La semana pasada el nuevo Órgano de Administración del Tribunal Superior de Justicia de Morelos tuvo su primera gran prueba en la que se enfrentó a las fuerzas fácticas del Poder Judicial que aprovecharon el conflicto por la falta de pago de la segunda parte del aguinaldo para demostrar “quien manda en el TSJ” para futuras negociaciones.

Y es que recordemos que el órgano creado a partir del polémico decreto 165 es mal visto por los diferentes grupos que han controlado durante años la impartición de justicia en Morelos, pues afecta sus respectivos intereses económicos y políticos. Lo que ocurrió la semana pasada es un mensaje: “a ver si es cierto que van a poder” o como dijera el expresidente AMLO: “tengan para que aprendan”.

¿Cómo no va a haber inconformidad si de un plumazo dejaron a los magistrados —incluyendo al presidente— sin facultades para nombrar o destituir a sus subordinados? Literalmente, los magistrados que se habían creído todopoderosos hoy no pueden contratar ni a su chofer.

El colmo: el OAJ se atrevió a decidir la adscripción de los propios magistrados, quienes toda la vida habían decidido el lugar en el que querían trabajar y con quienes de sus compañeros se sentían más a gusto hacerlo. Tradicionalmente el grupo en el poder se repartía los mejores lugares y dejaba a los que no tenían padrino o que venían llegando, las salas más alejadas de Cuernavaca.

En entrevista con El Guardián Mx, el magistrado presidente Juan Emilio Elizalde Figueroa, explicó que, bajo el esquema anterior, las adscripciones se resolvían “por acuerdos del pleno y mecanismos tradicionales, como voluntariedad u orden de antigüedad, pero con la reforma es el nuevo Órgano quien valida y decide los movimientos, incluso aquellos que ya se realizaron para el presente año”.

Elizalde —quien pasará a la historia como el presidente que entregó el control del Poder Judicial a los otros dos poderes— reconoció que los cambios no siempre son bien recibidos por quienes integran el Tribunal, pero sostuvo que las magistradas y magistrados deben desempeñar su función donde sean adscritos, cumpliendo sus obligaciones.

Obviamente que los magistrados no se van a quedar con los brazos cruzados, y aprovecharán cualquier error del OAJ para evidenciar a Javier García Tinoco, Humberto Paladino Valdovinos, Miguel Enrique Lucia Espejo, Yadira Crystal Casarreal Olmedo y Catalina Pimentel Mejía.

Eso fue lo que quiso hacer el influyente juez Alejandro Becerra (ex coordinador de asesores de dos presidentes del TSJ y autor de varias controversias constitucionales) quien, emberrinchado porque no le quisieron conceder una licencia temporal, el primer día de labores presentó su renuncia al cargo de juez especializado del Tribunal de Enjuiciamiento seguro de que nadie aceptaría hacerse cargo de los 40 expedientes que están pendientes de resolver.

No hubo el caos que Becerra esperaba, pues de inmediato fue sustituido por César Omar Cruz Barrera.

En este contexto, el pasado 12 de enero, fecha en que regresaron a laborar los trabajadores del Poder Judicial, comenzó a correr el rumor de que no había dinero para pagar la segunda parte del aguinaldo. “Primero nos dejaron sin fiesta de fin de año, ahora sin aguinaldo”, fue el comentario recurrente que se escuchaba en los pasillos de los juzgados.

El día 15 comenzó a circular en los grupos de WhatsApp el siguiente mensaje:

“SE CONVOCA a todo el personal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, adscrito a los nueve distritos, tres Demarcaciones y tres circuitos judiciales, así como los departamentos administrativos y auxiliares, para realizar paro de labores en todas las áreas de adscripción, derivado de la falta de pago de las diversas prestaciones laborales a las que tenemos derecho, tales como pago de aguinaldo, premio de puntualidad anual, quincena, aumento de salario desde hace más de ocho años, aunado a la falta de condiciones laborales y seguridad jurídica en el empleo que actualmente sufre la base trabajadora de ésta institución, misma que se realizará de manera pacífica de brazos caídos”.

El mensaje era anónimo. El Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial inmediatamente se deslindó de él y hasta su líder José Luis Páez, personalmente se dedicó a sugerirle a sus agremiados que no hicieran caso y volvieran a sus labores.

Horas más tarde la inconformidad ya tenía nombres y apellidos:

“Por medio del presente los que suscribimos líderes de las distintas agrupaciones de jubilados de Poder Judicial del Estado, les informamos que tomando en cuenta que hasta el día de hoy 15 de enero del año 2026, no hemos recibido el pago de nuestro AGUINALDO que por derecho nos corresponde, ni tampoco se ha realizado la actualización correspondiente de los incrementos al salario mínimo general vigente, que por año se nos debe de pagar de acuerdo a nuestro decreto de jubilación, pues a la fecha se nos adeuda el año 2025 y 2026, así como también no han sido subidos a la nómina de jubilados compañeros que recientemente se les ha emitido su decreto por Parte del Congreso del Estado, afectando considerablemente la economía de los trabajadores y de sus familias;

Ante tal situación, se CONVOCA a nuestros agremiados y en general a todos los jubilados del Poder Judicial, para manifestarnos el día LUNES 19 DE ENERO DEL AÑO 2026, a las 8:00 am., donde procederemos a Cerrar en protesta los accesos a Cuernavaca, Paloma de la Paz y el Polvorín, así como la Calle de Álvaro Obregón, que da acceso al Órgano de Administración del Poder Judicial del Estado y la Calle Leyva que da acceso a las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia en el Estado”.

Convocaron Javier Francisco Salgado Ávila, presidente de Jueces Jubilados de Morelos; Martha Elizabeth Arroyo Moreno, presidenta de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Poder Judicial Maestro “Jesús Bello Espíritu”; Elsa Claudia Becerril Pérez, presidenta de la Asociación de Jubilados y Pensionados del H. Tribunal Superior de Justicia; Patricia Guevara Álvarez, presidenta de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Poder Judicial del Estado de Morelos y Alicia Bustos Garduño, representante de un grupo de Jubilados del Poder Judicial del Estado. Todos ellos recibieron una llamada convocándolos a una reunión para este lunes a las 9 en el edificio Kronos, donde despacha el Órgano de Administración Judicial.

Organizaciones de abogados —principalmente en la zona sur— empezaron a hacer pronunciamientos de apoyo a los trabajadores del Poder Judicial, pero lo que desactivó el movimiento y canceló los bloqueos y manifestaciones fue que el dinero comenzó a caer en sus cuentas bancarias.

Sólo los miembros del OAJ saben lo que tuvieron que hacer para conseguir ese dinero que se supone estaba presupuestado desde el año pasado pero que, inexplicablemente, cuando se llegó el momento de ocuparlo ya no estaba.

HASTA MAÑANA.