Leonel dormía plácidamente en su casa después de una buena fiesta en su salón de eventos. Los domingos acostumbraba a levantarse tarde generalmente con dolor de cabeza por la resaca, pero esa mañana unos sonidos extraños lo despertaron cuando los primeros rayos del sol entraban por la ventana de su alcoba.
Eran cánticos religiosos pero no de los que acostumbran en las iglesias católicas que invitan a seguir durmiendo, sino himnos cristianos con instrumentos modernos como baterías y teclados, con gente gritando alabanzas a todo pulmón.
El doctor en Derecho mandó preguntar qué sucedía en la residencia contigua a su casa y la información recibida no le gustó nadita. “La magistrada Carmen Cuevas y su esposo acaban de comprar el inmueble para convertirlo en un templo cristiano al que llamarán Iglesia Canto de Victoria, y tendrán reuniones (culto) todos los domingos”, le dijeron.
Leonel trató de conservar la calma y buscó a alguno de sus amigos que tuviera amistad con la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia para invitarla pacíficamente a que cambiara de horario sus reuniones. La respuesta fue un rotundo “No” y que le hiciera como quisiera.
La actitud de la magistrada provocó la ira de su vecino. Al siguiente domingo, cuando llegaron los feligreses al templo de la Calle de la Luz, escucharon que en la casa de al lado, donde hay un pequeño salón de fiestas, parecía que la juerga se había prolongado toda la noche y las bocinas dejaban salir a todo volumen los narcocorridos más estruendosos, tanto en estilo norteño como banda.
Cuando fueron a tocarle al vecino, éste no les abrió, sólo les gritó desde adentro: “Eso querían, para que vean lo que se siente”.
Ahí comenzó un pleito entre vecinos en el que ninguno quería ceder. Ahora ya no era solamente el ruido, sino los expedientes del litigante en el Tribunal Superior de Justicia. Había una especie de “veto” para los asuntos del despacho Díaz Rogel en todos los juzgados de Cuernavaca y sus alrededores.
En aquel tiempo, circuló el rumor de que quien quisiera ser juez en el Poder Judicial del estado, forzosamente tenía que acudir a la Iglesia de Calle de la Luz. “¿El que está a un lado del salón de Leonel?”, preguntaba algún despistado que acudió alguna vez a las fiestas del entonces funcionario del Congreso Local, a donde acudían diputados con “teiboleras”.
La magistrada no se amilanaba y el abogado tampoco. A un ataque fuerte había una reacción más contundente.
El conflicto terminaría en el Congreso del Estado. El 3 de mayo de 2019, ante una decena de reporteros, Leonel Díaz Rogel anunciaba que acababa de presentar una solicitud de juicio político contra la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, María del Carmen Verónica Cuevas López.
“Estas pruebas que presento me parecen suficientes e idóneas para acreditar en un primer momento la responsabilidad política de dicha funcionaria; se estima en la denuncia que existen siete causales en la responsabilidad política, las cuales son por violaciones a la constitución política del estado que trajo como consecuencia graves daños que generó trastornos graves en contra del Poder Judicial”, dijo Díaz Rogel.
Sin abundar mucho en qué consistían estas siete causales, el litigante enumeró entre ellas usurpación de funciones, violaciones graves en contra de jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial, así como la desatención a las funciones que han realizado por parte de la falta de nombramiento de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial.
No se sabe a ciencia cierta quién logró que ese pleito terminara, lo cierto es que el Congreso del Estado declaró improcedente la petición de juicio político, y hoy hay un letrero en la Iglesia Canto de Victoria que anuncia que hay culto los domingos a las 11:30 de la mañana.
Pero la vida es una rueda de la fortuna y nunca se sabe cuándo vendrá la revancha:
Carmen Cuevas fue titular del Poder Judicial de 2016 al 2020, pero antes de irse se peleó con el entonces gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo. A finales de 2019 un juez dejó libres a policías que habían participado en lo que se conoció como “la masacre de Temixco”, ocurrida a finales del 2017 cuando el jefe de la Policía era Alberto Capella y gobernaba Graco Ramírez.
Sonó el teléfono de la oficina de la Presidencia del TSJ. “Le habla el gobernador”, le dijo su secretaria mientras le extendía el aparato telefónico. Del otro lado de la línea estaba un enfurecido Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien abiertamente la acusaba —con su acostumbrado lenguaje— de haber recibido dinero por la libertad de los policías que habían matado civiles en Temixco.
De nada sirvió que la magistrada presidenta tratara de explicarle. El futbolista le colgó no sin antes “mentarle su madre”, según confió a algunos magistrados que la apoyaban.
Ese distanciamiento con el gobernador provocó que no hubiera dinero extra para cumplir con el pago del aguinaldo del 2019. A Carmen Cuevas se le hizo fácil tomar 60 millones de pesos del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia para salir del problema.
Sin pedir la autorización del Pleno del TSJ, y tan sólo con la firma de Elda Flores, representante de los magistrados ante el Órgano de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, Carmen Cuevas sacó de la cuenta del Fondo Auxiliar (conformado por las fianzas y enteros de los particulares que están en un juicio) y lo usó como gasto corriente, comprometiéndose a devolverlo antes de que concluyera el año.
Pero esos 60 millones de pesos nunca fueron devueltos. Carmen Cuevas dejó el poder el 17 de mayo del 2020 y le cedió la estafeta a Rubén Jasso Díaz, quien presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, siendo secundado por el entonces magistrado —hoy presidente del TSJ— Juan Emilio Elizalde.
La denuncia no parecía preocuparle mucho a la polémica magistrada, pues el titular de la institución encargada de perseguir los delitos de corrupción eran nada menos que Juan Salazar Núñez, con quien tenía un amigo en común: el exgobernador Graco Ramírez. Ambos le debían el cargo.
No contaba con que Salazar Núñez dejaría el puesto el dos de mayo del año pasado, y que su lugar sería ocupado por el doctor en Derecho, Leonel Díaz Rogel.
Sí, su vecino de la calle de La Luz, y quien estuvo a punto de destituirla como presidenta del TSJ hace seis años, hoy tiene en sus manos el expediente de los 60 millones de pesos que Carmen tomó del Fondo Auxiliar y que nunca devolvió.
HASTA MAÑANA.
