Jesús Castillo

Jesús Castillo

Jesús Castillo García. Periodista con 30 años de trayectoria; Premio Estatal de periodismo 2010 y 2012. Premio Nacional de Periodismo 2013.
Viernes, 05 Marzo 2021 05:47

Palma y Valencia: “la misma tijera”

Fernando Aguilar Palma y Juan Carlos Valencia Vargas no son parientes ni compañeros de partido, tampoco tienen relación alguna entre ellos, pero comparten dos características: ambos se han enriquecido “autocontratándose” obras en las instituciones donde han laborado (Ayuntamiento de Zapata y Ceagua, respectivamente) mediante prestanombres. Y ambos aspiran a un cargo de elección popular en las próximas votaciones de junio del presente año.

Los que conocen de años a Fernando Aguilar Palma lo recuerdan viviendo en la casa de su mamá, con tres máquinas retroexcavadoras que exhibía afuera de su vivienda en la colonia Pro-hogar con el letrero de “se rentan”.

Hoy es dueño de una lujosa residencia en la exclusiva colonia 14 de febrero que se ubica hasta el fondo del boulevard Bugambilias, pavimentado en su totalidad durante su gestión como presidente municipal de Emiliano Zapata. Y tiene más de 100 vehículos de maquinaria pesada.

“El Pachuco”, como es conocido en su municipio, también tiene una casa en San Antonio, Texas, a donde va con frecuencia.

¿Cómo es que su nivel de vida ha cambiado tan radicalmente en los últimos años? La respuesta es simple: autocontratándose todas las obras que se han hecho en Emiliano Zapata durante las dos administraciones en que ha presidido el Cabildo, ya sea por asignación directa, invitación a tres proveedores o licitación “amañada”.

Su otra “mina de oro” es la dirección de impuesto predial y catastro del municipio, donde puso a Juan Pablo Vidal Celis pero quien se encarga de cobrar “los moches” es su sobrino Joaquín Palma.

El hoy nuevo rico dejó el cargo de presidente municipal desde el pasado martes para estar en condiciones de “escuchar ofertas” de los partidos políticos que se interesen en sus servicios, y dedicarse, ahora sí, a administrar su constructora.

¿En qué se parece el ex alcalde de Emiliano Zapata al ex titular de la Comisión Estatal del Agua durante el sexenio de Graco Ramírez? En que Juan Carlos Valencia Vargas también tiene la dualidad servidor público-empresario y que también le ha ido muy bien.

Juan Carlos Valencia Vargas hoy se ostenta públicamente como director general de la empresa Aquator.

De acuerdo al Registro Público de la Propiedad y el Comercio, la empresa “Consultoría y Desarrollo de Infraestructura Aquator S.A. de C.V.” se constituyó el 10 de agosto del 2010 por Héctor Javier Ibarrola Reyes y Maricruz Botello Amaro, quedando el primero como administrador único. Además se otorgaron nombramientos a Sandra Janete Delgado Valverde como gerente general de la sociedad y Marcos Hernández Rivera, como comisario.

En mayo de 2014 renuncia Ibarrola Reyes a la administración única y se designa en su lugar a José Ventura Lima Montaño, quien a su vez renuncia en mayo de 2017 y en su lugar queda Moisés Oswaldo Domínguez Álvarez. En esa misma asamblea, la señora Maricruz Botello Amaro manifiesta su deseo de vender sus acciones de la empresa y se las compra Héctor Javier Ibarrola Reyes.

Finalmente, el 18 de septiembre del 2018 deja la administración Domínguez Álvarez y queda en su lugar Gilberto Guatzozon Absalón (quien a su vez tiene otra empresa denominada Comercializadora Intermerc S.A. de C.V.). Suponemos —porque la pandemia nos impide checar el registro público de la propiedad—que ahora quien aparece como administrador único es Juan Carlos Valencia Vargas, quien se ostenta públicamente como director de dicha empresa.

El domicilio fiscal se ubica en la calle Portugal de Las Brisas, municipio de Temixco. Coincidentemente esa dirección también aparece como sede de otra empresa: “Gerencia y Administración de Proyectos S.A. de C.V.”.

Durante la administración de Graco Ramírez la empresa antes mencionada recibió pagos por 262 mil 585 pesos (sólo recibió contratos durante 2014), en tanto que Aquator facturó siete millones 936 mil 674 entre 2017 y 2018. Esa fue la información que proporcionó la Secretaría de Hacienda del actual gobierno en respuesta a una solicitud de información que fue contestada de inmediato.

Donde no contestaron de inmediato fue en la Comisión Estatal del Agua. Ahí la Unidad de Transparencia se negó a contestar hasta que el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) los obligó a entregar una relación de los pagos a las empresas antes mencionadas del 2013 al 2018.

Los datos son los siguientes:

A Gerencia y Administración de Proyectos le pagaron siete contratos que sumados dan la cantidad de catorce millones 194 mil 971 pesos.

A Aquator le otorgaron (no aclara si mediante licitación o por adjudicación directa, a pesar de que la solicitud lo mencionaba) un total de 28 contratos que sumados dan la cantidad de noventa millones de pesos.

El hecho de que durante el tiempo que Valencia Vargas se desempeñó como titular de la Ceagua, la empresa Aquator haya estado a nombre de su compadre Héctor Javier Ibarrola Reyes fue mera coincidencia, como también que una de las accionistas haya sido su estilista Maricruz Botello Amaro, y que el esposo de ella, Heriberto de Jesús Juárez Rodríguez, sea empleado de Conagua.

Según sabemos, Juan Carlos Valencia Vargas será el candidato a presidente municipal de Cuautla, su ciudad natal, por el Partido de Trabajo (PT), por lo que muy seguramente en algunos meses tendrá que devolverle la empresa a su compadre o buscar otro prestanombre.

Y lo que son las coincidencias: todo parece indicar que uno de sus contrincantes en la elección para la alcaldía de Cuautla será nada menos que Moisés Agosto, quien lo sucedió en el cargo de secretario ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, y que ahora buscará ser presidente municipal bajo las siglas del Partido Encuentro Social (PES).

HASTA EL LUNES.

 

 

Jueves, 04 Marzo 2021 05:28

Otra vez Rosete

Fiel a su estilo irreverente y contestatario, el abogado Miguel Ángel Rosete Flores salió de la nada y acusó al Tribunal Superior de Justicia de tener nueve magistrados en la ilegalidad y que incluso sus sentencias podrían estar viciadas de origen.

El polémico litigante ofreció una rueda de prensa en la explanada del Palacio de Justicia en la que demandó la salida de los magistrados Juan Emilio Elizalde, Elda Flores León, Carmen Aquino Celis, Jorge Gamboa Olea, Bertha Rendón Montealegre y Manuel Díaz Carvajal, toda vez que ya cumplieron los primeros seis años y no fueron evaluados.

Los antes mencionados, “carecen de nombramiento vigente” -dijo- pues no han sido ratificados en el cargo, lo que los convierte en autoridades incompetentes para emitir resoluciones en el Tribunal Superior de Justicia, lo que vulnera la seguridad jurídica que mandata el artículo 16 constitucional, al exigir que los actos de autoridad sean emitidos por autoridades competentes.

En un documento entregado al Congreso Local y firmado por Rosete Flores en su calidad de ciudadano (no como presidente de la Barra de Abogados), le dice a los diputados que “se sirvan suspender el proceso de selección de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, hasta en tanto, se convoquen todas y cada una de las magistraturas”, y enseguida menciona los nombres de los once magistrados.

