La corrupción en la construcción de viviendas de interés social en México tiene una larga historia que se entrelaza con la evolución del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), creado en 1972 como parte del modelo corporativista del Estado mexicano. Su objetivo inicial fue garantizar el acceso a la vivienda digna para los trabajadores, financiando y construyendo complejos habitacionales que se convirtieron en símbolos del desarrollo urbano de la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, desde sus primeras etapas, el Infonavit enfrentó cuestionamientos por prácticas opacas en la asignación de contratos, la calidad de las construcciones y el uso político de los recursos.
En su primera etapa, el propio Infonavit era responsable de diseñar, edificar y administrar los conjuntos habitacionales. Este modelo permitió construir grandes unidades en zonas urbanas de rápido crecimiento, pero también abrió espacio a la discrecionalidad en la compra de terrenos, el encarecimiento artificial de insumos y la designación de proveedores ligados a grupos políticos. La vivienda de interés social, que debía ser un derecho para los trabajadores, se convirtió en un botín para contratistas cercanos al poder, que entregaban departamentos de baja calidad, con materiales deficientes y sin servicios urbanos adecuados.
Quién no recuerda aquellos tiempos en que, para obtener un departamento de Infonavit, había que aportar dinero “bajo el agua” para los “coyotes” que se dedicaban a agilizar los trámites y hacer trampa con las asignaciones de los inmuebles. Hay políticos que se hicieron de varias propiedades mientras mucha gente tuvo que seguir pagando renta en vecindades o irse a vivir a la periferia donde faltaban todos los servicios.
A finales de los años ochenta y durante los noventa, el Infonavit abandonó progresivamente la función directa de constructor y optó por un esquema de concesiones a empresas privadas. El cambio coincidió con las políticas neoliberales de desregulación y apertura económica.
Bajo este nuevo modelo, el Instituto se convirtió en un organismo principalmente financiero, otorgando créditos que los trabajadores podían ejercer en casas construidas por desarrolladores privados.
Esta transformación trajo consigo una nueva etapa de corrupción, marcada por la colusión entre autoridades del Infonavit, gobiernos locales y grandes consorcios inmobiliarios. Muchas de estas empresas recibieron terrenos a bajo costo o con permisos exprés, y levantaron viviendas en periferias alejadas de los centros urbanos, sin planeación adecuada ni infraestructura básica.
La corrupción se expresó en sobornos para obtener autorizaciones, en la aprobación de fraccionamientos en zonas de riesgo y en la entrega de casas de pésima calidad que en poco tiempo presentaban grietas, inundaciones o fallas estructurales.
Quien esto escribe fue víctima directa de un fraude por parte de la Constructora Algez, que hizo un condominio (Tezontepec) en Jiutepec dividido en tres etapas. La primera la entregó completa dentro del plazo convenido. La segunda la dejó a medias y la tercera solamente puso 4 paredes. Para su mala suerte, las primeras casas fueron declaradas inhabitables por Protección Civil ya que estaban demasiado a la orilla de la Mina de Tezontepec. La constructora huyó dejando a decenas de afectados.
Un monumento a la corrupción lo fue en su momento Casas Geo, que hizo millonarios a muchos funcionarios municipales de Cuernavaca, Jiutepec y Temixco. De hecho, había un proyecto millonario de crear la Geopolis, al norponiente de Temixco, para lo cual convencieron a CAPUFE de que construyera un puente que conectara la autopista con esa zona, pero la corrupción terminó por absorber a Casas Geo y la obra quedó inconclusa, siendo conocida como “el puente que no lleva a ninguna parte”.
Durante la primera década de los 2000, GEO creció aceleradamente gracias a los subsidios federales y a los créditos hipotecarios que impulsaron la construcción masiva de viviendas de interés social en la periferia de las ciudades. Sin embargo, este modelo de negocios empezó a colapsar hacia 2012, cuando el gobierno federal modificó la política de vivienda, privilegiando proyectos verticales y urbanos por encima de fraccionamientos extensos y alejados. GEO quedó con grandes inventarios de casas en zonas sin servicios, muchas de ellas abandonadas, lo que generó pérdidas millonarias.
A esta crisis estructural se sumó una deuda insostenible con bancos y proveedores, además de acusaciones de malos manejos administrativos. En abril de 2014, la empresa solicitó formalmente el concurso mercantil para reestructurar sus pasivos y evitar la quiebra definitiva. Aunque intentó una reestructura financiera en 2015 y 2016, la recuperación nunca se consolidó y, en los hechos, GEO dejó de ser uno de los gigantes del sector, dejando un legado de fraccionamientos fantasma y miles de familias afectadas.
Por otra parte, en el esquema de “juicios masivos” del Infonavit —implementado entre 2012 y 2018— participaron despachos jurídicos y de cobranza a los que el Instituto pagó miles de millones de pesos por demandar en bloque a acreditados, muchas veces en estados distintos a donde estaban las viviendas, lo que facilitó embargos y adjudicaciones sin que los deudores pudieran defenderse.
La corrupción en la construcción de viviendas de interés social a través del Infonavit ha transitado de la discrecionalidad estatal a la captura del sector por grandes desarrolladores privados. En cada etapa, los principales afectados han sido los trabajadores, quienes pagan durante décadas créditos hipotecarios por casas que, en muchos casos, no cumplen con los estándares mínimos de habitabilidad. La historia del Infonavit refleja, en última instancia, cómo la política de vivienda en México ha sido utilizada como un espacio de enriquecimiento ilícito y clientelismo político, en lugar de constituirse como un instrumento de justicia social y desarrollo urbano sustentable.
Todo lo anterior viene a colación por el anuncio que hizo ayer la gobernadora Margarita González Saravia informó de la construcción de dos mil viviendas en municipios como Temixco, Xoxocotla, Cuernavaca, Tetecala, Tlaltizapán, Jojutla y Cuautla.
El coordinador técnico de Hábitat Morelos, Jesús Tlacaelel Rosales Puebla, detalló que en Cuautla se edificarán mil 40 hogares, a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), para lo cual se va a realizar el Censo de Vivienda para el Bienestar, que abarcará Cuautla, Jojutla y Tlaltizapán.
Es decir, que los gobiernos federal y estatal tienen toda la disposición de dotar de vivienda de calidad a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Habrá que cuidar muy bien que no salgan los “vivillos” de siempre que ofrecen agilizar trámites a cambio de un “moche”, y que no haya parientes o amigos de funcionarios que de pronto aparecen como “empresarios de la construcción”, como ocurrió hace 50 años con el PRI. Estaremos atentos.
HASTA MAÑANA.
