Desde que el gobernador Jorge Carrillo Olea dispuso que ya no fuera el Poder Ejecutivo, sino el Judicial, el que administrara los rendimientos bancarios de las cauciones y multas que imponen los jueces a los particulares, el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia ha sido utilizado como “caja chica” de los presidentes en turno, y lo mismo ha servido para financiar viajes al extranjero que para contratar artistas que amenicen las fiestas de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia.

Pero esta “caja” no es tan chica. Los montos varían porque diariamente entran y salen cantidades de dinero, sin embargo, no baja de cien millones de pesos que ahí están para sacar de cualquier apuro al Poder Judicial. Ayer mencionábamos el caso de Carmen Cuevas, la presidenta que no dudó en tomar 60 millones para cubrir los aguinaldos de los trabajadores en 2019, y jamás fueron devueltos.

Durante décadas nadie supervisó el uso de esos recursos por una sencilla razón: no es dinero del erario sino de particulares que están resguardados por el Poder Judicial y que —teóricamente— algún día serán devueltos. Sólo pueden disponer de los rendimientos bancarios, pero estos varían mes a mes por lo que es difícil llevar un control de dichos recursos financieros.

Fue hasta enero del 2013, a propuesta del diputado Carlos de la Rosa Segura, que se promulgó la Ley que Regula el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Morelos. En esta se establece que “el Fondo Auxiliar será fiscalizado por el organismo fiscalizador del Congreso del Estado”. Sin embargo, en los hechos sólo se hacen auditorías cuando lo solicitan los diputados (casi siempre por cuestiones políticas).

Ahora bien, ¿para qué puede utilizarse este dinero? Prácticamente para todo:

“I. Adquirir, construir, mantener o remodelar inmuebles para el establecimiento o ampliación de Salas, Juzgados y oficinas del Tribunal, que no estén consideradas en el presupuesto de egresos del Tribunal. II. Arrendar inmuebles para el establecimiento o ampliación de Salas, Juzgados y oficinas del Tribunal y pago de la prestación de los servicios respectivos. III. Comprar, arrendar, reparar o mantener el mobiliario y el equipo necesarios para el funcionamiento del Tribunal. IV. Adquirir mobiliario, libros de consulta y equipo necesarios para el funcionamiento del Tribunal. V. Sufragar gastos que sean necesarios y justificados para el mejoramiento en la administración de justicia. VI. Desarrollar programas y acciones de capacitación, actualización y especialización profesional del personal del Poder Judicial. VII. Otorgar estímulos y recompensas económicas a los servidores públicos destacados de los Tribunales del Poder Judicial, con las excepciones previstas en la fracción IX del Artículo 13 de esta Ley; VIII. Sufragar gastos derivados de la participación de los servidores públicos del Poder Judicial en congresos comisiones y cursos. IX. Cubrir los honorarios y demás gastos que origine la administración y operación del Fondo Auxiliar. X. Sufragar los gastos de operación del Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) del Poder Judicial. XI. En los gastos de operación y mantenimiento del Departamento de Orientación Familiar. XII. Los demás que, a consideración de la Junta, se requieran para la mejor administración de justicia”, según dice el artículo 15 de la mencionada Ley.

Se puede decir que cada presidente o presidenta del TSJ le pone “su estilo personal” para gastar los recursos del Fondo. Por ejemplo, del 2020 al 2022, el magistrado Rubén Jasso Díaz fue electo presidente del TSJ, pero le tocó la pandemia, así que no tuvo prácticamente en qué gastar.

Por disposición de la Secretaría de Salud no se pudieron realizar fiestas de fin de año, lo que tuvo como consecuencia que, al dejar el cargo en mayo del 2022, dejó diez millones de pesos extras en el Fondo Auxiliar.

Esos diez millones sirvieron para que el nuevo presidente, Jorge Gamboa Olea, gastara como millonario. Desde el primer día de su gestión instaló en la azotea del Palacio de Justicia un “Roof Garden”; remodeló su oficina, el Salón de Plenos y hasta mandó comprar togas nuevas para todos los magistrados.

Sus primeros meses se la pasó celebrando. Organizó dos fiestas de fin de año, una para los trabajadores en el Centro de Convenciones de Xochitepec y otra “VIP” para jueces y magistrados en el Holliday Inn con la presentación del cantante Francisco Céspedes. Su fiesta de cumpleaños también fue con cargo al Fondo Auxiliar.

Los informes de labores de Jorge Gamboa resultaron faraónicos en comparación con sus antecesores. Lonas y viniles tamaño gigante fueron colocadas en los pasillos del TSJ, así como en el edificio de Jiutepec, con fotografías de él con sus respectivos “slogans” destacando los supuestos avances.

Ejemplares del informe impresos, videos, comida, todo lo que fuera necesario para el lucimiento personal del presidente. Tan sólo en arreglos florales pagaron casi 18 mil pesos.

El dispendio no sólo fue en fiestas, sino también en viajes de supuesta capacitación. Jueces, magistrados y personal de Presidencia fueron premiados con viajes a Perú, Colombia y España. Todo con cargo al Fondo Auxiliar en la partida de “Capacitación”, al igual que una Maestría por la que el TSJ pagó más de un millón de pesos a una institución particular de educación superior.

De acuerdo con una investigación de la Contraloría Interna del propio Tribunal (realizada antes de que entrara en funciones el Órgano de Administración de Justicia), la mayoría de gastos autorizados por Jorge Gamboa Olea presentan evidentes “sobreprecios”, lo que hace suponer que el proveedor pagaba “moches” a funcionarios del TSJ. Como resultado de esta investigación, el contralor presentó varias denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, mismas que están en fase de integración.

De igual manera, según informó el titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), Blas Cuevas, está totalmente terminada la auditoría especial al Fondo Auxiliar correspondiente al ejercicio 2022, en la que se detectaron diversas irregularidades que no pudieron ser solventadas. Lo mismo en los ejercicios 2023 y 2024, con la diferencia de que en estos últimos todavía pueden solventar las observaciones realizadas por los auditores.

Cabe mencionar que a partir de este año la administración de esta “caja chica” estará totalmente en manos del órgano colegiado integrado por Javier García Tinoco, Humberto Paladino Valdovinos, Miguel Enrique Lucia Espejo, Yadira Crystal Casarreal Olmedo y Catalina Pimentel Mejía, quienes tienen el reto de denunciar todo lo malo que hicieron sus antecesores, y realizar una gestión responsable y transparente del Fondo Auxiliar.

HASTA MAÑANA.