La liberación de Florence Cassez y el tortuoso proceso sin sentencia de Israel Vallarta son una vergonzosa muestra de cómo la justicia mexicana puede desdibujarse ante la presión mediática, diplomática y política. Lejos de representar una victoria del Estado de derecho, estos casos revelan el abandono institucional de las víctimas de secuestro, silenciadas en medio de un espectáculo jurídico.

El proceso contra los miembros de la llamada banda “Los Zodiaco” fue desde el inicio una puesta en escena. El montaje televisado de la detención de Cassez y Vallarta no solo violó el debido proceso, sino que convirtió un caso criminal en un acto de propaganda. Y aun cuando la Corte Suprema reconoció esta falla, la liberación de Florence Cassez se basó en tecnicismos procesales sin abordar el fondo del asunto: su posible responsabilidad.

En el caso de Israel Vallarta, se arrastra una prisión preventiva prolongada, sin sentencia, como símbolo del sistema judicial lento e indiferente. Su situación es prueba de que, en México, los derechos de los acusados pueden ser vulnerados tanto como los de las víctimas.

Mientras tanto, las personas que denunciaron haber sido secuestradas por esta banda han visto cómo sus testimonios se minimizan o se olvidan por completo. Se les ha robado algo más que su libertad: se les ha negado justicia.

Lo más alarmante es la interferencia diplomática, en particular del gobierno francés, que convirtió el caso Cassez en una cuestión bilateral, presionando a México para liberar a su ciudadana. Esta injerencia proyectó la imagen de una justicia frágil, susceptible al poder extranjero.

La justicia debe ser firme, imparcial y humana. El debido proceso importa, pero también importa la reparación a las víctimas. Liberar a alguien por fallos procesales sin esclarecer su inocencia deja un mensaje ambiguo: que en México la justicia puede ser burlada si el escenario lo permite.

Decíamos en una columna anterior que en México nadie es totalmente culpable ni totalmente inocente, que difícilmente una persona que está en su casa al otro día se encuentra en un penal en espera de audiencia para saber si es culpable de un delito grave como el secuestro. “Sí soy culpable, pero no de todo lo que se me acusa”, hemos escuchado repetidamente en las cárceles.

La Ley en México no se aplica con la rigurosidad que establece la Constitución. Es como una liga que puede estirarse dependiendo de circunstancias extrajudiciales como son el poder económico o político del acusado. “Ahorita está muy caliente el asunto, hay que esperar a que se enfríe”, suelen recomendar los abogados.

A Florence Cassez la liberaron, no porque fuera inocente, sino porque un gobierno utilizó su detención para presumir que su aparato de investigación policiaca realmente funcionaba. El rescate de una persona secuestrada con la detención de sus victimarios transmitido en vivo en el noticiario de mayor rating era un plus que nadie quiso desaprovechar. ¿Qué podía salir mal?

Con lo que no contaba el gobierno de Felipe Calderón era que el presidente de Francia se iba a enamorar de Florence Cassez. De visita en México en 2009, Nicolás Sarkozy mencionó a Calderón el nombre de Florence Cassez, por cuyo destino ya se había interesado en una misiva, y recibió tan violenta respuesta —cuenta en su libro— que aterrorizó a la primera dama francesa, Carla Bruni. Calderón no acudió al año de México en París, en 2011, y Sarkozy aprovechó las más de 300 actividades programadas para recordar a su paisana encarcelada en todas y cada una de ellas.

No hay que perder de vista que el expediente de Florence Cassez pasó por todo el proceso judicial que establecen las leyes mexicanas: juez penal, magistrados, juez federal en materia de amparo, magistrados federales de Tribunal Colegiado. Y todos consideraron que había pruebas suficientes para mantener a la francesa en la cárcel.

Es hasta que llega el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dos ministros proponen que las pruebas en su contra deben ser invalidadas por el asunto del “montaje” televisivo. El ministro ponente fue Arturo Saldívar y la ministra Olga Sánchez Cordero, a la postre asesores de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.

La política siempre ha estado presente en el caso de la pareja Florence Cassez e Israel Vallarta. Con la liberación de la francesa era evidente que tarde o temprano debía salir libre el que era su novio. Y sus familiares que permanecen presos no tardan en dejar la cárcel.

De la misma forma en que Felipe Calderón se empecinó en mantener tras las rejas a la francesa, hoy “la Cuarta Transformación” exhibe la liberación de Vallarta como un triunfo. De la misma forma como el gobierno panista le dio vuelo a la detención a través de sus televisoras contratadas, hoy el gobierno de Claudia Sheinbaum da trato de héroe al recién liberado para que cuente lo del montaje en los canales oficiales que encabeza Jenaro Villamil.

Y no es para menos: el montaje fue transmitido en aquella ocasión (9 de diciembre de 2005) en el noticiario conducido por Carlos Loret de Mola, quien actualmente representa la persona más incómoda para el gobierno de Sheinbaum. Más que López Dóriga.

Irónicamente, la otra que participó en el montaje (y que asegura haberle advertido de ello al conductor) trabaja directamente con Jesús Ramírez Cuevas y tiene la oportunidad perfecta para vengarse de su ex jefe.

Después de que el equipo jurídico de Vallarta se enfrentó a la oposición sistemática de todos sus recursos, hoy es todo lo contrario. ¿Se acuerdan que tanto Olga Sánchez como Adán Augusto aseguraban que Vallarta no había sido liberado porque tenía otros dos procesos aparte? Pues hoy nadie sabe de esos expedientes. Nunca sabremos qué fue lo que realmente sucedió antes del 8 de diciembre del 2005.

Recuerde usted este nombre: Mariana Vieyra Valdez. Ella es la juez que dictó sentencia absolutoria, y que seguramente veremos en muchos cargos próximamente mientras dure el dominio de la llamada “Cuarta Transformación”.

Desde nuestro punto de vista personal, el simple hecho que una persona permanezca 20 años en la cárcel sin sentencia es una vergüenza para el sistema de justicia mexicano.

Sin embargo, si le aplicaran el mismo criterio con el que dejaron libre a Florence Cassez y a Israel Vallarta, por lo menos una cuarta parte de las personas que actualmente están tras las rejas obtendrían su libertad.

Para no ir más lejos: en Morelos tenemos a una mujer —María Luisa Villanueva— que pasó 25 años en la cárcel acusada de un delito que no cometió, y hoy los dos poderes (Ejecutivo y Judicial) le siguen negando el recurso de reconocimiento de inocencia a pesar de que ya se demostró que fue sometida a torturas.

Pero como no es francesa.

HASTA MAÑANA.