Jesús Castillo

Jesús Castillo

Jesús Castillo García. Periodista con 30 años de trayectoria; Premio Estatal de periodismo 2010 y 2012. Premio Nacional de Periodismo 2013.
Lunes, 23 Noviembre 2020 05:42

¿Quién es Jesús Gómez Sandoval?

Valeria (nombre ficticio para proteger su identidad) vio en el Facebook lo que parecía ser la salvación a sus problemas económicos. “Se buscan jóvenes para trabajo fácil”, decía el mensaje y daban el nombre de un usuario de esa red social. 

Viernes, 20 Noviembre 2020 05:33

¿Quién mandó matar a Juan David Juárez?

La buena: ya se tiene pericialmente identificada la pistola que terminó con la existencia del encargado de la Seguridad Pública de Cuernavaca, Juan David Juárez López. La mala: ya solamente falta comprobar quién la accionó y quién dio la orden de ejecutarlo. 

Sin desestimar la importancia de otros crímenes, se puede afirmar que el homicidio de Juan David es el que tuvo mayor impacto social en los últimos dos años, de ahí que su esclarecimiento total y castigo a los responsables es una deuda que tienen las autoridades con la ciudadanía morelense.

“Su exitosa trayectoria nunca cambió su forma de ser, siempre sencillo y servicial, como tampoco modificó su estilo de vida. Al día de su muerte, ocupaba uno de los departamentos de la Unidad Habitacional Teopanzolco, en la colonia del mismo nombre. Todo eso nos lleva a la conclusión de que a Juan David no lo mataron por tener nexos con alguno de los grupos de la delincuencia organizada que desde hace meses pelea palmo a palmo la plaza de Morelos. Al contrario, su rectitud y honradez representaba un riesgo para la mafia que está a punto de apoderarse de nuestra entidad”, escribimos en este mismo espacio el 9 de diciembre del año pasado.

Ayer, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, encabezó una conferencia de prensa en el C5 en la que prácticamente nos dijo que ya saben quién lo mató y por órdenes de quién. Sin embargo, no lo van a hacer público hasta tener detenidos a todos los involucrados.

Según la versión oficial, la detención del presunto responsable se derivó de una denuncia de secuestro presentada ante la Fiscalía Especializada el pasado cinco de noviembre, en donde se refería que a la presunta víctima la mantenían en cautiverio en la Privada Virgo de la colonia Zodiaco de la capital del estado, por lo que se activaron los protocolos correspondientes.

En despliegue táctico realizado por el Grupo Fusión-UECS, conformado por agentes de la Policía de Investigación Criminal (PIC), Fiscalía General de la República (FGR) y de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), se logró el aseguramiento de Emmanuel “N” de 36 años y Rafael Quintín “N” de 32 años de edad, quienes habían amagado a los agentes a su llegada con un arma de fuego calibre .357 y otra calibre 9 milímetros, respectivamente; por lo que fueron asegurados en el lugar, localizando al interior del vehículo en donde viajaban 28 envoltorios con marihuana, así como diversos cartuchos balísticos calibre .357 Magnum y .38 especial.

Al hacer la revisión protocolaria de las armas, encontraron que el arma de fuego calibre 9 milímetros asegurada a Rafael Quintín “N” es la misma que terminó con la vida de Juan David.

Recordemos que la “huella dactilar” de un arma es la marca que deja la aguja sobre el casquillo al activar el disparo, así como el rayado que queda en el proyectil que se aloja en el cuerpo de la víctima mortal.

Lo anterior no da una seguridad al cien por ciento de que Emmanuel o Rafael Quintín accionaron el arma homicida, pero las demás pruebas como son las testimoniales, videos, llamadas telefónicas, pueden dar como resultado la identificación del responsable material del homicidio.  Y lo que es más importante: saber quién lo mandó matar y por qué. El paso final que demostraría que hay justicia en Morelos es que fuera detenido el autor intelectual.

De acuerdo a la información proporcionada ayer por el secretario de Gobierno y por el fiscal Uriel Carmona, el arma mencionada aparece –además del caso de Juan David- en otras seis carpetas de investigación:

La tentativa de homicidio cometida en la colonia Mártires del Río Blanco en Cuernavaca en el mes de noviembre; los homicidios registrados en la colonia Real del Puente de Xochitepec en el mes de agosto; en calle Tabachín de la colonia Bellavista de Cuernavaca en el mes de julio; el homicidio cometido en la Calle Guerrero de la colonia Centro de Cuernavaca el 10 de septiembre; en la colonia Plan de Ayala de Cuernavaca en el mes de agosto y en el mes de noviembre en la colonia Teopanzolco de Cuernavaca, todos los casos registrados en el año 2019.

En este último caso, se comprobó que mataron a Gabriel (un honrado trabajador del Tribunal Superior de Justicia) al confundirlo con Juan David, y que un mes después cumplieron su cometido. Por ese homicidio ya están sujetos a proceso y en prisión preventiva.

El 23 de enero del 2020 publicamos en nuestra columna que en la primera hora del miércoles 18 de diciembre del 2019 fue detenido Juan Manuel Peña Barrios, apodado “El Barrios”. Según la versión oficial, una patrulla del Mando Coordinado realizaba patrullajes de rutina en el primer cuadro de Cuernavaca cuando detectaron una camioneta Acura que circulaba a exceso de velocidad.

El conductor, al percatarse de la presencia policial, aceleró y la patrulla le cerró el paso. El sujeto detuvo la marcha pero comenzó a realizar llamadas telefónicas y a gritar amenazas contra los agentes.

Al revisar la camioneta –aparentemente blindada- la policía encontró una pistola, varias dosis de cristal, un radio de comunicación con frecuencias policiales y celulares, además de que el vehículo tenía reporte de robo.

Un elemento de la Policía Morelos tomó el teléfono celular de “El Barrios”, lo revisó por unos minutos y lo guardó en su chaleco. Es decir, no lo puso a disposición del Ministerio Público.

Seguramente por una buena cantidad de dinero, ese aparato móvil llegó a manos del jefe del grupo rival. Durante días lo estuvo analizando, hasta que decidió entregarlo a las autoridades.

Y lo hizo de una manera muy “sui géneris”: lo ató a una de las orillas de una lona que mandó colocar en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia recientemente inauguradas en Temixco. Otras dos fueron puestas –a plena luz del día- en el edificio del Ayuntamiento de Cuernavaca y en las instalaciones de la Policía Federal, hoy Guardia Nacional.

“… a la gente ya le quedó claro que la policía Morelos es una basura por Raúl Gómez Cruz, que está involucrado en homicidios, secuestros, así como todos sus mandos de Veracruz y el Grupo de Operaciones Especiales que los tienen como sicarios, ya les mandé evidencias a FGE, FGR, Gob Federal, Municipal y Estatal…” decía la lona impresa en letras negras y rojas.

Al parecer, la información contenida en ese teléfono ya fue enviada también a medios nacionales. Un noticiario que sólo se transmite en la Ciudad de México por canal 6 de televisión abierta y 235 de Sky, se refirió a la detención de “El Barrios” y refirió que en su teléfono celular tenía fotos y videos de sus víctimas.

En ese noticiario aparece un video donde se escucha una voz masculina que dice “hermanito, hermanito, aquí estamos poniendo campana a este perro”, y se observa la avenida Teopanzolco. Luego otro video donde se nota que ya es de noche, y se escucha otra voz que dice “estoy aquí, ya dimos varias vueltas pero no llega el vato carnal”.

