Jesús Castillo

Jesús Castillo

Jesús Castillo García. Periodista con 30 años de trayectoria; Premio Estatal de periodismo 2010 y 2012. Premio Nacional de Periodismo 2013.

El doctor Eduardo Olvera y Sánchez es un ciudadano común que un buen día, mientras esperaba en su auto a que avanzara la fila sobre la calle empedrada de Santa Clara, colonia Acapantzingo, se hizo una pregunta ¿por qué la avenida Ruiz Cortínez no se conecta con la avenida Alta Tensión?

Seguramente muchos de nuestros lectores se han hecho la misma pregunta al circular en sus vehículos sobre la avenida Teopanzolco que después del cruce con Díaz Ordaz se llama Alta Tensión, y que repentinamente se acaba. Sí, ahí si aplica la frase de “topar con pared” pues literalmente hay una barda que impide continuar hacia abajo a pesar de que las líneas de alta tensión sí cruzan por arriba y más abajo vuelven a estar sobre otra avenida que se llama Ruiz Cortinez.

Al hacer una revisión satelital (Google Maps), el doctor Olvera se dio cuenta que hay poco más de 300 metros de una propiedad privada que impiden que estas dos importantes vías de comunicación entronquen y sea la salida perfecta hacia la autopista.

No se advierte que exista un arroyo ni barranca que pudiera ser un límite natural que obligue a las avenidas mencionadas a desviarse. Aquí si aplica al cien por ciento lo que menciona la ley sobre “expropiar por causas de utilidad pública”.

Desde entonces el doctor Eduardo Olvera ha comenzado un peregrinar por dependencias gubernamentales y tribunales federales para que alguien le conteste esa pregunta que todos nos hacemos: ¿por qué no expropian 300 metros de terreno para que la avenida Teopanzolco desemboque hasta la autopista?

Máxime cuando por arriba cruzan las líneas de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad y se supone que nadie debe construir bajo esos enormes cables.

“La norma NRF-014-CFE establece un derecho de vía de 16.7 metros en línea de transmisión de 230 kv de dos circuitos en zona urbana con estructura 2410 smp o bien 21.8 metros cuadrados si la línea de transmisión es de 400/230 kv 2/2 circuitos”, explica a este columnista.

Pero no se trata solamente del caos vial que todos los días se presenta, sino por la afectación a la salud de los habitantes de esta zona de la ciudad por la contaminación generada por los vehículos que avanzan a vuelta de rueda y el consabido ruido de los cláxones.

A la primera institución gubernamental a la que le hizo la pregunta fue a la CFE, en el 2016. Ante la falta de respuesta el ciudadano interpuso un amparo (el 668/17 del Juzgado Tercero de Distrito). “La construcción de vialidades no es facultad de esta Comisión Federal de Electricidad. Se trata de una problemática derivada de la construcción y/o continuación de vialidades de la que no tenemos competencia material ni jurídica para resolver sus pretensiones”.

“No se le estaba solicitando a la CFE en ningún momento construir una vialidad o continuarla, sino el desalojo del área a fin de poder continuar la avenida Teopanzolco. En otras palabras, es como si hipotéticamente le solicitáramos desalojar una superficie de terreno con el objeto de plantar árboles para mejorar el medio ambiente y nos contestara: la producción de árboles para la reforestación no es de su facultad”, comentó el quejoso.

Al gobierno municipal también se le hizo la misma petición, pero también contestó que quedaba fuera de sus facultades. “Esta secretaría no tiene competencia, toda vez que lo solicitado representa la afectación patrimonial de particulares que se encuentran en legítima propiedad de los inmuebles, mismos que al momento de ser constituidos no contaban con el panorama de la carga vehicular que se ha generado a la presente fecha”, le contestó el entonces secretario de Desarrollo Sustentable, Eduardo Molina Avilés.

La Ley federal de Expropiación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 1936 y señala en su artículo uno que se consideran causas de utilidad pública:

I.- El establecimiento, explotación o conservación de un servicio público;

II.- La apertura, ampliación o alineamiento de calles, la construcción de calzadas, puentes, caminos y túneles para facilitar el tránsito urbano y suburbano.

No se requiere ser un experto en urbanismo para darse cuenta que estaría totalmente justificada la expropiación de un terreno que se interpone entre una avenida de diez kilómetros y otra de unos tres kilómetros, y que lo único que las separa son 300 metros, además de que hay una franja de propiedad federal que nunca debió ocuparse.

Seguramente algunos lectores tendrán más datos sobre quién es el propietario de ese predio y el por qué la CFE no delimitó el paso de sus líneas de alta tensión. O bien, por qué el Ayuntamiento no ha promovido la expropiación de esa fracción de tierra que al parecer pertenece al Fraccionamiento “Las Quintas”.

El problema del doctor Eduardo Olvera y Sánchez es que está luchando solo contra la burocracia, con el guajiro sueño de que le harán caso, lo que no ha ocurrido hasta ahora. Todos “lo batean”.

Su demanda es totalmente válida y refleja el sentir de todos los ciudadanos, tanto residentes como todos aquellos que hacen uso de esa vialidad, pero no se ha acercado a alguna agrupación civil que esté dispuesta a hacerla suya.

Difícilmente alguna autoridad, ya sea federal, estatal o municipal, motu propio tomará la idea del doctor Olvera. El consejo que le damos es que se acerque a alguno de los personajes que ya andan moviéndose con la intención de buscar la candidatura a presidente municipal de Cuernavaca. Con suerte a alguno le interesa, aunque sólo sea para quedar bien con los futuros votantes.

Y quizás, algún día, cuando la avenida Teopanzolco desemboque en la autopista del Sol sin tener que rodear por la calle Díaz Ordaz, y que la circulación vehicular sea más fluida, alguien se acuerde que hubo un ciudadano “loco” que comenzó a preguntarle a las autoridades por qué no expropian 300 metros siguiendo la línea de alta tensión propiedad de la Comisión Federal de Electricidad.

HASTA MAÑANA.

Viernes, 28 Febrero 2020 05:31

Jueces sin título

El pasado miércoles, el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla separó del cargo al juez Alejandro León Flores del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, después de haber ejercido 30 años sin un título profesional y haber falsificado su documentación para instalarse en el cargo; también se le dio parte a la Fiscalía General del Estado por la posible comisión de delitos.

