Jesús Castillo

Jesús Castillo

Jesús Castillo García. Periodista con 30 años de trayectoria; Premio Estatal de periodismo 2010 y 2012. Premio Nacional de Periodismo 2013.
Jueves, 28 Mayo 2020 05:26

El Penal en tiempos de Bernardo Rocha

Ahora que el Penal de Atlacholoaya está constantemente en los medios de comunicación por las atrocidades que ocurren en su interior (decapitados, quemados, torturados, fugados, enfermos), vale la pena recordar que no siempre fue así, y que hubo una época en la que prácticamente era una cárcel de ensueño, donde las personas privadas de su libertad tenían acceso a la enseñanza superior, al deporte y a la cultura.

Ocurrió en el 2002, cuando era gobernador Sergio Estrada Cajigal, un empresario que nunca antes había tenido cargos públicos hasta que llegó a la presidencia municipal de Cuernavaca y de ahí a la gubernatura, en la famosa “ola azul” de Vicente Fox. Conformó su gabinete con personas igual de inexpertas, pero en algunos casos “le atinó”.

Puso en la Subsecretaría de Readaptación Social a un abogado civilista, Bernardo Rocha Reyes, doctor en Derecho, cristiano y deportista hasta la fecha, quien se hizo cargo del recién estrenado Penal de Atlacholoaya que sustituyó a la vieja Penitenciaría de Atlacomulco.

Don Bernardo es una persona mayor de esas que le encuentran lo positivo a todo y que le rehúyen a los rencores y a la violencia. Por su formación cristiana tiene la idea de que el reo (término que se utilizó durante mucho tiempo antes de que entrara en vigor el nuevo sistema de justicia penal) es una persona que está purgando una condena por un delito que cometió, pero que merece una segunda oportunidad porque es un ser humano.

Gracias a don Bernardo este reportero (aunque se escuche mal) “pasó por todas las cárceles del estado de Morelos” y nos tocó escuchar infinidad de testimonios que muestran la bondad de aquel servidor público excepcional.

Sólo por citar algunos, recordamos el caso de Roberto Enciso Gutiérrez, quien lo abordó en una de sus constantes visitas al Penal de Atlacholoaya y le planteó su problema:

“Tengo un hijo de 12 años que sufre de síndrome nefrótico. Necesita un trasplante de riñón pero hay una lista de 400 personas en espera de un donante. Ayúdeme a salir, yo ya reúno todos los requisitos para un beneficio de preliberación, pero ya sabe usted cómo es esto de tardado”, le explicó.

El subsecretario agilizó todos los trámites y el 11 de julio del 2002 Roberto Enciso abandonó la cárcel y llegar justo a tiempo para que le trasplantaran a su hijo el órgano que necesitaba para seguir viviendo.

Cada vez que entraba a los centros de reclusión resolvía ahí mismo problemas que le planteaban. A un interno no lo podían operar de su brazo porque no había clavos quirúrgicos que costaban 800 pesos. Abrió su billetera y entregó cuatro billetes de a 200 pesos.

Vio que en una celda había un “viejito” al que le llevaban de comer. ¿Por qué no sale él al comedor como todos los demás? –preguntó.

-Es que fíjese licenciado que el cerrojo de esa celda se descompuso hace una semana, y es el tiempo que lleva ese hombre sin bañarse ni salir a ningún lado porque arreglarlo cuesta 600 pesos- le contestó el jefe de custodios.

Volvió a sacar su cartera y tomó otros tres billetes de a 200 pesos para que aquel interno dejara de estar encerrado.

Recuerda el abogado que desde que asumió el cargo se dio cuenta que era posible readaptar a quienes purgaban una condena por haber cometido delitos, sólo hacía falta creer en ello y trabajar todos los días para lograrlo.

Y llegó a la conclusión de que una de las mejores formas de lograr la readaptación social era el estudio, así que buscó de inmediato el convenio con la UAEM y él mismo se puso a dar clases a un grupo de 30 alumnos.

La otra forma de readaptar fue el deporte, por lo que mandó instalar una pista de atletismo con material que le donaron amigos suyos y la mano de obra de los emocionados internos. Adicionalmente, llevó obras de teatro, ópera y todo tipo de manifestaciones culturales. Elaboró una gaceta que se repartía en todos los centros penitenciarios.

El funcionario comenzó una verdadera “cruzada” a favor de la población senecta. Ordenó que se agilizaran todos los trámites necesarios para cumplir con el beneficio que la ley le concede a los mayores de 70 años. Decenas de ancianitos obtuvieron su libertad que habían estado pidiendo durante años sin que nadie los escuchara.

Pero no todos estaban conformes con que los “delincuentes” tuvieran tantas comodidades. Como siempre, hay un sector de la sociedad que considera que quienes han sido declarados culpables de un delito deben ser sometidos a trabajos forzados para que paguen su manutención. Ven a los reos como una carga innecesaria para el Estado y pugnan porque se gaste lo menos posible en ellos.

Fueron esos sectores los que se escandalizaron al saber que en el recién abierto Centro Estatal de Readaptación Social, aprovechando que sobraba espacio, se había habilitado un área para convertirla en un baño sauna donde diariamente unos 30 reos disfrutaban del vapor. En honor a la verdad, ese baño sauna lo había instalado su antecesor, el también abogado Antonio Aragón Zamora, para un programa denominado “Ave Fénix”.

Pero la gota que derramó el vaso fue una nota publicada en la sección de Sociales de El Sol de Cuernavaca, cuyo director era Arturo Bárcena, íntimo amigo de Rocha Reyes.

“Aleluya, de Mozart; Anzus de Bizet, Vals del Beso, entre muchas otras fueron las melodías interpretadas por el grupo Ad Libitum, integrado por María Teresa González (soprano), Felipe Martínez Silva (tenor) y Alfonso Rodríguez (pianista), destacados concertistas en el ámbito nacional”, decía la reseña firmada por el reportero David Alanís.

Lo anterior no habría tenido nada de extraordinario si no se hubiera mencionado que tal evento artístico no fue para el exquisito público de Cuernavaca sino para los internos del Penal de Atlacholoaya.

Y lo que son las cosas, fue otro extraordinario ser humano (que falleció posteriormente víctima de cáncer), Jesús Giles Sánchez, quien en 2004 al asumir el cargo de secretario de Gobierno le pidió la renuncia al doctor Bernardo Rocha Reyes. En aquel tiempo el área de Readaptación Social dependía de la secretaría de Gobierno, y con la salida del polémico Eduardo Becerra Pérez se fue todo su equipo, incluyendo el carismático subsecretario que se daba el lujo de entrar a las cárceles sin escoltas y ser recibido con ovaciones como si fuera un artista.

HASTA MAÑANA.

 

 

Miércoles, 27 Mayo 2020 05:12

¿Y dónde está el coordinador?

La información sobre lo que está ocurriendo en los centros penitenciarios de Morelos con motivo de la pandevia por el coronavirus está fluyendo “a cuentagotas” y hasta que ya no pueden ocultar la información. Fue hasta que se publicó en diversos medios de comunicación que la Comisión Estatal de Seguridad Pública tuvo que admitir que existen internos contagiados y que una custodia falleció al parecer por covid-19.

Primero fue el director general del Sistema Penitenciario, Giberto Barba Ocampo, quien el jueves 21 de mayo acudió a la conferencia de prensa que diariamente ofrecen los servicios de salud, para dar cuenta sobre el estado que guardan los centros de reclusión en relación con la pandemia, pero no dijo prácticamente nada.

Fue hasta el otro día cuando se dio una información más completa pero no por parte del Sistema Penitenciario, sino de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, en voz del “brazo derecho” del titular, el capitán Mario Vargas Santomé.

¿Y el responsable directo del sistema penitenciario en Morelos por qué no dio la cara? Varias fuentes del gobierno estatal aseguran que se reportó con síntomas de covid, por lo que se fue a guardar cuarentena a Veracruz.

