Jesús Castillo

Jesús Castillo

Jesús Castillo García. Periodista con 30 años de trayectoria; Premio Estatal de periodismo 2010 y 2012. Premio Nacional de Periodismo 2013.
Martes, 17 Marzo 2020 05:46

¿Victimarios o víctimas?

No se puede abordar el tema del acoso, ya sea sexual, laboral, o simplemente sobre feminismo  y machismo sin el riesgo de que se considere un artículo en defensa del género y en contra de las mujeres, pero asumiremos el riesgo.

Admitimos que durante décadas las mujeres sufrieron las consecuencias de vivir en un régimen patriarcal y machista. No hace mucho todavía se consideraba inútil darle estudios a las hijas si se dedicarían al hogar, y era mal visto que una mujer ganara más que un varón. El ascenso de una fémina inmediatamente generaba la curiosidad de preguntar qué varón la estaba impulsando y en automático se relacionaba con una cuestión sexual.

Los tiempos han cambiado y qué bueno. Hoy hay una verdadera revolución en ese tema y las mujeres se están ganando su derecho a ser respetadas literalmente a golpes. Cada quien tendrá su propio punto de vista sobre las formas, pero en el fondo todos estamos de acuerdo en que la igualdad entre hombres y mujeres debe ser un hecho y no sólo palabras escritas. De la violencia ya ni hablamos, es totalmente inaceptable.

Envalentonadas por la corriente anti-machista generada por los últimos acontecimientos, se han cometido injusticias. Hoy ventilaremos aquí un caso en el que consideramos que están pagando “justos por pecadores”.

El pasado 12 de marzo, en el marco de la comparecencia de la secretaria de Desarrollo Agropecuario, se dio un incidente que involucró al director administrativo de esa dependencia, Hipólito Reyes Guzmán.

Los que presenciaron la escena vieron a una MUJER acompañada de un adolescente en silla de ruedas “increpando” a un HOMBRE -funcionario de gobierno-, quien prácticamente se quedó callado (y el que calla otorga). La imagen dice más que mil palabras.

Sin embargo, lo peor que puede uno hacer es dejarse llevar por una imagen sin conocer lo que hay detrás de ella.

Por principio de cuentas, la señora que se ve en el video afirma que gana mil 500 pesos. Y tiene razón, pero lo que no dice es que gana eso porque le descuentan dos créditos que está pagando al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado, beneficios que quizás no hubiera obtenido de no ser porque cuando los tramitó era dirigente del Sindicato de Trabajadores del Poder Ejecutivo, organismo que por cierto la expulsó.

Tras varios años de juicio el gobierno del estado la reinstaló, y el único lugar que le encontró fue en la Sedagro. Ahí la conoció Hipólito Reyes, quien la apoyó para que a partir del 28 de octubre de 2019 estuviera comisionada con Jesús Chávez Ramírez, presidente del Comisariado Ejidal de Cuautla, con el propósito de que atendiera a los productores derivado de la instrumentación del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para el ejercicio 2019, el cual cerró el 31 de diciembre de 2019 y la fecha límite para la entrega de la documentación soporte de los trámites de los beneficiarios fue el 31 de enero de 2020.

“Durante el tiempo que la señora Irma Hernández estuvo trabajando en Cuautla traté de apoyarla con sus demás peticiones, el 28 de octubre de 2019, me reuní con la Lic. Denia Torres Rivera, Secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores del Poder Ejecutivo y Entidades Paraestatales y del Estado de Morelos para solicitarle su apoyo, a efecto de que le diera a la señora Irma una plaza sindicalizada con un ingreso mayor, quien me informó que no era procedente mi solicitud dado que la señora Irma Hernández Solís no es sindicalizada, en virtud de que fue expulsada del sindicato citado”, contestó Hipólito a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos después de que Irma lo denunció.

Explica que derivado de que concluyó el Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para el ejercicio 2019, para el cual fue comisionada la señora Irma Hernández Solís, el 24 de enero de 2020 se le informó mediante oficio número SDA/DGA/069/2020 que quedaba concluida su comisión que venía desempeñando y que tenía que presentarse a la Unidad de enlace financiero Administrativo de la SEDAGRO a partir del 27 de enero de este año, en horario laboral.

“El 27 de enero de 2020, a las 10 horas, la señora Irma me solicitó que nuevamente la comisionara a Cuautla, expresando que tiene a su hijo con discapacidad, a lo cual le comenté que el motivo de la comisión anterior se extinguió, a lo que ella me contestó que si no la comisionaba presentaría una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ante todos los medios de comunicación por discriminación y acoso laboral”.

Y lo cumplió.

No meteríamos las manos al fuego por Hipólito Reyes, a quien conocemos desde hace algunos años, pero sí podemos dar referencias de su trabajo y de lo que ha hecho por la comunidad Down, ya que tiene un hijo con ese síndrome al que ha logrado sacar adelante.

También tenemos buenas referencias de lo combativa que fue Irma en su papel como dirigente sindical, y de su esfuerzo por sacar adelante a su hijo al igual que muchas mujeres en ésta entidad. Pero consideramos que en ésta ocasión equivocó la forma, pues nos consta que Reyes Guzmán trató de ayudarla hablando con la directora del ICTSEM, Fabiola Urióstegui, para que los descuentos fueran más asequibles.

Por otro lado, y tal como lo mencionamos en la columna del 13 de marzo, hubo “mano negra” de algunos diputados para echarle a perder la comparecencia a Margarita Galeana, y dentro de ese “complot” se incluyó  el permiso para que la señora Irma pudiera ingresar al recinto legislativo y hacerle “el show” a Hipólito, con la presencia de un buen número de reporteros.

En este tipo de casos, en el que el género masculino actualmente “por defaul” queda como victimario, sólo queda la reputación que cada persona haya construido a lo largo de toda una vida, y es el caso de Hipólito.

El video de #LadyManoseada (donde una señora enojada porque un hombre la grabó por haber dejado a sus hijos en un Oxxo, lo persigue con frases amenazantes y comienza a gritar que él la “manoseó”) nos deja en claro que también hay mujeres que pueden utilizar la corriente pro-feminista que actualmente permea en la sociedad mexicana, para obtener beneficios laborales o para venganzas personales.

HASTA MAÑANA.

 

 

 

Después de que los diputados mostraron total desinterés en las comparecencias de los secretarios de Gabinete (algunas se llevaron a cabo con la presencia de una diputada), y lo “relax” que se comportaron con la mayoría, resulta muy sospechoso el interés que despertó la presencia de la titular de Desarrollo Agropecuario, Margarita Galeana Torres.

Ayer, llamó la atención el tono enjuiciador que usó el diputado Andrés Duque Tinoco -ese mismo que hasta ahora ocupaba el primer lugar en inactividad con cero intervenciones en tribuna- para acusar a la Secretaria de Desarrollo Agropecuario de haberse ido a una Expo Ornamental a Alemania y gastarse dos millones de pesos.

Por principio de cuentas no es la primera vez que un Secretario acude a este tipo de viajes, y segundo es poco creíble y menos sin pruebas, que Galeana Se haya gastado dos millones de pesos como lo aseguró Duque.

Al parecer, el tema de fondo aquí es que el diputado Duque usó la comparecencia para "cobrarse" un tema personal con Margarita Galeana, quien resulta que tuvo que darle las gracias a la sobrina del legislador quien laboraba en la Dirección de Ganadería y era la encargada de operar el Programa de Acémilas (se trata de mulas, sin ofender a nadie), y pues bien la señora designó al proveedor, quien recibió el pago pero nunca entregó las mulitas a los ganaderos inscritos en el Programa.