Lo interesante del caso es que dicha destitución fue como consecuencia de una investigación periodística que realizó el medio de comunicación denominado Lado B, con recursos de la Beca de Periodismo de Investigación sobre Corrupción en el Poder Judicial, lanzada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en el 2018.

Alejandro León Flores fue nombrado juez de primera instancia interino por un plazo de seis meses en julio de 1989 por el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado y desde ese momento no dejó el cargo conferido, pese a no contar con el título de abogado y la cédula profesional, documentos que son obligatorios para el cargo según la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Hace 30 años, a finales de mayo de 1989, José Refugio Alejandro León Flores presentó un examen de conocimientos ante el Poder Judicial del Estado de Puebla: buscaba obtener una plaza como juez. Llevaba ya dos años trabajando como secretario de Estudio y Cuenta en la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), a cargo de la redacción de proyectos de sentencia, y era el momento de dar el salto.

Hubo más aspirantes, pero León Flores obtuvo “las mejores calificaciones” de acuerdo con el informe que se presentó en el pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ); unos días después del examen, el 1 de julio de 1989, el TSJ acordó nombrarlo juez de primera instancia interino por un plazo de seis meses.

El propio juez reconoció que no contaba con la documentación en un escrito que envió al Consejo de la Judicatura poblano en enero de 2018, en respuesta a un procedimiento que se le inició por irregularidades en su expediente laboral (folio R16/2017) y tras los constantes cuestionamientos de LADO B que iniciaron desde finales del 2016.

Aun así, desde el día que tomó protesta, ha dictaminado en casos emblemáticos para el estado de Puebla, tanto políticos como de violencia de género, mismos que en las revisiones por tribunales federales fueron exhibidos por omisiones y deficiencias del togado que despachaba como juez penal de Cholula hasta el pasado miércoles.

En el expediente laboral que el TSJ tiene del funcionario público hay una copia fotostática de muy baja calidad de un título de “Abogado, Notario y Actuario” otorgado por la BUAP el 4 de octubre de 1990.

En el documento, cuya copia fue entregada a LADO B y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en respuesta a solicitudes de acceso a la información, se aprecian las firmas del entonces rector José Doger Corte y su secretario general Víctor Espíndola García.

Sin embargo, en respuesta a una solicitud de información (folio 00130019) la BUAP aseguró que “no se encontró registro de la expedición de Título Profesional de fecha 4 de octubre de 1990” a nombre de José Refugio Alejandro León Flores, y entregó una copia digital de un título fechado el 13 de septiembre de 2018.

Entre los ciudadanos que fueron juzgados y encarcelados por León Flores están Adán y Paul Xicale, cabezas del movimiento opositor “Cholula Viva y Digna”, que se gestó en los municipios del mismo nombre en contra de un proyecto de intervención del gobierno de Moreno Valle a la zona arqueológica de la pirámide cholulteca.

Otro de los expedientes de presos políticos cuyo caso llegó al escritorio de León Flores fue el de Rubén Sarabia Sánchez, también conocido como Simitrio, el histórico líder de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre.

Durante la gubernatura de Rafael Moreno Valle, Simitrio fue encarcelado por orden de León Flores a pesar de que existían irregularidades en su expediente. Igual que en el caso anterior, Simitrio logró su liberación cuando su proceso llegó a juzgados federales.

De acuerdo con un trabajador del TSJ —con el que se habló con la condición de reservar su nombre para evitar represalias— tras la petición de información de LADO B se percataron que la cédula era falsa, por ello el entonces presidente del Poder Judicial en el sexenio de Moreno Valle, Roberto Flores Toledano, ordenó ocultar el documento y responder diciendo que “no existía”.

Su sucesor en la presidencia del TSJ, Héctor Sánchez Sánchez, decidió impulsar una investigación por parte del Consejo de la Judicatura, misma que concluyó que, tal como lo había denunciado el medio de comunicación poblano, el juez incurrió en graves irregularidades administrativas que ameritan su destitución, y remitir el expediente a la Fiscalía para ver si se acreditan delitos.

En Morelos ocurrió algo similar en 1994, cuando el presidente del Tribunal Superior de Justicia era Jesús Bello Espíritu. El abogado Luis Barrera Urióstegui interpuso una denuncia en contra de Pedro Mancera Pérez, juez mixto de Xochitepec, quien había presentado documentación falsa para acceder al cargo.

El maestro Bello Espíritu mandó traer al juez, y le preguntó si eran ciertas las acusaciones de Barrera Urióstegui. Pedro Mancera Pérez aceptó que había mentido, pues carecía de título profesional y cédula.

“Señorita, tráigase papel y pluma que el señor va a redactar ahorita mismo una carta de renuncia”, dijo por el interfon el respetado jurista.

Y así –sin procedimiento alguno- dejó de ser juez el abogado sin título, después de haber firmado cientos de sentencias durante años.

A raíz de ese caso el Tribunal Superior de Justicia envió una circular a todos los jueces y secretarios de acuerdos para que presentaran sus títulos y cédulas. Y Barrera Urióstegui adquirió el mote de “El caza-coyotes”.

 

 

Jueves, 27 Febrero 2020 05:45

“Pagan justos por pecadores”

Tradicionalmente la Comisión Estatal del Agua (CEAGUA) ha sido una especie de “caja chica” de los gobiernos en turno, ya que las obras tendientes a proporcionar el vital líquido, o bien el tratamiento de aguas residuales, son la justificación perfecta para realizar obras que proporcionan millones de pesos en “moches”.

Lo anterior es del dominio público, pero casi nunca se puede comprobar. Y lo que es peor, que a veces, para tapar o distraer la atención mientras se realizan los grandes robos, los propios funcionarios inventan denuncias contra los servidores públicos de los niveles más inferiores, haciendo realidad aquella máxima de que “el hilo siempre se rompe por lo más delgado”.

Hoy queremos presentarle el caso del ingeniero José Luis Gallardo Villagómez, supervisor de obra adscrito a la CEAGUA, quien acaba de obtener una sentencia absolutoria en un procedimiento administrativo que le mandó fincar el entonces titular de la dependencia, Juan Carlos Valencia Vargas, pero aplicando el criterio de “primero te corro y después veo si eres culpable”.