El gobierno no niega ni confirma tal información. Este columnista solicitó un informe completo a través del Whatsapp oficial sobre el número de infectados tanto de PPLs, personal de custodia, administrativos y también personal directivo, pero Barba Ocampo sólo se refirió a internos, indicando que hasta ese día había 15 personas con problemas respiratorios en la cárcel de Cuautla y tres en la cárcel femenil de Atlacholoaya.

Al otro día, Vargas Santomé tuvo que reconocer la muerte de un interno y una mujer del área de seguridad y custodia, aclarando que ella murió en su casa, no en servicio, como si eso fuera una excluyente.

El funcionario de la CES habló nuevamente de 18 infectados, pero nada dijo –y tampoco hubo oportunidad de preguntárselo- sobre el rumor de que Jorge Israel Ponce de León Borquez, al igual que la directora del Penal de Atlacholoaya, Lluvia Oregón Bartolo, dieron positivo a covid 19.

Como sea, el hecho es que las dos veces que el Penal de Atlacholoaya está en crisis, el titular del área no está presente y tiene que acudir a suplirlo un subordinado o un superior. 

En esta ocasión, personal operativo y administrativo, familiares de personas privadas de libertad y los propios internos denuncian la incapacidad de la autoridad penitenciaria por aminorar el impacto del virus SARS-CoV-2 en los centros penitenciarios.

Y es entendible que esto ocurra, pues si acá afuera es difícil contrarrestar los efectos de la pandemia, mucho más en los centros de reclusión donde –como lo hemos venido denunciando- carecen hasta de Paracetamol, ya no se diga medicinas para atender enfermedades graves.

¿Cómo vas a “aislar” a los sospechosos de tener covid cuando tienes el doble de población permitida? Si estar enfermo de ese virus dicen que es terrible en condiciones normales, imagínese usted padecerlo dentro de un centro de reclusión. Es algo que no se le desea a nadie.

Los casos que han salido a la luz pública son terroríficos. En el Dormitorio 1 (de Atlacholoaya) hay gente de la tercera edad: están graves “sólo queremos medicamentos” dice una persona privada de la libertad.

“Eso no es solo ahí, en el cereso de Cuautla es lo mismo ya murió un interno ya van 4 personas que sacan al hospital y 5 custodios que están afuera por enfermedad y la visita no la han cancelado”, refiere una mujer, familiar de un interno.

Efectivamente, la visita no la han cancelado como sí lo han hecho en otras cárceles de otras entidades. Actualmente, según lo mencionaba Barba Ocampo, sólo pueden entrar dos familiares por interno, siempre y cuando no sean niños ni ancianos.

Hay gente que considera que la visita debe prohibirse al cien por ciento, pero ¿se imagina cómo se van a poner los internos sin visita?

El caso de la custodia Silvia fue dramático porque ella fue narrando todo a través de su cuenta de Facebook, hasta que ya no pudo escribir nada porque murió.

“Nada el día lunes me enferme de fiebre y tos hable al 911 y me dijeron que me mantuviera aislada y tomara paracetamol y así lo hice”, posteó la mujer custodia de 54 años de edad, con 20 años de servicio en el sistema penitenciario.

“… el día de ayer me tocó cita mensual porque soy diabética y aún sigo con tos y fiebre y no me quisieron pasar a consulta que por órdenes superiores sólo recetas”, escribió una semana antes.

El caso de Isidro “N” también pasará a la historia como un caso no solamente de salud, sino de negligencia gubernamental.

El abogado Ricardo Sánchez Bautista refirió que una semana antes, la persona privada de la libertad presentó síntomas de gripe y dificultades para respirar. En ese tiempo no recibió atención alguna en el centro penitenciario.

Debido a que no lo atendían, la familia de Isidro R. S. solicitó una audiencia de auxilio judicial para que una juez de ejecución conociera el caso y ordenara su traslado ante el riesgo por su estado de salud. La juez Yaredy Montes Rivera ordenó el traslado a un hospital privado de Isidro porque así lo pidieron sus familiares, ya que ellos sufragarían todos los gastos para que él recibiera una asistencia médica digna.

Fue hasta que la juez lo ordenó que el interno fue trasladado a un hospital, pero no al que sus familiares querían, sino al José G. Parres.

Finalmente el hombre falleció y en su acta de defunción quedó asentado que fue por covid 19. ¿Cuántos casos similares estarán ocurriendo sin que nadie sepa nada?

Por cierto, ya que hablamos del sistema penitenciario, nos confirman que hay nueva titular de la Dirección General de Ejecución de Medidas para Adolescentes, es la Lic. Ania Dafne Ortíz Esparza, cuyos únicos méritos son dos: es veracruzana y se apellida Ortíz.

HASTA MAÑANA.

 

 

 

Martes, 26 Mayo 2020 05:39

Justicia para Luca Yoel

En estos días Morelos será nota nacional, y no por la letalidad del coronavirus o por la inacabable disputa entre grupos de la delincuencia organizada, sino por el caso de un menor al que se le ha negado uno de sus principales derechos humanos contemplados tanto en la constitución federal como en los tratados internacionales: el de la identidad.

Ésta es la historia:

Sofía y Yaneli son morelenses, contrajeron matrimonio en Cuernavaca en el año 2017 mientras que en julio de 2019 nació su hijo Luca Yoel. El embarazo de una de ellas se logró tras recurrir a los servicios de una clínica de fertilidad y a un donante de esperma.

A la fecha el menor no cuenta con acta de nacimiento debido a que en el Registro Civil de Cuernavaca se han negado a registrarlo como hijo de dos madres. La petición del matrimonio es que el nombre de su hijo lleve los apellidos de ellas, como debe ocurrir dado que se encuentran casadas o ¿por qué una mujer casada habría de hacer un registro de madre soltera?

La falta de acta ha derivado en una serie de complicaciones y falta de acceso a otros derechos del menor, como la seguridad social, por mencionar uno.

Cabe recordar que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) garantiza la derechohabiencia sin acta de nacimiento únicamente por 30 días posteriores al nacimiento, de manera que desde agosto de 2019 el niño perdió el derecho a la atención médica y si le han sido aplicadas algunas vacunas es porque sus madres invierten tiempo en la fila de no derechohabientes, situación que ha derivado en que el bebé no cuente con su esquema de vacunación completo, pues se prioriza a quienes cuentan con seguro, ni tenga el seguimiento de niño sano, política pública impulsada por el IMSS para garantizar la salud de niños y niñas al inicio de su vida.

La falta de acta de nacimiento del menor ha traído como otra consecuencia que su madre gestante haya debido dejar de trabajar de manera formal para poder hacerse cargo todo el tiempo del niño, ante la imposibilidad de poder ser inscrito en una guardería.

La inexistencia de un acta de nacimiento para el menor ha generado que su madre no gestante, no pueda acreditar su parentezco con el niño y por lo tanto no pueda acceder a la gratuidad de la fórmula de lactancia, beneficio que la empresa otorga a las madres y padres que laboran ahí.

Pese a que el matrimonio civil entre personas del mismo sexo es legal en el estado de Morelos desde 2016, hace falta una armonización legislativa que no deje lugar a interpretaciones para reconocer el vínculo legal que las parejas tienen y que a su vez eventualmente buscarán establecer para con sus hijos.

Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictó sentencia en un caso similar de una pareja de mujeres en Aguascalientes, en la cual se estableció que “(…) si el menor de edad nace de una madre con orientación lésbica, pero procreado de una relación sexual natural con un tercero, deberá bastar la manifestación de voluntad de la pareja de la madre en reconocerlo y ejercer la comaternidad; pues ante la falta de vínculos genéticos, la voluntad parental para ejercer los deberes de crianza en el seno de una familia lesbomaternal, debe ser elemento determinante para establecer la filiación de los hijos, con absoluta prescindencia del género o la orientación sexual de la pareja y de la existencia de vínculo genético, por ser ello lo más acorde al interés superior del menor”. (Tesis: 1a. LXVIII/2019 (10a.) Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2020482 5 de 15 Primera Sala Publicación: viernes 23 de agosto de 2019 10:31 h Tesis Aislada Constitucional. Amparo en revisión 852/2017).

