Ayer, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) anunció que obtuvo de un tribunal de apelación del Poder Judicial del Estado de Morelos la revocación de un auto de no vinculación a proceso que había emitido un juez de control en favor de dos ex funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno estatal, durante el sexenio de Graco Ramírez Garrido Abreu.
La dependencia que encabeza Leonel Díaz Rogel dio a conocer que, con este acuerdo alcanzado de manera unánime por magistrados de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia (Rafael Brito, Elda Flores y Anahí Bahena), en sesión celebrada este martes 26 de agosto de la presente anualidad, queda sin efectos la resolución de no vinculación emitida el 20 de diciembre de 2023, y con ello, José Gonzalo “N” y Lucero “N”, serán sujetos a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
Agrega que ambos exservidores públicos probablemente habrían incurrido en dicho delito al autorizar por adjudicación directa un contrato para una empresa que participó de la construcción del Museo Morelense de Arte Contemporáneo (MMAC) “Juan Soriano”, desarrollada en el periodo administrativo 2012-2018.
“En días próximos, un juez de control señalará fecha para la audiencia donde se definirá el plazo de cierre de investigación, así como las medidas cautelares que se emitirán a los imputados”, apunta el boletín que trae el nombre de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción pero también el logotipo de la Fiscalía General del Estado, lo que parece indicar que la FECC ya no se manda sola en materia de comunicación social.
Por principio de cuentas, habría que preguntar qué pasó con un tercer implicado, ya que en octubre de 2022 se dio a conocer que Sergio (Dato Protegido), quien fuera subsecretario de Evaluación y Seguimiento de Obra; José Gonzalo (Dato Protegido), director general de Licitaciones y Obra Pública y Lucero (Dato Protegido) directora general de Obras Públicas, habían sido judicializados por presuntas irregularidades en la asignación de la obra de construcción del mencionado museo. Despierta suspicacias que haya sido precisamente el de mayor jerarquía quien “la libró” como si se tratara de confirmar la máxima de que “en política el hilo se rompe por lo más delgado”.
Y en este caso, los que están bajo proceso no son el exgobernador, la exsecretaria de Obras (que sí estuvo presa unos meses, pero por otro asunto), ni el que fuera subsecretario, sino de más abajo.
Desgraciadamente, los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción se limitan a investigar la participación de los servidores públicos en posibles actos de corrupción, pero las indagatorias nunca alcanzan a los empresarios que participaron en las licitaciones fraudulentas.
En la mayoría de los casos, atrás de las grandes empresas que son beneficiadas con millonarios contratos, hay personajes de la política.
Por ejemplo, en su momento se rumoró que la empresa constructora favorita de Graco Ramírez era del entonces secretario de Gobernación, Osorio Chong. No nos consta que sea el caso del museo Juan Soriano, lo único que sabemos es que Multiservicios de Construcción Ambiental y Restauración (la empresa a la que le dieron el contrato para su construcción sin la previa licitación), ha ganado mucho dinero, principalmente en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México.
De acuerdo con documentos públicos, disponibles en el sitio de Transparencia de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), esta dependencia ha firmado —por lo menos— 35 contratos con Multiservicios de Construcción Ambiental y Restauración, durante la gestión del perredista Miguel Ángel Mancera.
De los más de 30 contratos que Sobse firmó con Multiservicios de Construcción Ambiental y Restauración, de 2011 a 2015, quince los consiguió por adjudicaciones directas, es decir, la empresa no tuvo que competir con ningún otro proveedor para ofrecer sus servicios.
La empresa mexicana Multiservicios de Construcción Ambiental y Restauración se creó el 27 de junio de 2005 y su representante legal es Sonia Sánchez Rebollo. Uno de los contratos de mayor monto que ha obtenido por adjudicación directa es el que firmó el 30 de diciembre de 2013. Se le pagó 11 millones 433 mil pesos por realizar trabajos de conservación y mantenimiento de las áreas verdes en los camellones de la red vial primaria de la ciudad, del 1 de enero al 29 de mayo de 2014.
A esta misma empresa se le dio un contrato por adjudicación directa, en junio de 2014, para realizar la “limpieza integral del corredor turístico Paseo de la Reforma vialidad: Reforma remodelada y Reforma Chapultepec”. Estos trabajos los realizó del 1 de julio al 31 de diciembre de 2014; por ello se le pagó 10 millones 948 mil 978 pesos.
Uno de los contratos por los que más recursos recibió fue el que se firmó el 10 de junio de 2014, para realizar trabajos de “mantenimiento en vialidades primarias de la Ciudad de México, con influencia en las delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, a través de bacheo”. Estas labores las realizó entre junio y septiembre de ese año; por ello se le pagó poco más de 11 millones de pesos.
Los documentos públicos también muestran que la empresa ganó en cinco licitaciones públicas, concursos que le permitieron obtener contratos por 94 millones 386 mil 383 pesos.
De ahí surge la gran pregunta: ¿quién es el verdadero dueño de la empresa por la que están a punto de ir a la cárcel dos funcionarios de medio pelo de la administración de Graco Ramírez? ¿Por qué José Gonzalo y Lucero no dicen quién les ordenó torcer la ley para favorecer a una empresa?
HASTA MAÑANA.