Lamentable que el legislador de Temixco nunca participe, y cuando lo hace es para asuntos familiares o personales.

Por otra parte, los cuestionamientos del diputado Pepe Casas giraron en torno a falta de apoyo a productores, cuando al diputado nunca se le ha visto en una gira de campo y ha quedado más que evidenciado que el responde a la línea que le dicten. Un día está a favor del gobernador y al otro día en contra, es “pago por evento” pues.

La postura que llamó la atención fue la del diputado Alfonso de Jesús, quién como saben es el Presidente de la Mesa Directiva, pero ayer actuó más como vocero del gobernador, al acusar a la secretaria de no tenerle lealtad al mandatario.  Otro que después de casi dos años de ejercer el cargo, no sabe de qué se trata la división de poderes.

No dudamos que haya fallas en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, sin embargo los diputados han usado estos ejercicios para cobrarse agravios personales más que para exigir realmente cuentas de lo que sucede en una secretaría.

Por cierto, ahí como la ven de tranquilita, resulta que la diputada panista Dalila Morales amenazó con armar un escándalo junto con su partido, en caso de que una de sus amigas con las que toma el café no fuera incluida en la nómina de la Sedagro.

Y así por el estilo. Por eso es que hace algunos días comentábamos en este mismo espacio que salvo escasas excepciones, las comparecencias sólo sirven para definir la relación del servidor público con los representantes populares. Generalmente las primeras se caracterizan por la rudeza de los legisladores a la hora de preguntar. Luego viene la petición de favores y las siguientes comparecencias son tersas y hasta con preguntas a modo.

Aparte de favorecer el lucimiento personal de algunos diputados (Pepe Casas, por ejemplo, quien aprovechó al máximo los reflectores), ¿sirvieron de algo las comparecencias de los secretarios de gabinete?

Habrá que estar atentos a lo que viene después, cuando veamos si –tras la comparecencia del almirante Ortiz Guarneros- ya hay más diputados con guaruras pagados con el erario, o los que ya traen ven incrementado el número de elementos.

Así también, habrá que checar qué personas son dadas de alta en las diferentes dependencias y si no llevan los apellidos de los diputados, o bien, que sea del dominio público que se trata de “amiguitas” de los legisladores o amigos de las diputadas (aunque la mayoría de ellas ya los colocó en direcciones importantes).

Ayer se vio claramente que “había línea” para vapulear a la secretaria de Desarrollo Agropecuario. Y es que nos comentan que –aunque usted no lo crea- ese puesto es de los más asediados del gabinete. Varios de los subalternos de Margarita Galeana le andan haciendo grilla con la esperanza de ser ascendidos, y por lo menos de dos diputados se sabe que le han insinuado al gobernador que ellos están dispuestos a “sacrificarse” y cambiar su curul por la oficina de la avenida Atlacomulco.

Afortunadamente la comparecencia no sólo sirvió para que los diputados mostraran sus cualidades histriónicas, sino que hubo oportunidad de que se hablara de las cosas positivas que hay en el sector agropecuario.

Por ejemplo, que Morelos sigue ocupando el liderazgo nacional en producción de nopal, higo, ejote, flor de nochebuena y esquejes (ni idea de qué sea eso, pero así lo informaron). También está en los primeros lugares en la producción de rosa, miel, aguacate, pitahaya, sorgo grano, amaranto, arroz palay, pepino, zarzamora, flor de cempasúchil, chía, caña de azúcar, calabacita, cebolla, jitomate, tomate y agave.

En 2019, fueron apoyados 10 mil productores de granos básicos, caña de azúcar y frutales, con 17 millones 150 mil pesos para la adquisición de fertilizante químico y orgánico, precisó Margarita Galeana, al dar cuenta de que el apoyo fue entregado de manera directa al productor, quien pudo elegir libremente qué producto comprar y el proveedor de su preferencia.

Y derivado de las necesidades de otras ramas productivas, por primera vez se incluyeron en el programa a 900 productores de frutales y 100 productores apícolas, éstos últimos históricamente no habían sido considerados en ningún programa,

La titular de la Sedagro explicó que en el año pasado se invirtieron también 5 millones 590 mil pesos en diversos programas como avicultura de traspatio, módulos de acuaponia, repoblamiento de vasos lacustres, impulso al maíz criollo, fertilidad de suelos y técnicas alternativas de alimentación para apicultores, así como acondicionamiento con infraestructura y equipo a unidades de producción acuícolas e invernaderos.

La titular de la Sedagro dio cuenta de la conformación del Consejo Consultivo de Agroexportadores del estado, para resolver problemas comunes e inherentes a la actividad, ante la importante derrama económica que genera este sector y número de empleos para el estado de Morelos, y es que de acuerdo con cifras del Inegi, las exportaciones agropecuarias de la entidad representan 2.2 millones de dólares trimestrales.

HASTA MAÑANA.

 

Jueves, 12 Marzo 2020 05:35

Los funcionarios y sus escoltas

Ayer dábamos a conocer en este espacio que el comisionado estatal de Seguridad Pública, Antonio Ortíz Guarneros, le pidió al fiscal Uriel Carmona Guarneros que ya no pida “indiscriminadamente” personal de custodia para víctimas del delito.

El documento fue publicado por el abogado penalista y ex presidente del Consejo de Juristas, Gibran Haro Álvarez (con eso de que luego quieren correr gente acusándola de filtrarnos documentos), y está fechado el 13 de febrero de 2020. (Lo expresado entre paréntesis es del columnista).

“…le comunico que dentro de esta dependencia a partir del día de la fecha no podrá implementarse ninguna medida de protección si no se acompaña al oficio de solicitud respectiva la siguiente información:

  1. a) Documento que acredite la vulnerabilidad y la situación de riesgo o peligro de la víctima y que ese riesgo sea inminente como lo señala el artículo 131 fracción XV del Código Nacional de Procedimientos Penales.
  2. b) Documento donde se haga constar que la víctima tiene conocimiento de las obligaciones a las cuales debe sujetarse para adaptarse a las condiciones que le imponga la corporación policiaca que desempeñará el servicio y en donde se dé por enterada de que en caso de incumplir con alguna de ellas la medida de protección será retirada.
  3. c) Se especifique de manera concreta qué medida de protección se requiere y la forma en la cual solicita sea brindada.
  4. d) Se señale la temporalidad por la cual se solicita, la cual en ningún caso podrá exceder lo preceptuado en el artículo 139 del CNPP (sesenta días naturales, prorrogables hasta por treinta días).
  5. e) Se señale que en caso de que la vigilancia que soliciten sea móvil con la víctima quién va a cubrir los gastos que se eroguen por el traslado del elemento policiaco.

“Lo anterior en virtud de que ésta dependencia ya no se encuentra (¿o sea que antes si?) en condiciones de cubrir todas las medidas de protección que son giradas de manera indiscriminada por los agentes del Ministerio Público a su cargo, puesto que esta institución ya no cumple (¡fuertes declaraciones!) con la labor principal de prevención del delito en virtud de que en el año 2019 se recibieron 9223 medidas de protección y actualmente en lo que va del año se han recibido 101 medidas de protección de manera fija y 703 medidas que se brindan de recorridos, lo que hace que se merme el estado de fuerza de esta institución de manera considerable si tomamos en cuenta que son destinados dos elementos policiacos por turno para cubrir las fijas, lo que hace que se disponga de 404 policías de manera fija y mil 406 elementos policiacos en realizar recorridos varias veces al día”.