Las madres han recurrido a la justicia federal para que sea mediante orden judicial que se registre al niño y la audiencia constitucional se celebró el pasado 6 de febrero.

Desgraciadamente la pandemia del covid-19 ha obligado a las instituciones a parar sus labores. Ayer se difundió el último comunicado del Consejo de la Judicatura Federal en el que avisa que se reanudarán las actividades hasta el 15 de junio próximo, así que no hay para cuando se resuelva este amparo.

En su informe rendido ante el Juzgado de Distrito como ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, el consejero jurídico del Ayuntamiento de Cuernavaca, Mauricio Rogelio Maldonado Bautista, sostiene que en la legislación vigente “no existe la posibilidad de registrar hijos de familia homoparentales, motivo por el cual esta oficialía del Registro Civil se ve impedida para llevar a cabo el acto administrativo de que ahora las quejosas se duelen”.

“Haciendo la aclaración que las quejosas no son habitantes de Cuernavaca, como de constancias se podrá advertir, teniendo la opción de verificar si en el municipio de Jiutepec, Morelos, pueden registrar al menor de nombre Luca”, agrega el documento.

En este asunto ha tenido mucha participación la directora de Atención a la Diversidad Sexual de la Secretaría de Gobierno, Violeta Fabiola Sánchez Luna, quien el 8 de abril envió un oficio a la directora del Registro Civil en el estado, Vanessa Guadalupe Cornejo de Ita, a fin de solicitar “un acuerdo que permita registrar cuanto antes a un menor de 9 meses al que el Estado ha discriminado por haber nacido en el seno de un matrimonio constituido por dos mujeres”.

Desconocemos la respuesta de la funcionaria estatal en este asunto que bien pudiera ser tomado como bandera por los grupos de defensa del sector lésbico-gay a nivel nacional pues seguramente hay muchos matrimonios igualitarios que están pasando por la misma situación o están pensando recurrir también a la maternidad “in vitro”.

Y es entonces cuando uno se pregunta para qué sirven los diputados si no pueden hacer las reformas legales necesarias para resolver éste y tantos otros problemas que la nueva realidad de nuestra sociedad está exigiendo.

Las madres de Luca Yoel deben estar orgullosas de “abrir brecha”, y que en lugar de conformarse con lo que establece la ley (registrarlo como si fuera madre soltera), exigir que la autoridad se pronuncie al respecto y siente un precedente para futuros casos similares.

HASTA MAÑANA.

 

Lunes, 25 Mayo 2020 05:25

Masacre en Xochicalco

Como ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia, los que alguna vez fueron considerados delincuentes con el paso de los años son reconocidos como héroes. Fue el caso de Rubén Jaramillo Ménez, asesinado por el Ejército un 23 de mayo de 1962 en Xochicalco, acusado de diversos delitos, y cuyo nombre quedó inscrito con letras doradas en el Congreso Local de Morelos en 2016.

“El tristemente célebre rebelde Rubén M. Jaramillo, señalado como presunto responsable de los delitos de posesión y tráfico de drogas y despojo de tierras, fue muerto ayer a balazos en las ruinas de Xochicalco, de esta entidad, cuando pretendía huir de los miembros de la Policía Judicial Militar que lo escoltaban para ponerlo a disposición de las autoridades competentes”, anunciaba la nota de El Universal en su edición del 25 de mayo de 1962.

Por instrucciones del gobierno federal, Rubén Jaramillo recibía trato de delincuente en ese periódico que era el consentido de los presidentes, y los captores eran los héroes.

Faltaría espacio para contar quién fue Rubén Jaramillo, por lo que sólo apuntaremos que en 1921 organizó el Comité Provisional Agrario de Tlaquiltenango que logró la dotación de tierras ofrecida por Obregón y el gobernador José G. Parrés. En 1926 constituyó la Sociedad de Crédito Agrícola de Tlaquiltenango e inició la lucha en contra de los acaparadores e industrializadores de arroz, pero los caciques lograron infiltrar a su gente y desbarataron la sociedad. En 1933, en la convención del Partido Nacional Revolucionario efectuada en Querétaro, Jaramillo apoyó la candidatura de Lázaro Cárdenas y le entregó un escrito en donde le proponía la instalación de un ingenio en Jojutla para liberar a los campesinos de los acaparadores de arroz y volver a sembrar caña, asimismo, le solicitó agua y electricidad para Puente de Ixtla. En 1936, Cárdenas comenzó la construcción del ingenio Emiliano Zapata en Zacatepec,  y en 1938 inició su operación administrado por la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios, Obreros y Empleados, de cuyo Consejo de Administración Jaramillo fue el primer presidente.

Pero en 1962 ya era una “piedra en el zapato” de los gobiernos tanto federal como estatal. Así que la Policía Judicial Militar recibió la orden de detenerlo, por lo que un pelotón llegó hasta su casa en Tlaquiltenango, de donde fue sacado junto con su esposa (embarazada) y dos de sus hijos. Todos ellos fueron masacrados en las inmediaciones de las ruinas arqueológicas de Xochicalco, y la versión oficial fue que “había intentado huir y utilizó a su familia como parapeto”.

Lo que muy pocos saben es que hubo dos testigos de ese cobarde asesinato. Con la desclasificación del Archivo General de la Nación, salieron a la luz pública varias tarjetas informativas tanto de la Dirección Federal de Seguridad como del Ejército que hablan sobre lo ocurrido en Xochicalco ese 23 de mayo de 1962, es decir, hace 58 años exactamente.

“Severiano Analco, vigilante de las ruinas de Xochicalco, observó ayer como a las 18:00 horas la llegada de dos carros negros y un jeep a ese lugar y que cuando se dirigió a los visitantes para ver qué se les ofrecía, un elemento en mangas de camisa lo encañonó con una ametralladora ordenándole que se retirara del sitio (…). Severiano y su hijo Andrés no han sido localizados”, dice una tarjeta informativa de la DFS.

Un informe posterior de la DFS, éste del 25 de mayo de 1962, detalla la suerte de los dos hombres en esos días: “Severiano y Andrés Analco, testigos presenciales de la muerte de Jaramillo, se encuentran detenidos e incomunicados en las oficinas de la Policía Judicial del estado”.

En efecto, según los testimonios recabados con sobrevivientes de la familia Analco, el Ministerio Público y los policías judiciales venidos de Tetecala obligan a Severiano y a sus hijos Andrés y Rodrigo a levantar los cuerpos de Jaramillo y su familia y subirlos a una camioneta, según un reportaje de Zósimo Camacho publicado en la revista Contralínea.

Una vez concluida la tarea y, sin esperarlo, son obligados a subirse a la camioneta. El único que puede evadirse es Rodrigo, a quien dejan ir porque suplicó que le permitieran ir a atender a su mujer que estaba a punto de parir.

El vigilante de las ruinas y su hijo fueron liberados días más tarde bajo la condición de no contar jamás lo que habían visto.

En el expediente –entregado a Contralínea por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental– se citan las palabras del teniente coronel Héctor Hernández Tello, subjefe de la Policía Judicial Federal: “Solamente se habrían cumplido órdenes del señor presidente de la república”.

Además, según el capitán Gustavo Ortega Rojas, jefe del Servicio de Seguridad Pública de Morelos, en declaraciones recogidas en una tarjeta informativa por agentes de la DFS, señala que “los responsables fueron elementos de la Policía Militar, que realizaron el hecho acatando órdenes superiores”.

Esa información habla también de que, tras el asesinato, hubo “pánico” en los elementos de la Policía Judicial Estatal que apoyaron en ese operativo pues temían que los seguidores de Jaramillo acudieran en bola a rescatar los cadáveres.