La voz en Off del reportero señala: “Así informaban los sicarios a su jefe, Abel Maya, que esperaban a otra de sus víctimas, Juan David Juárez, el ex secretario de Seguridad Pública de Cuernavaca, ejecutado el 5 de diciembre al llegar a su casa en la zona habitacional de Tepocazalco (sic)”.

Los morelenses merecemos saber quién y por qué mataron a Juan David Juárez López.

HASTA EL LUNES.

 

Jueves, 19 Noviembre 2020 05:22

Triste final de Isabel León Trueba

Como ya es del dominio público, ayer el Consejo General del Instituto Nacional Electoral resolvió en votación prácticamente unánime, la remoción de la presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), Ana Isabel León Trueba, “por notoria negligencia” con respecto a un procedimiento sancionador que estuvo 15 meses guardado en un cajón.

En su sesión de ayer, transmitida en vivo por internet, se dio lectura al Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento de remoción de Consejerías Electorales identificado con el número de expediente UT/SCG/PRCE/TEEM/CG/7/2018 y su acumulado UT/SCG/PRCE/EDS/JL/MOR/41/2018, integrados con motivo de la vista ordenada por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, respecto del consejo general de Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, y la denuncia presentada en contra de la consejera presidenta del citado instituto, respectivamente, por hechos que podrían configurar alguna de las causales de remoción establecidas en el artículo 102, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

A la lectura del dictamen siguió un tibio intento de defensa por parte del consejero Uuc-kib Espadas argumentando que el hecho de donde se deriva la propuesta de remoción es parte de un “conflicto largo y continuado entre facciones más o menos cambiantes, polarizadas y confrontadas”, además de que su destitución no contribuye a la solución del problema.

Pero enseguida, Dania Ravel y otro consejero se le fueron encima diciendo que, independientemente del trabajo realizado por la presidenta del organismo, el expediente evidencia la seriedad de los hechos denunciados, “prácticas que obstruyeron la impartición de justicia”, ya que se tuvo guardado completamente inactivo por más de un año además de que hubo “falta de rendición de cuentas a sus pares” y en conclusión, omitió dar cumplimiento a sus obligaciones legales por lo que se tendría que cumplir lo que establece la ley ante tales causales.

Diez contra uno fue el resultado de la votación con la que Ana Isabel León Trueba quedó fuera del órgano público local (OPLE) al que ingresó en 2014 mediante la nueva forma de designación ya sin la participación del Poder Legislativo local como se hacía antes.

Todavía en su defensa, la licenciada en química y maestra en ciencias, ofreció una conferencia de prensa el pasado lunes en la que comenzó recordando que ella ha trabajado intensamente por más de 6 años, para ampliar la vida democrática de nuestro estado y garantizar a la sociedad morelense elecciones imparciales y pacíficas.

Luego recordó que fue con ella que se estableció la paridad horizontal y vertical para en las candidaturas para los ayuntamientos, misma que fue replicada en casi todos los estados de la República y hoy en día está contenida en casi todas las leyes electorales estatales.

“Recientemente impulsé acciones afirmativas para garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a tener representación en la integración de los ayuntamientos y del Congreso del Estado. En la próxima elección serán postulados en al menos 27 municipios personas indígenas, en proporción al porcentaje de población que se autoadscribe como indígena en el municipio correspondiente; y para la integración del Congreso del Estado, los partidos políticos presentarán candidaturas indígenas en cuatro distritos electorales locales; acciones que no solo se quedarán en la postulación, sino que van hasta la asignación de espacios de cargos de elección popular”.

No obstante lo anterior –dijo- el Consejo General del INE trae a cuenta un proceso de remoción contra las y los consejeros del Impepac, aperturado (sic) en abril de 2018, hace más de dos años y medio, en relación con la investigación de hechos que se inició en septiembre de 2016 por instrucción del Consejo Estatal Electoral del Impepac, investigación que guardaba estrecha vinculación con el procedimiento iniciado de oficio por el INE,  el 29 de agosto de ese año, con el expediente INE/P-COF-UTC/2016/MOR. 

El secretario ejecutivo del Impepac concluyó la investigación preliminar y el 7 de diciembre de 2016, lo dio a conocer formalmente a la presidencia. En varias mesas de trabajo de consejeros se analizaron los resultados de la investigación y se determinó que se tuviera una reunión entre el INE y el Impepac para tratar los avances en ambas investigaciones y las acciones conducentes a seguir.

“El 20 de febrero de 2017, en la reunión sostenida entre el C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, y por parte del Impepac  la Consejera Presidente, el Consejero Electoral Carlos Uribe en su calidad de Presidente de la Comisión de Quejas y el Secretario Ejecutivo, se abordó el tema de las investigaciones que ambas instituciones llevaban a cabo y concluyeron que lo adecuado sería resolver en tiempos cercanos, permitiéndole al IMPEPAC tener mayores elementos para resolver”, aseguró León Trueba.

“Después de un año, cuatro consejeros y consejeras presionaron a esta Presidenta para que el día 8 de marzo, justo un día antes de que iniciara el registro de candidatos a la gubernatura, se realizara una reunión extraordinaria urgente  del CEE durante la cual aprobaron, por mayoría, un acuerdo para iniciar de oficio un Procedimiento Ordinario Sancionador en contra de Cuauhtémoc Blanco, situación que podría interpretarse con posibles intenciones políticas, sin el procedimiento legal adecuado y faltando así a lo acordado con el INE, institución que resolvió su investigación hasta el 28 de mayo de 2018”, agregó.

Aseguró que el acuerdo de inicio del Procedimiento Ordinario Sancionador fue impugnado ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos que lo consideró improcedente, dando vista al INE al determinar dilación en el procedimiento seguido por el Impepac.

Según ella, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE la responsabiliza de esta dilación sin tomar en cuenta que el secretario ejecutivo del IMPEPAC (en ese tiempo Erick Santiago Romero) es la autoridad responsable de elaborar los dictámenes o resoluciones de las investigaciones que están bajo su responsabilidad y de proponer el orden del día de las sesiones del CEE, además de que “teníamos un acuerdo con la Unidad Técnica de Fiscalización del INE de esperar a que ellos resolvieran, y lo hicieron hasta el 28 de mayo de 2018, determinando que el procedimiento era infundado”.

Como lo mencionamos recientemente en este mismo espacio, nadie le quitará sus méritos a la señora en materia electoral, pero también lo cierto es que –de acuerdo a testimonios de mucha gente que trataba diariamente con ella- es una persona autoritaria, que no aceptaba opiniones en contra ni se dejaba asesorar. Simplemente se cumplió la máxima: lo que se siembra se cosecha.

Ya habrá tiempo de analizar lo que hubo de trasfondo político en esta determinación, pues resulta innegable que ella era o es simpatizante de Morena. Hay un video de una asamblea para la conformación del Movimiento de Regeneración Nacional en partido político, donde ella sube al atril a emitir su opinión.

Quizás -y es una mera suposición-, ese video le llegó a los integrantes del INE y vieron la forma de vengarse contra el presidente AMLO que los trae en jaque desde que asumió la presidencia.

HASTA MAÑANA.