Según informó en la rueda de prensa, interpuso un amparo indirecto contra la convocatoria que emitió el Congreso Local para cubrir las cuatro vacantes del Tribunal Superior de Justicia y dos del Tribunal de Justicia Administrativa.

Esto tiene relación con el llamado “regalo de Dios”, que no es otra cosa que el decreto publicado en el periódico oficial “Tierra y Libertad” el 24 de febrero de 2017 que reformaba la fracción II del artículo 40 de la Constitución Política del Estado de Morelos, que concedía a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia para Adolescentes, y el Tribunal de Justicia Administrativa, la posibilidad de quedarse en el cargo hasta 20 años, eliminando de un plumazo el proceso de evaluación que se había venido dando en los últimos años, y aumentando de 65 a 70 años la edad máxima para estar en el cargo.

De inmediato surgieron las suspicacias del por qué el Poder Legislativo (en ese tiempo totalmente “comprado” por el Ejecutivo) le estaba dando tan suculento regalo a los magistrados. “El gobernador Graco Ramírez se está amarrando el dedo por si en unos meses llega en calidad de acusado al juicio político y estará en manos de los magistrados pues el TSJ se erige en jurado de sentencia”, decían algunos conocedores del derecho.

Pero la razón era otra, o el entonces mandatario quería “matar dos pájaros de un tiro”. Resulta que por esas fechas los enemigos de Cuauhtémoc Blanco por fin habían logrado que el Congreso Local le iniciara juicio político al presidente municipal de Cuernavaca, y los magistrados debían darle entrada de acuerdo a la ley.

Se trataba entonces de un soborno planeado por el Ejecutivo con la ayuda del Legislativo para beneficiar al Poder Judicial a cambio de incoar (iniciar) el juicio político contra el entonces alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco.

Lo anterior era muy evidente, pero  quien se encargó de confirmarlo fue la magistrada del Tribunal Superior de Justicia, Nadia Lara Chávez, quien el 11 de septiembre del 2019, en una conferencia de prensa donde se iba a tocar otro tema, reconoció públicamente que la disposición para que los actuales magistrados pudieran quedarse 20 años en el cargo, fue resultado de una “negociación” entre el gobernador Graco Ramírez y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Cuevas, para que se admitiera el juicio político en contra del entonces presidente municipal de Cuernavaca (hoy gobernador) Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Por suerte para los magistrados no hubo necesidad de que se exhibieran, pues los abogados del alcalde se movieron y consiguieron sendas suspensiones de la justicia federal hasta que se llegó el tiempo de las elecciones y nunca pudieron tumbarlo.

A la par, el entonces presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Jorge Arturo Olivarez Brito, interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.

En dicha demanda, la CEDH planteó que la reforma que derogó el sistema de reelección y ratificación de Magistrados, que se preveía en la Constitución local, hasta antes de la emisión del decreto combatido, transgrede la legalidad, seguridad jurídica y el acceso a la justicia, toda vez que al derogarse dicho sistema no sólo se eliminó la ratificación o reelección sino que también la posibilidad de que los magistrados sean evaluados, “lo cual transgrede los principios que rigen la actuación del funcionario, así como el principio de inamovilidad judicial regulado en el artículo 116, fracción III de la Constitución general”.

El 14 de julio del 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que es inconstitucional el artículo transitorio que ampliaba el periodo de nombramiento de los magistrados en funciones. En consecuencia, se acordó que la invalidez decretada surtiría efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos y que los magistrados continuarían con las condiciones que tenían previo a la reforma impugnada.

En la página 69 de la sentencia, dice claramente:

“Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández por consideraciones diferentes, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea por razones distintas, respecto del considerando sexto, relativo al estudio de fondo, en su parte primera, denominada “Derogación del sistema de ratificación o reelección de los magistrados con base en su evaluación”, consistente en reconocer la validez de la derogación de los artículos 40, fracción XXXVII, párrafo segundo, 89, párrafos tercero, octavo y noveno, 109-bis, párrafo séptimo, y 109-ter, párrafo cuarto, así como de la reforma de los artículos 89, párrafos segundo, quinto y sexto, 109-bis, párrafos sexto y octavo, y 109-ter, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, mediante el Decreto Número Mil Seiscientos Trece, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete”.

Por lo pronto, el inquieto abogado ya consiguió su propósito de “alborotar el gallinero” y si logra que un Juez de Distrito le otorgue una suspensión provisional, o que le entre la duda a los diputados (quienes se quedaron sin director jurídico tras la renuncia de Florentino Galindo) estaremos ante la posibilidad de que no sea la presente legislatura la que reparta las anheladas magistraturas que (dicen) estaban siendo valuadas hasta en tres millones de pesos.

HASTA MAÑANA.

 

 

Miércoles, 03 Marzo 2021 05:23

Libertad de expresión

La aplicación de la ley debería ser pareja para todos y ajena a cuestiones políticas y/o partidistas, pero en los hechos ha quedado demostrado que la procuración y la administración de justicia depende mucho del estilo personal del gobernante en turno. Esa fue la conclusión a la que llegamos ayer en el simposium sobre el tema de la libertad de expresión organizado por la Universidad de Ciencias Jurídicas en el que un servidor fue invitado como ponente.

 Analizamos 10 casos en los que periodistas y escritores sufrieron las consecuencias de haber ejercido su libertad de expresión, y cómo cambió el trato que les dieron a sus juicios al pasar de un gobierno a otro, en algunos casos en forma tan radical, que los acusadores pasaron a ser acusados, e incluso detenidos.

Uno de ellos fue el de Gerardo Sosa Castelán contra el periodista Alfredo Rivera Flores. En agosto de 2004 el exrector de la Universidad Autónoma de Hidalgo demando por daño moral al periodista Alfredo Rivera Flores autor del libro “La Sosa Nostra. Porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo”, en el que señala presuntos abusos y atropellos cuando era dirigente estudiantil y, luego, rector.

El juicio civil por daño moral continúa, pero hoy Gerardo Sosa tiene cosas más importantes que atender, ya que en agosto del año pasado fue detenido por peculado, lavado de dinero, defraudación fiscal y delincuencia organizada, y actualmente permanece preso.

Otro caso emblemático fue el de Olga Wornat, la escritora argentina que escribió el libro “Crónicas Malditas” y su fragmento publicado en la revista Proceso, en los que daba a conocer el contenido de la carta que Martha Sahagún le mandó al Papa explicándole los motivos para solicitar la anulación de su matrimonio con Manuel Bribiesca y después casarse con el presidente Vicente Fox.

Después de ser sentenciada al pago de casi dos millones de pesos, en abril de 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el amparo promovido por Marta Sahagún por el juicio de daño moral realizado en 2005 contra Proceso y Wornat y les concedió la razón a los periodistas.

La misma ruta siguieron casos como el de Jesús Ortega contra la periodista Sanjuana Martínez, Humberto Moreira contra Roxana Martínez, y Eruviel Ávila contra el reportero Humberto Padgett, que habiendo sido condenados al pago de la reparación del daño por tribunales estatales, fueron protegidos por el máximo tribunal del país y tuvieron que ser absueltos.

Pero el caso más emblemático sin duda es el de Carmen Aristegui, demandada por daño moral por el propietario de la empresa MVS, por el simple hecho de escribir en el prólogo del libro “La casa blanca de Peña Nieto”, la forma como fue despedida de la estación radiofónica al intentar dar a conocer los resultados de la investigación de sus compañeros reporteros.