“Félix Vázquez Peña y los elementos pertenecientes a su grupo de la Judicial del estado abandonaron Tetecala sin conocerse su paradero, ya que no se han reportado a sus jefes”, dice otro documento desclasificado.

El Ejército Mexicano nunca ha reconocido su participación en el asesinato de Rubén Jaramillo. En respuesta a la solicitud de información 0000700082108 –presentada por Contralínea ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para conocer la versión oficial del llamado “Operativo Xochicalco”–, el Comité de Información de la Sedena, presidido por el general de división diplomado del Estado Mayor Humberto Alfonso Guillermo Aguilar, responde que la Dirección General de Archivo e Historia de la Sedena “no localizó la información” solicitada, luego de haber “realizado una exhaustiva búsqueda”.

El 8 de junio de 2016, en una sencilla ceremonia, el nombre de Rubén Jaramillo Ménez quedó inscrito con letras doradas en el muro de honor del Congreso del Estado de Morelos junto con Emiliano Zapata Salazar, el que fuera su general cuando Rubén ingresó al ejército revolucionario. "Se ha querido negar la aportación que Rubén Jaramillo ha tenido para este estado y para el país (…) pero representa el eslabón más importante a nivel nacional entre el zapatismo histórico y el movimiento campesino contemporáneo”, dijo la diputada Hortencia Figueroa Peralta, principal impulsora de esta acción, hija de don Agustín Figueroa Ayala, ex líder de la Unión Popular Cañera en el ingenio que fundó Rubén Jaramillo.

HASTA MAÑANA.

 

 

 

Viernes, 22 Mayo 2020 02:33

Se acabó el negocio

Una nota del portal motorpasión.com.mx da cuenta de que los capitalinos ya no podrán evadir el pago de la tenencia vehicular emplacando en el estado de Morelos, en virtud de que el Gobierno de la Ciudad de México pondrá en funcionamiento un sistema (obviamente con sus respectivas modificaciones legales) para que los automotores salgan de las agencias ya con sus placas de la CDMX y no haya forma de evadir ese pago.

El portal explica que las primeras pruebas del sistema ya se llevaron a cabo con algunas agencias de Ford y Nissan, en donde el proceso fue exitoso.

Esta nueva forma de emplacar los autos tendrá tres etapas para su aplicación, en primera instancia funcionará sólo para los automóviles comunes, la segunda etapa incluirá a los eléctricos e híbridos —que conservarán el beneficio de no pagar tenencia sin importar su costo—, y la tercera etapa involucrará a las motocicletas tanto a gasolina como las eléctricas.

La SEMOVI aclara que si el cliente prefiere hacer el emplacado por su cuenta lo podrá hacer, pero no podrá recoger su auto de la agencia si no presenta primero las placas correspondientes y registradas en la CDMX, si presenta placas de otro estado por disposición legal no podrá llevarse su auto.

Recordemos que durante el sexenio de Graco Ramírez Garrido Abreu desapareció la tenencia como tal, aunque se conservó un pago de “derechos”. Pero el verdadero negocio estaba en la venta de placas a usuarios de la Ciudad de México.

¿Cuántos trámites se generaban al día y a cuanto ascendían las ganancias? Nunca lo sabremos, pero baste mencionar que hubo necesidad de rentar un edificio que ocupaba una agencia automotriz en la avenida Vicente Guerrero frente a conocida universidad particular.

Ahí, diariamente llegaban decenas de documentos (copias de la factura, copia de la credencial de elector, copia de la póliza del Seguro, etc.), a las que solamente se le agregaba una copia de un recibo de luz o agua con domicilio del estado de Morelos y se llevaban los paquetes a la Secretaría de Movilidad y Transportes, en ese tiempo ubicada en la Plaza Novum de Jiutepec.

Por la tarde salía un vehículo con rumbo a la ciudad de México llevando decenas de juegos de placas con el logotipo del gobierno de Graco Ramírez para ser distribuidas en todas las agencias automotrices de la ciudad capital.

Hubo un tiempo en el que ocurría un extraño fenómeno: si comprabas un vehículo nuevo en CDMX te lo daban con permiso provisional para circular de Morelos, y si lo comprabas en Morelos te daban permiso para circular de Guerrero. 

Sabemos que desde siempre han existido los gestores (despectivamente llamados “coyotes”) que se dedican a ahorrarle tiempo a los usuarios, y es un trabajo lícito Sin embargo, había un grupo de jóvenes, amigos de Rodrigo Gayosso, que agarraban flotillas de vehículos de la ciudad de México para emplacarlos en Morelos.

Esas gestiones no las manejaba la Secretaría de Movilidad y Transporte, sino directamente el hoy notario público Alberto Barona Lavín, desde su oficina de la Secretaría de Administración.

Fue él quien ordenó la contratación sin licitación de las empresas Werner Pegasus S. de R.L de C.V.; Grupo Industrial DLV S.A. de C.V.; y COFORMEX S.A. de C.V. por un software que nunca funcionó correctamente.

Se pagaron 25 millones 125 mil 600 pesos a Pegasus; 89 millones 233 mil pesos a DLV y 31 millones 552 mil a Coformex en un mismo paquete, ya que estas empresas firmaron a su vez un convenio de participación conjunta y designaron como representante común a José Luis Ortega Rivera.

Posteriormente, “por virtud de las necesidades del servicio, en lo relativo al rubro de la Movilidad y el Transporte, es imperioso realizar una ampliación de hasta un 20 por ciento”, dice el documento que justifica la ampliación a favor de la empresa Werner Pegasus.

En esa ocasión, ya sin licitación le fue pagado un total de 15 millones 75 mil pesos.

Volviendo al tema del reemplacamiento, insistimos en que no es una actividad ilícita, siempre y cuando se realice sin “moches”.

De hecho, durante la administración de Jorge Messeguer Guillén se anunció la firma de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) y la Asociación Mexicana de Arrendadores de Vehículos (AMAV).

El acuerdo tenía como finalidad emplacar las unidades de los asociados, lo que permitiría una importante captación de recursos para el Gobierno del Estado. En el convenio firmado, además, se mencionaba que se les darían las facilidades a los nueve asociados de la organización para que pudieran emplacar sus unidades en el estado.

Se desconoce si dicho convenio se aplicó tras la salida de Jorge Messeguer Guillén de la Secretaría de Movilidad y Transportes tras un desacuerdo con el entonces gobernador Graco Ramírez. Más que con el mandatario, fue con su hijo Rodrigo Gayosso, quien desde entonces se apoderó de la dependencia para usarla con fines electorales a través de David Martínez y posteriormente con José Ascención Monter Sanjuan.

Fue Monter quien operó la movilización de trabajadores del volante el día de las elecciones para gobernador. La promesa era que si ganaba Rodrigo Gayosso habría concesiones de taxis para los líderes, además de que podrían seguir haciendo los tramites que quisieran en la dependencia, donde de por sí ya tenían preferencia, pero ya todos sabemos en qué terminó ese proyecto.

A cuatro años de distancia, sería importante reactivar ese convenio que firmó Messeguer con los arrendadores de vehículos que prometía atraer más de cinco mil reemplacamientos mensuales, ingresos que bien podrían servir al erario estatal.

HASTA EL LUNES.

 

 

Jueves, 21 Mayo 2020 06:01

Se fue la polémica Carmen Cuevas

El pasado 17 de mayo a las 12 de la noche dejó de ser presidenta del Tribunal Superior de Justicia la polémica magistrada María del Carmen (Verónica) Cuevas López. Con ella se van las “leyendas urbanas” que se formaron en torno a ella y las opiniones a favor y en contra que fue recolectando a lo largo de los últimos cuatro años.

A Carmen la conocimos hace 20 años cuando acudía al Palacio de Justicia a exigir que la reinstalaran en su cargo, pues el Consejo de la Judicatura había determinado su “no ratificación” como juez civil, y a pesar de que había ganado un amparo, el máximo órgano administrativo del TSJ seguía interponiendo recursos para no cumplir la ejecutoria.