Todo comenzó el 28 de agosto del 2017, cuando la Secretaría de la Contraloría dio cuenta con el oficio número CEAGUA/CO/DENUNCIA/006/2017 signado por el contador público Jesús Urióstegui Beltrán, Comisario Público de la Comisión Estatal del Agua, mediante el cual presentó formal denuncia en contra de los ciudadanos Arturo Barrientos Orozco, en su carácter de supervisor de Obra; Juan Carlos Chevez Labastida, en su carácter de ex subdirector de operación y mantenimiento; Daniel Rodríguez Flores Samayoa, en su carácter de supervisor de obra al igual que José Luis Gallardo Villagómez.

A todos ellos se les imputaron hechos sancionados por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en la obra denominada “Proyecto, Construcción y Puesta en Marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Tequesquitengo”, a ejecutarse en la localidad del mismo nombre, municipio de Jojutla.

En el caso particular de José Luis Gallardo Villagomez, se le acusaba de que “al revisar la bitácora electrónica de obra pública (BEOP) correspondiente a la citada obra, “se advirtió que el ingeniero José Luis Gallardo Villagómez, en su carácter de residente de la obra –cargo que desempeñó a partir del 9 de febrero del 2015, no registró en la mencionada bitácora la autorización de la estimación dos y tres, misma que se encuentra expresa en el reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios.

Agrega la denuncia que “el incumplimiento del registro de las estimaciones tuvo como consecuencia una deficiencia en el control y registro en la autorización de pagos de la obra, así como en la transparencia de los mismos”.

Sin embargo, al contestar la denuncia en su contra, el ingeniero Gallardo Villagómez admitió que efectivamente no registró en la bitácora electrónica la autorización correspondiente de las estimaciones número dos  y tres relativas a la obra con número de contrato MOR-CEAPDS-2014-OP- PROTAR/FAFEF-152, en las fechas 09 de abril y 29 de mayo del 2015, pero aseguró que dicha circunstancia “no me es imputable a mi persona”.

Explicó que a partir de la fecha en que fue asignado en el cargo de residente de obra, “me aboqué a realizar el trabajo encomendado, siendo el caso que en la fecha de la asignación de la residencia de la obra y al revisar la bitácora electrónica pude percatarme que la misma con fecha nueve de febrero del 2015  -fecha de mi asignación- había sido cerrada por parte del ingeniero de nombre Daniel Rodríguez Flores Samayoa, quien fungió como residente de supervisión de obra que me antecedió, ignorando el suscrito el motivo por el cual haya determinado el cierre de la misma, pues al revisar el expediente relativo al proyecto pude percatarme que existían trabajos pendientes por practicar, lo cual me impidió actuar o realizar los registros correspondientes a dichos trabajos, pues el acceso era imposible, ya que el programa creado para dicho efecto me lo impide”, afirmó en su contestación.

“Se hace la aclaración técnica, en relación al periodo de ejecución del 01 de diciembre del año 2014 al 08 de abril del 2015, correspondiente a la estimación número dos (…) se da trámite a ésta, por lo que la empresa denominada DAEN S.A. de C.V. por conducto de su apoderado legal, como responsable de la ejecución del proyecto, hace entrega de la estimación mencionada con fecha nueve de abril del 2015 al ing. Daniel Alberto Arámbula, director general de saneamiento y operación para su revisión y autorización respectiva, quien al dar respuesta por escrito a lo solicitado en el oficio número DGSyO/175/2015 de fecha nueve de abril del 2015, le informa que es aprobada y autorizada la estimación correspondiente, tal y como se advierte de los oficios que en copia simple exhibo”.

Con base en lo anterior, el director general de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal, emitió una resolución que a la letra dice:

“En tal tesitura, de las consideraciones vertidas a lo largo del presente considerando y el que antecede, permiten a esta autoridad concluir que NO es procedente el fincamiento de responsabilidad administrativa en contra del ciudadano José Luis Gallardo Villagómez. Asimismo, permiten concluir a esta autoridad que es procedente el fincamiento de responsabilidad administrativa en contra de los ciudadanos Daniel Rodrigo Flores Samayoa, Arturo Barrientos Orozco y Juan Carlos Chevez Labastida”.

No omitimos mencionar que la sanción impuesta a los tres funcionarios antes mencionados es de risa: suspensión de su cargo por dos meses.

Sin embargo, el problema es que al ingeniero Gallardo Villagómez lo despidieron desde el momento mismo que se inició el procedimiento administrativo, violando flagrantemente su derecho a la presunción de inocencia.

Hoy, con toda razón,  el ingeniero Gallardo Villagómez está exigiendo su reinstalación en el cargo que ya no encabeza Juan Carlos Valencia, sino Moisés Agosto Ulloa.

¿Qué sucedió realmente en ese caso en el que pretendieron involucrar al ingeniero Gallardo Villagómez? ¿Cuántos actos de corrupción se habrán hecho al amparo de este tipo de distractores? 

Eso quizás nunca lo sepamos.

HASTA MAÑANA.

 

Miércoles, 26 Febrero 2020 05:27

Hugo Eric, el anti-político

Antipatía: “sentimiento, generalmente instintivo, de repulsa o rechazo hacia una persona o hacia su actitud o comportamiento, que provoca encontrar desagradable su presencia, no desear que las cosas le salgan bien” (Deconceptos.com).

Hugo Eric Flores es el más claro ejemplo de lo que es un hombre antipático. Y esa característica no sería mayor problema si fuera un acaudalado empresario o un astronauta, pero es un político, o más bien, un anti-político.

En tres ocasiones lo hemos visto en actos públicos y su comportamiento ha sido el mismo. Llega tarde, no saluda a nadie y se sienta en un rincón poniendo una cara de “a ver a qué horas te das cuenta de mi presencia y me pides que suba al presídium”.

El primer evento en el que advertimos de su presencia fue el 12 de diciembre del 2018, cuando el gobernador Cuauhtémoc Blanco acudió a la misa que los trabajadores del Palacio de Gobierno organizaron en la planta baja del edificio.

Nos dio curiosidad saber qué actitud tomaría el ministro de culto de una organización religiosa (evangélica) al ver al mandatario estatal y casi todo su gabinete en una misa a la virgen de Guadalupe. Subió las escaleras lentamente mirando bajo el hombro a la muchedumbre que cantaba alabanzas a la guadalupana.

La otra ocasión fue en una conferencia de prensa en el C5 a raíz del conflicto entre policías estatales y la municipal de Cuautla. Fue incluido en el presídium porque después de la conferencia tendrían una reunión sobre seguridad (que nunca he entendido por qué asiste un delegado de programas sociales a una reunión en la que nada tiene que ver).