 

Miércoles, 18 Noviembre 2020 05:20

¿Quién para a Agustín Alonso?

Mientras que en la mayoría de los municipios de la entidad los alcaldes se truenan los dedos para completar el aguinaldo y apenas pavimentan unas cuantas calles, el presidente municipal de Yautepec “con la mano en la cintura” encarpeta carreteras completas, construye una universidad municipal e inicia los trabajos para un parque infantil en 30 mil metros cuadrados.

El secreto de Agustín Alonso Gutiérrez está en la continuidad. Su padre siendo alcalde adquirió un terreno de más de 15 mil metros para construir la universidad municipal (en realidad un campus de la UAEM). Su hijo, al recibir el gobierno municipal construyó la sede de la casa de estudios y compró otros 18 mil metros cuadrados para iniciar la construcción de un parque infantil que –seguramente- lo terminará o lo administrará su padre cuando le entregue la estafeta nuevamente.

Y es que, actualmente en Yautepec no hay nadie que le haga sombra –políticamente hablando- a los agustines.

“El viernes pasado se les pagó a todos los trabajadores sus 45 días de aguinaldo y el 22 de diciembre se les paga la segunda parte y estamos por iniciar otras tres obras grandes: una de 10 millones, otra de ocho millones y una más de cinco (millones), todos son recursos propios”, presumía ayer el alcalde después de recorrer la Universidad Municipal y el terreno donde se construirá el parque, acompañado por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

El terreno (que asegura no fue adquirido a ningún familiar ni compadre), costó seis millones de pesos. El parque contará con tirolesa, islas de juegos, foro al aire libre, pista de patinaje, lago artificial y mucho más, explicó Agustín durante el evento en el que hicieron una kermesse para niños y varios ciudadanos hicieron uso de la palabra.

María de Jesús Salcedo, vecina de la colonia Buena Vista, donde estará ubicado el parque, ensalzó el trabajo realizado por el edil e hizo votos porque “algún día tengamos un gobernador nacido en Yautepec”. El comentario no cayó nada bien entre los visitantes, lo mismo que las porras de “Agustín, Agustín, ra ra ra”, aunque al final también le echaron una al mandatario estatal.

 “Reconozco el esfuerzo y suma de voluntades para crear espacios que fomenten el desarrollo de las nuevas generaciones. Este espacio será importante para niños y jóvenes, para que valoren los tiempos que estamos viviendo”, dijo Cuauhtémoc al hacer uso del micrófono.

Al evento asistieron como invitados especiales el presidente de Ayala Isaac Pimentel Mejía, el diputado federal Alejandro Mojica y el jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, quien tenía rato de no aparecer en actos públicos. No llegó, a pesar de estar invitada, la secretaria de Obras Públicas.

“Vienen momentos difíciles para quienes aspiramos a un cargo público”, dijo Agustín Alonso al final de su discurso. Y lo repitió mirando a su invitado especial: “Gobernador, vienen tiempos difíciles. Nos van a denostar, nos van a calumniar, nos harán parecer que somos lo peor que le ha pasado a nuestros pueblos, pero los resultados hablan más que las palabras”.

Después de que se retiró el gobernador, Agustín Alonso se quedó a repartir, como lo hace desde hace un buen tiempo, vales de gasolina a taxistas de la localidad, lo que ocasionó una fila de vehículos que parecía interminable y que colapsó el tránsito en el pequeño municipio.

Los taxis traen una leyenda en su medallón: “los taxistas con Agustín Alonso”.  Y no se sabe si se refieren al actual alcalde Agustín Alonso Gutiérrez o al inminente candidato a sucederlo, Agustín Alonso Mendoza. 

Tampoco se sabe por cuál partido. Recordemos que ellos llegaron a la presidencia por el Partido de la Revolución Democrática, ahorita andan “coqueteando” con Morena -con René Bejarano, para ser más específicos- pero si no los toman en cuenta pueden irse por cualquier otro partido. Por eso los taxis portan publicidad a favor de Agustín Alonso en color blanco, rojo y hasta verde.

A pesar de la pandemia, Agustín Alonso no ha cesado de inaugurar obras y de recorrer colonias. El parque infantil tendrá un costo de 13 millones de pesos que salen de los impuestos que pagan los yautepequenses y que dará empleo directo a unos 200 trabajadores.

Lo que ocurre en Yautepec queda para el análisis. Agustín padre le entregó la alcaldía a su hijo (con finanzas sanas, asegura), y ahora –tras una reelección- Agustín hijo le devolverá la estafeta a su padre para que él asuma –por tercera ocasión- la presidencia municipal.

¿Se puede considerar que hay un cacicazgo en Yautepec? ¿Hay cacicazgos favorables o positivos? Eso lo sabremos el 6 de junio del próximo año, cuando los yautepequenses acudan a las urnas a elegir a su presidente municipal y es casi seguro que en la boleta venga Agustín Alonso Mendoza con la promesa de continuar con las obras aquí mencionadas.

Y muy probablemente el nombre de Agustín Alonso Gutiérrez, aquel hombre que contendió por primera ocasión en las elecciones de su pueblo natal San Carlos para ayudante municipal, estará en esta ocasión como candidato a una diputación local o incluso federal. Y de ahí para lo que le alcance.

HASTA MAÑANA.

 

Desde 2010 a 2019 fueron encontradas 40 fosas clandestinas en el estado, principalmente en los municipios de Emiliano Zapata, Puente de Ixtla, Cuernavaca, Tlaltizapán, Amacuzac y Jiutepec, según una investigación independiente realizada por los periodistas Carlos Quintero y Wendy Selene Pérez (ésta última ganadora del Premio Nacional de Periodismo 2019).

Las fosas clandestinas comenzaron a proliferar tras el asesinato de Arturo Beltrán Leyva, líder del grupo criminal de los hermanos Beltrán Leyva, en diciembre de 2009, en Cuernavaca, y en medio de la pugna por el territorio entre sus colaboradores Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, y Sergio Villarreal Barragán “El Grande”, detenidos en 2010.

La mayoría de las fosas fueron halladas en los años 2010, 2011 y 2014, entre ellas las de Puente de Ixtla. Tan sólo en 2010 fueron desenterrados 36 cuerpos de tumbas clandestinas y los cadáveres exhumados fueron repartidos en los tres Semefo de la Fiscalía de Morelos. Estos, junto con las tres mil 445 víctimas de homicidios, saturaron las tres morgues del estado. Ninguna se dio abasto.

Para tratar de solucionar la saturación, el 28 de marzo de 2014, la directora general de Servicios Periciales de la Fiscalía del Estado, Ana Lilia Guerrero Moreira, ordenó que todos los cadáveres no identificados que permanecían en las morgues de la entidad fueran enterrados.

Un total de 119 cuerpos fueron enviados a fosas comunes, incluidos siete que sí habían sido identificados por sus familiares, pero que también fueron desalojados porque -argumentó Guerrero- las cámaras frigoríficas “debían estar limpias”.

Entre los cuerpos iba el de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, un joven de 31 años que el 3 de junio de 2013 fue hallado muerto y después fue identificado por su familia. Sin embargo, la autoridad ministerial optó por mantenerlo en la morgue hasta obtener una orden de aprehensión contra los responsables. En la espera fue desalojado con el resto y enterrado en un terreno baldío en la comunidad de Tetelcingo. “Fosa clandestina”, acusaron ONGs y el padre Solalinde; “fosa oficial sobre un panteón irregular”, declaró en aquel momento el gobierno.

