jefes de policía para controlar absolutamente todo.

En el caso del municipio de Iguala, se fueron a los extremos: la esposa del alcalde era parte de la familia que controlaba el trasiego de droga en esa zona. Su poder creció tanto que la pareja se llegó a creer omnipotente. 

Y en esa región de Guerrero realmente lo eran. Tenían a su servicio a la policía municipal y estatal. La Policía Federal y el Ejército, si bien no estaban a su servicio, sabían de sus actividades y las consentían.

Con esas condiciones, era “natural” que cuando el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, escuchó que un grupo de “estudiantes revoltosos” se dirigían a Iguala y le podían echar a perder el evento de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, ordenó a su policía que no los dejaran llegar “a como diera lugar”.

En esos lugares donde el narco ha sentado sus reales, es de lo más común que la Policía entregue a las personas detenidas a los sicarios, y que estos se encarguen de desaparecerlos como les pegue en gana.

Y en un país donde tradicionalmente el narco ha convivido con la autoridad, también es entendible que el gobierno de Enrique Peña Nieto haya ordenado a la PGR que encontrara unos culpables sin importar los métodos ni lo que costara.

Por eso es que Tomás Zerón (entonces director de la Agencia Federal de Investigación) se gastó cientos de miles de pesos y torturó a decenas de sicarios y policías para después encarcelarlos.

A seis años de distancia y con un gobierno de izquierda, la gran pregunta es ¿qué hacemos con el tema de los 43 de Ayotzinapa?

Suena cruel, pero ya nada hará que los 43 (hay dudas de que realmente sea esa cifra pero para efectos publicitarios así quedará) regresen con vida. Entonces el Estado tendrá que buscar la forma de reparar el daño y dar sosiego a sus deudos. Y eso, a final de cuentas, sólo se resuelve con dinero.

En el tema de la justicia ya sabemos lo que pasará: los que perseguían ahora serán perseguidos (y si regresa el PRI no descarte que se persiga a los hoy perseguidores, pero al final todos irán saliendo poco a poco. Pasará lo mismo que con la matanza del 68, con el asesinato de Colosio, con la desaparición de Rosendo Radilla, etc. Se irá diluyendo con los años hasta que ya sólo quede como un mito.

Lo que no debe pasar es que, en unos cuantos años, haya gente que siga lucrando con el tema de “los 43” y que ni siquiera sepa qué fue lo que realmente sucedió, como ocurre con la icónica foto de Ernesto “El Ché” Guevara, que a 53 años de su muerte, millones de personas la siguen usando.

HASTA MAÑANA.

 

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