Seguramente durante ese peregrinar pidiendo su reinstalación, Carmen nunca se imaginó que 20 años más tarde estaría en el pináculo del Poder Judicial y le haría lo mismo a otros jueces (Javier Hernando Romero Ulloa, sólo por citar un caso).

Con el apoyo de varios diputados de los principales partidos representados en el Congreso, Carmen Cuevas no solamente logró su reinstalación como juez, sino que cinco años más tarde fue designada magistrada gracias al apoyo de su compañero de generación, Sergio Álvarez Mata. 

Así, Cuevas López fue “la cuña” que el PAN-Gobierno mandó al Poder Judicial para tratar de arrebatarle el poder a Ricardo Rosas Pérez (quien era apartidista, provenía de un grupo de magistrados conocidos como “Los Federales”).

A finales del 2008 comenzó a hacer su trabajo político en contra de Rosas Pérez. El magistrado presidente la quería lo más lejos posible y por eso la mandó –con el apoyo de su grupo- como magistrada visitadora.

El Salón de Plenos fue el escenario de un enfrentamiento verbal entre dos bandos: los que estaban con el presidente y los que abiertamente estaban en su contra. El tema a discutir era la situación de la magistrada Cuevas López, designada por el Congreso en lugar del magistrado Jesús Dávila Hernández pero que Rosas Pérez la mandó a ocupar una magistratura que no tiene derecho a voto.

Al final, Ricardo Rosas, Virginia Popoca González, Nadia Lara Chávez, Miguel Ángel Falcón, Rocío Bahena Ortíz y Ezequiel Honorato Valdez, votaron a favor de que Cuevas López continuara en la Visitaduría.

En contraparte, Andrés Hipólito Prieto, Valentín González García, Juan Manuel Díaz Popoca, Leticia Taboada Salgado y Ramón García Jácome, apoyaban la propuesta de que Cuevas se integrara al Pleno. Leticia Robles Santoyo prefirió abstenerse de votar.

Con lo anterior, Ricardo Rosas logró que Verónica Cuevas López (con quien mantenía un abierto conflicto) no se integrara al Pleno, pero no pudo impedir que su lugar fuera ocupado por el magistrado supernumerario Samuel Sotelo Salgado (hoy consejero jurídico del gobernador), quien también se caracterizó por criticar la administración de Ricardo Rosas.

Perseverante como siempre, Carmen Cuevas terminó ganando el amparo y logró su lugar en el Pleno, pero ahora ya figurando como líder de un grupo de magistrados.

El 16 de mayo de 2016, la mujer que en 1985 ingresó al TSJ como oficial judicial B, se convertía en la tercera presidente mujer en la historia del Poder Judicial del Estado de Morelos, aún en contra de los deseos del entonces gobernador Graco Ramírez.

Desde finales del 2015 se sabía de la intención del Poder Ejecutivo de imponer en el Poder Judicial al magistrado Jorge Gamboa Olea en una especie de “extensión del Mando Único”, pero fue en los últimos meses previos a la votación cuando se confirmó que “el candidato de Graco es Jorge Gamboa”, y que incluso ya había un acuerdo político entre PRI, PAN y PRD para que él sustituyera a la entonces presidenta Nadia Luz Lara Chávez.

Sin embargo, los magistrados conformaron un frente común de nueve integrantes para impedir la intromisión del Ejecutivo, y al final se sumaron dos magistrados más, para ganar holgadamente la presidencia en la sesión que se llevó a cabo un lunes en la tarde.

En los días previos a la votación, la magistrada Cuevas López fue acusada en redes sociales de haber dejado en libertad “a matataxistas y Guerreros Unidos”. Eso era típico en el gobierno de Graco Ramírez, utilizando información a la que sólo tenían acceso la Fiscalía y la Comisión Estatal de Seguridad Pública.

¿Qué calificación se le puede dar a la administración de María del Carmen (Verónica) Cuevas López? Como dice el refrán: “cada quien habla de la feria como le fue en ella”.

Hemos recibido testimonios de abogados litigantes que hablan de que “al fin hubo orden en los juzgados, ya que antes llegabas a las 9 y todavía encontrabas al personal con sus escritorios llenos de gorditas y hasta platos de pozole”.

También, opiniones de que se redujo la corrupción en los tribunales. Esa opinión seguramente no la comparten aquellas personas que perdieron sus juicios, pero lo que sí nos consta es que la fiscalización de los expedientes no tuvo precedentes.

Es de todos sabido que la presidenta hizo a un lado al magistrado visitador y trataba directamente con un grupo de jueces visitadoras (mujeres) que eran temidas porque llegaban a cualquier hora y en forma prepotente exigían ver hasta el último oficio en los juzgados donde les mandaba la presidenta.

De las cosas negativas que se dicen de Carmen está el hecho de que afirman que mezcló sus actividades religiosas con la administración de la institución. Aseguran que para tener un cargo en esta administración lo primero que tenían que hacer era acudir semanalmente al templo donde es pastor el esposo de la magistrada presidenta.

Y bueno, nunca sabremos por qué tiene dos cédulas de identificación. De acuerdo con los datos ampliamente difundidos, el 27 de junio de 1962 la Oficialía 01 de Cuernavaca, Morelos, emitió el acta 2109 para registrar el nacimiento de María del Carmen Cuevas López; sin embargo, el 20 de mayo de 1999, un usuario del Poder Judicial del Estado de Morelos, generó una nueva CURP ligada al acta de nacimiento 2109 del año 1963, que está a nombre de la magistrada, un año después de su nacimiento real y en el que se agregó el nombre de Verónica.

Pero como decía el ex presidente Calderón, “haiga sido como haiga sido”, María del Carmen (Verónica) Cuevas López, ya pasó a la historia del Poder Judicial de Morelos.

HASTA MAÑANA.

 

Miércoles, 20 Mayo 2020 04:11

Nacho Huape, a cinco años de su partida

“Qué pinche suerte tiene Graco Ramírez”, fue lo primero que se me vino a la cabeza ese 20 de mayo del 2015 cuando leí en Twitter la noticia de que Juan Ignacio Suárez Huape había tenido un accidente en la carretera federal México-Cuernavaca y que lamentablemente había fallecido al igual que su esposa.

Mi idea se basaba en que (sin evidencias para fundamentar un posible crimen planeado) ese fatídico accidente le había quitado de en medio al único líder político que no había podido comprar el gobernador ni su hijastro.

“Desde el ascenso de Graco Ramírez a la gubernatura, fue uno de los más férreos opositores a sus corrupciones, a su política de seguridad basada en la violencia, a su nepotismo –el presidente del PRD en Morelos es su hijastro Rodrigo Gayosso Cepeda, un hombre sospechoso de participar en los graves fraudes de la administración priista de Manuel Martínez Garrigós en el municipio de Cuernavaca– y a la política de sus megaproyectos –mineras, termoeléctricas, gasoductos, ampliaciones absurdas de tramos carreteros–, que no han dejado de traicionar los ideales fundacionales del PRD y de destruir la vida de los pueblos y del medio ambiente de Morelos. Poco antes de su muerte, acusó al gobernador de proteger al Cártel de Guerreros Unidos”, escribió en la revista Proceso el activista y poeta Javier Sicilia, a los pocos días de la muerte de Nacho.

Y agregaba:

“Ésta abierta oposición al gobierno de Graco Ramírez ha hecho sospechar a muchos –sospecha que no comparto– que su accidente carretero, pese a los peritajes, no fue obra “de lo arbitrario divino”.

Vía Messenger, Nacho y este reportero intercambiábamos información sobre la existencia de un rancho en el municipio de Tlaltizapán, propiedad de los narcotraficantes. Todavía conservo el “screenshot” (LA FOTOGRAFÍA DE LA PANTALLA DEL CELULAR) donde me pregunta si supe de un operativo de la Sedena en ese lugar.

  • Ya sabes de quién es ese rancho?- le pregunté.
  • No, todavía no pero en eso ando- contestó misterioso Nacho.