María y Amalia Hernández, madre y tía de Oliver, obligaron a las autoridades a abrir las fosas para sacar el cuerpo de su familiar, y grabaron aquella polémica escena donde se veía un altero de cuerpos enterrados. Su video –además de provocar un escándalo que llegó hasta las cadenas de televisión norteamericanas- movilizó a familiares de personas desaparecidas de Morelos y de otros estados del país que presionaron hasta que se abrieran esas fosas ilegales.

En agosto de 2016, tras 12 días de exhumaciones en el que integrantes de colectivos de víctimas supervisaban los hallazgos, se descubrió que el Estado –gobernado entonces por Graco Ramírez- había enterrado 119 cadáveres fuera de cementerios: 34 sin investigación penal de su homicidio y 13 sin necropsia. Tres eran cuerpos de niñas.

Pronto se supo que las irregularidades no sólo ocurrieron en Tetelcingo, también en Jojutla. En marzo de 2016 en dos fosas de Jojutla fueron enterrados 84 cuerpos en las mismas condiciones. Los trabajos de exhumación nunca se completaron. Sólo dos exfuncionarios han sido vinculados a proceso, ninguno de sus superiores ha sido procesado.

En 2016, pese a las protestas de las familias de víctimas, seguían las prácticas deficientes y los errores. Ese año la agente del Ministerio Público Monserrat Castañeda encabezó un equipo especial - integrado por peritos en identificación humana, medicina, antropología, odontología forense, criminalística, química y fotografía de la Fiscalía Regional Oriente, y con apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)- para hacer un inventario de cuerpos.

Al revisar la morgue de Cuautla, el grupo especial encontró cuatro cadáveres desconocidos que no tenían registro oficial, entre ellos un esqueleto anónimo dentro de una bolsa naranja y la leyenda “PGR SIEDO”. Descubrieron que en cada plancha metálica, con cupo para un cuerpo, habían sido acomodados cuatro de costado para aprovechar el espacio. Otros cadáveres estaban apilados en el piso de la misma cámara de nueve metros cuadrados.

Durante seis años el cadáver de la bolsa color naranja había permanecido en “el limbo”, abandonado en la cámara frigorífica de Cuautla, hasta que el 17 de febrero de 2016, la agente del MP Monserrat Castañeda Delgado lo descubrió y comenzó a hacer las investigaciones para saber cómo había llegado hasta ahí.

Fue así como arribaron a la conclusión de que ese cuerpo era uno de los que se habían encontrado en una fosa clandestina en un campo de cultivo denominado ‘Paraje Alto’, ubicado a cinco kilómetros al norte de la carretera federal Puente de Ixtla-Amacuzac, el 8 de septiembre de 2010.

En aquella ocasión, todo el operativo lo organizó la extinta Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), pero tras la exhumación de los cadáveres éstos fueron repartidos en diferentes anfiteatros, y uno de éstos simplemente “se les perdió”.

El “cadáver olvidado por la PGR”, resultó ser Julio N, un veinteañero con dos hijos que trabajaba en el área de Servicios Generales del Hospital General “Dr. Ernesto Meana San Román”.

Julio salió ese día (16 de noviembre de 2009) a las cuatro de la tarde, dijo a su esposa que al rato regresaba pero ya nunca volvió. La madre confirmó que Julio llegó a su casa, “de entrada por salida”, después abordó su vehículo. Pronto ella se preocupó, y en su denuncia diría: “Le marcaba a su celular, sonaba y me mandaba al buzón, esto fue durante dos días”.

Una semana después, el 23 de noviembre de 2009, presentó la denuncia por su desaparición ante la Fiscalía de la Región Sur Poniente.

Un agente del Ministerio Público integró el expediente de desaparición con la declaración de la esposa y la madre de Julio. En ocho años, ninguna autoridad, estatal o federal, realizó a la familia una prueba para tener su perfil genético. La madre y la nuera emprendieron la búsqueda sin obtener respuesta de la Fiscalía.

En los años de espera doña Martha –nombre ficticio- buscó a su hijo Julio hasta que enfermó de diabetes y perdió la vista. En un último esfuerzo, el 9 de junio de 2018, acudió a la fiscalía de Jojutla tras enterarse de la exhumación de 84 cadáveres de las fosas del gobierno. Tenía la esperanza de hallarlo entre los cuerpos.

Presentó una segunda denuncia ante un agente del Ministerio Público y éste ordenó que le tomaran una muestra biológica para confrontarla con los datos de cuerpos no identificados desenterrados de Tetelcingo y Jojutla, y los ingresados en el inventario de 2016.

El 4 de diciembre de 2018 la fiscalía confirmó mediante confrontas de ADN que aquel cadáver olvidado del que ninguna fiscalía quiso hacerse cargo, era Julio, el hombre desaparecido una década atrás y que su esposa y su madre habían buscado en todas las instituciones de procuración de justicia.

Cinco meses después de hallar los restos de Julio, la madre de 60 años falleció víctima de covid-19 sin conocer la justicia, ni por el asesinato de su hijo, ni tampoco por la negligencia de las autoridades que tenían la obligación de buscarlo.

 Ningún servidor público estatal o federal ha sido investigado pese a que por las irregularidades en la custodia del cuerpo de su hijo se abrió la carpeta de investigación CT-UIDD-C/1773/2016.

Lo anterior es un resumen del reportaje de investigación realizado por Carlos Quintero y publicado en diversos medios nacionales bajo el título de “De fosa en fosa, de anfiteatro en anfiteatro, las fiscalías se desentienden de sus cadáveres”.

 

 

Viernes, 13 Noviembre 2020 05:37

Zapotitla: el ejemplo

La historia de Marcos Zapotitla Becerro debe ser tomada como ejemplo de lo que le puede suceder a una persona que viene desde abajo, que escala posiciones a base de traiciones, que cambia su forma de vida de un extremo a otro, y que su propia soberbia lo hace perderlo todo.

El todavía diputado debe ser tomado como ejemplo de superación personal, pero también debe quedar como muestra de lo que no deben hacer todos esos nuevos políticos que están llegando a legislatura y alcaldías como consecuencia de la llamada“ola morena”. “El que nada tiene y llega a tener, loco se quiere volver”, es el refrán popular que aplica perfectamente para Marcos y muchos otros.

Originario del poblado indígena de Tetelcingo y con raíces autóctonas de padre y madre (de hecho, hubiera tenido su lugar apartado en las próximas elecciones gracias a las modificaciones legales impulsadas por doña Isabel León Trueba en favor de los derechos indígenas) Marcos Zapotitla se abrió paso en una sociedad clasista y logró ser técnico en contabilidad.

En su currículum que aparece en la lista de funcionarios de Morena en 2017 dice estar “cursando licenciatura”. En otra ficha personal, también de Morena, asegura haber sido “promotor de las actividades de Resistencia Civil Pacífica, en la Convención Nacional Democrática, el Gobierno Legítimo, la Consulta sobre la Reforma Energética y en las coaliciones electorales Por el Bien de Todos y Movimiento Progresista, mismas que postularon a Andrés Manuel López Obrador como candidato presidencial”. Todo un activista de izquierda pues.