Y la última fue el pasado 29 de enero, cuando autoridades de los tres niveles de gobierno reinauguraron las instalaciones del Ministerio Público en el Municipio de Yautepec (la primera vez fue con el procurador Francisco Coronato Rodríguez).  Para variar llegó tarde, y metió en un predicamento a los organizadores porque tuvieron que hacerle un espacio a un lado del fiscal Uriel Carmona.

Ayer volvió a ser noticia. La primera vez fue cuando se aventó la declaración de que “Morelos es violento pero no inseguro”. Luego apareció a nivel nacional cuando en una reunión en la que pensaba que nadie estaba grabando, aseguró que el presidente López Obrador le confió que no está contento con su partido y que si siguen igual se va a salir de Morena y les va a exigir que le quiten el nombre.

En su edición de ayer, el periódico Excélsior publicó que “alegando respeto a sus derechos propagandísticos, superdelegados de programas federales en los estados buscan que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) les retire sanciones por promoción personalizada y les permita el libre ejercicio de recursos públicos y la divulgación de logros gubernamentales”.

Explica el rotativo que mediante 39 impugnaciones presentadas ante la Sala Superior del máximo tribunal en materia electoral, los funcionarios buscan echar atrás el fallo de la Sala Regional Especializada del propio TEPJF, que determinó que los “superdelegados” y los funcionarios de la Secretaría de Bienestar incurrieron en propaganda gubernamental, con elementos de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos y de la imagen del jefe del Ejecutivo.

Las impugnaciones provienen de funcionarios federales de 24 estados. Entre los superdelegados que las promovieron destacan Reyes Flores Hurtado, de Coahuila; Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, de Guerrero; Roberto Pantoja Arzola, de Michoacán; Hugo Eric Flores Cervantes, de Morelos; Rodrigo Abdalá Dartigues, de Puebla; Lorena Cuéllar Cisneros, de Tlaxcala; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de Veracruz, y Joaquín Jesús Díaz, de Yucatán, “quienes suenan como posibles aspirantes a las gubernaturas de sus estados” (que no es el caso de Hugo Eric Flores).

En la Sala Superior del máximo tribunal en materia electoral se registraron 39 recursos de impugnación en contra de la resolución que emitió la Sala Regional Especializada del propio Tribunal Electoral, que determinó que los superdelegados y los funcionarios de la Secretaría de Bienestar incurrieron en propaganda gubernamental, con elementos de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, así como el uso indebido de la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador y la mención de logros cumplidos en diversas frases.

En la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón están concentrados los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador de los funcionarios federales sancionados por incurrir en violaciones al artículo 134 constitucional, que establece el uso imparcial de los recursos públicos y prohíbe la promoción personalizada de los servidores públicos.

Ahora, los superdelegados del gobierno federal en los estados, así como los subdelegados, los asignados como funcionarios regionales y los servidores de la nación tienen registradas sus impugnaciones para que desde la Sala Superior se resuelva no sólo que no sean sancionados, sino que puedan ejercer libremente la distribución de los recursos y la promoción de logros gubernamentales, principalmente en el contexto de los próximos procesos electorales.

Y en la búsqueda de información sobre Eric Flores en la red de redes nos encontramos una verdadera joya:

Es una declaración del presidente del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México (PRD-CDMX), Raúl Flores, en el 2017, cuando la alianza Morena-PES era solamente una broma de mal gusto.

“Lo que tenemos con este nuevo acuerdo político de Morena con el partido de Hugo Eric Flores Cervantes es la unión de un partido cuasi religioso con uno confesional como Encuentro Social, que al igual que el partido de López Obrador fue impugnador de la Constitución de la CDMX por ser el pacto social progresista y de más avanzada de todo el país. Ambos crean un frente oscuro y de secta muy riesgoso, pues tiene como objetivo meter reversa y someter a consulta los derechos humanos y las libertades civiles que hoy, después de años de lucha, son plenamente reconocidos y protegidos en nuestra ciudad”.

Y luego viene la anécdota:

“…durante su paso como asambleísta constituyente, Hugo Eric Flores propuso regresar a la denominación de Distrito Federal para nombrar a la capital del país y no Ciudad de México, asegurando que las siglas CDMX eran “de Satanás”, pues según él y sus supuestas cuentas matemáticas hechas con dicha abreviatura, las letras CDMX están estrechamente vinculadas con el número 666, supuestamente satánico o del Diablo”.

HASTA MAÑANA.

 

Martes, 25 Febrero 2020 05:36

La justicia tarda, pero llega

“Que en términos de lo expuesto en el cuerpo de esta determinación se imponen a José Guadalupe Orizaga y Guerra y Edwin Raziel Aguilar Guerrero las penas de treinta y ocho años de prisión, doscientos días de multa, destitución e inhabilitación por cuatro años para el desempeño de cualquier cargo empleo o comisión públicos”, escucharon estupefactos los dos oficiales del Ejército Mexicano. Era el 13 de febrero del 2020, casi 9 años después de que ocurrieron los hechos.

Fue la resolución final del magistrado federal Mario Roberto Cantú Barajas al resolver la apelación que presentó el abogado Cipriano Sotelo Salgado contra la sentencia del Juez Quinto de Distrito que los había condenado únicamente a 13 años de prisión por los delitos de Homicidio Calificado, Tortura y Desaparición Forzada de Persona, en agravio de quien en vida llevara el nombre de Jethro Ramsses Sánchez Santana.

La noche del primero de mayo de 2011, elementos de la Policía Federal Preventiva se comunicaron al 21° Batallón de infantería, para informar que  habían detenido a un civil de nombre Jethro Ramsses Sánchez Santana, quien manifestaba pertenecer a una organización delictiva, motivo por el cual salió el teniente de infantería Guerra, con la fuerza de reacción del batallón; acompañado por el teniente de infantería Albañil y el subteniente sub-ayudante de la unidad Aguilar, cada uno de ellos llevaba una camioneta oficial.

Minutos después regresó el personal militar a la unidad, pero en esta ocasión traían al civil, al que trasladaron a la carpintería de la unidad, lugar que con frecuencia utilizan para interrogar a las personas detenidas e involucradas con la delincuencia organizada.