Por eso digo que qué suerte tuvieron los corruptos y los narcopolíticos, porque a Nacho no lo iban a poder comprar.

“Nacho, como le llamamos sus amigos, no pertenecía al espectáculo del crimen y de la pasarela de la imbecilidad política. Pertenecía al de la reserva moral del país y a esa especie casi extinta, la del político entendido como un servidor de la gente, dedicado a los asuntos de los ciudadanos”, escribió con toda razón el poeta Sicilia cuando supo de su sorpresiva muerte.

Recientemente Julián Vences publicó una anécdota muy interesante de Nacho durante el trienio del presidente Lucino Espín Herrera en el municipio que lo vio crecer (porque Suárez Huape era michoacano).

“En Jojutla, la policía de tránsito, manejada por el gobierno estatal, desatada, mordía a todas horas, especialmente de noche cazaba conductores con el mínimo aliento alcohólico. Era secreto a voces que Tránsito operaba confabulado con una clínica ubicada frente a la panadería La Espiga. Manejar de noche implicaba que te pararan y si no te mochabas, te llevaban a la mentada clínica; si habías tomado una o las tres de regla, el examen arrojaba siempre niveles altos de alcohol; para este momento, el monto de la mordida había crecido y, si te negabas, el vehículo iba al corralón y te hacías acreedor a una multa exagerada. Aquí aparecía otro cómplice: el de las grúas que cobraba caro por el arrastre, además, tenías que pagar el corralón por día, como si fuera estacionamiento.

Un domingo, después de celebrar la misa de siete de la noche en Panchimalco, el padre Nachito Martínez cenó en casa de un matrimonio y, al terminar, el señor de la casa le dio aventón al padre, que vivía en el convento de Tlaquiltenango. En la esquina de la tienda del ISSSTE, como era de esperarse, desde la patrulla de tránsito les marcaron el alto; se desató la infame cadena.

Esa misma noche corrió la voz entre integrantes de las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs): a las 10 de la mañana irían a la Delegación de Tránsito, en los altos del mercado Benito Juárez.

“Aquí no vengan con sainetes, usted, padrecito, lo tengo bien identificado, es un mitotero; pagan o pagan”, respondió el grosero delegado a la docena de inconformes.

El grupo, en palacio municipal, solicitó apoyo del presidente Lino Espín; éste, atento, escribió de su puño y letra un recado, sugiriendo la entrega de llaves y vehículo.

“Yo no recibo órdenes del presidente municipal, mi jefe está en Cuernavaca y, ahora, pa’que se les quite, por andar de argüenderos, les doblo la multa, cómo la ven”, amenazó, colérico, el prepotente delegado.

“Ahorita venimos diez personas, volveremos doscientos, a ver si sigue de altanero”, retó, provocador, Nacho Suárez Huape.

-A mí no me amenaces, alborotador, te tengo identificado, sé quién eres.

-No amenazo; lo prevengo- anunció Nacho con su risa pícara.

-Pinche Nacho, ¿de dónde vamos a sacar doscientas gentes?- cuestioné.

-Sí se juntan, ya verás; hay mucha inconformidad. El domingo a medio día hagamos un mitin a la entrada del mercado- sugirió.

Llegó el domingo. Los mitoteros no éramos más de veinte, eso sí, con un buen sonido de los maestros del Consejo Central de Lucha. Mi tío Serapio Camacho, el de los tacos de cocido a la entrada del tianguis, nos dio chance de enchufar el cable. Media docena de tránsitos, desde su guarida, nos observaban con soberbia. Nacho tomó el micrófono y enumeró tres casos con nombre y apellido de personas afectadas. Para nuestra sorpresa, de repente, cien personas indignadas se congregaron alrededor del micrófono. Nacho invitó a que denunciaran las arbitrariedades. Cayó un rosario de quejas. Ya pasábamos de doscientos. Trece manos levantadas pedían el micrófono. Los agravios se fueron describiendo, surgieron rechiflas y mentadas contra los tránsitos corruptos que ya se habían ocultado. De pronto, de la muchedumbre brotó una propuesta: “Subamos a la oficina, vamos todos”. Ya éramos trecientos o más. En la oficina solo estaba un policía panzón y prieto, el que había parado al padre Nachito Martínez. Envalentonado, echó mano a la cintura e intentó impedir el ingreso de los inconformes. La turba lo empujó. “Hay que lincharlo”, gritó alguien; la muchedumbre respondió ¡siii! El policía empalideció.

“Entréguenos llaves del auto, licencia, tarjeta de circulación y hable al corralón para que nos den el coche”, exigió Nacho.

En dos por tres accedió a todo. La jubilosa muchedumbre festejó el triunfo.

“Ah –agregó Nacho--, dígale a su delegado correlón que le ponga fin al negocito. Los estaremos vigilando”.

Gritando “el pueblo unido jamás será vencido” y “si se pudo, si se pudo”, la muchedumbre marchó al corralón a recoger el coche que ya esperaba a la puerta.

En días posteriores varios infraccionados recogieron sus vehículos, sin pagar multa, ni arrastre ni corralón.

HASTA MAÑANA.

 

 

Martes, 19 Mayo 2020 06:22

Se desmorona el PRD-Morelos

En un ejercicio cinematográfico al estilo “Titanic”, imagine usted el mismo lugar pero en diferente tiempo: las oficinas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ubicadas en la calle Juan Álvarez de la colonia Lomas de la Selva. La primera escena es el 13 de abril del 2018, y de ahí la imagen se difumina hasta quedar en la misma fecha, pero del 2020.

En la primera escena, vemos unas oficinas con mucha actividad; hombres y mujeres que vienen y van, teléfonos que no dejan de repicar, computadoras por todos lados y pantallas donde hay un seguimiento permanente a lo que acontece en el estado.

Eran tiempos de jauja. El partido tenía a un gobernador que –con altibajos- había llegado casi al fin de su sexenio y tenía el control absoluto de los otros dos poderes de la entidad. Era tanto su poder que había podido imponer a su hijo como candidato a sucederlo en el cargo de jefe del Ejecutivo estatal, y éste recorría el estado repartiendo dinero para asegurar el voto que garantizara la continuidad en el saqueo.

Ahora imagine usted la segunda escena, el 13 de abril pasado, cuando el presidente del PRD en el estado, Matías Quiroz Medina, acudió presuroso ante una llamada que le avisaba de un hecho inesperado en la sede del partido.

“…nos encontramos que habían sido forzadas las puertas de acceso de Presidencia, del área Finanzas y las puertas de varias oficinas, así como desorden en papelería de diferentes oficinas, notando faltantes en equipo de cómputo, sonido, video-grabación y distintos aparatos electrónicos, así como varios documentos”, fue la descripción que quedó asentada en un boletín de ese instituto político que daba cuenta de que habían sido víctimas de un robo.

En términos prácticos, los ladronzuelos terminaron de saquear lo que no habían podido llevarse los ocupantes de ese edificio. Y no queremos pensar mal, pero una costumbre del PRI es poner en práctica los “auto-robos” que permiten desaparecer cualquier indicio de malos manejos en las finanzas, sobre todo porque en este hurto se llevaron documentación que hace muy difícil suponer que los rateros la querían para vender el papel por kilo.

Pues así encontró el médico cirujano las instalaciones del partido. Y es una representación gráfica de la situación actual de ese instituto político que llegó a estar “en los cuernos de la luna”. Literalmente está hecho pedazos.

Tras el desastroso resultado del hijo del gobernador en las elecciones del 2018, como en los barcos que se están hundiendo todos salieron corriendo. Obviamente ese fracaso se reflejó inmediatamente en las prerrogativas (dinero) que les otorga el Gobierno para su subsistencia.

Y es que, como se recordará, la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT) ganó en 16 de los 33 municipios de Morelos y el resto se dividió: cuatro del Partido Verde; cuatro del PRD-PSD; tres del PAN; dos del Nueva Alianza; dos del PRI; uno al Partido Humanista y uno a un candidato Independiente.  También se disputaron 12 diputaciones locales, las cuales ganó todas la coalición Juntos Haremos Historia. 