Después de que un tribunal en la Ciudad de México declarara culpable a la periodista por daño moral, la SCJN decidió atraer el amparo interpuesto por la defensa y el 20 de febrero de 2019 resolvió a favor de la periodista argumentando que la resolución que le exige a una periodista probar las expresiones contenidas en el prólogo de un libro sobre un tema de actualidad nacional, en el que se aludía a los dueños de una concesionaria de radio y televisión y su relación con el poder político en México, no es congruente con los criterios de la Primera Sala sobre libertad de expresión.

De igual manera dijeron que se puede justificar que la libertad de expresión prevalezca frente a los derechos de la personalidad de los involucrados. En opinión de los expertos en derecho, los ministros hicieron suyos los argumentos de la defensa de Aristegui.

Quizás porque en diversas ocasiones el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, había expresado su desacuerdo con la injusticia que estaban cometiendo los Vargas en contra de la periodista.

Pero quizás el caso que más demuestra que “los carniceros de hoy pueden ser las reses de mañana”, es el de Lydia Cacho, la periodista que en 2005 publicó el libro "Los demonios del edén", en el que denunciaba la existencia de una red de explotación sexual infantil en la que estaban involucrados empresarios y políticos mexicanos, uno de ellos Kamel Nacif.

Meses después de la publicación de su libro, en diciembre de ese año, Cacho fue detenida en Cancún, donde residía, por agentes de la Fiscalía de Puebla bajo acusaciones de difamación y calumnia que en ese tiempo era considerado delito, en agravio de Nacif.

Un mes más tarde, salió a la luz una grabación de una conversación telefónica entre el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, y Nacif, en las que el funcionario afirmó que le había dado a Cacho un "pinche coscorrón" porque "en Puebla se respeta la ley".

Fue entonces cuando la Suprema Corte de Justicia de México abrió la investigación del caso por tortura a la periodista. Sin embargo, el voto de la hoy secretaria de Gobernación, la entonces ministra Olga Sánchez Cordero, fue determinante para que los acusados quedaran exonerados.

En 2018, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dictó una resolución en la que reconoce que la reportera mexicana fue detenida de forma arbitraria y que sufrió agresiones durante su arresto en 2005, y dictaminó que el Estado mexicano debía procesar, juzgar y castigar "con penas adecuadas" a los responsables de esas agresiones.

Posteriormente, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió disculpas públicas y en abril de 2019 se emiten órdenes de aprehensión contra Mario Marín, Kamel Nacif y contra el exdirector de la Policía Judicial de Puebla. Como ya sabemos, el ex gobernador de Puebla fue detenido hace unos días y hasta hoy duerme en un penal de Quintana Roo.

Otro caso menos conocido pero también emblemático, es el del periodista indígena (maya) Pedro Canché, al que el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, le imputó el delito de “Sabotaje” y lo mandó a la cárcel por nueve meses. Hoy, los que están bajo proceso penal son la agente del Ministerio Público y el juez que libró la orden de aprehensión contra Canché.

Recordemos que también en Morelos hemos tenido periodistas encarcelados por venganza del gobierno, y que varios reporteros hemos sido demandados por la vía civil exigiendo cantidades millonarias como indemnización.

Casualmente, tanto el que metió a la cárcel a nuestros compañeros, como el que demandó por la vía civil a otro, buscan la presidencia municipal de Cuernavaca. Pero esa es otra historia.

HASTA MAÑANA.

 

Martes, 02 Marzo 2021 05:28

Proceso electoral 2021, los retos

El pasado fin de semana el Instituto Nacional Electoral (INE) organizó vía internet el “Curso de Cobertura Electoral dirigido a Medios de Comunicación” con la participación de los organismos públicos locales electorales de los estados de Puebla, Guerrero y Morelos, éste último presidido por el consejero Pedro Gregorio Alvarado Ramos. 

De lo más trascendente del evento, al menos para quienes nos dedicamos a los medios de comunicación, fue la participación de Carlos Alberto Ferrer Silva, Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, quien dio una amplia explicación de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en ese rubro, sobre todo lo que se refiere a redes sociales.

Existe un gran desconocimiento entre los medios de comunicación (y entre los aspirantes todavía más) de la aplicación normativa en materia de redes sociales, lo que intentó ser aminorado por el funcionario del INE.

Por principio de cuentas, Carlos Ferrer recordó que ningún partido político puede hacer contratación directa de espacios en radio y/o televisión, pues esa es facultad exclusiva del INE, guardando la proporcionalidad entre los institutos políticos que tienen derecho a ello.

Y otra cosa muy importante: la misma normatividad que se le aplica a los medios de comunicación “tradicionales” incluye las redes sociales del mismo. Es decir, que si un periódico publica publicidad de un partido político en sus cuentas de Facebook o de Twitter, tendrá las mismas restricciones que establece la ley para la edición impresa.

Por ejemplo, la imposibilidad de difundir mensajes publicitarios de cualquiera de los tres niveles de gobierno durante la llamada “veda electoral”, y por supuesto los anuncios donde se esté invitando a votar por tal o cual candidato.

Afortunadamente la empresa Facebook ya no permite que le contraten en forma anónima pautas para favorecer a un candidato. Ahora forzosamente aparecerá quién contrata y se le tomará en cuenta a la hora de sumar sus gastos de campaña.

Lo que sí se puede hacer (y ahí radica la fórmula del éxito) es que usuarios de las redes sociales publiciten al candidato de su preferencia de manera orgánica, incluso en tiempos de veda.

Y es que uno de los periodistas preguntó: ¿cómo va a regular el INE los impactos de publicidad si la gente sigue compartiendo o haciendo comentarios aún en tiempos de veda?

La respuesta textual del alto funcionario del INE fue: “El control jurídicamente hablando puede ser complicado o quizás imposible. Si un usuario en Bangladesh publica un comentario sobre una publicación hecha en México después del dos de junio, difícilmente podremos hacer algo”.

En lo que sí se puede tener un control absoluto es en lo que se difunde por Facebook y que trae el anuncio que dice “publicidad”. Esas contrataciones sí son medibles y controlables, es decir, el INE incluso le puede solicitar a la empresa Facebook que retire una publicación que contraviene la normatividad electoral.

También, el INE puede intervenir en el caso de aquellos en que los candidatos a cargos de elección popular hagan proselitismo fuera de tiempo a través de sus cuentas personales, siempre y cuando se demuestre que no son cuentas falsas.

En lo que no se puede hacer nada, es en las publicaciones que hagan los usuarios de Facebook, Twitter, Instagram y hasta Tik Tok, de manera orgánica, a favor o en contra de tal o cual candidato. Lo que puede ocurrir es que la propia red social, de acuerdo a sus políticas, pueda bajar la publicación pero no por indicación del INE, sino por quejas de los propios usuarios.

Por su parte, el Impepac dio a conocer que en el proceso electoral ordinario local 2020-2021 se eligen a 12 diputados por mayoría relativa y 8 de representación proporcional, así como 33 Ayuntamientos compuestos por un presidente municipal, un síndico y sus regidores.

En los municipios de reciente creación: Xoxocotla, Coatetelco y Hueyapan se elegirán a los ayuntamientos por usos y costumbres de acuerdo a lo que establece el Artículo segundo de la Constitución y 2 (bis) de la Constitución local.

Por lo que respecta a las candidaturas indígenas, se informó que la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó los acuerdos emitidos por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana que regulan las acciones afirmativas para la postulación de personas indígenas a cargos de Ayuntamientos y Diputaciones en el proceso electoral 2020-2021.

En relación a las acciones afirmativas para las diputaciones en los Distritos Electorales III, IV, V y X los cuales cuentan con un porcentaje de población indígena mayor al 40% respecto de su población total; los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes deberán postular a personas indígenas como candidatas y candidatos debiendo acreditar la auto adscripción calificada.