En el interrogatorio participaron  las tres personas que acudieron al llamado y trasladaron al civil al 21° Batallón, así como un tercer teniente de apellido Legorreta,  quienes le propinaron golpes severos que le ocasionaron su muerte  instantánea, aún y cuando un soldado de sanidad le brindó los primeros auxilios nada se pudo hacer al respecto.

En razón de lo anterior, los implicados decidieron trasladar el cuerpo sin vida del civil a bordo de una unidad oficial a un predio externo, donde al final lo inhumaron clandestinamente.

Edwin Raziel Aguilar, con grado de subteniente, narró así lo sucedido:

“El primero de mayo del año en curso yo estaba en servicio en la fuerza de reacción del Vigésimo primer Batallón de infantería con el teniente Albañil, cuando fuimos enterados que debíamos acompañar al teniente Guerra a las instalaciones de la  feria de Cuernavaca, porque había recibido una llamada de la Policía Federal de que al parecer había sido detenidas dos personas ligadas a la delincuencia, por ello solicitaban nuestro apoyo para prevenir alguna eventualidad mayor, así que nos fuimos.

“Al llegar vimos a personal de la Policía Federal que tenía a dos personas que estaban  arrodilladas entre  camionetas de la Policía federal y una malla ciclónica, entonces el teniente Guerra me pide que forme un dispositivo de seguridad  y fue así como los policías federales le entregaron al teniente  Guerra a los civiles detenidos, los subieron a las camionetas que llevábamos, uno de ellos a una y otro a otra unidad.

“Nos tardamos como cuarenta minutos en llegar al Veintiún Batallón de infantería. Al llegar trasladamos a uno de ellos al taller de herrería que se ubica junto al taller de carpintería, el otro joven se quedó afuera en la otra camioneta. Yo no ingresé al taller de herrería  me quedé también afuera.

“Al poco rato  llegó el teniente Albañil con ese civil del taller de herrería  y de pronto se comenzó a desvanecer, entonces le hablaron a un cabo de sanidad para reanimarlo, pero no pudieron. El teniente Guerra le pidió a todos que se fueran  solo nos quedamos el teniente Guerra, Albañil y yo. 

En su declaración ministerial el teniente Guerra narró lo mismo que su subordinado, pero agregó que al darse cuenta que el detenido estaba muerto “fui a buscar a mi Coronel Arias para darle parte de lo sucedido por lo cual movió su cabeza en sentido negativo y se fue caminando rumbo a la comandancia, diciéndome ´tíralo´”.

Según el subteniente Aguilar, “se llamó a tres oficiales y subimos el cuerpo de ese civil a la camioneta y Albañil se subió al volante y salió del batallón con rumbo hacia el norte, manejó  más de una hora y se salió a un terreno boscoso, paró la unidad  y el teniente Guerra nos indicó un lugar  y los oficiales y yo comenzamos a cavar un hoyo como a un metro o metro y medio de hondo y como un metro con setenta centímetros de largo,  con un pico y una pala entre los tres oficiales, e intercambiábamos las herramientas y nos alumbrábamos con una pala, ahí depositamos el cuerpo de ese civil”.

De todo ello tuvo conocimiento el coronel José Guadalupe Arias Agredano, jefe del batallón, y también el general Leopoldo Díaz López, jefe de la Zona Militar número 24, pero ambos dijeron no saber nada del muchacho, mintiéndoles a los jueces de Distrito que pidieron informes vía amparo, y a toda la gente que se manifestó exigiendo que apareciera el joven Jetrho.

Después de meses de tocar puertas, Cipriano Sotelo y el padre de Jetrho lograron que desde la presidencia de la República les quitaran el velo de impunidad que los cubría durante el sexenio de Felipe Calderón y los militares comenzaron a caer uno por uno.

Primero fueron el teniente Guerra y el subteniente Aguilar, luego el coronel Arias, el teniente Legorreta y finalmente, el general Díaz Pérez, quien después de ser casi omnipotente en Morelos, fue despedido y se deslizaba entre las sombras para no ser visto cuando acudía a firmar cada mes al Juzgado Primero de Distrito donde finalmente fue exonerado del delito de encubrimiento.

Al final se volvió a confirmar que “el hilo se rompe por lo más delgado”, pues en este caso fueron los de menor rango los que alcanzaron la pena mayor: 38 años de prisión. En tanto que el coronel Arias permanecerá 13 años y 9 meses en el Campo Militar número uno de la Ciudad de México.

Sigue pendiente la reparación del daño por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, misma que no debe ser menor a los 20 millones de pesos.

Con ello no se repara en nada el dolor de haber perdido a un hijo, pero sirve como ejemplo de que la impunidad no es para siempre, y que la justicia tarda, pero un día llega.  

HASTA MAÑANA.

 

 

 

 

 

 

Lunes, 24 Febrero 2020 05:30

No fue un montaje

De no haber estado tan cerca de los acontecimientos, también habríamos creído –como algunos, incluyendo gente del gremio- que la privación ilegal de la libertad e inmediato rescate del periodista Adrián Fernández fue un “montaje” orquestado por el gobierno para contrarrestar el malestar ciudadano por la inseguridad pública.

Pero después de haber hablado con varios de los protagonistas de este caso, arribamos a la conclusión de que se juntaron diversas circunstancias que hicieron posible su rescate con vida, lo que ocurre en un bajísimo porcentaje de los secuestros perpetrados en esta entidad.

Ya el propio Adrián Fernández Guerra (empresario y editor de la Revista Perfil desde hace alrededor de 20 años) narró a algunos medios cómo fue su “levantón”. Fue el miércoles 19 de febrero cuando celebraba su cumpleaños en el restaurante bar “México Lindo”, que llegó un comando armado a bordo de dos camionetas.

Lamentablemente, el primero que se interpuso en su camino fue el valet parking, un joven de 25 años al que le dispararon a quemarropa. El sonido de los disparos hace que todos se tiren al piso, incluso se meten bajo las mesas.

“Lo matan, todos nos metemos abajo de la mesa y llegan preguntando quién es Adrián, quién es Adrián y ellos mismos dicen es él, jálalo, me jalan, me llevan a rastras, jalando todo de las piernas, hasta las escaleras, me meten en los vehículos”, narró la víctima.

Inexplicablemente, comenzó a circular en redes la versión de que su cuerpo había sido tirado en el puente del pollo, luego en Lomas de Ahuatlán. No había tal. Quizás esos mensajes hayan sido lanzados por los propios secuestradores para limpiar su huida hacia (hoy lo sabemos) Jiutepec.