Así las cosas, el PRD tuvo que conformarse con una posición plurinominal, misma que estaba destinada para el ex secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, pero que por cuestiones de género quedó en manos de su esposa, Rosalinda Domínguez.

Un ex miembro de ese partido me comentó que se dice que el matrimonio Quiroz-Domínguez salió muy bien beneficiado en las negociaciones para el presupuesto 2020. Se habla de un millón de pesos para cada integrante del grupo de las 7, y que quien encabezó las negociaciones no fue Tania Valentina, sino Julio Yañez, esposo de otra diputada.

Obvio, es algo que no se puede comprobar porque no hubo recibos firmados. Pero lo que sí está más que evidente, es el abandono en el que tiene el PRD a los alcaldes emanados de ese instituto político. “Ni el teléfono nos contestan”, aseguran.

En días pasados, el presidente municipal de Tlaltizapán, Alfredo Domínguez Mandujano, presentó su renuncia al partido del Sol Azteca. Como era de esperarse, el dirigente del partido, Matías Quiroz, salió con el clásico “no se está perdiendo nada”, pero los hechos hablan por sí solos.

Tlaltizapán es el municipio que acogió al médico cirujano oriundo del Distrito Federal. Es el lugar de nacimiento de su esposa y Alfredo Domínguez Mandujano ganó con el 24 por ciento de las votaciones, de ahí que no es creíble que su salida del partido sea insignificante.

Ahora bien, ¿qué papel jugará en las próximas elecciones el ex secretario de Gobierno de Graco Ramírez?

Cualquiera pensaría que –dadas las actuales circunstancias nada favorables- el PRD se convertiría en uno más de esos partidos que se dedican a vender candidaturas y se reservan para sus dirigentes y sus familias los espacios plurinominales.

Pero al parecer no es así. Una fuente bien informada nos dice que a nivel nacional el PRD le estaría prestando su “franquicia” (en términos futbolísticos) para que quien se encargue de conformar el equipo con el que van a competir en el 2021, sea Plataforma Futuro 21.

Futuro 21 es una plataforma política conformada por el PRD y políticos con origen en otros partidos como PRI, Panal y PAN, además de organizaciones de la sociedad civil, académicos, periodistas y científicos. Una de las metas de esta organización (que tuvo su primera asamblea nacional en agosto del año pasado), es ser un contrapeso para Morena en las elecciones intermedias de 2021.

Entre los rostros más conocidos que forman parte de Futuro 21 está el ex jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera; el ex candidato a la presidencia por el Panal, Gabriel Quadri; el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles; el ex rector de la UNAM, José Narro Robles; los perredistas Jesús Ortega,  Jesús Zambrano y Karen Quiroga.  También forman parte de esta nueva corriente la senadora y diputada Angélica de la Peña; el ex jefe delegacional Demetrio Sodi; la ex candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Purificación Carpinteyro; la perredista Ruth Zavaleta y el político Fernando Belauzarán. 

La idea –aseguran ex perredistas inconformes con la actual dirigencia perredista- es que a nivel estatal también se conforme una plataforma que dé cabida a personajes de la sociedad civil y de otros partidos, para integrar la lista de candidatos a puestos de elección popular y plurinominales. 

Dicho de otra manera, el PRD-Morelos, o lo que queda de él, quedaría sin ningún margen de maniobra.

HASTA MAÑANA.

 

 

Viernes, 15 Mayo 2020 05:06

Gilberto Dávila, el de Ocotepec

Gregory Berger, neoyorkino avecindado en Ocotepec recuerda como si hubiera sido ayer cuando conoció a Gilberto Dávila Rada, hace 17 años. Él y su esposa limpiaban una barranca a un lado del terreno que recién habían comprado en esa comunidad indígena cuando repentinamente se vieron rodeados de campesinos que llegaron a bordo de una camioneta.

“Soy el Comisariado de Bienes Comunales y quedan ustedes detenidos. Aquí nos regimos por usos y costumbres y el delito de despojo de tierras está muy penado”, le dijo aquel hombre moreno y de rasgos indígenas.

Pero la respuesta de aquel individuo que a leguas se notaba que era “gringo”, sorprendió al dirigente de los comuneros:

“Pues qué bueno que nos arrestaron porque eso me está confirmando que vinimos a vivir al pueblo indicado”, contestó el norteamericano con un español casi perfecto.

De esa detención, que más tarde se aclaró que había sido injustificada pues la pareja no pretendía nada más que hacer una buena obra en beneficio de la ecología, nació una amistad que perduró hasta la muerte de Gilberto, acaecida el pasado martes.

“Gil era, sobre todo, un gran organizador comunitario. Supo cómo mezclar y armonizar los talentos y capacidades de cada persona de tal forma que juntos formáramos parte de un gran equipo. Defendía con celo su pueblo de las grandes cadenas de supermercados, las gasolineras, y otras amenazas, pero le encantaba hacer amistad con ciertas personas foráneas, como yo, siempre y cuando nosotros de afuera supiéramos nuestro lugar”, recuerda el documentalista y actor.

Vigilaba los bosques para correr a los depredadores. Enfrentó en muchas ocasiones al calor y peligro de los incendios forestales, y organizaba brigadas de reforestación en la época de lluvias. En la carnicería donde practicaba su oficio, siempre sabía quién de sus clientes tenía la necesitad de recibir un “pilón” de bisteces.

De más joven fue “rondero” de Ocotepec, que es un policía comunitario o –como les dicen ahora- autodefensa. Cuentan que no se amilanó cuando un grupo de pandilleros lo amenó de muerte, y muchos de los que fueron detenidos con el tiempo se hicieron sus amigos.

Rodolfo Romero Peña, el histórico reportero de deportes de El Sol de Cuernavaca y orgulloso vecino de Ocotepec, también lo recuerda con respeto.

“El encabezó el movimiento contra la corrupción por el caso Soriana; logró que los tres niveles de gobierno siguieran acosando a los vendedores de cohetes. En su administración como ayudante municipal aunque amenazado echo fuera a los vendedores de micheladas;  fue el constructor del auditorio municipal, siempre estuvo atento y activo contra los incendios forestales en el monte, busco la unificación de autoridades y llevaba las gestiones para volver a un solo Comisariado de Bienes Comunales”, escribió.

Era de izquierda a morir.  A los representantes de cualquier pueblo ajeno que llegaban para pedir su solidaridad con una lucha o conflicto local, les respondió con ánimo y compromiso, brindando todo el apoyo que podía en la gran tradición de reciprocidad entre los pueblos.

Lo más chistoso es que cuando conoció a Gregory pensó que se enfrentaba al típico gringo abusivo y ambicioso, casi casi el mismísimo “Tío Sam” que tanto odian en los países como Venezuela y Cuba. Lo que menos se imaginaba es que estaba ante un “turista revolucionario” que se dedica a criticar a sus paisanos y a defender las causas sociales.

El gringo y Gilberto terminaron haciendo un sketch de comedia con “Joe T. Hodo” (personaje que interpreta Gregory) donde recrearon el día de su detención, pero en ese video Gil y su equipo lograron parar al gringo invasor.

Lo que más le duele a Greg es no haber estado cerca de su amigo antes de que partiera a la eternidad, pero su muerte fue muy repentina.

“Y ahora me siento triste que por cautela ante esta pandemia, no le acompañé en su última caminata hacia su lugar de descanso. Merecía una partida más majestuosa, con más gente y más fiesta, algo del tamaño de su corazón y de la obra de su vida. Pero también escuché su voz diciéndome, “Pinche gringo, así eres, cabrón. No pasa nada.”, escribió el documentalista.

Quizás su mayor problema de Gilberto fue mediar en los constantes conflictos entre oriundos de Ocotepec y gente foránea que compró terrenos o rentó locales en esa comunidad donde se rigen por usos y costumbres. Y a veces abusan.