Es el diputado cuautlense Francisco Rodríguez Montero el que lo invita a trabajar como su auxiliar en el Congreso local y ahí conoce al también diputado Raúl Iragorri Montoya, quien habría de ser su mecenas en los siguientes años.

El oriundo de Tetelcinco se convirtió en el “brazo derecho” del empresario automotriz y ambos vivieron muy de cerca el proceso de nacimiento del partido Morena. Fue gracias a los oficios de don Raúl que es designado secretario de organización de ese instituto político en 2015.

De hecho, la candidatura de Zapotitla a la diputación local por el séptimo distrito electoral fue considerada una posición de don Raúl Iragorri, donde él tuvo que ceder a sus pretensiones de ser candidato a senador.

Lo que no se imaginaba Iragorri Montoya es que, llegando a la diputación, el indígena (dicho con todo respeto), lo desconocería no sólo a él, sino al partido que lo llevó al triunfo, pasándose al Partido Encuentro Social (PES) a las primeras de cambio.

Ahí quedó toda la ideología de izquierda que había defendido Zapotitla a lo largo de su trayectoria política. La justificación que encontró lo salvó: “el PES es un partido de cristianos y yo profeso la religión cristiana, y además ambos partidos postularon a López Obrador. 

Pero más allá del cambio de partido, lo que fue más notorio fue su transformación física del oriundo de Tetelcingo. Los que lo conocieron de huaraches cuando ayudaba al diputado Rodríguez, ahora lo vieron llegar con zapatos de cuatro mil pesos.

Y los que lo vieron trasladarse en un Tsuru que le prestaba Don Raúl, no lo reconocían cuando lo vieron llegar en un Kia nuevecito y después a bordo de una camioneta Suburban. Cadenas de oro, esclavas, anillos, relojes de las mejores marcas y lentes de prestigiadas firmas se incorporaron a su atuendo rutinario. 

Aquel hombre sencillo que conocieron en el vetusto edificio de Matamoros, sonriendo servicial mientras cargaba un portafolio descarapelado, hoy estaba convertido en un auténtico “dandy”, con trajes sastre aunque sin corbata porque nunca se acostumbró a usarla.

Lo que hemos dicho muchas veces en este espacio: no se critica para nada el que una persona venga desde los más bajos estratos sociales y alcance posiciones muy altas en cualquier ámbito, lo que se critica es su cambio de personalidad, el trato hacia sus subordinados como si nunca hubieran sido pobres.

En el caso de Zapotitla, después de ser él mismo un eficaz auxiliar administrativo que escribía a máquina, tomaba recados y manejaba su vehículo, ahora resulta que requería una persona que le realizara cada una de esas actividades.

“Hermano, ¿no tienes una persona que me ayude a manejar mi vehículo? Es que no puedo manejar y contestar el Whatsapp al mismo tiempo”, le dijo al pastor de su iglesia cristiana, Jonás Trujillo.

“Sí hermano, casualmente tengo una sobrina que te puede ayudar en todo eso”, le contestó el líder religioso que aparece en un video defendiendo al diputado.

No se imaginaba Marcos Zapotitla que estaba tomando una de las peores decisiones de su vida. La otra fue haber acudido a aquella reunión con los integrantes de la Legislatura en un restaurante de la colonia Acapantzingo aquel 6 de julio del 2020 del que salió a altas horas de la noche.

Fue hasta dos semanas después que se enteró que había una denuncia en su contra por el delito de violación. Entrar en detalles sobre el modo en que ocurrieron los hechos podría ser considerado un acto de “revictimización” en agravio de la denunciante.

Sin embargo, el diputado Zapotitla ha sido objeto de un linchamiento no solamente en los medios de comunicación, sino al interior de la legislatura de la que es integrante. Al grito de “no es legal, es moral”, las legisladoras lo obligaron a abandonar el recinto cuando participaba en la última sesión, y bajo esa amenaza tampoco participó en las subsecuentes. 

Habría que aprendernos muy bien esa frase acuñada por las diputadas. Quizás la podamos aplicar próximamente con cualesquiera de los 20 miembros de la actual legislatura, que jurídicamente pueden ser inocentes, pero en el terreno de lo moral podrían salir muy mal parados.

Desde nuestro particular punto de vista la acusación contra Zapotitla es endeble lo mismo que el proceso de desafuero que contempla muchas “lagunas” que pueden ser aprovechadas por el diputado para mantenerse en el cargo por lo que resta de la legislatura.

Sin embargo, políticamente está acabado. Traicionó al PRD, traicionó a don Raúl Iragorri, traicionó a Morena y hoy no tiene quien lo respalde. Al principio lo intentaron apoyar desde el PES-Gobierno, incluso le pusieron a los mejores asesores legales, pero el diputado indígena salió soberbio y hoy está solo.

El único camino que le queda es esperar a que termine la legislatura justificando sus ausencias y salir por la puerta de atrás para regresar a su pueblo, si es que lo admiten.

HASTA EL LUNES.

 

 

Jueves, 12 Noviembre 2020 05:18

Entre priístas te veas

Bien dice el dicho que “cuando las comadres se pelean salen las verdades”. Aplica perfectamente entre los miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de Morelos porque sus peores enemigos son ellos mismos.

Y decimos esto porque recientemente el ex candidato del PRI a la gubernatura del estado, Jorge Meade Ocaranza, publicó un artículo en el portal “Avance de Morelos” de nuestro amigo José Luis García Tapia, en el que hace importantes revelaciones sobre sus mismos compañeros de partido.

Algo que para quien esto escribe resultó una novedad, es conocer cómo llegó Jorge Morales Barud a la gubernatura del estado a la salida de Jorge Carrillo Olea, es decir, quién lo recomendó.

“Siendo dirigente del PRI en Morelos y Luis Donaldo Colosio, presidente del Comité Nacional del Partido, durante una reunión, el sonorense pidió que buscáramos a Jorge Morales Barud, estudiante entonces del Tecnológico de Monterrey al que Colosio le guardaba consideración, dando inicio la carrera partidista de quien llegara a ser Gobernador de Morelos, designado por el Congreso del Estado debido a la separación del cargo del Gobernador Jorge Carrillo Olea”, escribió.

Recordemos que Jorge Morales pasó de ser presidente del Comité Municipal del partido en su natal Puente de Ixtla, hasta la presidencia del PRI en Morelos y de ahí a la gubernatura. Esto, en una etapa de una gran apertura a los jóvenes por parte del gobernador Antonio Riva Palacio.

Agrega Jorge Meade que del año 1998 al 2000, Morales Barud encabezó el gobierno de la reconciliación; un Estado con una población molesta, muy joven asumió el cargo, “demasiado joven” dirían, Jorge Arturo García Rubí lo acompañó como Secretario de Gobierno, y el propio articulista fue secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

Posteriormente, en el 2012 participa como candidato a presidente municipal de Cuernavaca, ganando la elección Morales Barud y perdiendo Amado Orihuela la gubernatura. Cuernavaca la ganó el PRI.

Afirma el ex presidente de la Federación de Estudiantes que en la región sur del Estado han surgido mujeres de lealtad y compromiso partidista como Emma Victoria Campos, de Tlaquiltenango, y Laura Ocampo, ambas ex-legisladoras, mujeres de lucha y de mayor trayectoria.