Para el caso de las diputaciones por el principio de representación proporcional los partidos políticos y coaliciones deberán incluir en las candidaturas de representación proporcional, adicionalmente a la candidatura indígena que señala el artículo I fracción V del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, una candidatura indígena más, de tal forma que en dicha lista queden incluidas dos candidaturas indígenas de géneros diferentes.

Mientras que en los 33 ayuntamientos que no son reconocidos como indígenas las acciones afirmativas señalan que los partidos políticos deberán registrar en sus planillas candidaturas indígenas a regidurías en un porcentaje equivalente al porcentaje de su población indígena.

En aquellos municipios que tengan un porcentaje de población indígena mayor al 50% pero menor al 90%, los partidos políticos deberán registrar en sus planillas candidaturas indígenas en un porcentaje equivalente al porcentaje de su población indígena, debiendo ser una de esas candidaturas a la presidencia municipal o sindicatura y el resto a regidurías.

En Morelos hay un porcentaje de población indígena (por el criterio de auto adscripción) del 30.18 por ciento con respecto al total de la población del Estado; el municipio que menos población indígena tiene es Cuernavaca con alrededor del 23 por ciento y hay municipios como Tepalcingo y Temoac que tienen casi el 100 por ciento de población que se considera indígena.

HASTA MAÑANA.

 

Lunes, 01 Marzo 2021 05:39

Lo que queda de la FEUM

El próximo 16 de marzo se llevarán a cabo las votaciones para elegir al nuevo comité directivo de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) para el periodo 2021-2023, tras una gestión más que discreta del joven Erick González García, y con la característica de que la etapa de proselitismo se está llevando a cabo –por primera vez en la historia- totalmente en medios electrónicos.

Eso es algo que jamás se lo hubieran imaginado Luis Arturo Cornejo Alatorre (actual secretario de Educación); Víctor Rubio Herrera (actualmente jubilado como trabajador de la UAEM); y Jorge Meade Ocaranza (ex candidato a gobernador, hoy delegado del PRI en Veracruz), sólo por mencionar algunos de los que presidieron esa organización y que hoy todavía viven.

Pero lo que tampoco se hubieran imaginado, es que una organización estudiantil que llegó a tener tanta fuerza política en el estado, hoy esté prácticamente reducida a un membrete. 

Recientemente platiqué con una señora a la que todos conocen como Juanita Panamá, quien fuera empleada de gobierno con Armando León Bejarano, encargada de tramitar el pago de las cuentas de restaurantes para los entonces miembros del comité directivo de la Federación de Estudiantes, entonces presidida por Víctor Rubio Herrera.

Otro amigo, egresado de la Facultad de Derecho, me cuenta historias de golpizas, parrandas, atracos a camiones repartidores, secuestros de autobuses, y una serie de tropelías que me hacen llegar a una conclusión: el gobierno realmente le tenía miedo a los estudiantes.

Y algo en lo que coinciden ambos, es que Víctor Rubio vivió de la fama de ser “bueno para el trompo y que no se le rajaba a nadie”.

El miedo de los gobiernos priístas a una revuelta similar a la de 1968 en la capital del país, hizo que prácticamente pagaran cuotas a los dirigentes estudiantiles en turno, aunque no necesariamente tuvieran el arrastre necesario entre los párvulos para desestabilizar a un gobierno. Vivían de la fama pues.

Recordemos que la Federación de Estudiantes se convirtió en un “kínder de políticos priístas”, donde los jóvenes comenzaban a aprender los secretos de la política y sus mejores cuadros se iban directamente a cargos del partido tricolor. Ahí aprendían a “embarazar urnas”, comprar candidatos, imponer a sus sucesores, comprar líderes con parrandas, etc.

De ahí salieron Jorge Meade Ocaranza, Alejandro Pacheco Gómez, Armando Ramírez Saldívar, Víctor Saucedo Perdomo y Luis Rubén Cifuentes Carrillo, quienes incluso fundaron el CUMAC, como una organización totalmente priísta que terminó con José Silva Bandala, en 1988, cuando un grupo de inconformes encabezados por Erick Castro (QPD), Gustavo Martínez, Guillermo del Valle y Andrés González García lo hicieron renunciar en 1988.

Por alguna razón que nunca entendimos los preparatorianos que participamos en las marchas de protesta, tras el movimiento de insurrección el ganador fue un estudiante de Derecho al que nunca vimos en las huelgas de hambre que se organizaron: Julio Ernesto Pérez Soria.

A partir de los noventas la FEUM perdió su esencia tricolor y “se empanizó”, con Víctor Sánchez Trujillo, Demetrio Chavira de la Torre y Gerardo Gama Hernández. Luego tuvo varios presidentes que “pasaron de noche”, tan es así que ni sus nombres nos quedaron en la memoria. Luis Salas Catalán fue el último que recordamos, que después fue regidor por el PRI pero durante el trienio de Sergio Estrada Cajigal se hizo panista. Hoy, parece que contenderá para presidente municipal por el partido “Podemos” de Yuriana Lázaro Landa.

De ahí para adelante la FEUM anduvo “dando tumbos”, tanto que hasta tuvieron un presidente, Edgar Landeros, que sólo duró un año, y que decían que pertenecía a “La Maña”.

En 2011, Fermín Esquivel Díaz fue impulsado por el entonces senador Graco Ramírez, a la postre gobernador del estado y quien nunca le cumplió con la diputación que le prometió. Y que se merecía.

Entonces llegó un joven proveniente de Tlayacapan, de tez morena y complexión robusta, pero que tenía un manejo de la oratoria sorprendente. Su discurso franco y sencillo ganó la simpatía de los estudiantes, quienes le dieron el triunfo sin mayor problema. Se llama Israel Reyes y lo único que podemos decirles es que algún día va a ser presidente municipal de su municipio que lo vio nacer.

Fue el propio Israel Reyes quien impulsó a su vicepresidente, un joven de nombre Erik González García, de la Facultad de Contaduría y Administración, para que fuera su sucesor, pero no cumplió con las expectativas.

Si en estos momentos le preguntamos a cualquier estudiante de la UAEM el nombre de su representante en la FEUM, seguramente no lo sabrá. Y no se trata de que los dirigentes estudiantiles tengan que secuestrar camiones o hacerse los desaparecidos para hacerse famosos, pero sí hacer un trabajo que repercuta en beneficios para sus representados, y también algo de presencia política, lo que definitivamente Erick no supo hacer.

Su periodo, que inició en 2018 y terminará en este año, pasó prácticamente desapercibido.

¿Quién ganará las elecciones del próximo 16 de marzo?

De acuerdo a los sondeos que hemos realizado, la que tiene las preferencias en el estudiantado es la planilla que encabeza César Mejía para la presidencia, Daniela Rivera para la vicepresidencia, César Fonseca y Luss Andrade para la Consejería y la secretaría general, respectivamente.

El actual presidente está tratando de imponer a su candidato Abimael Quintana, proporcionándole todos los recursos necesarios, y la tercera opción es Patzzy Jiménez.

Este 16 de marzo, no sabemos si de manera electrónica o en votación presencial, los más de 20 mil estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos habrán de elegir a su representante. Que sea para bien de la institución y ojalá que la organización estudiantil recupere la fuerza que alguna vez tuvo.

HASTA MAÑANA.