La verdad es que, en un estado donde hay seis o siete ejecuciones diarias y todos los levantones terminan en homicidio, ya no contábamos al amigo Adrián. Algunas personas hasta esquela le publicaron en sus muros de Facebook.

En el gremio había diversidad de reacciones. Algunos pensábamos que debíamos aplicar la regla de no publicar nada de un secuestro para no poner en riesgo la vida de la víctima, pero otros consideraban que si no comenzábamos a hacer ruido, las autoridades no actuarían.

Al otro día muy temprano recibí la llamada de un veterano comandante de la Policía, amigo de Adrián. Me confirmó que no habían hablado para pedir rescate “ni creo que hablen, esto no es un secuestro normal, pero si no hacemos ruido la autoridad no va a actuar”.

Le comenté que necesitábamos la autorización de la familia. Minutos después me habló Yesenia, la esposa de Adrián, desesperada porque no había noticias. “Sube un mensaje en tus redes solicitando ayuda del gremio y yo lo replico”, le ofrecí.

El gremio periodístico respondió solidario como siempre. Aunque no haya un Mecanismo de Protección para Periodistas legalmente constituido, y que el liderazgo de los comunicadores se lo disputen varios grupos, cuando hay una emergencia sí somos unidos.

Corresponsales de medios nacionales entrevistaron a la esposa después de salir de su encuentro con el fiscal Uriel Carmona. Esther Martínez leyó un manifiesto en el Zócalo que luego entregó en la oficina del gobernador. Otra asociación hizo su propio comunicado condenando el hecho, y la sociedad en general comenzó a replicar en redes sociales la petición de ayuda.

La noticia de que habían encontrado un cadáver destazado en la colonia Montessori hacía más dramática la espera. “Ya llegó el doctor Nava, director de Servicios Periciales, esto es mala señal”, reportaba un compañero de nota roja desde el lugar de los hechos. “No es”, aclaraba más tarde para alivio de todos.

Tuvimos que volver a nuestras labores diarias. Fue hasta las 17 horas que comenzó el intercambio de mensajes. Varios tuiteros daban a conocer que Adrián había sido rescatado, pero no había pruebas de ello. Fue hasta las 6 de la tarde que comenzaron a llegar las primeras fotos y luego el video del feliz reencuentro de Adrián con su familia.

Y hasta los que primero estaban usando la “muerte” de Adrián para reclamar al gobierno, ahora estaban indignados por “el montaje” de su rescate. Si hubiese sido un montaje, no serían tan reales las heridas que la víctima trae en la cabeza.

Información obtenida por este columnista refiere que fue una llamada anónima (seguramente proveniente de un grupo antagónico al que lo secuestró) la que alertó a la Policía sobre el lugar donde mantenían privado de su libertad al periodista.

Para corroborar, un grupo de agentes antisecuestros acudieron al domicilio vestidos de civil. “Es un fraccionamiento con una caseta de vigilancia en la entrada y la primera casa es donde lo tenían. Uno de los secuestradores estaba platicando con el guardia de seguridad, y por su comportamiento se delató solito cuando nos vio. Luego salió otro al que reconocimos porque ya lo teníamos investigado por otros asuntos. También nos percatamos de que ahí estaba la camioneta blanca donde se habían llevado a la víctima, así que informamos a los superiores y mandaron el apoyo”, narró un agente.

Una camioneta blindada se encargó de tirar la puerta y abrir paso a los agentes de la UECS. La mayoría de los sicarios estaban descansando en colchonetas en la planta baja de la casa, pero algunos de ellos sí estaban armados y dispararon, aunque finalmente cedieron al verse superados.

Uno de los sujetos alcanzó a saltar una barda y se escabulló entre las azoteas. Pero para esos momentos efectivos de la Guardia Nacional ya habían montado un perímetro de seguridad y fue hallado sentado en la banqueta de un fraccionamiento contiguo.

Así que les podemos asegurar que no fue montaje, aunque faltan muchas preguntas por responder y que se aclararán a medida que avancen las investigaciones.

Lo importante es que un ser humano está de nuevo con sus seres queridos. Volvió a nacer y ahora tendrá que valorar más a su familia.

Lo malo es que sí hay una víctima mortal en este asunto. Se llamaba Jorge Eduardo Diego Durán, de apenas 25 años, habitante de Huitzilac. Deja desamparados a su esposa y a una hija de cinco meses.

Se supone que entre los 10 detenidos por el secuestro de Adrián debe estar el que le disparó al acomodador de autos, así que si la Fiscalía hace bien su trabajo, seguramente tendrá la justicia que hoy mucha gente reclama para que no se diga que hay ciudadanos de primera y segunda.

Legalmente no hay responsabilidad del restaurant ya que el homicidio ocurrió afuera y él estaba contratado por una empresa externa de valet parking. Conste que dije “legalmente”, porque moralmente Emilio Franco y Adrián Fernández considero que deberían apoyar a la familia del joven.

HASTA MAÑANA.

 

Viernes, 21 Febrero 2020 05:35

Gramática del horror

En México, el horror se ha vuelto una categoría de análisis. Esa es la conclusión a la que llega Rossana Reguillo, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de la Ciudad de México, en su trabajo de análisis denominado Caligrafía y Gramática del Terror.

Explica que entre septiembre y octubre de 2011 al terror de las llamadas “narcofosas”, al espanto de los cuerpos arrojados a la vía pública en Veracruz, se sumó el horror de los cuerpos de dos jóvenes torturados y luego colgados en un puente en Nuevo Laredo, Tamaulipas —ella como si fuera ganado, él sostenido de sus brazos—, y dos semanas después la “aparición” del cuerpo desmembrado de una periodista y su cabeza colocada en una maceta en performance macabro, acompañada de un teclado, un mouse, audífonos y altavoces. Estos dos últimos “casos” implicaron la advertencia explícita de que eso “les pasa” a quienes usan las redes sociales e internet para divulgar noticias o información que compromete las actividades del crimen organizado.

“Frente a estas violencias, el lenguaje naufraga, se agota en el mismo acto de intentar producir una explicación, una razón. Las violencias en el país hacen colapsar nuestros sistemas interpretativos, pero al mismo tiempo estos cuerpos rotos, vulnerados, violentados, destrozados con saña, se convierten en un mensaje claro: acallar y someter”, agrega.

