Para la mayoría de morelenses siguen siendo un misterio los detalles del pacto entre el entonces gobernador Graco Ramírez y el notario público número seis, Uriel Carmona Gándara, lo cierto es que hasta ahora sigue vigente ese acuerdo mutuo de protección y ni siquiera le van a poder quitar la Notaría Seis que maneja a través de familiares.
Y es que la familia Carmona Gándara y el tabasqueño nunca tuvieron una relación de amistad. A don Uriel Carmona y doña Marinela Gándara nunca se les vio en eventos de campaña del Partido de la Revolución Democrática (PRD); ellos eran más bien priístas ya que en el 2015 Itzel Carmona fue candidata a presidenta municipal suplente por el tricolor.
Por eso cuando vimos que “Urielito” estaba en la terna que mandó Graco Ramírez al Congreso para elegir fiscal general pensamos que sólo iba de “relleno”, pero cuál sería nuestra sorpresa al enterarnos de que el gobernador dio línea a sus diputados afines para que votaran por el notario público, cuya experiencia en el derecho penal se reducía a una plaza de agente del Ministerio Público en su juventud.
¿Por qué echar por la borda todo el camino recorrido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por un puesto que incluso podría poner su vida y la de su familia en riesgo? Era la pregunta que nos hacíamos todos los que nos considerábamos amigos de la familia cuando nos enteramos que Uriel Carmona Jr. estaba tomando protesta del cargo ¡por nueve años!
Era evidente que el astuto gobernador se quería “cubrir” las espaldas para cuando dejara la administración estatal. En nueve años los posibles delitos que le quisieran imputar ya estarían más que prescritos, y el encargado de cuidar que ese manto protector se mantuviera vigente era un miembro de una de las familias más queridas de este estado, profesores de la mayoría de los abogados, ya sea en las aulas de la Facultad de Derecho de la UAEM o en su universidad particular, la Vasconcelos.
Ya como fiscal, Uriel tuvo que soportar mentadas de madre —literal— de quien llegó a sustituir a Graco Ramírez, el futbolista tepiteño Cuauhtémoc Blanco, y una persecución orquestada desde la mismísima presidencia de la República que no pudo parar ni la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, amiga de la familia.
Las relaciones en el Poder Judicial Federal y su sapiencia jurídica (además de que contrató a uno de los mejores abogados penalistas de este país, Gabriel Regino), le sirvieron para salir bien librado de las múltiples acusaciones que le hicieron, aunque no pudo evitar pasar varias semanas en el Penal Federal del Altiplano, donde han estado los delincuentes más peligrosos de este país.
Pero, así como Graco Ramírez “se blindó” con la designación de Uriel Carmona en la institución encargada de perseguir el delito, a Uriel Carmona también “lo blindaron”. Y no hablamos de la disposición legal que le concede tener a su servicio vehículos, armas y elementos de la FGE, sino en las reformas legales que le permitieran mantener la principal fuente de ingresos: la Notaría.
El 31 de agosto del 2018 (cuando Graco ya sabía que no sería sucedido en el cargo por su hijastro Rodrigo Gayosso), mandó una iniciativa de reforma a la Ley del Notariado que los 22 diputados que tenía comprados aprobaron inmediatamente. Dicho cuerpo normativo sigue reconociendo la función notarial como pública y sujeta a la supervisión de autoridades, pero cambió la manera de imponer sanciones por incumplimiento de funciones profesionales.
En la ley derogada, específicamente en el artículo 112, se establecía que “la declaración de que el Notario queda separado definitivamente de su cargo y la aplicación de las sanciones que establece esta Ley, la hará la Secretaría General de Gobierno, mediante acuerdo del Ejecutivo del Estado, previa comprobación de alguna o algunas de las causas señaladas en el Artículo 109 oyendo previamente al interesado y al Colegio de Notarios del Estado, salvo que se tratare de renuncia”.
Con ese artículo Graco Ramírez se vengó del notario Raúl González Velázquez, hermano de Manuel —de los mismos apellidos— quien se atrevió a quererle fincar responsabilidades en su calidad de auditor superior del Congreso.
En el marco vigente, la ley establece de manera más clara que la cesación definitiva de un notario en sus funciones —es decir, la pérdida de la patente notarial— solo puede determinarla mediante sentencia definitiva el Pleno Especializado del Tribunal de Justicia Administrativa, y solo en casos taxativamente previstos como pena privativa de libertad con sentencia firme o impedimentos físicos o intelectuales que incapaciten al fedatario.
Es decir, la reforma de 2018 permite que cualquier queja contra un notario se tramite ante la Dirección Jurídica del Gobierno estatal, pero el proceso puede durar hasta un año, y aun así, el notario no puede ser suspendido mientras se resuelve.
También, la ley hecha a modo de Uriel (quizás hasta él mismo se encargó de redactarla), no puso límites a las licencias de los titulares para ausentarse de la Notaría sin perder la patente, de tal manera que Carmona Gándara tiene una licencia hasta el 15 de febrero de 2027.
En días pasados, el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos fue cuestionado sobre la posibilidad de que Uriel Carmona regrese a desempeñar su función de notario (que actualmente cubre su hermana Itzel), o si pudiera el gobierno retirarle la patente como consecuencia de sus problemas legales.
El funcionario recordó que los asuntos que tiene pendientes el ex fiscal son en instituciones relacionadas con la investigación de delitos (la Fiscalía de la Ciudad de México y la General de la República) y que la única instancia que podría retirarle la patente es el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) que preside actualmente el magistrado Guillermo Arroyo Cruz.
Pero aquí viene la mala noticia para quienes quisieran verlo fuera de la Notaría:
A Uriel Carmona lo beneficia una “laguna legal” de la Ley del Notariado. En el artículo 178 de la Ley del Notariado se establecen las hipótesis en las que se puede sancionar a un fedatario, y en esas hipótesis no aparece la de abandono de la notaría que es lo que estaría haciendo el notario si no se presenta al término de su licencia.
Y si el Gobierno de la República le pide al gobierno del estado de Morelos que le inicie un procedimiento para quitarle la Notaría, éste tendría que pasar por el TJA y su resolución sería recurrible ante las instancias federales vía amparo directo, así que se estaría resolviendo en definitiva por allá en el 2030.
Pero habría que preguntarse si valió la pena que Uriel Carmona aceptara el cargo que le propuso Graco Ramírez —con la posibilidad de manejar más de mil millones al año—, y sin dejar la Notaría, a cambio de su estabilidad familiar.
HASTA EL LUNES.