 

Viernes, 26 Febrero 2021 05:35

El mito de “las estructuras”

Se hacen llamar “operadores políticos” y garantizan votos como si tuvieran el poder de la hipnosis colectiva. Sus mejores clientes son personas que nunca han incursionado en la actividad electoral pero que tienen el sueño de ser presidentes municipales o diputados y, sobre todo, cuentan con el dinero para pagar una campaña.

En otras ocasiones he platicado la anécdota de mis dos amigos que por separado buscaban un cargo de elección popular, aunque reconocían que nunca habían participado en la política. “Acabo de contratar al que operó la campaña de Garrigós; tiene el control de todos los ayudantes municipales y líderes de colonias. Voy de gane”, decía mi amigo muy emocionado.

Paralelamente, mi otro amigo también buscaba una posición política, pero no para él, sino para su hija. Comenzó a organizar todo y en una reunión nos dijo: “Les voy a presentar a quien va a operar la campaña de mi hija, es un verdadero experto en operación política”.

Y era la misma persona que me había presentado mi otro amigo, quien iba por un partido diferente. Entonces recordé lo que alguna vez me comentó un maestro de ciencias políticas: “Antes los partidos se aprovechaban de la gente, hoy la gente se aprovecha de los partidos”.

Efectivamente. En las últimas elecciones la gente de escasos recursos recibe lo que les dan los diferentes partidos, tanto en especie como en efectivo, pero eso no garantiza su voto.

Ocurrió en aquella memorable elección del 2015, cuando competían para la presidencia municipal de Cuernavaca el hoy gobernador Cuauhtémoc Blanco, la priísta Maricela Velázquez y el perredista Jorge Messeguer Guillén. El PRI le invirtió mucho a sus estructuras; el PRD-Gobierno puso los taxis para acarrear votantes, y la gente votó por su ídolo del futbol.

En el 2018 ocurrió lo mismo con el candidato a gobernador Rodrigo Gayosso, quien desde seis meses antes de la elección comenzó a pagar a líderes de colonias y poblados una cantidad fija mensual para que convencieran a la gente y que el día de la elección acudieran a emitir su sufragio. Y así lo hicieron, pero en la soledad de la mampara cruzaron la opción de quien les simpatizaba, no de quien les había pagado.

Las anécdotas anteriores tienen como finalidad advertir a los aspirantes a diputados y presidentes municipales (sobre todo en esta ocasión que habrá más de 20 partidos políticos en las boletas), que no se confíen en los llamados “operadores políticos” que les prometen miles de votos a cambio de dinero.

Para bien de la democracia, ya pasaron los tiempos en los que se podían aplicar tácticas como “el carrusel” o “el ratón loco” para garantizar un voto a favor, o bien, modificar las actas de casilla y comprar a los representantes de partidos. Hoy al votante hay que convencerlo, no comprarlo.

Eso lo tiene que saber el aspirante a un cargo de elección popular, pero también los presidentes de partidos políticos que andan en busca de candidatos que les garanticen el tres por ciento de la votación para conservar el registro, y de ser posible una diputación plurinominal o una regiduría.

Cuidado con esos personajes que andan ofreciendo sus servicios a los pocos partidos que todavía no definen a sus candidatos, y que les aseguran que si los contratan como candidatos los votos caerán como caen las tortillas en una tortillería: una tras otra hasta llenar el canasto.

Todos esos ex candidatos hacen lo mismo: contabilizar los votos que recibieron con anterioridad, como si ya los tuvieran cautivos, sin importar el partido por el que vaya. Así, escuchamos frases como “traigo 20 mil votos de la elección pasada”, “mi capital político es de cinco mil votos asegurados”.

Un ejemplo claro de esos “comercializadores de capital político” es el ex candidato del PRI a la gubernatura de Morelos, Amado Orihuela Trejo, quien presume haberle prestado su estructura a un priísta para que ganara la diputación federal por la coalición “Juntos Haremos Historia”.

Por eso, los morenistas le hacen el feo a Jorge Messeguer Guillén, pero nada dicen de Amado Orihuela Trejo, quien con total cinismo y desparpajo se fue a registrar como candidato a diputado federal, pero ahora por Morena, seguro de que AMLO lo aceptará con todo su pasado priísta, a cambio de los anhelados votos que garanticen la Cuarta Transformación.

Pero sin duda que el mejor vendedor de “capital político” es Manuel Martínez Garrigós. El ex presidente municipal de Cuernavaca se jacta de tener miles de seguidores en todo el estado de Morelos, quienes lo obedecen ciegamente sin importar nombre o color del partido.

En sus pláticas con los interesados les cuenta cuántos votos tuvo en la elección del 2009 y lo poquito que le faltó para convertirse en gobernador del estado. Asegura haber sido “el fiel de la balanza” en aquella elección del 2015 cuando sus huestes operaron para que llegara Cuauhtémoc Blanco a la presidencia municipal de Cuernavaca y cómo fue traicionado por los hermanos Yáñez.

Y lo que nunca puede faltar: “Jurídicamente no tengo un solo expediente en mi contra cuando fui presidente municipal”. Eso nadie se lo refuta, por algo es catedrático de la UNAM al igual que su hermano José.

Y sus problemas familiares, la denuncia del papá y de la ex esposa, pues él dirá que son cuestiones de índole personal.

Originalmente el tema de la columna de hoy era sólo “el mito de las estructuras”, pero casualmente al momento de redactarla me confirman que el candidato del Partido Movimiento Ciudadano para la capital del estado, es precisamente Manuel Martínez Garrigós. Sí, aunque usted no lo crea.

Los que mandan en Movimiento Ciudadano tuvieron que analizar si se iban por un candidato ciudadano sin negativos como es Chacho Matar, o por un personaje con muchos negativos pero con una “estructura consolidada” como es Manuel Martínez Garrigós que sí les garantiza los anhelados votos. Como quien dice, aplicaron la máxima de que el fin justifica los medios.

Ahora sí, ya no falta ningún otro ingrediente para tener la competencia electoral más reñida de la que se tenga memoria en Cuernavaca, y con el ingrediente de que se realizará en medio de una pandemia que pone en riesgo la salud de los votantes.

HASTA MAÑANA.

 

 

Jueves, 25 Febrero 2021 05:42

“Arropan” al Cuananis

El presidente municipal de Tlaltizapán, Alfredo Domínguez Mandujano, autoapodado “El Cuananis”, organizó una conferencia de prensa en un restaurante de buen nivel de la capital de Cuernavaca, tan sólo para anunciar que él no es la persona que en Facebook escribió el comentario “las señoras a la cocina”, por lo que levantó una denuncia por el delito de “suplantación de identidad”.

El polémico alcalde aclaró que hizo la denuncia porque así se lo recomendaron sus abogados, y porque el partido que lo va a postular para un nuevo periodo de tres años (el Partido Encuentro Social) le sugirió armar la rueda de prensa para evitar que pudieran impugnar su candidatura por violencia de género.

Ya hasta le contrataron un asesor “de lujo”, que es José Pérez Torres, quien ocupara ese mismo cargo en el municipio de Amacuzac en el 2012 y en 2016 tuvo un efímero paso por el Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Cuernavaca (SAPAC).

Pues resulta que en el muro de Zugeily Cabrera Flores, pre-candidata del Partido Socialdemócrata (PSD) a la alcaldía, una de sus amigas de nombre Araceli Quezada, escribió: “Zugeily Cabrera Flores, el mejor proyecto para Tlaltizapán”. Y como contestación a ese comentario aparece un tal Alfredo Domínguez Mandujano que puso: “Las señoras a la cocina”. Y eso es todo.