Pero eso no es todo. Los policías preventivos también tienen que cuidar inmuebles; custodiar detenidos que están en hospitales; acompañar a víctimas a declarar; “se hacen funciones de notificador para entregar cédulas de notificación a imputados de la imposición de medidas de protección; se capacita (o se alecciona) a elementos policiacos para su comparecencia como testigos en audiencias de vinculación a proceso y juicio oral”, y todavía tiene que acompañar a secretarios de acuerdos (creo que se refieren a actuarios) para embargos, etc.

Menciona en su misiva que hay una Ley de Sujetos Protegidos del Estado de Morelos desde 2014, pero en sus artículos transitorios quedó estipulado que entrará en vigor una vez que los diputados aprueben el presupuesto correspondiente (o sea, nunca).

Por otra parte, el secretario de Gobierno Pablo Ojeda Cárdenas dio a conocer que el 40 por ciento de los elementos policiacos estatales y de los municipios están asignados a cumplir medidas de protección, por lo que son separados de otras áreas importantes. Refirió que al menos cinco alcaldes han expresado en la mesa de coordinación para la seguridad que han sido amenazados por grupos delictivos.

Ojeda Cárdenas acudió este martes a la sesión ordinaria de Consejo Estatal de Protección Civil y antes del acto oficial, fue entrevistado sobre el llamado del alcalde de Amacuzac, Ramiro Iturbide Parra, quien pidió protección, pues solo cuenta con un elemento para su vigilancia, a lo que el funcionario dijo que no hay condiciones para cumplir la demanda del edil.

En respuesta a una solicitud de información pública se nos proporcionó la lista de elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública que están formalmente asignados a servidores públicos, y es la siguiente:

En el Poder Legislativo Diputado Marco Zapotitla Becerro, dos elementos; diputado José Galindo Cortéz, dos elementos; Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, dos elementos.

Para los alcaldes: Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán 2; Yautepec, Agustín Alonso, uno; Emiliano Zapata, Fernando Aguilar Palma, tres elementos; Yecapixtla, Francisco Sánchez Zavala, uno; Tlaltizapán, Alfredo Domínguez Mandujano, uno.

En el Poder Judicial: Magistrado Jorge Gamboa Olea, tres elementos; Magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles (por órdenes de un Ministerio Público Federal), cuatro elementos, así como una Juez Penal con cuatro elementos también.

En el Poder Ejecutivo, la secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo, Ana Cecilia Rodríguez González, dos elementos; secretaria de Administración, Mirna Zavala Zúñiga, dos; asesor anticorrupción, Gerardo Becerra Chávez, cuatro; Oficina de la Gubernatura, seis.

El coordinador de la Policía de Investigación Criminal, Francisco Molina Villalobos, tiene tres elementos, en tanto que la fiscal antisecuestros, Adriana Pineda, tiene cuatro elementos.

Y para el final dejamos al que afirma que “no hay condiciones para incrementarles el número de escoltas a los presidentes municipales”.

Sí, el secretario de gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, tiene a doce elementos para su seguridad personal.

HASTA MAÑANA.

 

Se imagina usted la cara de los empleados del Ayuntamiento que creían que habían hecho el negocio de su vida y al momento de recibir el dinero los supuestos clientes les dicen: “somos de la Fiscalía Anticorrupción y están ustedes detenidos”.

Esa escena que es típica de las películas norteamericanas ya se dio en la vida real en Morelos. Lástima que fue en un pequeño municipio para muchos desconocido: Atlatlahucan y fue por 50 mil pesos, cuando sabemos que en los municipios con mayor densidad poblacional las transas se dan con más frecuencia y con más ceros en las cifras.

En este caso que dio cuenta la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dos servidores públicos adscritos a la Coordinación de Rentas del Fraccionamiento Lomas de Cocoyoc del Ayuntamiento de Atlatlahucan fueron detenidos por el delito de Ejercicio Abusivo del Servicio Público y quedaron vinculados a proceso.

Además, Cristofer “N” también fue vinculado por el delito de Falsificación de Documentos y José Alberto "N" por Cohecho.

Los funcionarios fueron detenidos el pasado 19 de febrero de 2020, derivado de las operaciones encubiertas que realizaron elementos de la Policía de Investigación Criminal adscritos a la Fiscalía.

Lo que hicieron los agentes fue hacerse pasar por usuarios que querían “pagar menos” en sus adeudos de Catastro por los inmuebles que tienen en Lomas de Cocoyoc. Los servidores públicos cayeron en la trampa y les sugirieron que podían borrar los adeudos correspondientes a los años 2015, 2016, 2017 y 2018, de una cuenta catastral.

  • ¿Y cómo cuanto necesitaríamos para eso? Preguntaron los policías con cara de ingenuidad.
  • Pues mire jefe, normalmente se cobra más, pero por tratarse de ustedes se lo podemos dejar en 50 mil- dijo el incauto empleado.

Y así fue como acordaron verse en un lugar para hacer la transacción: los supuestos usuarios llevarían los 50 mil pesos y los desleales servidores públicos le entregarían un documento en el que daban constancia de que el predio en mención estaba al corriente de todos sus pagos. Obviamente dicho documente era apócrifo, impreso por ellos mismos en una computadora, con firmas falsificadas y sellos que también mandaron hacer exprofeso.

¿Cuántas transas iguales hicieron estos sujetos? No lo sabremos y tampoco van a ser juzgados por delitos anteriores, pero lo que sí es indiscutible es que están bien presos en la cárcel Distrital de Cuautla.

Días después de la detención sus abogados solicitaron la suspensión condicional del proceso con el fin de obtener la libertad de los imputados, pero ante la oposición de la representación social y los sólidos argumentos que presentó, el Juez negó la petición y ambos servidores públicos continuarán en prisión preventiva.

La Fiscalía Anticorrupción manifestó su oposición a esa solicitud por su improcedencia jurídica, en razón de que además del delito de Ejercicio Abusivo del Servicio Público, a Cristofer “N” se le imputa Falsificación de Documentos  y a José Alberto “N” Cohecho, con lo cual, superan la media aritmética de cinco años de prisión, por ello, era improcedente la suspensión.

El Juez, además de coincidir con la argumentación del Ministerio Público, estableció que los imputados fueron vinculados a proceso por la suma de dos delitos cada uno, conforme el auto de vinculación a proceso, por lo que no alcanzan ningún beneficio de libertad.

Además, dijo que los delitos que se atribuyen a los servidores públicos, no pueden separarse uno de otro, porque la legislación penal no hace esa distinción.

A diferencia de lo que ocurre en la Fiscalía General (quizás porque la carga de trabajo es mayor), en la Fiscalía Anticorrupción se notan los resultados. Diariamente están generando tarjetas informativas de las carpetas de investigación que judicializan, algunas “pegan” y otras se las regresan, pero no dejan de insistir.

Es digno de reconocer que en la Fiscalía Anticorrupción no sólo se avocan a los asuntos de renombre (todos relacionados con el gobierno de Graco, hasta ahora), sino también en casos de poca relevancia mediática pero socialmente necesarios.

Tal es el caso de la joven “bombera” de Cuernavaca,  a quien presuntamente uno de los directivos de la Secretaría de Seguridad Pública de la capital de Morelos, la acosaba sexualmente y le pedía la mitad de su sueldo.

Aun cuando la investigación se encuentra en una etapa inicial, la agente del Ministerio Público consideró pertinente privilegiar la integridad física, sicológica y patrimonial de la víctima, por lo que, en audiencia, solicitó a un juez del Control, la ratificación de las medidas de Protección por 60 días, para que el hombre denunciado no se acerque a su trabajo, ni a su casa.