En el 2018, Amado Orihuela y Rosalina Mazari buscan la candidatura a la gubernatura; Amado Orihuela -con su permanente reclamo que lo negociaron-, Matias Nazario incluso otro aspirante corrió la versión que ya era el candidato y su buena relación con los medios lo permitía.

“De no ser candidato a Gobernador, Amado insistía en ser Diputado Plurinominal al igual que Rosalina Mazari; el primero (quien era Amado), no llegó pero negoció toda clase de concesiones fuera y dentro del PRI; luego se suma al PRD en una parte y negocia con el PES y MORENA sus espacios en su región: todos pierden menos él”, suelta Jorge.

Asegura que Amado Orihuela le pone a Jorge Argüelles a su disposición su estructura para ser Diputado Federal por Jojutla, sin conocer el municipio y una de las regiones más devastadas por el sismo del 19 de septiembre.

Luego, Rosalina Mazari es candidata a diputada plurinominal local “y como candidato a Gobernador tuve que ver con la decisión, dejando por mi intervención en el camino a Maricela Velázquez y a Rocío Carrillo”, afirma.

Producto de las maniobras de Amado Orihuela en el municipio de Puente de Ixtla, (que dejó al PRI sin candidato), se acepta que el hermano de Rosalina sea candidato a presidente municipal.

Era Jorge Morales Barud en ese momento, el único actor político que les competía por presencia y liderazgo en la región dentro del PRI a Amado y Rosalina, quienes se han convertido en caciques de la zona; no se quieren pero los unió el ánimo de que Jorge Morales no ganara.

“Ganó Amado Orihuela con todas las posiciones que le dio el PRI y sumado a estas las del PES, que hizo a Jorge Arguelles diputado; negoció con Cuauhtémoc Blanco y recibió recursos económicos de todos”, aseguró Jorge Meade en su artículo.

Rosalina Mazari ganó y se convierte en diputada, su hermano pierde Puente de Ixtla, pero la primera negociación de la Diputada Mazari, es hacer a su hermano rector de la Universidad Politécnica (UPEMOR).

“Jorge Morales Barud perdió y lo ayudaron priistas de su región a perder; ni Amado ni Rosalina desearon contrapesos en su región”, reitera.

Agrega que hace unos días, Amado fue al PRI para ver su espacio y unos días antes estuvo en un evento de otro partido donde le levantaron la mano como su candidato.

Por otro lado, la diputada Mazari es líder de las mujeres priistas y es la fecha en que no se tiene registro de su participación para exigir un alto a los feminicidios, o se cumpla con la Constitución de los espacios a las mujeres en el gabinete.

“En este sentido, ella preside la Comisión de Hacienda del Congreso y si hay algo de lo que nos podemos dar cuenta, es que es ruda con los presidentes municipales y benévola en las cuentas públicas del Gobernador”, acota.  En el PRI, ambos gritan y exigen democracia, espacios pero ante el gobierno son los mejores colaboradores, todo lo que tienen se lo deben al PRI y poco aportan.

Hasta ahí lo escrito por Jorge Meade en “Avance de Morelos”, en donde hace pedazos a sus compañeros de partido.

Pero habría que preguntarle a César Cruz Ortíz qué es lo que piensa de Jorge Meade Ocaranza. El ex presidente municipal de Temixco se ha convertido en el principal crítico del actual delegado del PRI en Veracruz y siempre que puede le reclama que durante su campaña a la gubernatura hubo dos asaltos en condiciones muy extrañas.

Así son los del PRI. Son como aquellos cangrejos que no requieren que tapen la cubeta donde están guardados porque ellos mismos se encargan de jalarse unos a otros para que no sobresalga nadie.

¿Así como quieren salir del cuarto lugar que quedaron en las elecciones del 2018?

HASTA MAÑANA.

 

Miércoles, 11 Noviembre 2020 05:29

Votar o no votar, ese es el dilema

Cuando a mediados del mes de marzo el semáforo rojo nos obligó a resguardarnos por órdenes de la Secretaría de Salud, muchos de los aspirantes a cargos de elección popular lo vieron como una ventaja. “Así menos gasto, me guardo unos meses y a finales del año, cuando la pandemia haya pasado, salgo con todo en busca del voto”, pensaron.

Sin embargo, a siete meses y 26 días de que se llegue la hora de votar (el 6 de junio del 2021), no se ve para cuándo venga la esperada “curva de descenso” prometida por el doctor López Gatell, más bien se teme que haya rebrotes en todo el país.

Según el último comunicado de la Secretaría de Salud en Morelos, siete mil 184 personas han sido confirmados con coronavirus COVID-19, 144 están activas, descartado ocho mil 870 y están como sospechosas 969; se han registrado mil 348 defunciones, nueve de ellas en las últimas 24 horas.

Los suspirantes están preocupados. Ciertamente se pueden tomar infinidad de medidas para evitar los contagios en los eventos proselitistas, pero eso no garantiza que no pueda ocurrir un brote del multicitado virus.

Imagínense una persona fallecida por haber acudido a un mitin en favor de tal o cual candidato. Sería terrible para sus aspiraciones políticas.

Recordemos que la política electoral (al menos desde el punto de vista del Marketing Político) se basa en la química que pueda generarse entre el candidato y su posible votante, pero ¿cómo se va a conseguir eso si el o la aspirante va a llegar con la cara cubierta y sin estrechar la mano de la gente?

En días pasados recibimos la lamentable noticia de que un funcionario del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), falleció a causa del covid 19. ¿Dónde se contagió? ¿A cuántos más pudo haber afectado? ¿Cuántos más pueden fallecer de aquí al día de la elección? Son algunas preguntas que surgen. 

El proceso electoral para renovar el comité directivo del Sindicato de Trabajadores del Poder Ejecutivo puede ser un referente de los diferentes escenarios que podríamos tener en las elecciones intermedias en junio del próximo año. La actual lideresa, Denia Torres Rivera declaró: “la situación está complicada en cuanto al tema del covid, hay rebrotes y yo no voy a ser responsable de que el gremio se contagie y poner en riesgo la vida de los trabajadores y de sus familias”, al tiempo de acusar de irresponsables a los aspirantes que ya quieren comenzar el proselitismo con miras a la elección del 30 de noviembre.

Recientemente leí un artículo del abogado Marco Antonio Mastache Espinosa en el que se cuestiona precisamente qué derecho vale más, el derecho a elegir o el derecho a la salud.

“En tiempos complejos, como los que estamos viviendo actualmente en todo el mundo, es necesario tomar decisiones difíciles. Una de esas decisiones es qué hacer con el proceso democrático. Según el Índice de Democracia de The Economist, 76 países en el mundo son democracias, ya sean plenas (full) o imperfectas (flawed). Por lo tanto, esta cuestión está surgiendo fuertemente en al menos 76 gobiernos, que tienen que decidir si posponer o celebrar elecciones en circunstancias extraordinarias”, dice el artículo.

Una extensa publicación del Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) titulada «COVID-19 y la democracia», analiza las decisiones e implicaciones de la celebración de elecciones durante la pandemia. En ella se destacan 18 países y territorios que «han decidido celebrar elecciones nacionales o internas como se había previsto originalmente», y 50 que «decidieron posponerlas» (IDEA, 2020).