Derivado de esas cuatro palabras todo el equipo jurídico del Ayuntamiento se puso a trabajar y presentó la denuncia ante la Fiscalía Regional con sede en Jojutla. Aquí lo raro es que su querella la presenta “en mi calidad de presidente municipal del H. Ayuntamiento de Tlaltizapán”, cuando debería ser como ciudadano, pagándole a un litigante particular y no usar el aparato legal del municipio que suponemos tiene otros pendientes.

Diferente sería que la página supuestamente apócrifa fuera del Ayuntamiento de Tlaltizapán, entonces sí habría una afectación a la institución. De hecho, sí hay una página con ese nombre, pero no es falsa, simplemente que corresponde al periodo de David Salazar.

A raíz de la “aclaración” del “Cuananis”, nos metimos a Facebook y descubrimos que la página en mención aparentemente sí es de él, y no comenzó en enero pasado como lo menciona en su escrito de denuncia, sino del 2018, el 26 de febrero para ser más exactos.

Se trata de una “fanpage” que abrió como “candidato político”, y en la que se replican las publicaciones de la página oficial del Ayuntamiento, lo que no haría una de esas páginas que suplantan la identidad del usuario.

Desde nuestro particular punto de vista, fue innecesaria tanto la denuncia como la conferencia de prensa. Resulta intrascendente si el perfil que dijo que las señoras deben irse a la cocina corresponde al presidente municipal o no. De todos modos sería muy difícil comprobarlo.

Lo realmente importante es saber si a lo largo de toda su vida, Alfredo Domínguez Mandujano ha respetado al género femenino o es machista. Si procura en todos sus actos, tanto institucionales como personales, respetar a las mujeres, como lo presumió en la multicitada conferencia en “La India Bonita”.

Y como dijera el presidente AMLO: nosotros tenemos otros datos.

Por ejemplo, que su tesorero le puso una golpiza a su esposa y en lugar de despedirlo, lo sostuvo varios meses bajo el argumento de que lo ocurrido “fue un asunto personal”, y que además para correrlo tendría que haber una sentencia en firme que lo declarara culpable.

¿Cuál fue la solución política que se le ocurrió al Cuananis? Despedir al tesorero (contradiciéndose de lo que había sostenido en un principio) e invitar a la esposa golpeada a que sea su candidata a síndica para las próximas votaciones.

Otro ejemplo es que a finales del año pasado la que fuera directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Tlaltizapán presentó una denuncia por acoso sexual en contra del regidor Félix Bahena Ríos, quien le habría hecho propuestas indecorosas. Cuando la funcionaria le contó lo ocurrido al presidente municipal, éste le dijo que si tenía una grabación le creería. Como no había audio ni video, la mujer optó por renunciar al cargo.

Como ya lo hemos dicho en anteriores ocasiones: ser misógino no depende de lo que se diga o lo que se escriba en un determinado momento, sino de su actuación diaria en la vida pública y privada.

Y quienes conviven diariamente con “El Cuananis” (del que ya contamos que saltó de ser un ayudante municipal a presidente de su municipio sin contar con instrucción académica alguna) aseguran que practica el machismo todos los días, pero más cuando hace sus fiestas e invita a sus amigos regidores y ayudantes municipales.

La última de ellas fue el 15 de enero, con motivo de su cumpleaños, cuando estando en pleno semáforo rojo de la contingencia sanitaria dispuso de recursos materiales y humanos del Ayuntamiento para realizar un jaripeo para agasajar a sus amigos.

Eso sí es preocupante, no un comentario en Facebook sobre si las mujeres deben estar en la cocina o no.

Alfredo Domínguez Mandujano debería estar preocupado por “arreglar la casa” en estos últimos meses que le quedan, pues –como ya lo escribimos en este espacio- si no consigue la reelección, lo más seguro es que tenga que terminar su carrera política en la cárcel, y su fortuna se le acabe en abogados.

Ahora bien, más que en el comentario que le atribuyen en esa publicación de Facebook, sus asesores y el partido que lo está proponiendo, deberían estar preocupados por lo que refiere la usuaria identificada como Araceli Quezada: que el proyecto de Zugeily Cabrera Flores está creciendo y que ella podría convertirse en la próxima presidenta municipal de esa localidad.

La señora ya es prácticamente candidata del Partido Socialdemócrata y cada vez tiene más adeptos. Y no es como otras y otros que unos meses antes de las elecciones comienzan a ayudar a la gente y a tomarse fotos comiendo en puestos de garnachas para que vean que son pueblo.

Zugeily tiene años trabajando en una fundación de ayuda para mujeres víctimas de la violencia, y su proyecto es hacer un albergue para mujeres golpeadas, pero para aquellas que no tienen dinero para recibir atención médica, legal y psicológica, no como la millonaria que aceptó una candidatura a cambio de no seguir criticando al Ayuntamiento.

HASTA MAÑANA.

 

 

 

Miércoles, 24 Febrero 2021 05:31

El licenciado Florentino y su verdad

Como en las revistas de espectáculos, Gerardo Florentino Galindo Durán, ex director jurídico del Congreso Local, “rompió el silencio y contó su verdad”: que desde el principio le dijo a los diputados que no había forma de impedir el pago de las “pensiones doradas”; que no protegió al diputado Marcos Zapotitla, y que hoy es víctima de una venganza política por parte de la diputada del Partido del Trabajo, Tania Valentina Rodríguez, con quien trabajó anteriormente como representante electoral.

“El procedimiento para la abrogación de los decretos que otorgaban estas pensiones fue incorrecto y fue realizado por la Comisión del Trabajo y Previsión Social, presidida en ese entonces por la diputada Tania Valentina”, sostiene frente a un reducido grupo de periodistas en un restaurante de la avenida Cuauhtémoc.

El ex agente del Ministerio Público, ex defensor de oficio y ex subdirector de un penal, además de ex director municipal de Seguridad Pública de Cuautla, admite lo publicado en este mismo espacio con respecto a las pensiones concedidas por la Quincuagésima Tercera Legislatura: que en el marco normativo aplicable al Congreso el Estado, no existe disposición legal alguna, que prevea que se pueda revocar una pensión, cuando esta ya fue investigada y otorgada.

Lo anterior, por la sencilla razón de que en dicho procedimiento de abrogación no se le otorgó la garantía de audiencia a los involucrados; es decir, que debieron tener conocimiento de ese procedimiento y la oportunidad de ofrecer pruebas en su favor.

Según el licenciado Florentino, el juzgado federal que conoció de estos juicios, otorgó el amparo y protección de la justicia federal, “por tal razón la Dirección Jurídica a mi cargo, presentó las denuncias de hechos, ante la Fiscalía Anticorrupción para su investigación correspondiente”.

Por lo tanto, “quiero decirles que en mi actuar como abogado y servidor público, me he conducido siempre de manera responsable y respetuosa, no tengo motivos de discriminación hacia algún sector social, mientras fungí como director jurídico del Congreso del Estado, mi labor fue en todo momento de velar por los intereses del Congreso, siendo mi función exclusivamente institucional, con el mejor desempeño posible y con los recursos humanos existentes”.

Y luego vino la disculpa: se cuenta con abogados de mucha experiencia, sin embargo, la carga de trabajo es bastante pesada, no obstante que solicité más personal para atender esa carga, en ningún momento me fue otorgada”.

Asegura que las recientes declaraciones de la presidenta del Grupo Parlamentario del PT responden a una razón: está molesta porque su sobrino, el diputado José Luis Galindo, se fue del Partido del Trabajo al Partido Encuentro Social y últimamente no ha querido ceder a sus pretensiones políticas.