En otro caso, la Fiscalía Anticorrupción logró ratificar las medidas de protección a favor de un niño de 12 años y su madre, ya que el menor presuntamente fue agredido y amenazado por su tío, quien es policía de la Comisión Estatal de Seguridad (CES).

El pasado 6 de diciembre de 2019, la Fiscalía Anticorrupción recibió la denuncia de una mujer y su menor hijo, quienes declararon que ese día, Juan “N” tío del agraviado, estando vestido de policía, lo empujó y amenazó con “levantarlo”, diciéndole que su mamá no lo iba a encontrar.

Ante tal situación, la Fiscalía Anticorrupción dictó medidas de protección apegándose al artículo 137 fracciones I y II del Código Nacional de Procedimientos Penales, a efecto de que mientras se realizan las investigaciones y se está en condiciones de judicializar la carpeta, el imputado no puede acercarse al menor, ni a su madre, quienes deberán contar con protección policiaca.

Lo anterior, a pesar de que recientemente el abogado Gibran Haro Álvarez hizo público a través de su cuenta de Twitter un documento en el que el comisionado de Seguridad Pública, Antonio Ortíz Guarneros, le advierte al Fiscal General, Uriel Carmona Gándara, que ya no le va a mandar elementos cada vez que un agente del MP lo requiera, sino solamente en aquellos casos realmente justificados.

“…le comunicó que a partir de la fecha no podrá implementarse ninguna medida de protección si no se acompaña al oficio de solicitud la siguiente información”, dice el documento fechado el 13 de febrero, y enseguida viene una lista de cinco condiciones para autorizar los elementos.

Luego dice que las medidas de protección “son giradas de manera indiscriminada” por los agentes del MP y le pide al fiscal general que “exhorte a los MPs a que solamente soliciten el auxilio de esta dependencia cuando esté acreditado el riesgo inminente que tenga la persona a la cual se le brindará la medida de protección”.

¿Será también justificado que elementos de la CES sirvan de escoltas de servidores públicos de los tres poderes del Estado?

HASTA MAÑANA.

Martes, 10 Marzo 2020 05:21

Aprendimos la lección; regresen

Independientemente de que hay ingredientes políticos y radicalismos que de ninguna manera pueden ser aceptados, el paro nacional de ayer surtió el efecto deseado por la mayor parte de la población: que las mujeres no son objetos, sino complemento de una sociedad.

Y sí, nos hicieron mucha falta en las actividades diarias de las ciudades, así que podríamos decir que aprendimos la lección y estamos muy contentos de que hoy todo regrese a la normalidad.

Se notó su ausencia en el transporte, en la atención de las oficinas, y sobre todo en las escuelas, aunque hubiese sido mejor que no suspendieran clases para ver qué hacían los maestros varones con todos los niños.

En lo personal, mi agente de seguros me envió mi póliza el domingo en la noche con la advertencia: “Mañana estaré desconectada todo el día,  pero cualquier cosa déjeme mensaje”. Y lo cumplió. El desayuno en el restaurante se tardó más que otros días y no había suficientes cajeras en los bancos.

Afortunadamente sólo fue un día.

Qué lástima que para muchos padres, muchos hijos, muchos hermanos y hermanas, el 9 de marzo sea permanente. No volverán nunca porque fueron víctimas de feminicidios o porque están desaparecidas.

Y ese precisamente era el fin de este movimiento: que por un día nos pusiéramos en el lugar de esas personas que han perdido a un ser querido que es mujer, y de esa manera valoremos a las que todavía están vivas.

También ese era el propósito de la marcha del domingo, la cual desafortunadamente se vio empañada por esas mujeres radicales que ya vimos que también existen en Morelos  y que causaron destrozos en la fachada del Palacio de Gobierno.

Ciertamente esas féminas están enojadas por muchas cosas y su indignación es totalmente comprensible, pero hay alguien que las está organizando. Es decir, hay alguien que mandó hacer esa tela morada muy larga que les sirvió para evitar que los fotógrafos y camarógrafos registraran sus actos vandálicos; hay alguien que les proporcionó la pintura en aerosol y lo que utilizaron para tratar de prenderle fuego.

También debe haber alguien que las está enseñando cómo hacer y cómo lanzar (muy mal por cierto) bombas “Molotov”. Son precisamente esos grupos los que se están aprovechando de un reclamo legítimo del sector femenino contra años de opresión, y que buscan obtener un beneficio político.

Pero en el fondo todas tienen razón. Debe haber un cambio de paradigma en la sociedad de tal manera que lo que antes era “socialmente aceptado y tolerado”, quede desterrado. Necesitamos “cambiar de chip”, pero no es fácil en una sociedad donde no hace muchos años los hombres se robaban a las mujeres y después iban los padres del varón a ver a los padres de la adolescente o joven a lo que se llamaba “el perdón” y todo se solucionaba con el matrimonio. Así pasó con nuestras abuelas, con algunas señoras septuagenarias y quizás hasta se siga dando esta situación en estos tiempos en algún lugar de la República Mexicana.

Recientemente platicábamos con unas compañeras reporteras en el cumpleaños de la hija de una de ellas, en una fiesta que fue “amenizada” por un payaso. El hombre con maquillaje y nariz roja basó su show en la ridiculización de las mujeres (gordas, feas, regañonas, etc.) y en los concursos ayudándole a los niños.

Tradicionalmente eso hacía reír mucho a la gente (prueba de ello es el éxito que tienen los payasos que se presentan los sábados y domingos en las escaleras del zócalo), pero de un tiempo a la fecha hay gente a la que ya no le causa gracia ese tipo de chistes. Al menos en el caso de nuestra amiga, difícilmente vuelve a ser contratado.

Los tiempos cambian y los hombres debemos entender que el papel de “Don Juan Tenorio” ya no causa gracia, ni en la oficina con las secretarias ni en la escuela con las alumnas. Antes le celebraban al profe un chiste “colorado”, hoy lo graban y lo denuncian.

En Morelos cuantitativamente estamos bien en cuestión de equidad de género. En el Congreso Local ya hasta se pasaron en el número de mujeres diputadas y  en el Poder Judicial hay una gran cantidad de magistradas (comenzando por la presidenta) y muchísimas juezas.

En el Poder Ejecutivo tenemos a cuatro secretarias de gabinete. Hay gente que quisiera una paridad “a rajatabla”, pero nosotros consideramos que se deben poner a los mejores en el gobierno del estado, independientemente del género al que pertenezcan, y con esto nos referimos también al sector homosexual.

¿Qué sigue después de este primer paro nacional de mujeres? Esperemos que los jefes de oficina lo piensen dos o tres veces antes de ofrecerle a una mujer un ascenso a cambio de favores sexuales; que los taxistas y albañiles estén conscientes de que pueden ir a la cárcel por andar “piropeando” a las mujeres. Y así en todos los sectores.

Pero por otro lado también deseamos que lo que hoy parece ser una conquista del género femenino, degenere en un movimiento político que tenga a la violencia como factor permanente. Que no permitan que grupos políticos se aprovechen de la situación para “llevar agua a su molino”, o que utilicen a las víctimas para atacar al sistema.

Ya vimos que no siempre es un hombre el que viola o asesina a una mujer, y el caso de la niña Fátima es el más claro ejemplo: fue una mujer la que la raptó y la entregó a su victimario.

