Las minas a cielo abierto han generado en México una afectación profunda y multidimensional que va más allá del ámbito ambiental y alcanza lo social, lo económico y lo cultural. Este tipo de minería implica la remoción masiva de suelo y roca para extraer minerales de baja concentración, lo que provoca una transformación irreversible del paisaje, la deforestación de grandes extensiones de territorio y la destrucción de ecosistemas completos. Cerros, selvas y zonas agrícolas son convertidos en cráteres y depósitos de residuos tóxicos que permanecen activos durante décadas.

Uno de los impactos más graves es sobre el agua. La minería a cielo abierto es altamente demandante del recurso hídrico y utiliza sustancias químicas como cianuro, arsénico y mercurio, que con frecuencia contaminan mantos acuíferos, ríos y presas. En un país con estrés hídrico creciente, estas prácticas han reducido la disponibilidad de agua para consumo humano y agrícola, afectando directamente a comunidades rurales e indígenas. La contaminación del agua también tiene efectos en cadena sobre la salud pública, con aumento de enfermedades dermatológicas, gastrointestinales y, en algunos casos, padecimientos crónicos asociados a metales pesados.

También existe una afectación cultural y patrimonial. Numerosos proyectos mineros se superponen con territorios de alto valor histórico, arqueológico o simbólico, poniendo en riesgo sitios sagrados, zonas ceremoniales y formas de vida ligadas al entorno natural. En muchos casos, la minería a cielo abierto impone una lógica de uso del territorio que es incompatible con los proyectos de vida comunitarios.

En conjunto, la experiencia mexicana muestra que la minería a cielo abierto ha operado bajo un esquema de extractivismo intensivo que prioriza la rentabilidad sobre los derechos humanos y la sostenibilidad. Sus impactos no solo persisten más allá de la vida útil de las minas, sino que comprometen el futuro ambiental y social de regiones enteras, lo que ha llevado a un creciente cuestionamiento social y jurídico sobre su viabilidad y legitimidad en el país.

En el 2009 —en el sexenio del panista Felipe Calderón— el gobierno federal dio la concesión a la empresa canadiense Esperanza Silver del uso de un territorio equivalente a 695 hectáreas en los municipios de Temixco, Xochitepec y Miacatlán, con un consumo de agua anual de 760 metros cúbicos de recursos subterráneos, además de las afectaciones a la zona arqueológica de Xochicalco.

Especialistas en el tema señalaron las consecuencias que tendrían el ambiente y los habitantes de Temixco, Miacatlán y Xochitepec. La arqueóloga Silvia Garza Tarazona, del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia Morelos, advirtió que este proyecto afectaría gravemente la zona arqueológica de Xochicalco, patrimonio cultural de la humanidad, ya que el uso de explosivos para demolición del suelo pone en riesgo los túneles prehispánicos e incluso el descubrimiento de nuevos hallazgos.

En mayo del 2013, expertos coincidieron en que la mina a tajo abierto traería contaminación del aire, tierra y agua debido a la utilización de cianuro y metales pesados altamente tóxicos en el proceso de extracción de oro, afectando a más de 560 mil habitantes.

El escenario era digno de una película de terror: Los trabajadores que respiraran niveles bajos de cianuro durante varios años sufrirían dificultad para respirar, dolores del pecho, vómitos, alteraciones en la sangre, jaquecas y dilatación de la glándula tiroides. Los vapores de mercurio metálico son más nocivos, pues una mayor cantidad de esta substancia llega al cerebro.

La contaminación correría hacia los ríos de abajo y las lagunas del Rodeo y Coatetelco. Según informes de la minera, sólo en el Cerro del Jumil planeaba perforar entre tres y cinco pozos de 200 metros de profundidad, cuyo consumo promedio rondaría los l72 mil litros por hora de agua, dejando a numerosas comunidades sin aguas superficiales y subterráneas.

La producción minera de oro en El Jumil generaría de 60 a 300 empleos y 478 mil pesos al gobierno federal por derechos de explotación minera, pero la contaminación devastaría 15 hectáreas y gastaría el agua de ríos y pozos de pueblos que carecen de este elemento a veces hasta para sembrar.

A la fecha, ya se han realizado actividades de exploración minera —como estudios geológicos, construcción de socavones y perforaciones— que han generado daños e impactos ambientales en el territorio.

La fase de explotación no se ha llevado a cabo debido a que no se autorizó la Manifestación de Impacto Ambiental. Diversas instancias federales han señalado la inviabilidad del proyecto. En 2023, la SEMARNAT emitió un Dictamen Diagnóstico Socioambiental en el que concluyó que la explotación minera es inviable por los graves impactos ambientales, visuales, humanos y culturales que generaría, además de advertir que no existe suficiente agua para sostener el proyecto sin afectar gravemente la seguridad hídrica local. Ese mismo año, el INECC y la SEMARNAT alertaron que la explotación podría incrementar la presencia de arsénico y cobre en el suelo, representando un riesgo para la salud y la biodiversidad.

A pesar de estos pronunciamientos y de que en 2023 el municipio de Xochitepec se declaró territorio libre de minería, las concesiones continúan vigentes, manteniendo latente el riesgo de que el proyecto avance.

Ante este escenario, el grupo de mujeres e infancias decidió acudir a la vía jurídica e interpuso en 2025 un juicio de amparo para solicitar la cancelación de las concesiones mineras. En el proceso se argumenta que la minería, al ser una industria altamente demandante de agua, profundizará la escasez y afectará la disponibilidad, accesibilidad y calidad del recurso, violando el derecho humano al agua y a una vida digna. Asimismo, se señala que el proyecto de vida, se encuentra en riesgo frente a la devastación socioambiental que genera la minera y finalmente, se sostiene que las concesiones vulneran el derecho a la igualdad y no discriminación, al constituir una forma de racismo ambiental que expone de manera desproporcionada a la comunidad a impactos ambientales y cargas de contaminación.

Actualmente, el juicio se tramita en el Juzgado Segundo de Distrito en Morelos, donde se ha concedido una suspensión definitiva que impide la explotación minera mientras dura el proceso.

Mientras la comunidad busca ampliar la suspensión para frenar también la exploración, la Secretaría de Economía intenta anularla. El caso está ahora en manos del Segundo Tribunal Colegiado de Distrito en Morelos.

Pero supuestamente para eso la 4T puso al “nuevo Poder Judicial Federal”: para que los jueces y magistrados federales emitan fallos a favor del pueblo, y no a favor de los poderosos como Esperanza Silver.

HASTA MAÑANA.