Señala que las violencias contemporáneas, las masacres, los desmembramientos, las decapitaciones, la destrucción de los cuerpos, comparten una cuestión de fondo: la desfiguración del cadáver va más allá del acto de quitar una vida, es una violencia que no se contenta con matar “porque sería demasiado poco” y al destruir de ese modo el cuerpo singular, constituye el acto total del fin no de la vida, sino de la condición humana.

“Ésa, me parece, es la gramática de las violencias en México: que pone al centro una relación ontológica entre la muerte violenta —lo universal— y el cuerpo desmembrado y roto —lo particular—. Sobre esa clave interpretativa, antes de leer a Cavarero, me pareció que debía descifrarse la sucesión de cuerpos, cabezas, tórax, lenguas y genitales que las violencias vinculadas al narcotráfico esparcían por la geografía nacional. Llamé a mis primeras aproximaciones al tema “Cuando morir no es suficiente”, una formulación a la que arribé por medio de dos vías distintas pero complementarias”, explica la experta.

La primera se vincula a la ejecución —no puede llamarse de otra manera— de Arturo Beltrán Leyva en la ciudad de Cuernavaca el 16 de diciembre de 2009. En medio de un fuerte dispositivo militar comandado por un cuerpo de elite de la Marina de México, es asesinado el líder del Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva, que se hacía llamar a sí mismo “Jefe de Jefes”. Su cuerpo, acribillado, con un hombro y una muñeca desprendidos, fue exhibido en fotografías impactantes, brutales, atroces, de amplia circulación: a su cuerpo semidesnudo y ensangrentado se le colocaron billetes —pesos y dólares—, rosarios, un santo y otros elementos religiosos.

La Marina niega que sus elementos hayan preparado este macabro performance para mostrar el cuerpo. Pero más allá de las discusiones sobre cómo en un operativo de altísima seguridad algún fotógrafo “espontáneo” pudo preparar el cuerpo para exhibirlo de esta manera, resulta relevante la pregunta en torno a la “representación” de esta muerte en singular y el reconocimiento que la imagen produce.

“En este caso, no basta abatir al delincuente, es necesario exhibirlo despojado de su condición humana. Lo grave de este performance es la indicación de que el Estado, en su llamada “guerra” contra el narco, adopta la misma caligrafía del adversario: inscribir las huellas de su poder total sobre los cuerpos ya muertos, infligir al cadáver la violencia de su poderío y exaltar la vulnerabilidad”, considera.

Sin embargo, cabe recordar que, de acuerdo a la versión de la entonces Procuraduría, el poner los objetos que le encontraron en sus bolsillos sobre el cuerpo, es una “costumbre” entre los peritos morelenses (varios de los cuales tuvieron que ausentarse por meses por temer a represalias).

Continuando con el trabajo de Rosanna Reguillo, ella dice que la destrucción y desmembramiento del cuerpo del adversario introduce en estos códigos guerreros el excedente de sentido: el terror, el horror que penetra la escena de la muerte. Es lo que Cavarero llama “la vulnerabilidad del inerme”.

“Durante mi investigación en torno a las violencias vinculadas al narcotráfico y de manera especial respecto de su relación con los universos juveniles en el país, tanto a partir de los pocos datos duros que circulan de manera oficial como por medio de mi trabajo etnográfico, he podido constatar la participación de jóvenes —cada vez más jóvenes— en la espiral de violencias en la que cada acto parece ser el definitivo, el más brutal”.

La investigadora cita como ejemplo la masacre de 16 jovencitos en Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, el 31 de enero de 2010, cuando ella creyó que el horror había alcanzado un límite intolerable, no podía haber nada peor. Pero poco después, el 22 de octubre del mismo año, la sangre volvió a inundar un barrio popular en Ciudad Juárez con la ejecución de 14 personas, jóvenes la mayoría, y 19 heridos de gravedad. Dos días más tarde, el 24 de octubre, 13 jóvenes fueron masacrados en un centro de rehabilitación para adictos en Tijuana, Baja California; el 28 de octubre, 16 jóvenes fueron asesinados en un autolavado en Tepic, Nayarit, y al día siguiente, el 29 de octubre, siete jóvenes murieron a manos de un comando armado en Tepito, en la ciudad de México.

A la ejecución sistemática y brutal de jóvenes se sumó el “espasmo doloroso” por la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, y la sucesión de noticias terribles sobre las “narcofosas” que acabó de configurar la escena siniestra del México contemporáneo.

La investigadora termina con una cita atribuida al escritor Michael Lowry:

“El dispositivo no existe ahí para ejecutar al hombre, sino que éste está precisamente ahí por el dispositivo, para proveer un cuerpo sobre el cual pueda escribir su obra maestra estética, su registro ilustrado sangriento lleno de florilegios y adornos. El propio oficial no es más que un criado de la Máquina”.

HASTA EL LUNES.

 

Jueves, 20 Febrero 2020 05:39

El alcalde

Para no generar suspicacias, al personaje de la presente columna vamos a ponerle Juan Hernández Hernández (según el Inegi, el nombre más repetido en las actas de nacimiento de México). Juan es presidente municipal de San Miguel (el nombre de municipio más repetido en el país).

Llegar a ese puesto no fue tan difícil. Un tío abuelo y su papá ya ocuparon la alcaldía de San Miguel en algún momento de la historia, así que Juan sabía que tarde o temprano se sentaría en esa misma silla, aunque no por el mismo partido.

El tío abuelo era descendiente de revolucionarios, así que forzosamente tenía que ser del PRI. Su padre siempre fue cardenista (votó por Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, cuando “se cayó el sistema”) pero se dio cuenta que en el perredismo no había futuro, así que se cambió al Partido Acción Nacional justo antes de la “ola azul”. Juan era un muchacho cuando don Vicente Fox visitó el pueblo pidiendo el voto sobre las ancas de un caballo que su padre le proporcionó.

Era fácil ser panista. Era casi lo mismo que ser machista como tradicionalmente había sido la familia Hernández. Las mujeres debían vestirse con falda debajo de la rodilla so pena de ser mal vistas. Ya cuando se casaban tenían que cuidar a los hijos (todos los que Dios les diera) y sólo salían los domingos a misa en la Iglesia del pueblo.

Juan, como todo buen “mancebo”, vestía camisa a cuadros, pantalón de mezclilla y su sombrero tipo “Tejana”, y acompañaba a su papá a los eventos del partido.