Pero también no estaría de más un poquito de autoprotección. Es cierto que la responsabilidad de garantizar seguridad es de las autoridades, pero ya en términos prácticos, mucho ayuda el que las mujeres no anden solas en altas horas de la madrugada, y que dejen a esas parejas que muestran alteraciones en su conducta o consumo de drogas o alcohol.

Las estadísticas no mienten: los responsables de los feminicidios son en su mayoría las parejas sentimentales de las víctimas. Y en el caso de las violaciones de menores, casi siempre son familiares o las parejas de la madre.

HASTA MAÑANA.

 

Lunes, 09 Marzo 2020 05:13

El amparo que vino de Sinaloa

“Cuernavaca, Morelos, a cinco de marzo de dos mil veinte. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el oficio 389/2020 signado por el secretario del Juzgado Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual devuelve el juicio de amparo en que se actúa 1237/2019 y su acumulado 1640/2019, que contiene la resolución de fecha veintiocho de febrero del año en curso”.

Así dice el acuerdo firmado por el Juez Tercero de Distrito, Oscar Alejandro López Cruz, mediante el cual da por recibido el amparo promovido por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Juan Emilio Elizalde Figueroa, contra actos del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, específicamente, los realizados por nueve magistrados que autorizaron la desaparición de distritos judiciales en materia penal; la creación de un juzgado en materia mercantil; y la creación del Circuito judicial único en materia penal oral.

Recordemos que Juan Emilio Elizalde sostuvo en su petición de amparo que dicha acción contraviene el derecho fundamental de los justiciables a ser oídos y vencidos en juicio  en el que se hubieren observado las formalidades esenciales del procedimiento y se emita resolución por autoridad competente, toda vez que el tema de competencia de una autoridad para emitir cualquier resolución, constituye un presupuesto procesal de orden público y de interés social, en el que todos los gobernados están interesados en que la autoridad que corresponda conocer, substanciar y dirimir un conflicto, tenga facultades competenciales para ello, aspecto competencial que por su carácter de presupuesto procesal es de orden público y de interés social que obliga incluso a observarse de oficio por la autoridad respectiva.

“Esto es así, porque de la sesión de seis de septiembre del año en curso, ante la falta de condiciones para aprobar los puntos del orden del día presentado por la Magistrada Presidente, dado que no entregó las constancias correspondientes conforme a las que se pretendía sesionásemos, nueve magistrados no contábamos con la información básica para debatir y menos aún para dirimir o resolver cualquier planteamiento de los referidos en la convocatoria respectiva por lo que al parecer sólo estuvieron presentes nueve magistrados, con lo que en términos de lo que dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Morelos en su arábigo 27, no existía quorum para sesionar ni deliberar y menos aún para emitir válidamente alguna resolución ya que para ello se requiere por lo menos las dos terceras partes de los Magistrados que conformamos el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos, es decir, que si somos dieciséis Magistrados con derecho a voz y a voto y las dos terceras partes de dieciséis son diez punto seis Magistrados, como sólo al parecer estuvieron en sesión ocho Magistrados con derecho a voz y voto, basta una simple operación aritmética para colegir que no se encontraban las dos terceras partes para sesionar, para deliberar, ni para emitir resolución alguna”.

Por tales motivos se estima que la sesión extraordinaria de seis de septiembre del año en curso, así como las deliberaciones, los acuerdos y las resoluciones emitidas por nueve magistrados y no por el pleno carecen de valor jurídico por haber sido emitida por autoridades incompetentes, ya que el único competente para ello lo es el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del estado, el cual se integra con las dos terceras partes de los Magistrados, requisito que no fue cumplimentado, sostenía el magistrado que promovió el recurso.

Pues bien, en su resolución, el juez Jorge Alfonso Castillo Espinoza señala que “en este contexto, se tiene que existe base legal para aseverar que el acuerdo dictado en sesión ordinaria del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos, de seis de septiembre de 2019 (…) no reunió los requisitos que para su integración y poder de decisión establecen los numerales 86, 93 de la Constitución Política del Estado de Morelos, 27 párrafo segundo, 28 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos y 17 de su reglamento.

“En efecto, tales disposiciones legales establecen que el Pleno del Tribunal es la máxima autoridad del Poder Judicial del Estado, se constituye por su Presidente y magistrados (18); que las sesiones y deliberaciones que se efectúen serán tomadas por mayoría de votos y tendrán validez con la asistencia de por lo menos las dos terceras partes de los magistrados (12); empero, ello implica no sólo que al inicio de la sesión se haya declarado el quorum sino también que al momento de la votación del acuerdo exista cuando menos las dos terceras partes de los magistrados emitiendo su voto ya sea a favor, en contra o absteniéndose, lo que no se puede comprender de otra forma, ya que aceptar la forma de como la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, aprobó el acuerdo combatido de seis de septiembre de 2019, con tan sólo nueve magistrados, pretendiendo que la decisión fue del Pleno del Tribunal, caería en el extremo de que las decisiones de éste, a decisión unilateral de su presidente, se puedan tomar con un quorum no establecido por la ley”.

De esta manera, determina que “al no haberse respetado las formalidades establecidas por la ley (…) procede conceder el amparo y protección solicitados”. Con fundamento en los artículos 74 fracción V y 77 de la Ley de Amparo, se fijan los efectos de la concesión del amparo, para que las autoridades responsables “dejen insubsistentes las actas de sesiones extraordinarias de Pleno celebradas el 6 de septiembre y seis de noviembre del 2019, únicamente en la parte donde determinaron los acuerdos que modifica la actual distritaciónde los Juzgados Penales en Materia de Justicia Oral y se crea un Distrito Judicial Único de Primera Instancia en el Sistema Penal Acusatorio del Estado de Morelos, así como un circuito judicial de la misma materia; y, por el que se complementa la circunscripción primera del artículo 2° de dicho acuerdo; y, en su lugar emitan otra en la cual deberán observar lo establecido en el artículo 92-A de la Constitución  Política del Estado de Morelos, en el entendido que deberán no sólo requerir a la totalidad de los magistrados que integran el Pleno del Tribunal a efecto de declarar la existencia del quorum legal, sino también para llevar a cabo dicha votación”.

Hasta aquí la resolución del juez de Mazatlán que es bastante clara y contundente aunque la ley contempla la posibilidad de que ésta sea recurrida ante un tribunal colegiado y la confirmación o revocación estaría dándose más o menos en el mismo tiempo que la actual presidenta termina su periodo.

En caso de que el tribunal de alzada confirmara la sentencia aquí referida, ¿cuáles serían los efectos que tendría éste amparo sobre los actos que se hayan realizado atendiendo a una disposición que ha quedado invalidada por órdenes de la justicia federal?

Consideramos que es momento de que los 17 magistrados piensen en el problema que están metiendo a los justiciables y tomen una determinación más allá de si están con la presidenta o en contra de la presidenta, pues ella se va en dos meses pero los problemas se quedan.

 

Viernes, 06 Marzo 2020 05:35

Desconocimiento y protagonismo

En esta ocasión la presente columna está dirigida a quienes se dedican a la noble profesión del periodismo, ya que este viernes por la tarde está programada una importante reunión convocada por el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, para que los comunicadores intenten ponerse de acuerdo sobre quién nos habrá de representar en el Mecanismo de Protección para Periodistas (y defensores de derechos humanos) del estado de Morelos.

Primeramente trataremos de explicar qué es el Mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas (ese es el nombre oficial): es la instancia federal, adscrita a la Secretaría de Gobernación, que tiene la misión de proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que sufren agresiones con motivo de su labor.