Admite que quien lo propuso fue su pariente, pero la designación se hizo el 14 de noviembre de 2018, por acuerdo de la Junta Política y de Gobierno, presidida por la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, pues en la pasada elección del año 2018, fue representante electoral del Partido del Trabajo (PT) del X Distrito.

“Sin embargo, desde el 07 de octubre el año 2019, recibí un oficio de parte del Ministerio Público Federal de esta ciudad, en el que me pedían informes sobre mi nombramiento, siendo real que me estaban investigando”, aseguró.

Sobre el caso Marcos Zapotitla, que es el asunto por el que Tania Valentina pidió su destitución, explicó lo siguiente:

En el expediente del Juicio de Amparo del Diputado Marcos Zapotitla Becerro, que se sigue en el Juzgado Quinto de Distrito de esta ciudad, el personal de esta dirección que se encarga de llevar la correspondencia de manera diaria a los diversos juzgados, lo hizo como se venía realizando en esta etapa de pandemia en que los juzgados se encuentran trabajando a puerta cerrada y las promociones se depositan en el buzón que para tal efecto se encuentra en dicho tribunal.

“Es importante mencionar que los “informes previos” fueron presentados dentro del término legal concedido por la autoridad competente, a través del buzón judicial mencionado que se encuentra en esas instalaciones.

“Es cierto que se otorgó una suspensión definitiva en dicho expediente, siendo esta una facultad discrecional y autónoma del juzgado, y que esto no depende del informe previo, porque el acto reclamado por el quejoso es cierto. Dicha suspensión es para el efecto que se continúe con el procedimiento de declaración de causa, y que no se emita resolución, hasta que se resuelva el amparo principal. Ante dicha suspensión la Dirección Jurídica, interpuso el recurso de revisión a dicha resolución que se encuentra en trámite”.

En relación al procedimiento de “esafuero” contra el diputado Marcos Zapotitla, es competencia de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso del Estado, en donde se encuentra radicado el expediente desde el mes de octubre del año 2020, sin que la Dirección Jurídica tenga participación en dicho procedimiento.

“En lo que respecta al documento que se dice “se extravió”, lo desconozco ya que dicho trámite no es de la competencia de la Dirección Jurídica a mi cargo y tampoco formo parte de ninguna mafia, ni soy misógino, como temerariamente lo afirma la diputada local, Tania Valentina Ruiz, sólo es una venganza política, queriéndome causar un daño moral a mi prestigio profesional, si bien tenemos el derecho de libertad de expresión, éste debe ser respetando la dignidad de las personas y no únicamente por que se tiene boca y frustración”, aseveró.

Y es que la diputada Rodríguez Ruiz informó a través de sus redes sociales, que por unanimidad al interior de la Comisión de Gobernación del H. Congreso del Estado de Morelos, se aprobó pedir al presidente de la Mesa Directiva, Alfonso Sotelo, “la remoción inmediata del Director Jurídico, Florentino Galindo, tío del diputado Galindo, del PES, por ineficiente, omiso y cómplice del presunto violador Marcos Zapotitla”.

A ver ahora quién acepta ocupar ese cargo, en el que si los juicios se ganan es mérito de las diputadas y diputados, pero si se pierden es culpa de sus abogados.

HASTA MAÑANA.

 

                               

 

Martes, 23 Febrero 2021 05:21

Futuros magistradas y magistrados

Por fin fue publicada la convocatoria para la elección de cuatro magistrados del Tribunal Superior de Justicia y dos del Tribunal de Justicia Administrativa que están vacantes por resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El jueves concluyó el plazo para el registro y trascendió que hubo más de cien aspirantes registrados, aunque la lista ya depurada será dada a conocer por la Junta Política del Congreso Local junto con el calendario de entrevistas.

¿Quién quiere ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia? Más bien la pregunta es quién no quiere ocupar ese cargo cuya retribución monetaria es cercana a los 100 mil pesos mensuales.

De entrada, se inscribieron –y con justa razón- prácticamente todos los jueces del Tribunal Superior de Justicia, en el entendido de que debe privilegiarse la carrera judicial de los aspirantes. Sin embargo, la constitución política establece que todos somos iguales ante la ley, así que hay decenas de litigantes que igual se apuntaron.

También servidores públicos que laboran en órganos gubernamentales no jurisdiccionales, o bien, que laboran en el Poder Legislativo asesorando a los diputados. 

Hasta el momento de redactar la presente columna no se había dado a conocer la lista de inscritos, por lo que nos basaremos en la información que hemos obtenido de los propios interesados, y de aquellos que vimos registrándose.

Ya en una ocasión anterior advertimos que por lo menos dos de las cuatro magistraturas deben ser ocupadas por mujeres. Actualmente el Pleno del Tribunal Superior de Justicia se encuentra integrado por seis mujeres y nueve hombres, entre ellos el magistrado presidente Rubén Jasso Díaz (quien llega tras dos periodos que fueron ocupados por damas) y el magistrado visitador, que no integra Pleno.

Y por lo menos dos de las magistraturas deben ser para integrantes del Poder Judicial, por aquello de que se privilegie la carrera judicial. Luego entonces, lleva ventaja la actual presidenta de la Asociación de Jueces del Estado, Rosenda Mireya Díaz Cerón, que reúne esas dos características.

Con muchas posibilidades se registró la actual vicefiscal de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Morelos, Guadalupe Flores Servín, quien se jubiló después de muchos años de laborar en juzgados civiles y penales del estado de Morelos, y hoy es pieza fundamental de la institución encargada de perseguir a los servidores públicos deshonestos. Nos consta que ha sido implacable en su trabajo, aun arriesgando su propia vida.

Y si de jueces sobresalientes se trata, uno de ellos es el maestro en Derecho Tomás Mateo Morales, quien inició su trayectoria profesional como defensor de oficio en materia agraria a principios de los noventas, luego fue agente del Ministerio Público y posteriormente entró al Poder Judicial en 2012 como juez de primera instancia, de control, juicio oral y ejecución de sanciones, cargo que ocupa en la actualidad con un expediente limpio.

Otro que haría un excelente papel como magistrado es Rubén Alberto Basurto Ramírez, quien en 2001 ganó la plaza de Secretario de Acuerdos mediante examen de oposición y después de estar en varios juzgados fue designado como administrador de Salas de Juicios Orales del Poder Judicial, desde el inicio del nuevo sistema de justicia penal, en 2008.

Alejandro Hernández Arjona intentará por enésima ocasión ser magistrado, tras una larga carrera como subprocurador de justicia y luego como juez penal y civil en diversos Juzgados. Ya le toca. 

Por parte de la Barra de Abogados vimos registrándose al doctor en Derecho Alfonso Mejía, pero suponemos que también lo hizo el presidente de la organización, Miguel Ángel Rosete Flores, y Bertha Paredes Noyola, todos ellos con los merecimientos necesarios para ocupar el cargo.

Los nombres antes mencionados son los que conocemos de tiempo atrás por lo que podemos dar testimonio de su trabajo. Sin embargo, no necesariamente son los que habrán de ocupar esas magistraturas, y ello se debe a que lo único que necesita un aspirante para llegar a la cúspide de la función jurisdiccional es contar con los votos de los diputados y diputadas. Catorce por lo menos.

Y esos votos los pueden conseguir como sea. Con recomendaciones académicas, sugerencias familiares, presiones políticas.  Incluso hay magistrados que aseguran haber pagado dinero por el cargo (con la posibilidad de que los billetes se hayan quedado en manos del interlocutor), y personas que ya hasta le pusieron precio a las actuales magistraturas: de dos a tres millones de pesos.