Entre los que celebraron elecciones en marzo o abril de 2020, según los expertos de IDEA mencionan países como Francia, Alemania, Suiza, Australia o Israel. Algunos de ellos, como el caso de Francia, comenzaron con una primera vuelta estándar de elecciones locales el 15 de marzo para terminar posponiendo la segunda vuelta indefinidamente hasta que el futuro se clarifique. Otros, como el caso de Alemania o Suiza, convirtieron sus elecciones de la segunda vuelta en voto postal únicamente. De esta manera, aseguraron que no se trasladara ningún riesgo de transmisión a los votantes, como podría haber ocurrido en los colegios electorales.

Este comportamiento fue tendencia en meses anteriores, ya que, Malí (elecciones parlamentarias, segunda vuelta), Polonia (elecciones presidenciales que se celebraron únicamente por correo postal), Tasmania, Australia (elecciones al consejo legislativo), Islandia (elecciones presidenciales), Mongolia (elecciones parlamentarias), Nueva Zelanda (elecciones generales y referendos), Lituania (elecciones parlamentarias) están manteniendo las fechas originalmente previstas a pesar de las preocupaciones relacionadas con el covid-19. En Estados Unidos (E.E.U.U.), se celebraron varias elecciones primarias en abril y mayo mediante voto postal únicamente, antes de las votaciones del pasado 3 de noviembre con los resultados ya por todos conocidos.

Diferentes expertos se han manifestado sobre el hecho de que tanto «seguir adelante con una elección [como] retrasar una elección conlleva riesgos, no sólo para la salud pública, sino también para la democracia» (Hollingsworth y Seo, 2020).

Todo lo anterior nos lleva a la conclusión de que el proceso electoral 2021 será atípico totalmente. Ya no veremos los jaripeos ni las funciones de lucha libre gratuitas (aunque algunos irresponsables sí son capaces de organizarlas con tal de ganar adeptos) y muy probablemente tendremos un porcentaje de participación todavía más bajo que en años anteriores, pues ahora pesará también el temor a resultar contagiado el día de las votaciones.

Pero esa no es una desventaja para todos los políticos. Mientras se alcance el número necesario para que se declare válida la votación, entre menos salgan a emitir su sufragio mejor para aquellos que están acostumbrados a pagar por él y acarrear votantes el día de la elección.

También, desde nuestro punto de vista, las votaciones en tiempos de pandemia beneficiarán a aquellos que hayan participado en procesos anteriores en una campaña bien hecha casa por casa, ya que en esta ocasión solamente requerirán fortalecer su estrategia a través de las herramientas de las nuevas tecnologías de la comunicación.

Quienes piensen que sólo por tener varias cuentas en Facebook y muchos “likes” cada vez que “postean” algo tienen asegurado el triunfo, se llevarán un chasco.

HASTA MAÑANA.

 

 

Martes, 10 Noviembre 2020 05:33

¡Arrrrancan!

Aunque el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) ha establecido los plazos legales que habrán de regir el proceso electoral 2021, en los hechos ayer hubo cuatro acontecimientos que marcan el inicio de la carrera por la presidencia municipal de Cuernavaca.

El primero de ellos fue la conferencia de prensa ofrecida por las dirigencias de los partidos Encuentro Social y Encuentro Solidario (erróneamente en el mismo restaurante que Rodrigo Gayosso usaba como centro de operaciones) con la presencia del diputado federal Jorge Argüelles Victorero y –por primera vez en público- Ulises Bravo, así como el ex delegado de bienestar social y ahora ya con camiseta partidista, Hugo Erick Flores.

En este evento, Hugo Erick Flores fijó la posición del partido gobernante con respecto a los tres poderes y “no dejó títere con cabeza”. Prácticamente dijo que tenemos la peor legislatura del país y de la historia, con diputados con los que no se puede trabajar porque cada quien quiere “llevar agua para su propio molino”.

Por lo que respecta al Poder Judicial, no sabemos cuáles sean sus fuentes o sus parámetros, pero también dijo que hay un “poder judicial debilitado y sin compromiso social”. Al fiscal Uriel Carmona lo tachó de estar haciendo política en lugar de procurar justicia y a los morenistas los acusó de andar poniéndole piedras en el camino al gobernador.

“Encuentro Social Morelos tiene como objetivo convertirse en la fuerza social con mayor representación política en el estado bajo una sola agenda: poner el bienestar de las personas por encima de todos los intereses, y en mi calidad de presidente no dudaré un segundo en mantener siempre vigente este criterio”, argumentó por su parte el diputado federal y presidente del PES en Morelos, Jorge Argüelles Victorero.

El otro hecho que marca el inicio de la carrera electoral por la alcaldía de Cuernavaca fue la reunión que sostuvieron antes de ese evento ahí mismo en Anticavilla, los tres ya mencionados con el ex candidato a presidente municipal por el PAN, Javier Bolaños Aguilar y con el ex diputado federal por ese mismo partido, Juan Pablo Adame Alemán.

No sabemos si lo hicieron premeditadamente, pero a final de cuentas el mensaje fue entendido por propios y extraños: Bolaños podría ser el candidato a alcalde de Cuernavaca por el PES. Entrevistados por separado, tanto el veracruzano como los dirigentes del PES no lo afirmaron, pero tampoco lo descartaron.

Y los panistas fueron claridosos: “En este estado es más fácil reunirse con los dirigentes de otros partidos que con los nuestros”, en obvia referencia a los hermanos Terrazas que tienen “secuestrado” el instituto político blanquiazul y este mismo fin de semana estuvieron en la colonia Antonio Barona inaugurando la pavimentación de una calle. Es decir, que siguen empecinados en que Terrazas (recordemos que sus nombres de pila y primer apellido no aparecen en sus promocionales por estrategia de marketing) sea el candidato del PAN.

Casi al mismo tiempo, el fundador y representante legal del Partido Movimiento Alternativa Social (MAS), Enrique Paredes Sotelo, daba la noticia de que, “después de mucho rogarle, Matías Nazario aceptó afiliarse al MAS”, y que muy probablemente también acepte ir de abanderado por ese partido para buscar la presidencia capitalina.

Por otro lado, el pasado sábado en Las Quintas se llevó a cabo la asamblea mensual de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, y su presidente, José Luis Urióstegui Salgado, fue entrevistado por algunos medios de comunicación sobre su participación en las elecciones de junio del año próximo, sobre todo cuando había trascendido que varios partidos políticos le habían ofrecido sus siglas para buscar por tercera vez la presidencia de Cuernavaca.

 “No podría regresar a ser candidato de partido, cuando hemos iniciado un trayecto en la candidatura independiente, por considerarla más legítima y cercana a la población”, contestó a los reporteros que lo cuestionaron.

Recordó que en la elección pasada su asociación civil rechazó los recursos públicos que por ley le correspondían, “porque estimamos que los recursos que se canalizan a los partidos dejan de utilizarse para resolver problemas sociales. La creatividad de cada uno de los contendientes será vital para poder llegar a la población. La mejor forma de acercarse a la gente no es a través de spots, sino con un contacto directo, esta obligación va a generar una mayor cercanía y conocimiento de la problemática”, acotó el abogado.

Así las cosas, a medida que se acerca la jornada electoral, se va definiendo quienes son los que habrán de buscar el lugar que hoy ocupa (con muchas dificultades), Antonio Villalobos Adán, quien suponemos habrá de buscar la reelección bajo las siglas del Partido del Trabajo.