Y es que el principal problema que tenemos es el desconocimiento de los colegas sobre la función específica de este órgano, pues algunos siguen pensando que es una instancia de apoyo al periodista, y que se debe encargar –por ejemplo- de recabar fondos cuando un compañero está enfermo o ha fallecido. No es así.

A nivel nacional el Mecanismo existe desde el 2012 en que fue publicada la Ley y está integrado por una Junta de Gobierno, un Consejo Consultivo y una coordinación Ejecutiva Nacional. Cuenta con un Fondo, que según la Ley de la materia, se destina exclusivamente para la implementación y operación de las Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección y la realización de los demás actos que establezca la Ley para la implementación del Mecanismo, tales como evaluaciones independientes.

A nivel local el gobierno de Marco Adame Castillo creo el Mecanismo de Protección a Periodistas (no incluyó a defensores de derechos humanos) mediante la publicación de un convenio, es decir, no estaba soportado en una Ley ni tampoco en un decreto. Aun así, el gobierno de Graco Ramírez lo sostuvo y sus acciones se sustentaron más bien en la voluntad de las autoridades y no en una obligatoriedad. Como no había ley, tampoco hubo fondo para medidas de protección.

El 20 de agosto del 2018 se publicó en el periódico oficial “Tierra y Libertad” la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos del estado de Morelos (nótese que puso en primer lugar a los comunicadores) y estableció como objetos los siguientes:

a) Establecer el Mecanismo de Protección para Personas defensoras de derechos humanos y periodistas, a fin de que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos. b) Reconocer los principios del ejercicio de la promoción y defensa de los derechos humanos y del periodismo como actividades de interés público, teniendo como función el Estado, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos vinculados a ello. c) Generar condiciones de vida digna para continuar ejerciendo su labor, a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas que se encuentren fuera de su lugar de origen a consecuencia de la violencia de la que fueron o podrían ser potenciales víctimas. d) Implementar y operar las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y Medidas Urgentes de Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa y promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo, con la finalidad de garantizar las condiciones para continuar ejerciéndola y salvaguardar los mismos derechos y bienes de los familiares o personas vinculadas a los periodistas y/o defensores de derechos humanos. e) Establecer las obligaciones y responsabilidades de los entes públicos del Estado, en cuanto a la implementación y operación de las Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección en el ámbito de su competencia, las cuales deberán desarrollarse con la debida diligencia y perspectiva de género, garantizando una acción libre de discriminación y violencia, en el marco del respeto de los Derechos Humanos.

Aquí se contempla la implementación de un Comité Consultivo, y el Subcomité Técnico de Evaluación. El primero integrado por dos representantes de la Secretaría de Gobierno y uno de la CES, FGE, IMIPE, SS, CEDH, TSJ, tres organismos no gubernamentales de Derechos Humanos y tres periodistas.

El Subcomité estará integrado por funcionarios de las dependencias ya mencionadas y dos representantes de los defensores de derechos humanos así como “dos personas pertenecientes al foro de periodistas”.

Pues bien, del 20 de agosto del 2018 a la fecha, no nos hemos podido poner de acuerdo en quienes serán los representantes de los periodistas y mucho menos elaborar un reglamento.

Y es que el principal problema es el divisionismo que prevalece en el gremio periodístico. Somos lo más parecido a una cubeta con cangrejos, pues cada vez que alguien hace algo para avanzar, es jalado por los otros que cuestionan “¿Y por qué tu?”

Para empezar, no hemos podido resolver el dilema de quién debe convocar a la asamblea en la que se elegirá a nuestros representantes.  Sabemos que hubo una asamblea celebrada por un número importante de compañeros en la sede del SME, pero no hubo un notario público que diera fe de lo que ahí se acordó.

Cualquier intento por llegar a acuerdos de algunos compañeros se vio frustrado por “tuitazos” de que “ellos no me representan”, así que al gobierno no le quedó otra que publicar una convocatoria como lo establece la ley: a través de su publicación en el periódico oficial “Tierra y Libertad” y en cuatro periódicos de mayor circulación.

Aun así, no faltó quien tomara esa convocatoria como una “intromisión” y un intento por controlar al gremio.

Ojalá que acuda el mayor número posible de comunicadores, primero para que sepan de qué se trata y en segundo lugar para que opinen y decidan el mecanismo para elegir a nuestros representantes.

Todos sabemos que nadie está exento de sufrir una agresión, ya no solamente por desempeñar una actividad peligrosa de por sí, sino por la inseguridad que afecta a toda la población. Y ciertamente cuando alguien te quiere hacer algo de muy poco sirven los escoltas o los vehículos blindados, pero si ya está contemplado en la ley pues hay que conocerlo para saber qué hacer en caso de que ocurra.

Pero sin protagonismos.

 

HASTA EL LUNES.

 

Jueves, 05 Marzo 2020 05:30

La intrascendencia de las comparecencias

Después de haber visto pasar unas 10 legislaturas locales, y no menos de una veintena de comparecencias de servidores públicos, ayer refrendamos nuestra opinión de que no hay nada más intrascendente que el hecho de “mandar traer” a un funcionario del gabinete para que conteste las interrogantes de los diputados, generalmente ignorantes del tema y que sólo suben a la tribuna a leer lo que sus asesores les han anotado.

Salvo escasas excepciones, las comparecencias sólo sirven para definir la relación del servidor público con los representantes populares. Generalmente las primeras se caracterizan por la rudeza de los legisladores a la hora de preguntar. Luego viene la petición de favores y las siguientes comparecencias son tersas y hasta con preguntas a modo.

Recordemos que los procuradores son designados por el Congreso a propuesta del gobernador a partir de 1998. El último procurador designado directamente por el mandatario estatal fue Arturo Estrada Carrillo aunque fue sólo por unos meses. Con la caída de Jorge Carrillo Olea (cuyo procurador fue encarcelado por encubrir el homicidio de Jorge Nava Avilés alias “El Moles”) el Congreso reformó la Constitución para que el titular de la Procuraduría fuera electo por mayoría de votos de una terna enviada por el gobernador.

El primero que llegó a través de ese mecanismo fue José Castillo Pombo, priísta que tuvo que negociar con perredistas y panistas para que lo dejaran dos años en la Procuraduría. En ese tiempo, una gran cantidad de vehículos “chocolates” en poder de la Procuraduría terminaron en los sótanos de los diputados, no para ellos, sino para sus ayudantes, de los cuales varios fueron dados de alta como policías judiciales y “comisionados” como escoltas de los legisladores.

Desde entonces los procuradores (hoy llamados fiscales) se han convertido en empleados de los diputados. Se dan el lujo de enviar sus listas de averiguaciones previas (hoy carpetas de investigación) en las que quieren que se le dé celeridad o más bien que se les aplique “carpetazo”.

En algún tiempo los diputados traían un documento firmado por el jefe de la Policía Ministerial (Agustín Montiel) que los autorizaba a portar arma al amparo de la licencia colectiva de esa corporación. A ese grado ha llegado la relación entre la Cámara de Diputados.

A ese nivel ha llegado la relación de complicidad entre procuradores y diputados. Pero al parecer las cosas han ido cambiando.

Se ha dicho muchas cosas del actual fiscal Uriel Carmona Gándara y su relación con los diputados y diputadas. Recuérdese que Uriel fue designado todavía por el Congreso anterior, cuando el jefe de todos ellos era Rodrigo Gayosso, por lo que el nuevo gobierno pretendía quitarlo. Pero el hijo de Uriel y Marinela no es nada tonto, y comenzó a tejer sus redes tanto en el Congreso como en el Poder Ejecutivo, de tal manera que los días en el cargo que le pronosticaban se convirtieron en meses y ahora ya rebasó el primer año.