No podemos asegurar que se estén vendiendo las magistraturas, lo que sí es evidente es que quienes trabajan con los diputados tienen cierta ventaja en comparación con quienes no laboran en el Poder Legislativo.

De ahí que haya quienes les están “haciendo la travesura” soltando la versión de que “las magistraturas ya están amarradas para los parientes y colaboradores de los diputados”. En esa lista ponen (y que conste que no ponemos en duda su capacidad como juristas) a la esposa del diputado Andrés Duque y a los colaboradores del ex presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo, de nombres Lenin Barbosa y Araceli Salas.

Ya sabemos que en el caso de los consejeros y comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) han convertido en una tradición el que tengan que pasar por el Congreso o ser familiar de un legislador para llegar a esa posición privilegiada, pero ojalá que no pase lo mismo con las magistraturas. 

En los siguientes días seguiremos mencionando a profesionistas del Derecho, hombres y mujeres, que aspiran legítimamente a ocupar esas vacantes. 

Sin embargo, no debemos perder de vista la posibilidad de que la designación no ocurra en la presente legislatura, y para ello bastaría con que alguno de los aspirantes (que calcule tener más posibilidades con los diputados que vienen que con los que están), promueva un amparo ante la justicia federal, para que un juez de Distrito ordene la reposición del procedimiento, y entonces tendríamos que esperar a que llegue la Quincuagésima Quinta Legislatura, y las circunstancias podrían cambiar radicalmente para los actuales aspirantes.

HASTA MAÑANA.

 

 

Lunes, 22 Febrero 2021 05:36

Los suplentes

La figura del funcionario suplente se establece en los cargos de elección popular para el remoto caso de que el titular se ausente en forma definitiva, pero quienes aceptan esas candidaturas saben que, si bien les va, disfrutarán de unos cuantos meses de sueldo si al regidor, alcalde, diputado o senador se le ocurre buscar otro cargo. O todavía más improbable: que sea llamado a cuentas por el creador.

Juvenal González Amaro nunca imaginó que sería regidor. Prestó sus documentos para llenar la planilla del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para la presidencia municipal de Temixco en la fórmula de Andrés Huicochea. El que tenía asegurado el puesto era Rogelio Torres Navarro, quien ya había sido asesor del alcalde Nereo Bandera y tenía trayectoria partidista.

Sin embargo, el 11 de junio de 2015, unos días después de las elecciones, Rogelio se fue a celebrar a Jiutepec en compañía de una abogada. Regresaban ya de madrugada a bordo de su camioneta Mazda color negro, y por la velocidad con que venía y el estado de embriaguez no alcanzó a ver que iniciaba el paso a desnivel de El Polvorín. Chocó contra la barrera metálica y se incendió el vehículo, falleciendo ambas personas calcinadas.

Así, sin creerlo todavía, el joven Juvenal protestó formalmente al cargo y fue parte del Cabildo 2016-2018 de Temixco, que inició con un hecho trágico: el asesinato de la alcaldesa Gisela Mota, el primer día de su mandato.

Y como si la silla estuviera embrujada, la suplente de Gisela, una maestra de nombre Irma Camacho, también falleció al poco tiempo, pero de muerte natural.

El episodio anterior viene a colación por la fatídica muerte del senador Radamés Salazar Solorio, acaecido ayer tras un mes completo de luchar contra el virus Covid 19. Desde este espacio, nuestro sincero pésame a Rabindranath y a su señora madre, doña Rufi, quienes nos honran con su amistad.

No tenemos en la memoria un caso similar. Quizás lo que más se le acerca es el fallecimiento del entonces diputado federal, Alfonso Sandoval Camuñas, en 1998, de un paro cardiaco. Su suplente era nada menos que Juan Jaramillo Frikas, quien se llevaba muy pesado con él y a cada rato bromeaban sobre la posibilidad de que “le diera chance aunque fuera sólo unos mesesitos” de cobrar en San Lázaro.

La esperanza de Juan era que Alfonso pidiera licencia unos meses antes de concluir la legislatura federal para ir en busca de la Gubernatura del estado de Morelos en el 2000, pero no fue así. La muerte de su amigo lo hizo incorporarse al Congreso Federal hasta concluir el periodo y luego al Ayuntamiento de Cuernavaca, donde laboró en forma indirecta hasta hace unos meses en que fue cobardemente asesinado.

Y si hablamos de suplentes con suerte no podemos dejar de mencionar al actual alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, quien fue inscrito en la planilla de la coalición PES-Morena-PT como suplente de José Luis Borbolla, y ante la determinación del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) de no reconocer a Borbolla ni al otro candidato que era Gilberto Alcalá, fue Villalobos Adán el que se quedó con el cargo de presidente municipal para el periodo 2019-2021.

Pues bien, tras la lamentable muerte de Radamés Salazar, quien legalmente será el nuevo senador responde al nombre de Sergio Pérez Flores.  Es hijo del periodista José Manuel Pérez Durán y ha trabajado en el Gobierno del Estado de Morelos, en el Ayuntamiento de Temixco (fue titular de Seguridad Pública), en Caminos y Puentes Federales (Capufe) y actualmente en la Secretaría de Bienestar Social, antes Sedesol.

Su nombre apareció en la lista de involucrados en aquel fraude al gobierno de Morelos conocido como “el Caso Gemtel”, pero demostró ante las autoridades competentes que él era totalmente operativo y no tenía poder de decisión como para ordenar que se le pagara a dicha empresa de telefonía varias decenas de millones de pesos.

Como suele ocurrir en estos casos, la contralora del nuevo gobierno que encabezaba Marco Adame Castillo (Patricia Mariscal Vega), para fines publicitarios soltó los nombres de todos los servidores públicos que según su investigación habían participado en la compra sin licitar de un equipo de telefonía por 32 millones de pesos, y entre esos venía el de Sergio Pérez. 

Pero igual, como ocurre siempre, las acusaciones se fueron diluyendo y al final el único que resultó administrativamente responsable fue el entonces oficial mayor, Alfonso Pedroza Ugarte. Sí, el mismo que con todo cinismo hoy encabeza la campaña de Sergio Estrada Cajigal para (otra vez) la presidencia municipal de Cuernavaca.

Sergio Pérez es militante de Morena. Actualmente ocupa la delegación regional de la Secretaría de Bienestar que abarca los municipios de Cuernavaca, Huitzilac y Tepoztlán.

No dudamos de su preparación académica (aunque su curriculum no aparezca en ninguna base de datos), sin embargo, está claro que su trayectoria es aún incipiente como para ocupar un cargo que a muchos les ha costado toda una vida llegar, y que por tradición es la antesala de la gubernatura del estado.

Nos recordó a Lisbeth Hernández Lecona, aquella joven abogada que trabajaba en el Congreso local cuando el diputado federal priísta Francisco Moreno Merino dijo una barrabasada en público que le costaría la senaduría que ya tenía amarrada.

Y ahí estaba Lisbeth, con sus documentos listos para ocupar cualquier cargo público, y eso le valió para dar un salto inimaginable hasta el Senado de la República, cargo que concluyó apenas en 2018 y hoy se dispone a buscar una diputación local, que era el puesto al que podía aspirar en el 2012.

De la misma manera, Sergio Pérez no se imaginó ser senador a esta edad y mucho menos en estas circunstancias. Pero haya sido como haya sido, el hecho es que ahí está, en un lugar privilegiado en el que muchos quisieran estar. Que sea para el bien de Morelos.

Y nuevamente, desde este espacio, un abrazo solidario a toda la familia del Senador Radamés Salazar Solorio, que Dios les dé pronta resignación, y que descanse en paz.

 

 

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