Aunque la familia siempre había sido de dinero (caciques, les llaman), don Juan vio la conveniencia de que su hijo Juan estudiara una carrera profesional, con la idea de que cuando ocupara el cargo de presidente municipal de San Miguel pudiera firmar como “Lic.”, y no como “Ciudadano”, así que lo mandó a la capital del estado a estudiar la prepa y luego la carrera de Derecho.

Años después Juan regresó a su pueblo y se encontró con que su padre ya no era panista, ni perredista, ni priísta como el tío abuelo. Don Juan tenía una habilidad para olfatear “por donde viene la jugada” en la política, así que le recomendó que ahora buscaran la presidencia municipal por el partido de Andrés Manuel López Obrador.

“Pero si son igual de corruptos”, protestó Juan junior. “La corrupción nunca se va a acabar mijo, lo importante es mantenerse en la jugada. Anda, ve a ver a René Bejarano, dile que vas de mi parte”-contestó el hombre mayor.

¿Bejarano al que grabaron en video recogiendo pacas de billetes?, cuestionó el aspirante a político.

“Sí, le tendieron una trampa pero ya pagó su error y ahora es de las gentes más cercanas al próximo presidente de la República. Ve a verlo”, insistió don Juan.

Meses después Juan Hernández ya era presidente municipal con el voto que antes había hecho alcalde a su papá y mucho más atrás su tío abuelo. Sólo que tuvieron que convencer a los que trabajaron con uno y con otro de que no importaba el color, sino conservar el poder. Además, el joven político consiguió un buen bonche de gente de su generación, compañeros de la secundaria y amigos de la infancia, para que votaran por Morena.

Realmente no era su sueño dorado ser alcalde de un pueblo como San Miguel, donde hay tanta pobreza, pero ya estaba ahí y tenía que gobernar.

El primer día de trabajo llegó muy orondo a tomar posesión de su oficina. Esperaba encontrarla vacía pues era una nueva administración y los del otro partido ya tenían que haberse ido, pero no fue así, ahí estaban en su escritorio con cara de “quítame si puedes”.

Mandó llamar a su consejero jurídico, que era un compañero de la universidad (fuereño). “Necesito espacios para la gente que me ayudó en campaña licenciado Omar”, le ordenó. “Pues va a estar difícil, tenemos juicios laborales desde que tu papá era alcalde y se deben 80 millones en laudos. Si los quieres correr tienes que liquidarlos”, dijo el abogado que siguió usando su traje y corbata a pesar del calorón que hacía en San Miguel.

Tuvo que pedirle a su gente que tuvieran paciencia, que en los primeros espacios que se generaran los metería a la nómina. “Pues ya qué”, le dijo su amigo Roberto, uno de los que más se fletaron en la campaña.

Al segundo día cuando llegó la presidencia ésta ya se encontraba tomada por un grupo de comerciantes ambulantes. “Que pase su líder, voy a hablar con él”, le dijo a su secretario privado. Minutos después vio llegar a un hombre joven y algo pasado de peso. Era Marco Tulio, a quien conoció en la primaria, hijo de don Fernando, el eterno líder del Grupo Sindical San Miguel.

-¿Qué pasó Marco Tulio? Que te trae por aquí?- cuestionó el alcalde.

-Me dicen mis comerciantes que hoy los inspectores no los dejaron ponerse en la plaza como lo han venido haciendo hace 30 años.

-Pues sí amigo, es que las calles son públicas, no se pueden concesionar. Además, ¿qué viene a hacer aquí el dirigente de un sindicato si se supone que los comerciantes no se pueden sindicalizar? Al rato van a querer sindicalizar a los indigentes.

- Pues a mi me vale madre. Yo quiero mis espacios si no te voy a hacer ingobernable este pueblo- advirtió Marco Tulio extendiendo su mano derecha donde se podía ver un reloj Rolex y un anillo de oro, producto de las cuotas de sus agremiados.

Juan tuvo que ceder en aras de la gobernabilidad, y los comerciantes ambulantes volvieron a instalarse a pesar de que una de sus promesas de campaña era limpiar el centro histórico.

-Lo busca el ingeniero Martínez, dice que usted lo conoce, le dijo en voz baja su secretario particular.

Juan se acordaba del ingeniero Martínez, un empresario que en la campaña siempre andaba de pants y que se ofreció a regalarle 10 mil cubetas “sin ningún compromiso”.

Pero ahora venía vestido con un pantalón Wrangler y botas de piel de cocodrilo, y una camisa de seda como las que usaba El Chapo.

-Amigo, pues ya llegamos a la presidencia municipal y vengo a ver qué me vas a concesionar, dijo muy quitado de la pena.

- Pero tú dijiste que tu apoyo era de amigos, que no ibas a pedir nada- contestó Juan.

- Jajajajaja. Ah que Juanito tan inocente. Todavía cree en los Santos Reyes. Escúchame bien: voy a mandar cada mes a una gente de mis confianzas por 25 mil pesos, yo no sé cómo le hagas para conseguirlo. Y de una vez te digo que quiero las plazas de seguridad pública, tránsito y la concesión del corralón. Allá tú si no obedeces.

Juan se quedó un rato cavilando sobre lo que acababa de escuchar. Luego tocó el timbre de su secretario particular.

-Bueno, ya se fue el que vino a cobrarme piso, ¿quién falta por pasar?

- Sólo está el dueño de la radiodifusora del pueblo. Dice que trae facturas desde que su padre era presidente municipal y que van a ser dos millones de pesos de convenio sino ya sabe cómo le va- dijo tímidamente el secretario particular.

¡Maldita sea la hora en que acepté ser presidente municipal!, gritó mientras golpeaba fuertemente el escritorio con la palma de su mano.

HASTA MAÑANA.

 

 

Miércoles, 19 Febrero 2020 05:27

Cuevas: le echan montón

Faltan exactamente tres meses para que la magistrada Carmen Verónica Cuevas López deje el cargo de presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, pero parece que serán los 90 días más difíciles de su vida, pues –como se dice coloquialmente- le están “echando montón” al verla vulnerable.

Martes, 18 Febrero 2020 05:41

Fiscalía Anticorrupción: desesperación

El último comunicado de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción denota que el titular de la dependencia, Juan Salazar Núñez, está desesperado porque las cosas no le salen como él había ofrecido a quienes le pusieron un ultimátum para continuar en el cargo, es decir, los diputados.

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