En términos generales se puede decir que el notario con licencia salió avante de su comparecencia. Hubo legisladores (hombres y mujeres) que le pusieron preguntas para que se luciera, pero otros y otras se le fueron a la yugular.

La táctica que advertimos fue que Uriel “les dio el avión”. No se confrontó con nadie. Aceptó todos los regaños, dejó que se desahogaran y prometió mejorar.

“Solamente el que no trabaja no se equivoca", contestó cuando le preguntaron sobre el bochornoso tema del cadáver entregado a la familia equivocada. “Pero tiene usted toda la razón, esas cosas no deben de pasar nunca”, dijo con voz lastimera.

En su informe dijo que en el estado se iniciaron más de 20 mil carpetas de investigación. Mil 89 carpetas fueron judicializadas; 511 imputados quedaron sujetos a proceso; y se obtuvieron 87 condenas. En la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, se registraron 38 carpetas de investigación: 26 por feminicidio y12 por homicidio calificado. Se judicializaron 17 carpetas de investigación, con 11 imputados procesados.

En otro rubro, el Fiscal informó que la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión cuenta con 108 carpetas de investigación iniciadas, 16 carpetas judicializadas, la vinculación a proceso en 38 carpetas de investigación con un registro de 58 detenidos, y 28 fallos condenatorios con un total de 57 sentenciados.

Con ese esfuerzo, la Fiscalía Antisecuestro ejecutó 17 órdenes de aprehensión y consiguió la liberación de 75 personas secuestradas, de los cuales el 75 por ciento fue mediante negociación y el 25 por ciento restante por operativo.

La tarea constante de la PIC permitió el cumplimiento de 260 mandatos judiciales; la detención de 242 posibles imputados por flagrancia y 331 por investigación; 54 operativos, con 41 armas de fuego, mil 335 paquetes de droga decomisados; y la recuperación de 11 vehículos automotores robados.

No obstante, hubo legisladores que subieron a la tribuna “con la espada desenvainada”.

“El informe que usted rinde a esta soberanía es absolutamente oscuro”, fue la frase de bienvenida que le profesó la diputada priísta Rosalina Mazari Espín al fiscal general de Justicia. Y después de considerar insuficientes y engañosos los datos ofrecidos, terminó con un “si no puede con la encomienda es mejor que se vaya”.

 “No estamos aquí para atacar a nadie, estamos aquí para fortalecer a la Fiscalía y a sus trabajadores, porque queremos resultados, porque la gente tiene miedo, y creo que una forma de ayudar al Gobernador del estado es que respetemos a todas las instituciones”, dijo la diputada Tania Valentina Rodríguez.

Señaló que el estado de Morelos está siempre en primeras planas con asesinatos, feminicidios, escándalos de corrupción, por lo que enfatizó que es necesaria la unión de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y fortalecer “una Fiscalía que nos necesita”.

Y al parecer quien no tenía qué preguntar y se fue por el comentario fácil fue la diputada panista (plurinominal), Dalila Morales, quien criticó que el secuestro del periodista Adrián Fernández se haya resuelto en cuestión de horas y otros no. Como ya lo hemos comentado en este espacio, la diferencia estuvo en la participación de la ciudadanía al denunciar en forma anónima los posibles hechos delictivos. De pena ajena.

HASTA MAÑANA.

Miércoles, 04 Marzo 2020 05:13

El “complot” contra Carmen

La información llegó a los medios de comunicación locales y nacionales en forma sistemática, como si se tratara de algo muy bien planeado. Algunos lo publicaron casi textual, sin mencionar fuentes, otros –como El Universal- lo atribuyeron a una “investigación surgida desde el seno del Poder Judicial”.

Lo cierto es que la existencia de documentación falsa relativa a la identidad de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos, María del Carmen Cuevas López, cimbró el edificio de Leyva y se convirtió en el tema más recurrente en los pasillos.

“La magistrada falsificó su fecha de nacimiento con el fin de quitarse un año de edad, así como modificó su nombre de forma unilateral, lo cual se puede confirmar con el  acta de nacimiento número 2109 asentada en la Oficialía 01 de Cuernavaca, Morelos con fecha 27 de junio de 1962, en la que se inscribió el registro de nacimiento de la C. María del Carmen Cuevas López, nacida el día 19 de enero de 1962.

“Lo anterior, toda vez que el día 20 de mayo de 1999, un usuario adscrito al Poder Judicial del Estado de Morelos generó en la plataforma eCURP la Clave CULC630119MMSVPR04, en favor de María del Carmen Verónica Cuevas López, nacida el día 19 de enero de 1963, es decir, modificó el año de nacimiento de 1962 a 1963 y se agregó el nombre de Verónica”, dice la información que a leguas se nota que la hizo un profesional de las leyes.

Esta CURP tuvo que haber sido generada de manera indebida, manipulando el sistema, o con un acta apócrifa expedida en favor de la misma, pues en el Registro Civil solo existe una única acta y no constan inscripciones marginales que hayan permitido las modificaciones referidas.

Todo esto surge justo antes de que fuera nombrada juez de primera instancia del noveno distrito judicial con sede en Jiutepec, Morelos, cargo que ocuparía hasta octubre de 2003. “Sospechoso es, que la nueva CURP, haya sido creada por un usuario del mismo lugar donde ella laboraba”, dice el texto anónimo pero contundente, en el que se reconoce que no se sabe con qué objeto se disminuyó un año de edad y se aumentó un nombre.

Ya sólo faltó que le pusieran el “haiga sido como haiga sido”, el hecho es que María del Carmen Cuevas López se ha conducido desde 1999 con un documento que no corresponde a su fecha real de nacimiento y que ha utilizado este documento en al menos 5 instituciones, tales como el Instituto Mexicano del Seguro Social, Secretaria de Hacienda, Secretaria de Relaciones Exteriores, Poder Judicial del Estado de Morelos, entre otras.

“Queda de manifiesto que la actual magistrada se conduce con documentos apócrifos o falsos”, concluye la “investigación” que es evidente proviene del grupo de nueve magistrados y magistradas que buscan su salida desde hace mucho tiempo, algunos y algunas de las cuales fueron sus confidentes cuando se aliaron para tratar de derrocar al entonces presidente Ricardo Rosas Pérez.

En este espacio pronosticamos que a la presidenta del TSJ se le avecinaban tiempos difíciles en la recta final de su mandato. Aunque ha tratado de amarrar acuerdos tanto en el poder ejecutivo como en el Legislativo, no le han sido suficientes para soportar las andanadas.

Por si esto fuera poco, acaba de resolverse el amparo promovido por Javier Hernando Romero Ulloa, recientemente destituido como juez penal.

En esa resolución firmada por el Juez Tercero de Distrito, considera que en la sesión extraordinaria de ocho de enero de dos mil veinte, la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, emite una serie de consideraciones y, tabla de evaluación, “empero, no se desprende una debida valoración como se determinó en la ejecutoria de amparo, tan es así, que determina pronunciarse sobre otras personas, lo cual no fue del alcance de la ejecutoria de amparo, por lo que se advierte que la autoridad responsable dejó de observar los lineamientos emitidos en la ejecutoria de amparo”.