En días pasados, el popular Rafael Cepeda Aguilar le organizó una comida al ex diputado federal y local priísta, Paco Moreno Merino, quien prácticamente “se destapó” como firme aspirante a la candidatura con una frase que nos llamó la atención: “Soy un perro ya muy pateado”.

 En las filas del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) todavía no se ponen de acuerdo y suponemos que lo consultarán con su máximo Mesías, quien habrá de enviarles una señal como en los viejos tiempos del priísmo. Una pista: todos los días hay reuniones en el restaurante “Casa Manzano” de la avenida Teopanzolco.

Y por si no fuera suficiente con esos candidatos, surge al que yo llamaría “el candidato del Facebook”, Edgar Vargas Santiago, un personaje que ha hecho de esa red social su principal instrumento de proselitismo, y que en estos tiempos de pandemia, podría ser determinante para definir la elección del 2021. Hasta este momento es independiente, pero hay tantos partidos políticos buscando candidatos, que en una de esas acepta la oferta de algunos.

Otros que suenan: Antonio Sandoval, Juan Pablo Rivera, Gilberto Alcalá, Jorge Arizmendi, Maricela Velázquez, Francisco Santillán, Raúl Iragorri… y los que se acumulen esta semana.

De todos modos no se preocupen: en esta ocasión hay partidos políticos hasta para aventar para arriba.

HASTA MAÑANA.

 

Denia Torres Rivera, secretaría general del Sindicato de Trabajadores del Poder Ejecutivo, Entidades Paraestatales y órganos constitucionales (STPEEPyOC), está recurriendo a todo tipo de “marrullerías” para mantenerse en el cargo a pesar de que el 31 de enero próximo deberá entregarle la estafeta a su sucesor o sucesora. Su justificación sigue siendo la pandemia del covid, por lo que está dispuesta a “sacrificarse” y quedarse en el puesto hasta que ya no haya peligro de contagio.

En marzo pasado publicamos en este mismo espacio que la actual mesa directiva pretendía llevar a cabo una asamblea que tenía como punto central la reforma de sus estatutos, misma que estaba programada para el tres de abril, pero no se llevó a cabo porque entró la prohibición de realizar actos masivos.

Nos filtraron el documento que pretendía presentar la dirigente como propuesta de reformas, y que en su artículo 13 contemplaba que  “los integrantes del Comité Ejecutivo podrán participar en la siguiente elección con la planilla en funciones o con otra diversa, para ocupar el puesto u otro puesto en el Comité Ejecutivo entrante”, y en artículo 14 lo recalca al señalar que “el secretario general que haya desempeñado, cumplido o concluido el cargo encomendado, podrá participar en la siguiente elección con la planilla en funciones o con otra diversa para ocupar el puesto u otro puesto en el Comité Ejecutivo”.

Sin embargo, esa reforma de los estatutos no se pudo llevar a cabo por la contingencia sanitaria, cuando entramos al semáforo rojo y fue suspendida toda actividad. Aun así, la lideresa insistía en no convocar a elecciones (algo parecido a lo que hizo Christian Velasco en la Barra de Abogados) argumentando que no había condiciones.

Pero los trabajadores del gobierno insistieron en que sí se llevara a cabo la elección el 30 de noviembre, como lo marcan los estatutos. Pusieron como ejemplo el proceso electoral del Sindicato Mexicano de Electricistas, donde el pasado 10 de julio reeligieron a Martín Esparza para otro periodo que concluye el 2025.

Contra su voluntad, Denia Torres lanzó la convocatoria y se inscribieron cuatro planillas, pero sólo dos cumplieron con todos los requisitos. Se demostró que Jorge Iván Sánchez González, quien encabeza la planilla Plata, era empleado de confianza en 2016 y no trabajador de base como lo establecen los estatutos.

Ahora el problema es que Denia Torres se niega a hacer los trámites correspondientes ante la Secretaría de Administración para que se inicie el periodo de proselitismo. El pasado 5 de noviembre, delegados del sindicato le entregaron un oficio en el que le exigen convocar a una asamblea extraordinaria a fin de que se señalen las fechas de inicio y término del periodo de proselitismo, “en virtud de que a la fecha no hay pronunciamiento de su parte”.

Su respuesta fue a través de un audio de Whatsapp en el que reiteró que “la situación está complicada en cuanto al tema del covid, hay rebrotes y yo no voy a ser responsable de que el gremio se contagie y poner en riesgo la vida de los trabajadores y de sus familias”.

Agregó que las planillas participantes tienen la libertad absoluta de hacer proselitismo desde el día siguiente en que fue anunciado su registro sin necesidad de que la dirigencia se los autorice ya que los estatutos no establecen que el comité directivo les tenga que dar permiso para irse a campaña.

“Ante las autoridades pueden pedir su permiso y pueden irse desde el día de mañana a campaña (…) pero yo no voy a ser copartícipe de una situación cuando estamos a un punto de volver a un semáforo naranja y si la responsabilidad la asumen ustedes hagan su proselitismo”, se escucha en el audio.

Lo que dicen los trabajadores es que, efectivamente los estatutos no marcan que la dirigente tenga que emitir un documento marcando el periodo de proselitismo, pero tradicionalmente es el comité directivo el que le comunica a la parte patronal (secretaría de Administración) a fin de que se otorguen los permisos respectivos para ausentarse de sus centros de trabajo, pues tres faltas consecutivas son causa de baja.

De acuerdo a un sondeo realizado entre trabajadores de las instituciones que abarca este sindicato, quien tiene mayores posibilidades de levantarse con el triunfo es la Planilla Naranja que encabeza Santiago Muñoz y que ya en una ocasión estuvo muy cerca de convertirse en el dirigente de los burócratas en el 2014.

Quizás a ello se deba que tanto el Comité Directivo, como las planillas descalificadas, han comenzado una “guerra sucia” en su contra. Santiago Muñoz Nava se ha convertido en el candidato a vencer en la elección del próximo 30 de noviembre porque hoy encabeza las preferencias al interior de los centros de trabajo.

Pero también representa (tanto él como su equipo de trabajo) un peligro para sus antecesores, Daniel Hernán López Rodríguez (2012-2015) y Denia Torres Rivera.

En el caso del primero, tiene una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción, dentro de la carpeta de investigación FECC/031/2019-3 que en cualquier momento puede ser judicializada.

Y por cuanto a Denia Torres, ella llegó al cargo todavía con la bendición del anterior secretario de Administración, Alberto Barona Lavín (hoy flamante notario), con la encomienda de garantizar que entrara alguien que no le provocara problemas en la recta final del sexenio de Graco Ramírez.

A la todavía secretaria general le preocupa que llegue alguien que no sea de su grupo a revisar sus cajones, por eso esgrime el argumento de la pandemia para no soltar “el hueso” y acusa a los delegados que piden su relevo de ser unos irresponsables.

Recordemos que la opacidad ha sido su sello característico del actual comité directivo del Sindicato, pues es el único sujeto obligado que en alrededor de 30 ocasiones ha contestado al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) con una declaratoria de inexistencia de información.

Esperemos que la secretaria de Administración, Mirna Zavala Zúñiga, emita un pronunciamiento con el que dé tranquilidad a las planillas que buscan hacer proselitismo con miras a las elecciones del próximo 30 de noviembre, pero temen que sea una trampa de la todavía dirigente sindical para permanecer en el cargo.

HASTA MAÑANA.

 

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