Todavía unos días antes participó como presidente del Comisariado en un operativo para retirar “por la buena” a los comerciantes que seguían vendiendo en plena fase 3 de la Pandemia.

Ese operativo lo cubrió su amigo el periodista Pedro Tonantzin, quien lo recuerda como un buen representante de esa comunidad.

“Creo fue un buen ejemplo del correcto manejo de los usos y costumbres. Sin su liderazgo hubiese sido imposible parar la representación del Vía Crucis y el contagio sería peor... Es de los pocos representantes de las comunidades que han sido honestos con su pueblo”, comentó el periodista.

Lo repentino de su muerte provocó que se pensara que había sido a causa del coronavirus, sobre todo porque es sabido que ataca principalmente a quienes padecen alguna enfermedad degenerativa.

Pero su familia y la gente de Ocotepec aseguran que fue por un coma diabético.  Gilberto Dávila Rada sufría de ese mal desde hace años y de un día para otro, sin previo aviso, se lo llevó a la tumba.

“Humilde desde la cuna, guerrero de sangre tlahuica, incansable luchador social, líder nato, hombre de fe y buenos principios, amigo de los amigos, ese fue Gilberto Dávila Rada que ha sido llamado por el Señor para servirle allá en el cielo”, escribió a manera de despedida Rodolfo “El Rorro” Romero.

No tuvimos el gusto de conocerlo ni tratarlo, pero las buenas referencias sobre él son interminables. Descanse en paz el hijo predilecto de Ocotepec.

HASTA EL LUNES.

 

Jueves, 14 Mayo 2020 05:01

Las “teorías” de Alejandro Smith

A raíz de que comenzó la epidemia del coronavirus en el mundo podemos encontrar en la web todo tipo de opiniones y teorías, tanto del origen de la enfermedad como de la conveniencia o no de la aplicación del confinamiento para combatirla. En Youtube podemos encontrar decenas de teorías que dicen ser científicas, y en Facebook hay miles de opiniones en el sentido de que “el Covit no ecsiste” (sic).

Con lo anterior pretendemos establecer que los que cuestionan la existencia y/o el tratamiento contra la pandemia están muy lejos geográficamente o su nivel intelectual pareciera ser ínfimo. Sin embargo, encontramos a un personaje que no está tan lejos y que su nivel académico más bien es sobresaliente.

Se trata del maestro en Derecho y Doctor en Filosofía, Alejandro Smith Vázquez, ampliamente conocido en Morelos por haber sido presidente de la Barra de Abogados, directivo de Canacintra y dirigente de una Federación de Profesionistas.

Desde que comenzó la orden de confinamiento y paralización de actividades no esenciales en Morelos, Alejandro Smith ha estado cuestionando sistemáticamente esta estrategia y pronunciándose por otra muy parecida a la que propone el magnate Ricardo Salinas Pliego.

“Resulta tan absurdo y manipulador estar contabilizando los casos de contagio, cuando al final todos vamos a terminar contagiados; no es un asunto de contagio sino de respuesta al contagio, inmunidad, cuando con los días sean millones los contagiados, ¿eso les dará más estrés?; los medio obcecados en asustar a la población con datos inútiles, deben dar información útil para resolver el problema no para agravarlo”, escribió en su muro de Facebook el 27 de marzo pasado.

“El petróleo a menos de un dólar, las fábricas paradas, los negocios y comercios cerrados, los despidos de trabajadores y el desempleo a todo lo que da, miles de internos de las cárceles a la calle en un momento de crisis económica, y la gente todavía sigue repitiendo "Quédate en Casa", De seguir la tendencia, los muertos por hambre pueden llegar a ser muchos pero muchos más que por el tal covid gripe estacional”, apuntó hace unos días.

“Lo hemos perdido”, comentan a manera de broma sus amigos y compañeros de agrupación.

Y en cuanto alguien lo cuestiona en redes sociales Smith contesta con mucha vehemencia: “El mundo y sus gobiernos desesperan en atacar una pandemia que en el peor de los casos pudiese matar al .005 % de la población mundial, endeudan naciones, detienen economías, recluyen personas”.

Enseguida arroja a su muro de Facebook infinidad de estadísticas, números y más números. Muertes en el mundo del 1 de enero al 2 de abril de 2020: por enfermedades transmisibles, 3,299,090; por Cáncer, 2,087,179; por fumar, 1,270,422; suicidios, 272,520; por Malaria, 249,275; por gripe estacional, 123,562, y lo compara con las víctimas del COVID-19 durante ese mismo periodo que fue de 53,166.

También, pone links de medios internacionales que dan cuenta de que Suecia decidió no ordenar el confinamiento ni la paralización de las actividades productivas bajo la creencia de que sólo así la población va a adquirir inmunidad al virus.

Su propuesta es la misma que Salinas Pliego: resguardar a las personas mayores de 60 años y a las que están enfermas de diabetes y otros males degenerativos, pero los demás seguir trabajando como si nada pasara. Al final, saldrá más barato pagar los gastos funerarios de los que no aguanten la enfermedad (y que pueden ser sustituidos de inmediato) que el dejar de producir totalmente durante dos o tres meses.

“La tasa de mortalidad (en Suecia) no es mayor que muchos países que siguen el confinamiento, la diferencia la podrás observar en menor pobreza, mayor bienestar, al final, el confinamiento ataca más radicalmente a las personas con menor ingreso, es una medida que "impone" la OMS, como también impone el FMI, ciertas políticas que lo que logran es una mayor debilidad de la soberanía nacional, y la muerte de más personas en el mediano y largo plazo”, sostiene Smith.

Y la verdad ya me estaba convenciendo con su teoría, hasta que hace un par de días se publicó en el periódico español El Economista, una nota titulada: “El modelo de Suecia contra el coronavirus fracasa: el número de muertes cuadriplica la de sus vecinos escandinavos”.

La nota refiere que la estrategia de Suecia fue diseñada por el epidemiólogo Anders Tegnell, quien pensó que el virus no se propagaría desde China y, más tarde, que sería suficiente para rastrear casos individuales procedentes del extranjero.

“Tegnell defendió durante semanas que no había signos de transmisión comunitaria en Suecia y, por lo tanto, no era necesario adoptar medidas de confinamiento. Las decisiones del técnico del Gobierno ha sido fuertemente criticada por expertos independientes en Suecia. Unos 22 de los profesores más destacados del país en enfermedades infecciosas y epidemiología publicaron un comentario en Dagens Nyheter pidiendo a Tegnell que dimita y pidiendo al Gobierno que tome un curso de acción diferente”, apunta El Economista.

En México, las empresas maquiladoras instaladas en la frontera, principalmente Ciudad Juárez, fueron de las que no aceptaron parar actividades y continuaron trabajando. De hecho, según autoridades de esa localidad, la industria de la maquila, principalmente automotriz, aeronáutica y militar, “simuló suspender operaciones sólo por tres o cuatro días, pero siguió activa e incluso ofreció a los trabajadores un bono de 500 a mil pesos semanales para laborar durante la cuarentena”.

Bueno, pues la semana pasada el periódico La Jornada publicó una nota en el sentido de que 104 trabajadores de empresas maquiladoras de esta localidad fronteriza han fallecido de Covid-19, de los cuales 30 laboraban en alguna de las tres plantas de la compañía estadunidense Lear Corporation.

Quizás Salinas Pliego o Alejandro Smith puedan decir que 104 muertos no son nada en relación con el número de trabajadores que siguieron trabajando y produciendo, pero es una teoría muy materialista desde nuestro particular punto de vista.

De todos modos, la gente que no entiende de teoría económicas ni de estrategias gubernamentales está aplicando –en la práctica- el plan de Suecia, al desobedecer las disposiciones de mantenerse en sus domicilios, bajo la máxima de que “si no salgo a trabajar no como”, aunque en esa desobediencia  vaya de por medio su vida.

HASTA MAÑANA.

 

 

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