Además, dice que sigue existiendo defecto en su cumplimiento en atención que, por lo que hace al diverso quejoso Miguel Ángel Bahena Santana, en razón a que sí bien refiere y alude hacer un estudio de sus exámenes donde asienta además una tabla de calificaciones de dicho quejoso, cierto también lo es, que hace mención y valuación de cuestiones que no fueron motivo de la ejecutoria de amparo, de lo que se desprende que no hizo un debido estudio y valoración de lo solicitado en la ejecutoria de amparo, y la forma de resolver en lo que hace a dicho quejoso; dejando de observar la ejecutoria de amparo.

 “Siendo así y de la lectura de su determinación y conclusiones a criterio de quien resuelve, existe un exceso y defecto, es decir está valorando exámenes respecto a personas que no recurrieron al amparo y lo cual excede en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, procede a realizar una tabla de calificaciones, y, a hacer una narrativa de sus calificaciones eliminando a los terceros perjudicados, cuando de la ejecutoria de amparo se señalan los lineamientos a seguir.

“En ese sentido, y con base en las constancias que remitió la responsable, este Juzgador determina que el fallo protector no ha sido cabalmente cumplido. Por tanto, a efecto de evitar mayores dilaciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días contados a partir del momento en que quede legalmente notificada de este proveído, deje sin efectos la determinación que emitió para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y proceda a dar cumplimiento total a la ejecutoria en los términos ahí señalados de los cuales no desconoce”.

Con esta resolución, el juez ha estado promocionando un video en las redes sociales en el que critica la actuación de Carmen Cuevas, igual que por su lado lo está haciendo el jurista Héctor Manuel Buenrostro Grimaldi.

Y el pasado lunes los barristas hicieron lo propio. Lo advertimos: “le van a echar montón”.

Ayer se esperaba una reacción de la magistrada presidenta sobre el tema de su acta de nacimiento, pero hasta el momento de redactar la presente columna no llegó.

HASTA MAÑANA.

 

Martes, 03 Marzo 2020 05:23

Una Barra de Abogados dividida

Ayer, un grupo de integrantes de la Barra de Abogados convocó a una conferencia de prensa en la que “agarraron parejo” a todas las instituciones de gobierno y dejaron en claro que “las cosas no están bien”. Llamó la atención que entre los declarantes no estaba su presidente, Cristian Iván Velazco Alcoser, por lo que fue cuestionado por los reporteros.

“No invitamos a nuestro presidente porqué él no está interesado en levantar la voz a nombre de sus representados”, contestó lacónico José Luis Urióstegui Salgado, cabeza visible de esta “rebelión” al interior de la agrupación de abogados más grande en el estado de Morelos.

A su lado, otro ex presidente de la Barra, Alejandro Smith Vázquez; la representante de la agrupación en la zona oriente, Aricela Camacho; el jurista Arnulfo Romero; del otro lado Enrique Arizmendi Sanpedro, Miriam Martínez Bolaños y Reyna Rosales, todos “barristas de la vieja guardia”.

En contraste, el actual presidente Iván Velasco Alcoser, feliz en su muro de Facebook tomándose “selfies” con cuanto funcionario de gobierno encuentra. Eso es lo que le reclaman.

Primero habló Aricela Camacho, quien reprochó a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Verónica Cuevas López, el estar más preocupada por su problemática interna que por los justiciables. Pidió que los nombramientos de jueces sean por méritos y no por amiguismo o compadrazgo.

Luego hizo uso de la palabra Arnulfo Romero, quien participó en el proceso de implementación del nuevo sistema de justicia penal allá por el 2006.

Él dijo que Morelos atraviesa una grave crisis de seguridad, con altas tasas de impunidad y con un sistema impuesto e inacabado, de procuración e impartición de justicia penal, que lo han hecho débil y corrupto. “Además, confronta a las autoridades responsables de estos grandes rubros, en una dilapidación absurda de lamentos desafortunados, respecto a quién es responsable de tanta liberación a delincuentes, ante la puerta giratoria qué distingue al indómito Sistema Penal Contradictorio Adversarial, implementado con motivo de la Reforma Constitucional del 2008”, agrego.

 Recordó que dicha reforma pretendía transformar un sistema de justicia penal autoritario en uno qué cumpliera con los principios de un régimen democrático y de derecho con presunción de inocencia, debido proceso, transparencia, control horizontal, privilegiar los derechos de las víctimas, entre otras tantas bondades ofrecidas. “En la actualidad, el funcionamiento de la Justicia penal en México, han sido una Justicia derrotada y simulada y qué nunca será suficiente, por estar descontextualizada con la realidad histórica de nuestro país y siempre será contraria a la necesidad real y posible de nuestro antiguo sistema político, además, contraria a la viabilidad presupuestal y de validación de resultados”.

Enrique Arizmendi Sanpedro, quien alguna vez ocupó el cargo de director de capacitación de la Policía Ministerial y por un tiempo estuvo al frente de la cuestionada corporación, consideró que no obstante los logros y las aportaciones que los diferentes procuradores han realizado, “estimamos que en la cuestión programática existe un rezago, ya que hasta la fecha no conocemos el plan integral de seguridad pública del estado, que debiera presentar el titular de la Secretaría del ramo, que vinculado a los planes estatal y  nacional de desarrollo, nos señale el camino que deben de establecer las áreas de planeación para ir resolviendo los distintos problemas que tiene que enfrentar esta función”.

Tocó el turno a Alejandro Smith Vázquez, quien se refirió al desempeño de los jueces de Distrito, e hizo un llamado al Consejo de la Judicatura Federal para que se revise si todos están cumpliendo con lo establecido en la reforma federal del 2011.

“Nuestra exigencia es a que se califique la calidad  de los criterios del Poder Judicial Federal en cuanto a la garantía que deben de otorgar y a la calidad de las sentencias interlocutorias o definitivas para los justiciables, si el juez de Distrito no está capacitado para entender que ha habido una reforma que transformó al país en 2011 no podemos seguir así”, acotó.

Cerró el ex presidente de la Barra de Abogados, José Luis Urióstegui Salgado, quien expuso el grave problema de la extorsión conocido coloquialmente como “cobro de piso” y que afecta a una gran parte de comerciantes y empresarios.

Ese es un gravísimo problema que afecta al sector productivo, pero sin olvidar delitos como el robo de vehículo, robo a comercio, y últimamente los casos de personas que son asaltadas después de retirar dinero de los bancos, y todo parece indicar que es con el contubernio de los empleados bancarios.

“Levantamos la voz nosotros como barristas y exigimos a las autoridades que hagan la parte que les corresponda a cada una de ellas”, dijo para finalizar.

Todavía no acababa la conferencia de prensa y ya desde su cuentas de redes sociales el aún presidente reclamaba no haber sido invitado y que es falso que no haya alzado la voz para reclamar a las autoridades. Lo cierto es que su muro de Facebook lo delata, pues muestra “selfies” con el gobernador, con la presidenta del Tribunal, con la Fiscal Antisecuestros y, sobre todo, con el fiscal general Uriel Carmona, a quien apoyó para que la Federación Iberoamericana de Abogados (FIA), le entregara este fin de semana la Presea OPEMDE Justice Internacional 2020.

La FIA entregó la presea, “en reconocimiento a su trayectoria profesional estatal y defensor de los derechos humanos y de administración de justicia en el Estado de Morelos, a través de las acciones implementadas para la transformación de la Institución a su cargo, al tiempo de establecer un trabajo que eficientice y priorice el trabajo a favor de las víctimas”.

La evidente escisión en la Barra de Abogados pronostica una candente asamblea mensual programada para el próximo sábado siete en “Los Vikingos”, después de que la última casi termina a golpes entre dos abogadas.

HASTA MAÑANA.

 

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