El cierre anunciado de la planta Nissan en CIVAC, Jiutepec, ha representado mucho más que un golpe económico para el estado de Morelos; ha expuesto con claridad el oportunismo político que, como reflejo de una clase dirigente desconectada de las necesidades reales de la población, no tardó en aprovecharse del dolor de miles de familias para lanzar acusaciones, ganar notoriedad y simular indignación.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Lucy Meza, excandidata a la gubernatura y figura prominente en el escenario político local, quien meses atrás aseguraba con entusiasmo que Nissan no solo permanecería en Morelos, sino que reactivaría operaciones en la planta uno, ensamblando el modelo V‑Drive. Incluso llegó a reconocer públicamente la “valiosa aportación” de los empresarios japoneses, atribuyéndose tácitamente el mérito de una supuesta estabilidad industrial que hoy se ha demostrado frágil y momentánea.
Tras el anuncio oficial del cierre, lejos de asumir su error o matizar sus anteriores declaraciones, Lucy Meza recurrió a las redes sociales para lanzar un ataque directo contra el gobierno estatal, acusándolo de mentir y de ser incapaz de retener la inversión de Nissan. Esa facilidad con la que se traslada del elogio a la condena, del aplauso a la crítica, evidencia no solo una falta de coherencia, sino una voluntad de manipular políticamente la tragedia laboral de miles de personas.
Pero no fue el único. Desde su teléfono celular (carísimo, por cierto), el novel diputado panista Gerardo Abarca escribió: “No se gobierna desde la negación, se gobierna con responsabilidad. Como presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso del Estado de Morelos, manifiesto mi profunda preocupación ante la situación que enfrentan más de 3 mil trabajadores y sus familias, quienes hoy viven bajo la sombra de la incertidumbre laboral, sin información clara ni garantía sobre su fuente de ingreso”.
Enseguida, “exige” la renuncia inmediata del secretario de Desarrollo Económico, Víctor Sánchez Trujillo, “pues quien ocupa una responsabilidad pública de ese nivel debe actuar con seriedad, compromiso y empatía, no con desprecio ni negación”.
Y es que el secretario de Desarrollo Económico escribió en su muro de Facebook que estaba contrariado y triste por la noticia del cierre de la planta de Nissan en Morelos.
“Los datos que proporcionó la empresa en meses pasados en dónde informaban de la transferencia de producción de Argentina a Morelos, me indicaba que sería absurdo hacer ése movimiento para luego cerrar en el 2027. La realidad fue otra y ahora corresponde estar al pendiente del proceso para respaldar a l@s trabajador@s en sus derechos laborales, además de otras acciones que apoyen su incorporación al mercado laboral o bien a actividades productivas”, apuntó.
No vimos nada malo en que el servidor público se haya sincerado en su cuenta personal de Facebook y que haya recordado que de niño acompañó a su padre a hacer guardia en CIVAC pues él era trabajador de la empresa H E COVAC quien construyó las casas que albergaron a los trabajadores que a Nissan y a otras empresas llegaron.
Otros actores políticos locales, incluidos algunos diputados, se han apresurado a aparecer en medios para “acompañar” a los trabajadores, prometiendo asesoría legal y gestiones ante las autoridades laborales. Lo que no mencionan es que durante años, mientras Nissan reducía operaciones y trasladaba gradualmente su producción a Aguascalientes, permanecieron en silencio. El discurso de “defender los derechos laborales” parece más una puesta en escena que una convicción real. Hay una diferencia sustancial entre actuar con visión preventiva y reaccionar cuando ya no queda más que administrar los escombros.
El oportunismo también ha tocado al sector empresarial local, que ahora exige incentivos al gobierno para atraer nuevas inversiones, pese a que durante décadas muchos empresarios fueron beneficiarios de la derrama económica generada por Nissan sin preocuparse por diversificar el ecosistema industrial del estado. Esa miopía estratégica ha contribuido a la vulnerabilidad de la economía morelense, que hoy se tambalea ante la partida de una sola empresa.
En medio de esta vorágine, los trabajadores han quedado atrapados entre la indiferencia corporativa y la simulación política. El sindicato ha intentado responder con dignidad, exigiendo el cumplimiento del marco legal y un acompañamiento empático en el proceso de liquidación. Sin embargo, su margen de acción es limitado frente a una decisión corporativa tomada a miles de kilómetros de distancia, y frente a una clase política más interesada en las cámaras y los titulares que en defender con seriedad los intereses de sus representados.
Pedro Haces Barba, líder sindical de CATEM, y quien tiene la representación del Contrato Colectivo de Trabajo de Nissan en Aguascalientes, confirmó que sostendrá reuniones la próxima semana con representantes de la empresa para abordar el proceso de cierre de la planta de CIVAC en Morelos y la transición de operaciones hacia las instalaciones de la armadora en Aguascalientes.
El líder sindical se mostró cauto sobre el panorama actual, sugiriendo esperar unos días, específicamente después del 1 de agosto, debido a la incertidumbre generada por el tema arancelario y las decisiones del presidente Donald Trump. Haces Barba indicó que, a pesar de las reuniones programadas con Nissan para el lunes y martes de la próxima semana, es prudente esperar al viernes para tener un panorama más claro de las decisiones que tomará la empresa.
La salida de Nissan de CIVAC es una herida profunda para Morelos. Pero aún más grave es la pérdida de credibilidad en sus instituciones y representantes. En vez de convertir esta crisis en un trampolín electoral, los actores políticos locales deberían asumir su corresponsabilidad y comprometerse con una reconstrucción económica basada en la verdad, la planificación y el respeto por quienes, con su trabajo, sostuvieron durante décadas la principal planta automotriz del estado.
La ciudadanía no necesita más discursos de ocasión ni indignaciones calculadas. Necesita compromiso real, rendición de cuentas y un mínimo de decencia.
HASTA EL LUNES.